El máximo tribunal del país descartó este jueves la posibilidad de revisar una decisión que protege a Federico Sturzenegger de continuar siendo investigado en conexión con operaciones de dólar futuro ocurridas hace casi una década. La resolución, que rechaza un recurso de queja presentado por la expresidenta, representa el cierre de una larga batalla judicial que atravesó múltiples instancias y que buscaba responsabilizar al actual funcionario ministerial por hechos vinculados con la venta de divisas a futuro realizada durante el cierre del segundo mandato kirchnerista. El tribunal máximo aplicó un procedimiento que le permite descartar los recursos sin necesidad de analizar los argumentos presentados, consolidando así un panorama legal donde el expresidente del banco central quedará completamente protegido de nuevas persecuciones en esta materia.
El entramado procesal que desembocó en esta decisión se remonta a tiempos de gran turbulencia económica y política nacional. Legisladores vinculados al kirchnerismo presentaron una denuncia contra Sturzenegger en 2016, acusándolo de defraudación a la administración pública. La querella argumentaba que el banco central, durante su gestión y bajo su responsabilidad, habría realizado pagos de los contratos de futuro utilizando los tipos de cambio que resultaron tras la drástica devaluación de diciembre de 2015, lo que representaría un perjuicio a los intereses estatales mientras beneficiaba a particulares. El reclamo también incluía críticas hacia el magistrado que intervenía en la causa madre, sugiriendo que había incurrido en irregularidades al citar a indagatoria a la expresidenta en el expediente central sobre la misma temática.
Una larga cadena de desestimaciones
Lo notable del recorrido de este expediente es cómo el sistema judicial en sus distintos niveles terminó convergiendo hacia la misma conclusión: que no había base para continuar persiguiendo penalmente a Sturzenegger. El juez federal que intervenía originalmente en primera instancia, Sergio Torres, fue el primero en sobreseer al acusado. Su razonamiento pivoteaba en una idea central: que la actuación del expresidente bancario se limitó a implementar decisiones que habían sido formalizadas por sus antecesores tanto en la conducción del banco como en su directorio. Para Torres, avanzar con la investigación implicaría introducir un control judicial sobre decisiones que corresponden al ámbito de la política económica, terreno que históricamente los magistrados evitan pisar sin razones de extraordinario peso. En su parecer, no existían elementos que sugirieran un abuso de poder que tornara judicializable el asunto.
Cuando Cristina Kirchner fue admitida como querellante y presentó su apelación, sostuvo que la investigación había sido superficial e insuficiente. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento en junio de 2019, respaldando los criterios establecidos en primera instancia. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal también declaró inadmisible el recurso presentado por el abogado de la querella en noviembre de 2019, con una mayoría que incluyó los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, mientras Ana María Figuerola presentaba una posición disidente. A cada paso del camino, instancias distintas del poder judicial llegaban a conclusiones similares sobre la falta de viabilidad de continuar procesando al caso.
El contexto económico que rodeó los hechos
Para entender la complejidad de lo que los denunciantes cuestionaban, resulta necesario recordar que la devaluación de diciembre de 2015 fue un quiebre crucial en la historia económica reciente argentina. Cuando la nueva administración presidencial asumió, el gobierno anterior había tomado decisiones que involucraban contratos de dólar futuro, un instrumento que permitía fijar tipos de cambio para operaciones que se concretarían posteriormente. Cuando el tipo de cambio se modificó drásticamente con la devaluación, esos contratos generaron pérdidas o ganancias según el lado en que se estuviera posicionado. La acusación contra Sturzenegger suponía que, desde su rol de director ejecutivo del banco central, había participado activamente en una política de pagos que perjudicó al Estado. Sin embargo, la secuencia de resoluciones judiciales sugiere que los magistrados no encontraron evidencia de que sus decisiones personales hubieran trascendido el marco de lo que sus predecesores ya habían dispuesto.
En paralelo, en el expediente principal sobre la venta de dólares a futuro, corrieron similares destinos procesales. Tanto Axel Kiciloff, quien se desempeñaba como ministro de Economía, como Alejandro Vanoli, que presidía el banco central, fueron sobreseídos también por aplicación del mismo artículo procesal que ahora beneficia a Sturzenegger. Ese sobreseimiento de los dos funcionarios quedó firme en diciembre de 2024, cerrando definitivamente otra rama del litigio. La convergencia de estos fallos, en diferentes momentos y por diferentes magistrados, refuerza la pauta de que la justicia ha considerado sistemáticamente que estos hechos no configuran delitos perseguibles o que, al menos, no existen elementos probatorios suficientes para continuar adelante.
Con la decisión de este jueves, el tribunal de última instancia selló un proceso que se extendió durante más de ocho años. Sturzenegger, quien actualmente se desempeña como ministro de Desregulación y Transformación del Estado en la administración nacional, quedará ahora completamente resguardado de futuras investigaciones sobre estos hechos específicos. Las implicancias de esta resolución van más allá del caso individual: reflejan cómo el sistema judicial resuelve conflictos donde se entrecruzan decisiones económicas de políticas de Estado con posibles responsabilidades penales. Algunos analistas podrían interpretar esto como un reconocimiento de que los funcionarios públicos gozan de cierto margen de discrecionalidad en la ejecución de políticas, mientras que otros podrían verlo como un cierre de puertas a la investigación de posibles irregularidades. Lo cierto es que, desde el punto de vista estrictamente procesal, todas las instancias judiciales han coincidido en que no hay base legal para continuar persiguiendo penalmente al exbanquero, y esa conclusión ahora es inmodificable.
