Una paradoja inquietante emerge de los números que gestiona actualmente el máximo tribunal de la república. Con apenas tres magistrados en funciones —en lugar de los cinco que formalmente debería tener—, la Corte Suprema de Justicia alcanzó en 2025 una cifra histórica de resoluciones: 26.504 expedientes cerrados. El dato resulta notable no solo por su magnitud absoluta, sino porque supera los volúmenes manejados en períodos donde la institución contaba con una estructura más completa. Sin embargo, detrás de esta aparente eficiencia se esconden dinámicas que merecen un examen más profundo. El sistema judicial argentino experimenta una transformación silenciosa, impulsada por cambios en la gestión operativa y avances tecnológicos implementados en la etapa posterior a la pandemia de COVID-19. Pero lo que inicialmente se presentaba como modernización comienza a mostrar aristas problemáticas que afectan directamente a millones de ciudadanos que aguardan pronunciamientos del tribunal.

El enigma de más con menos: cómo funciona la máquina judicial actual

Cuando se analizan los datos de los últimos años, emerge un panorama contradictorio. La conformación anterior de la Corte, aquella que funcionaba antes de la jubilación de Juan Carlos Maqueda, resolvía un promedio anual de 18.791 causas. Décadas atrás, durante la gestión de Elena Highton de Nolasco en el tribunal de cinco miembros, el promedio rondaba las 14.563 resoluciones anuales. Los números actuales prácticamente doblan esa última cifra. ¿Cómo es posible que tres jueces logren lo que antes no conseguían cinco? La respuesta reside en múltiples factores que operan simultáneamente.

En primer lugar, el mecanismo de toma de decisiones cambió radicalmente. Con tres magistrados presentes —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti—, el tribunal exige unanimidad para emitir sentencias. Cuando surge alguna disidencia entre ellos, el procedimiento requiere incorporar conjueces, es decir, presidentes de las Cámaras Federales de todo el territorio nacional, seleccionados aleatoriamente para cada caso donde se presente esta situación. Este mecanismo, lejos de ralentizar el proceso, parece haber generado una dinámica que acelera las decisiones. Los cambios tecnológicos, particularmente en la digitalización de expedientes y la implementación de nuevos sistemas de gestión documental, también jugaron un papel crucial. La adopción de plataformas telemáticas para el seguimiento de trámites permitió reducir tiempos operacionales que antes se perdían en procedimientos burocráticos tradicionales.

Sin embargo, existe un tercer factor aún más determinante: el 84% de los recursos presentados en 2025 fueron rechazados sin mayor análisis. Estos rechazos se fundamentan principalmente en dos herramientas legales: el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la acordada 4/2007. Estas normas permiten que la Corte desestime recursos sin proporcionar justificaciones detalladas, aunque el tribunal argumenta que previamente realiza un estudio exhaustivo en cada vocalía. Es decir, la alta productividad se sostiene, en gran medida, sobre la base de desestimaciones masivas de demandas. Esto representa una estrategia institucional clara: priorizar la gestión del volumen sobre el análisis profundo de cada expediente.

El aluvión de casos que el tribunal no logra contener

Mientras la Corte celebra sus números de resoluciones, la realidad muestra un cuadro menos halagüeño cuando se observa el flujo de entrada de expedientes. Entre 2016 y 2025, los casos ingresados aumentaron de manera espectacular: pasaron de 15.715 a 58.424, lo que representa un incremento del 272%. En apenas una década, el tribunal recibe casi cuatro veces más demandas de las que recibía hace diez años. Aunque el tribunal resolvió 26.524 casos en 2025, ese mismo año ingresaron 58.424 expedientes nuevos. La brecha entre lo que entra y lo que sale es abismal. El stock anual de causas sin resolver alcanzó los 31.900 expedientes, cifra que representa el pico más alto de la última década.

Desde 2020, en promedio, ingresan 15.735 más casos de los que se resuelven cada año. Este fenómeno implica que la Corte está progresivamente más ahogada bajo el peso de expedientes acumulados. Aunque los casos resueltos crecieron un 100% durante la última década, el ritmo de ingreso superó ampliamente este crecimiento. El tribunal funciona como un embudo cada vez más congestionado: el flujo de entrada masivo contra una salida que, aunque récord histórico, resulta insuficiente para contener el caudal. La duración promedio de tramitación de los expedientes resueltos en 2025 fue de 609 días corridos, es decir, aproximadamente un año y ocho meses. Para algunos tipos de litigio, particularmente los que afectan estados extranjeros o conflictos interprovinciales, los tiempos se extienden hasta 2.082 días, casi seis años.

Los jubilados en el epicentro: previsión, trabajo y recaudación

Las estadísticas revelan que más de la mitad de los expedientes resueltos por la Corte en 2025 (un 58,28%) corresponden a asuntos previsionales. Le siguen en importancia los casos penales (13,62%) y laborales (12,04%). Entre los organismos del Estado, la Anses lidera con 13.476 recursos resueltos, mientras que entre las entidades privadas, las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) ocupan el primer lugar. Esta concentración no es casual. Durante los últimos años, la Corte ha emitido jurisprudencia consistente estableciendo que la imposición del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones resulta inconstitucional. A pesar de estos fallos reiterados, organismos estatales continuaban apelando sentencias desfavorables, generando un flujo permanente de litigios que solo demoraba el pago a los jubilados. Recientemente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió cesar en esas apelaciones, reconociendo la inutilidad del proceso.

La Anses, sin embargo, mantiene una estrategia similar. Si bien seis de cada diez apelaciones que llegan a la Corte provienen de ese organismo contra decisiones favorables a jubilados, la institución de seguridad social continúa recurriendo a los tribunales. El efecto de estas demoras es paradójico: cada día que transcurre entre la sentencia original y la resolución final de la Corte reduce la cantidad de potenciales beneficiarios, simplemente porque algunos jubilados fallecen en el intervalo. La aritmética es brutal y eficaz: dilatar procedimientos mediante apelaciones sistemáticas, aunque carezcan de sustancia legal, representa una forma de reducir pasivos jubilatorios sin necesidad de cambios legislativos. En cuanto a los litigios laborales, la tendencia muestra una escalada continua. Los casos relacionados con accidentes de trabajo derivados a la Corte superaron los niveles históricos, con una proyección de más de 138.600 demandas anuales en el contexto de litigio laboral generalizado.

El debate sobre la estructura del tribunal y sus consecuencias políticas

La Corte funciona actualmente con dos vacantes que generan tensiones políticas desde hace meses. El Gobierno intentó completar la composición del tribunal designando a Ariel Lijoy y Manuel García-Mansilla, pero ambos pliegos naufragaron en el Senado al no reunir los dos tercios de votos requeridos por la Constitución. El Presidente Javier Milei decidió pausar estos intentos, calculando que una victoria electoral en próximos comicios le permitiría sumar senadores suficientes para designar magistrados sin necesidad de negociaciones parlamentarias con aliados u opositores. Esta estrategia de espera implícitamente acepta que el tribunal continue funcionando con una estructura incompleta durante un período prolongado. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras obtener apoyo legislativo para la prórroga de su padre —un camarista que superó el límite de edad—, exploró brevemente la posibilidad de reactivar el proceso de designaciones. Sin embargo, cuando consultó formalmente, aclaró públicamente que el Presidente mantenía su posición de no avanzar en el tema. Mahiques indicó que no descarta retomar la conversación posteriormente, pero en el presente ambos funcionarios se encuentran alineados en la decisión de esperar.

No obstante, diversos gestores de asuntos judiciales y altos funcionarios ya han circulado entre el entorno presidencial carpetas con sugerencias de potenciales candidatos. Los nombres que han ganado visibilidad son el de la jueza Karina Perilli, la camarista salteña Mariana Catalano, la jueza Agustina Díaz Cordero y el camarista Mariano Borinsky. Cada uno de estos magistrados representa diferentes perspectivas jurídicas y trayectorias institucionales que podrían modificar significativamente la dinámica interna del tribunal. La cuestión de la composición del tribunal no es meramente administrativa: incide directamente en cómo se resuelven los miles de expedientes que llegan anualmente, qué criterios prevalecen en las interpretaciones constitucionales y, en última instancia, quién gana y quién pierde en los conflictos judiciales que define el máximo tribunal.

Las contradicciones internas y los intentos de reforma

Aunque los números muestran una aparente armonía operativa, los tres magistrados actuales no siempre marchan en sintonía respecto a cómo debe funcionar la institución. Ricardo Lorenzetti ha expresado públicamente discrepancias con sus colegas acerca de cómo se gestiona el tribunal. Recientemente, Rosenkrantz se diferenció de Rosatti al impulsarse conjuntamente con Lorenzetti un nuevo reglamento destinado a aumentar la transparencia en el procedimiento de selección de magistrados en el Consejo de la Magistratura. Estos desacuerdos, aunque no afecten directamente la capacidad de resolver casos en las materias donde existe unanimidad, reflejan tensiones sobre cómo debería funcionar idealmente el máximo tribunal y cuál debería ser su relación con otras instituciones del Estado.

El propio Rosatti ha expresado públicamente su visión sobre cómo debería transformarse la Corte. Toma como referencia el modelo de la Corte Suprema estadounidense, que se dedica a resolver aproximadamente cien casos anuales con enfoque exclusivamente constitucional. Esta estrategia implicaría una reducción drástica de la carga de trabajo actual, concentrándose en cuestiones de mayor trascendencia institucional. Con este objetivo, la Corte ha analizado mecanismos para reducir el ingreso de causas. La decisión de ARCA de cesar en sus apelaciones sobre el impuesto a las ganancias a jubilaciones fue un primer paso en esa dirección. Ahora el tribunal busca replicar esta solución con la Anses, que es responsable de la mayoría de los recursos presentados. Si la institución previsional adoptara una decisión similar, reconociendo que la jurisprudencia de la Corte favorece consistentemente los reclamos de jubilados, el volumen de expedientes ingresantes disminuiría significativamente.

Reflexiones sobre el futuro y las implicancias del modelo actual

El cuadro que presenta la Corte en 2025 invita a múltiples interpretaciones sobre la dirección que toma el sistema judicial argentino. Los números de productividad pueden leerse como un éxito de modernización, cambio tecnológico y reorganización administrativa. Alternativamente, la tasa masiva de rechazos de recursos sin mayor fundamentación y la acumulación creciente de expedientes sin resolver sugieren que el tribunal ha optado por una estrategia de volumen sobre profundidad. La concentración de litigios previsionales y la persistencia de apelaciones sobre cuestiones ya resuelta por jurisprudencia consolidada plantean interrogantes sobre la eficiencia del sistema y sus efectos sobre población vulnerable, particularmente jubilados que aguardan resoluciones que tardan entre año y medio y seis años según el tipo de conflicto. La decisión política de mantener al tribunal con dos vacantes indefinidamente afecta no solo los tiempos de resolución sino también la calidad de los análisis jurídicos que se producen, dependiendo cada vez más de conjueces externos cuando surge disidencia entre los tres magistrados titulares. Los próximos meses determinarán si la Corte logra efectivamente reducir su carga de trabajo mediante acuerdos con organismos estatales para desistir de recursos inutilosos, o si la acumulación de expedientes continúa creciendo a un ritmo que termine por colapsar incluso el actual nivel de producción. Todo indica que el sistema judicial argentino se encuentra en una encrucijada donde la eficiencia administrativa del presente podría no ser sostenible en el mediano plazo.