El panorama dentro de los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad cambió radicalmente en apenas doce meses. Lo que antes era una estructura de trabajo acotada a ciertos tipos de causas se transformó en una maquinaria desbordada que procesaba 6826 expedientes en 2025, comparado con los 1610 que ingresaban al año anterior. Ese salto cuantitativo, equivalente a multiplicar por más de cuatro veces la carga de trabajo, no fue producto de un aumento repentino de litigiosidad en la ciudad, sino de una decisión judicial de alcance constitucional que redefinió completamente el mapa de competencias. El tribunal porteño pasó de ser un órgano con funciones específicas a convertirse en la instancia de apelación obligatoria para todos los juicios laborales, civiles, comerciales y penales que se tramitan ante la justicia federal con asiento en Buenos Aires. Esa transformación, aunque jurídicamente coherente, generó una crisis operativa que ahora intenta resolverse mediante la incorporación masiva de tecnología, con una inversión de alrededor de 550 mil dólares en un sistema de inteligencia artificial.

La sentencia que lo cambió todo

La raíz de esta metamorfosis judicial se encuentra en el fallo conocido como "Levinas", pronunciado por la Corte Suprema de Justicia. Esa decisión estableció un principio que parecía evidente pero que no lo era en la práctica: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad debería funcionar como el tribunal superior en todas las causas que se originen en el ámbito de la justicia nacional porteña. En otras palabras, cualquier litigante que perdiera en una instancia inferior y quisiera apelar en materia laboral, comercial o civil no tendría que dirigirse a cámaras federales o tribunales nacionales, sino que acudiría directamente a este tribunal. El alcance de la sentencia fue amplio y sus consecuencias inmediatas. De un día para otro, la institución debió prepararse para absorber un flujo de trabajo cuya magnitud no tenía precedentes en su historia reciente. No fue un crecimiento gradual que permitiera ajustes paulatinos, sino una multiplicación abrupta que llegó a alcanzar un incremento del 326 por ciento en el ingreso de causas.

Dentro de ese volumen explosivo, un segmento en particular cobró protagonismo preponderante: los casos laborales. De las casi 7000 causas que ingresaron durante 2025, más de 4490 correspondían a disputas vinculadas con el mundo del trabajo, lo que representa aproximadamente el 66 por ciento del total de expedientes. Esta concentración no es casual. Los litigios laborales incluyen desde demandas por accidentes de trabajo hasta impugnaciones de despidos, pasando por reclamos de indemnizaciones y cobro de diferencias salariales. Son casos que generan considerable litigiosidad porque afectan directamente los ingresos de las personas y plantean cuestiones de interpretación legal que frecuentemente merecen ser revisadas en apelación.

Las primeras doctrinas trazadas

Apenas asumió su nuevo rol, el Tribunal Superior de Justicia comenzó a emitir sentencias que establecerían criterios vinculantes para futuras resoluciones. Uno de los primeros casos que llegó fue la causa "Boulanger contra Provincia ART", originada en un accidente de trabajo ocurrido en 2023. El asunto en cuestión parecía técnico pero tenía consecuencias económicas significativas: ¿mediante qué índice debía calcularse los intereses en las indemnizaciones por accidentes laborales? La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había determinado que se utilizara el Coeficiente de Estabilización de Referencia, mientras que en primera instancia se había aplicado la tasa activa del Banco Nación. El Tribunal Superior, por su parte, tomó un camino distinto. Resolvió que corresponde aplicar el índice Ripte —Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables—, un indicador que refleja la evolución real de los salarios y, por lo tanto, guarda una relación más coherente con la naturaleza de las indemnizaciones laborales.

Esa decisión no fue meramente académica. Sentó un precedente que impactará en cómo se calculen las indemnizaciones por accidentes de trabajo en adelante, afectando tanto a trabajadores como a empleadores y aseguradoras de riesgos de trabajo. El tribunal además se propuso resolver otras cuestiones pendientes, como la metodología de cálculo de intereses en juicios por despido, aunque en ese aspecto la reforma laboral vigente ya había zanjado parte del debate normativo. Con cada fallo, el tribunal iba trazando el mapa de su nueva jurisdicción y estableciendo los principios que la gobernarían.

La infraestructura que no alcanzaba

Un crecimiento de esa magnitud no podía sustentarse simplemente ampliando la cantidad de personal o reorganizando los espacios existentes. El Tribunal Superior de Justicia tomó decisiones inmediatas: inauguró un nuevo edificio destinado exclusivamente a albergar la estructura requerida para tramitar ese volumen de expedientes, sumó jueces especializados en cuestiones laborales, implementó formularios sistematizados para el registro de datos de las causas que ingresan, y comenzó a diseñar una estrategia tecnológica de largo plazo. Sin embargo, estas medidas también generaron fricciones. El Colegio Público de Abogacía de la Ciudad expresó su inquietud respecto del nuevo sistema de registro de expedientes mediante formularios especiales. Los profesionales colegiados argumentaron que no habían sido consultados sobre la implementación de esta herramienta y manifestaron preocupación sobre la posibilidad de que la falta de cumplimentación adecuada del formulario pudiera constituir causal de rechazo de recursos.

La dirigencia colegial, encabezada por Ricardo Gil Lavedra, se reunió con la presidenta del tribunal, Inés Weinberg, la vicepresidenta Alicia Ruiz, y otros miembros del tribunal para expresar estas preocupaciones. También asistieron la entonces presidenta electa del Colegio, Alejandra García, la secretaria Rosalía Sylvestre, y representantes de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. El encuentro permitió aclarar que el formulario no perseguía complejizar el acceso a la justicia, sino recopilar datos estructurados que pudieran ser procesados por el nuevo sistema de inteligencia artificial que estaba en fase de licitación. Además, se solicitó una mayor difusión sobre el estado de los expedientes en trámite, una demanda comprensible en un contexto de cambios operativos tan profundos.

La apuesta tecnológica como solución

Frente a la imposibilidad de resolver el problema únicamente con recursos humanos y logística convencional, el tribunal lanzó una licitación pública para desarrollar un sistema integral de inteligencia artificial orientado a la gestión de expedientes. La iniciativa despertó interés entre las principales empresas tecnológicas operantes en el país y en la región. Según los datos disponibles, firmas como Globant, Google, IBM y otras compañías especializadas en desarrollo de software presentaron sus propuestas. El presupuesto estimado para esta primera etapa ronda los 550 mil dólares estadounidenses, y se prevé que el sistema entre en funcionamiento antes de finalizar 2025.

¿Qué haría exactamente este sistema? La idea es que la inteligencia artificial realice tareas de clasificación, análisis preliminar de admisibilidad formal de los recursos, verificación de que cumplan con extensión y características reglamentarias, y derivación temática de las causas hacia los jueces o equipos de trabajo correspondientes. Más allá de esto, el sistema estaría diseñado para generar resúmenes de los expedientes y cotejar cada pleito contra una base cerrada de jurisprudencia constituida por fallos previos del propio Tribunal Superior de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, cuando un juez deba resolver una causa, contará con un análisis que le señalará qué doctrina ha sido aplicada en casos similares, facilitando la construcción de su proyecto de sentencia y garantizando mayor consistencia en la interpretación del derecho. Además, está previsto que esa base de jurisprudencia sea accesible públicamente, permitiendo que los abogados consulten los precedentes y preparen sus estrategias procesales con información más completa.

Supervisión humana y confianza institucional

Un aspecto que subrayan los responsables del proyecto es que la inteligencia artificial operará bajo supervisión humana. Es decir, no se trata de un sistema automático que dicte sentencias o tome decisiones judiciales finales, sino de una herramienta de apoyo que procesa información, sugiere análisis y proporciona información contextual. Los secretarios judiciales y los propios jueces mantienen el control total sobre las decisiones sustantivas. El sistema simplifica el trabajo preparatorio, permitiendo que tareas rutinarias como la verificación de requisitos formales o la búsqueda de precedentes sean realizadas de manera mucho más rápida y eficiente, liberando tiempo para que los operadores judiciales se concentren en aspectos más complejos e intelectualmente exigentes de la resolución de conflictos.

Esta modalidad de trabajo responde a una necesidad práctica urgente, pero también refleja una visión sobre cómo debería evolucionar la administración de justicia en contextos de sobrecarga. La presentación oficial de ofertas estaba prevista para el 29 de mayo, próximo viernes en el cronograma de redacción de esta nota, momento en el cual el tribunal conocería las propuestas técnicas y económicas de los competidores. A partir de ese punto, tendría lugar un proceso de evaluación que determinará cuál empresa será la encargada de desarrollar e implementar la solución.

Las implicancias de una transformación sin precedentes

La experiencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad entre 2024 y 2025 marca un punto de inflexión en cómo las instituciones judiciales argentinas responden a cambios de competencia de gran envergadura. Por un lado, demuestra que una decisión de la Corte Suprema puede generar consecuencias operativas tan profundas que requieren repensar completamente la estructura de una institución en cuestión de meses. Por otro lado, evidencia que el sistema judicial tradicional, basado fundamentalmente en trabajo humano no sistematizado, enfrenta límites claros cuando debe procesar volúmenes de trabajo sin precedentes. La incorporación de tecnología no aparece entonces como una opción aspiracional sino como una necesidad práctica para que la administración de justicia no colapse.

Las repercusiones del cambio se extienden a múltiples actores. Los trabajadores que recurren a la justicia laboral enfrentan ahora un tribunal que, aunque está transitando una etapa de consolidación, posee la competencia para establecer doctrina vinculante sobre cuestiones laborales cruciales. Los empleadores y aseguradoras de riesgos deben prepararse para un nuevo escenario de jurisprudencia que se está formando en tiempo real. Los abogados litigantes requieren adaptarse a nuevos procedimientos de registro de expedientes y a la posibilidad de que sistemas automatizados procesen sus escritos en una primera instancia. Y los jueces, a su vez, se ven enfrentados a volúmenes de trabajo que hubiera sido imposible gestionar sin herramientas de soporte digital.

La decisión de invertir 550 mil dólares en inteligencia artificial para la gestión de expedientes puede interpretarse desde perspectivas variadas. Algunos verán en ella una modernización necesaria y bienvenida que hará más eficiente y predecible la administración de justicia. Otros podrían expresar inquietudes sobre el papel de la automatización en decisiones que afectan derechos fundamentales, o sobre la brecha tecnológica que podría abrirse entre actores con recursos para adaptarse a estos cambios y aquellos que no los poseen. Lo cierto es que el tribunal porteño se encuentra en medio de una transformación sin vuelta atrás, donde la tecnología no es decorativa sino estructural para su funcionamiento futuro. Cómo se desarrolle esta implementación, qué resultados produzca y cuáles sean sus efectos secundarios, son interrogantes que la comunidad jurídica y la sociedad en general estarán en posición de evaluar en los próximos meses.