La estructura judicial argentina vuelve a enfrentarse a una de esas encrucijadas que desafían la eficiencia procesal: dos investigaciones en marcha simultánea sobre la misma persona pero bajo jurisdicciones distintas. En septiembre de este año, el máximo tribunal del país cerró una puerta que la justicia federal había intentado abrir meses atrás. El fallo de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinó que las pesquisas contra Edgardo Kueider, el exsenador aprehendido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, continuarían por vías separadas sin que una absorbiera a la otra. Esto significa que mientras un juzgado examina supuestos sobornos corporativos, otro simultáneamente analiza si el patrimonio del exfuncionario creció de modo sospechoso durante dos décadas.
El escenario: dos expedientes, una sola persona bajo lupa
Quien haya seguido los vericuetos de cualquier investigación penal compleja sabrá que cuando los papeles se multiplican, también lo hacen las complicaciones. En este caso, la maraña involucra dos causas que corren por rieles distintos. Por un lado, existe un expediente en el fuero federal de San Isidro donde la jueza Sandra Arroyo Salgado indaga sobre pagos de sobornos realizados por Securitas, empresa de seguridad privada, a diversos organismos tanto estatales como privados en distintas jurisdicciones del país y la provincia. Kueider aparece como integrante de ENERSA, la distribuidora eléctrica entrerriana, donde ostentaba representación provincial con capacidad de voto. Las imputaciones que se analizan en esa rama incluyen cohecho, negociaciones que colisionan con deberes públicos, incumplimiento de funciones y hasta movimiento de dinero de procedencia cuestionable.
Por el otro carril, en el juzgado de Garantías ubicado en Concordia, tramita una investigación que busca establecer si entre 1999 y 2019 el exlegislador acrecentó su riqueza personal de forma abrupt y sin respaldo documentado. Ese período abarca cargos que Kueider desempeñó en municipalidades y en la administración provincial. La acusación puntual refiere a la compra de viviendas y bienes registrables. Fue en 2024 cuando detuvieron a Kueider, junto a su asistenta, en el puente que conecta Argentina con Paraguay. Allí portaba ese cuantioso efectivo sin los trámites aduaneros requeridos. Más tarde, en suelo paraguayo, fue sentenciado por intento de contrabando monetario, y además está bajo investigación por posible blanqueo en ese país.
El nudo gordiano: una conexión que nadie termina de desatar
La complicación surge porque ambas pesquisas tienen hilos que se entrelazan. Todo comenzó cuando un comunicólogo presentó una denuncia en las provincias del Litoral acusando al entonces senador de tejejemaneje corrupto que le habría posibilitado expandir sus posesiones. El denunciante mencionó específicamente que Kueider sería propietario de la mitad de una empresa constituida como sociedad anónima, mediante la cual adquirió departamentos y unidades de cochera en un complejo residencial ubicado en Paraná. Aquí viene lo nodal: ese edificio fue levantado por dos hermanos que, paralelamente, estaban siendo sindicados en San Isidro por haber entregado dádivas a integrantes de ENERSA para asegurarse un contrato empresarial a beneficio de Securitas. Esa relación de causa y efecto hizo que el tribunal federal dispusiera que la denuncia local se sumara al expediente principal, aunque mantuvo su tramitación separada formalmente.
Lo que sucedió después fue una batalla de competencias entre magistrados que desacuerdos sobre cuál de ellos debería quedarse con el caso completo. El fiscal federal en algún momento propuso que el juzgado provincial se retirara voluntariamente de la contienda. La jueza Arroyo Salgado avaló esa solicitud y giró un oficio indicando que la justicia local no progresara respecto al lapso que va de 2015 a 2019. Sus razones fueron varias: la conexión entre lo que investigaba San Isidro y Concordia, el riesgo de que el mismo imputado fuera perseguido dos veces por substancialmente lo mismo, y el hecho de que enriquecimiento ilícito funciona frecuentemente como acusación secundaria cuando ya existe una primaria. Además argumentó que en el fuero federal se podría acceder a un cuadro más completo de los "sucesos pretéritos que elucidaran de mejor forma" el crecimiento de bienes.
La resistencia provincial y la escalada ante la Corte
Pero el juez provincial Edwin Ives Bastian, titular del tribunal de Garantías número 2 en Concordia, no estuvo de acuerdo en retirarse. Argumentó que investigar enriquecimiento ilícito de un funcionario durante períodos en que ejercía responsabilidades locales es competencia de la justicia provincial, no federal. Señaló además que el documento que elevó San Isidro no perfilaba con detalle la responsabilidad específica de Kueider en aquellos hechos de soborno, y que no se trataba del mismo evento histórico sino de fenómenos distintos. La Cámara de Apelaciones entrerriana secundó al juez Bastian. Precisó que en la causa Securitas la participación que se le atribuye a Kueider sería posterior a abril de 2019, mientras que la investigación local abarcaba incrementos patrimoniales desde 1999, un lapso mucho más amplio. Arroyo Salgado insistió y elevó el conflicto hacia el vértice del Poder Judicial.
En mayo, el procurador general interino Eduardo Casal emitió un dictamen donde recomendó desestimar la solicitud de inhibición. Casal planteó que un crecimiento de patrimonio puede originarse en múltiples causas y no necesariamente en lo que investiga la rama federal. Hizo hincapié en que mientras Kueider integraba la distribuidora, simultáneamente continuaba como secretario general de la gobernación entrerriana, lo que hacía plausible que en ese intervalo temporal hubieran ocurrido otras conductas delictivas bajo alcance de los tribunales provinciales. Reconoció la preocupación de la jueza federal respecto al riesgo de duplicación de procesos, pero consideró que inhibirse no era el camino adecuado para resolverlo. La Corte Suprema, finalmente, acogió el parecer del Procurador y rechazó la inhibición, mandatando que ambas investigaciones prosiguieran en paralelo.
Las implicancias de una decisión que abre dos frentes simultáneos
Esta resolución genera un escenario procesal complejo y con aristas que merecen atención. Por un lado, permite que la justicia provincial preserve su prerrogativa de examinar la trayectoria financiera de un funcionario que ejerció durante largos períodos bajo su jurisdicción. Por otro, mantiene viva la investigación federal sobre un esquema de corrupción corporativa que trasciende los límites provinciales. El riesgo que mencionó Arroyo Salgado —la posibilidad de doble juzgamiento— permanece latente, aunque los magistrados podrían eventualmente coordinar sus avances para evitar redundancias. Kueider, mientras tanto, sigue recluido en Paraguay cumpliendo su sentencia por el episodio del puente fronterizo, un contexto que deja suspendida su situación en territorio argentino.
La decisión del máximo tribunal refleja, además, una línea jurisprudencial que desconfía de las concentraciones excesivas de poder investigativo, incluso cuando exista conexidad entre causas. Así, la opción fue dejar que ambos expedientes avancaran simultáneamente, confiando en que magistrados de diferente nivel y jurisdicción podrán manejar la información sin incurrir en persecución múltiple. Esto presupone una coordinación y comunicación fluida entre instancias que, en la práctica argentina, no siempre funciona con la precisión que sería deseable. Los años transcurridos entre 1999 y 2024 —un cuarto de siglo— también juegan un papel: reconstruir trayectorias patrimoniales en lapsos tan extensos exige trabajo minucioso, acceso a registros, pericia contable. Que dos equipos judicales trabajes sobre el mismo sujeto, aunque en dimensiones distintas, puede multiplicar esos esfuerzos o redundar en demoras si no existe claridad en los límites de cada investigación.
Lo que sigue ahora es un período de movimiento procesal donde ambos tribunales acelerarán sus indagaciones. En San Isidro continuará el análisis del entramado de sobornos corporativos que supuestamente llegó a organismos públicos. En Concordia, se profundizará en el examen de cómo Kueider habría multiplicado sus bienes durante décadas de vida pública. El fallo de la Corte Suprema, entonces, marca un punto de inflexión: no una resolución definitiva sobre culpabilidad o inocencia, sino una decisión institucional sobre cómo deben distribuirse los esfuerzos investigativos cuando el sistema de justicia federal y provincial tienen motivos legítimos para actuar.
