El fallo que abrió un debate sobre la soberanía territorial

Cuando los magistrados de la Corte Suprema resolvieron rechazar un planteo judicial presentado por los excombatientes de Malvinas, dispararon una consecuencia que trascendería largamente el ámbito jurídico: dejaron vigente la eliminación de una normativa que, durante más de una década, había protegido el territorio nacional de la compra indiscriminada de tierras rurales por inversores extranjeros. La decisión, adoptada en las últimas semanas, provocó una reacción que juntó bajo una misma consigna de protesta a actores políticos y sociales que habitualmente funcionan en carriles separados. Lo que sucedió frente a los tribunales de Plaza Lavalle no fue simplemente una marcha más contra la administración nacional: fue la confluencia de una preocupación que atraviesa distintos espectros ideológicos respecto de qué sucede con el control de los recursos naturales y territoriales del país en tiempos de gobiernos que priorizan la desregulación y la apertura a la inversión foránea.

La normativa que cayó bajo la decisión judicial había establecido, desde 2011, límites precisos a la cantidad de hectáreas que una persona extranjera podía adquirir en el territorio argentino. No se trataba de una prohibición absoluta, sino de un régimen de resguardo que buscaba evitar la concentración excesiva de tierras productivas en manos de capitales externos. El decreto mediante el cual el presidente eliminó esa ley en los primeros meses de su mandato fue impugnado por los veteranos de Malvinas, quienes argumentaban que la decisión vulneraba el interés nacional y la soberanía territorial. Cuando los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron ese recurso hace apenas días, aceptaron un argumento de índole procesal que, en la práctica, permitió que la derogación siguiera adelante sin mayores obstáculos.

Dos tribunes, múltiples voces, un mismo rechazo

La manifestación que se desplegó sobre Talcahuano, entre Tucumán y Lavalle, presenta una particularidad digna de mención: operó sobre dos escenarios simultáneos, cada uno articulado por bloques distintos pero convergentes en su crítica a la resolución judicial. El primero reunió a las organizaciones sindicales más vinculadas históricamente con el peronismo kirchnerista. Allí se leyó un documento del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas que contenía un diagnóstico demoledor respecto de lo que significaba la resolución: no solo rechazaba el fallo, sino que cuestionaba la lógica mediante la cual el Estado argentino había mandado jóvenes a la guerra en defensa de la soberanía territorial, para luego, mediante su máximo tribunal, negarse a proteger esa misma soberanía en sede judicial. La paradoja que presentaban los excombatientes resonaba en la multitud: ¿cómo explicar que la máxima corte del país rechace un planteo destinado a defender el territorio nacional?

Oradores como Adolfo Pérez Esquivel, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, compartieron micrófono con dirigentes sindicales de la envergadura de Rodolfo Aguiar, de ATE, y Hugo Godoy, de la CTA Autónoma. El documento de los excombatientes incluía una referencia que funcionaba como advertencia sobre las implicancias prácticas del fallo: aludía a personajes como Peter Thiel, el fundador de Palantir Technologies, sugiriendo que bajo el nuevo régimen, capitalistas globales de ese calibre tendrían la capacidad de adquirir extensiones territoriales de magnitud considerable sin regulación alguna. No era una afirmación infundada: la ausencia de límites en la compra de tierras por extranjeros efectivamente habilitaría ese tipo de operaciones.

El segundo escenario, montado en otro camión sobre la misma arteria, fue ocupado por representantes de las agrupaciones de izquierda que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad. Desde allí, diputados nacionales como Nicolás del Caño (Partido de los Trabajadores Socialistas) y legisladores electos como Celeste Fierro (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y Néstor Pitrola (Partido Obrero) plantearon una crítica que excedía el asunto específico de las tierras para cuestionar la legitimidad de los magistrados que integran la Corte. Desde esa perspectiva, se demandaba nada menos que la destitución de los jueces y su reemplazo por un mecanismo de elección directa. El tono fue más confrontacional: mientras que los sectores kirchneristas apelaban a la inconstitucionalidad del decreto, la izquierda trasladaba la discusión hacia la crisis de representatividad de las instituciones judiciales.

Disputas superpuestas en torno al modelo de país

Lo que resultó evidente durante la jornada es que el rechazo al fallo funcionaba como catalizador de discrepancias más profundas respecto del modelo económico y político que debería regir en Argentina. Para los sectores kirchneristas y peronistas presentes, la cuestión giraba en torno a la necesidad de mantener ciertos estándares de protección estatal sobre los recursos productivos nacionales. Para la izquierda, la discusión se ampliaba: la Corte no solo erraba en una decisión puntual, sino que encarnaba un síntoma de un sistema institucional desligitimado, capturado por intereses que no representen al pueblo trabajador. Algunos oradores extendieron sus críticas hacia otros aspectos de la política económica del gobierno, como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), caracterizándolo como un mecanismo de subordinación que vaciaba de poder a los tribunales nacionales.

La presencia de dirigentes políticos procedentes del peronismo tradicional, como los diputados nacionales Eduardo Valdés, Julia Strada y Leandro Santoro, se mezcló con la de militantes de La Cámpora y cuadros del gobierno provincial bonaerense. También pasaron por la manifestación figuras como Elizabeth Gómez Alcorta, exministra del área de diversidad y géneros, el economista Hernán Letcher, y dirigentes de espacios piqueteros como el Polo Obrero y Patria Grande. Esa heterogeneidad visual no debería ocultar que los argumentos esgrimidos convergían en un punto: la evaluación crítica de una Corte que, según los manifestantes, en lugar de actuar como guardiana de la Constitución y los derechos colectivos, se prestaba a validar decisiones que beneficiaban a actores económicos de escala global. El documento del Centro de Excombatientes llegó a afirmar, de manera directa, que los magistrados habían puesto "el cartel de venta" sobre Argentina.

Cabe destacar que horas antes de que la protesta adquiriera magnitud en Plaza Lavalle, el Frente de Lucha Piquetero ya se había movilizado frente al edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, adicionando un reclamo específico: la restauración del plan Volver al Trabajo, que había sido eliminado en el marco de ajustes fiscales. Esto revela que para sectores amplios de la movilización social, la disputa sobre las tierras se inscribía dentro de un contexto más amplio de retracción de políticas de protección, tanto en lo productivo como en lo social. La geografía de las protestas traza un mapa de las fricciones entre la orientación desregulatoria del gobierno y los sectores que demandan intervención estatal para proteger empleo, territorio e ingreso.

Escenarios futuros y complejidades sin resolver

Es relevante notar que la movilización no solo expresaba un rechazo puntual, sino que articulaba un proyecto de acción política hacia adelante. Desde el escenario de izquierda se lanzó una convocatoria a un paro general para el 15 de octubre, fecha en la cual las mismas organizaciones que marcharon contra la Corte planificaban una nueva concentración ante el Congreso. El objetivo era ejercer presión legislativa para que diputados y senadores procedieran a derogar el decreto mediante el cual el presidente había eliminado la ley de tierras. Ese llamado a la huelga general, aunque formulado por sectores de izquierda, buscaba sumar a la central obrera más importante del país (la CGT), aunque con una condición clara: que la participación de esa entidad fuera genuina, mediante el paro, y no meramente simbólica. Esto sugiere tensiones latentes incluso dentro de los espacios que convergieron en la marcha.

La Plaza Lavalle, aunque lucía vallada en varios sectores, no se llenó completamente, lo cual apunta a que, pese a la confluencia multisectorial, la capacidad de convocatoria presentó limitaciones. La interrupción del tránsito sobre Talcahuano fue suficiente para generar un impacto visible, pero las cifras de asistencia no alcanzaron magnitudes que suelen caracterizar a las grandes movilizaciones porteñas. Esto abre interrogantes respecto de la capacidad de sostener una oposición coordinada en los meses venideros, especialmente considerando que actores como la CGT han mostrado, hasta ahora, una actitud más modular que de confrontación frontal.

La decisión de la Corte toca aspectos que trascienden el debate técnico-jurídico. El régimen que fue derogado había sido resultado de un consenso legislativo alcanzado durante gobiernos de signos políticos distintos: su reconocimiento en la ley respondía a una preocupación histórica argentina respecto de la concentración de tierras en manos de capitales externos. Su eliminación, mediante un decreto de naturaleza controvertida que amparaba cambios normativos de envergadura, y su validación judicial posterior, genera efectos que se proyectarán en horizontes temporales considerables. Si efectivamente se permite la compra sin restricciones de tierras por parte de inversores extranjeros, es probable que en los próximos años se registren transacciones de magnitud significativa en zonas productivas de valor estratégico. Las consecuencias sobre la estructura de propiedad rural, la capacidad de decisión sobre recursos naturales, y el equilibrio de poder en territorios específicos constituyen variables que escapan predicciones simples y admiten múltiples escenarios según cómo evolucione la situación política y económica.