El Ejecutivo Nacional ejecutará en los próximos días una estrategia territorial de alto nivel para intentar oxigenar uno de sus proyectos más ambiciosos: la reforma del sistema electoral argentino. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encabezará una comitiva gubernamental que se reunirá con un conjunto de gobernadores en San Juan, en el marco de una cumbre minera programada para el jueves. La jugada responde a un escenario de negociaciones legislativas prácticamente congeladas, donde incluso los aliados parlamentarios del Gobierno—especialmente el PRO y la Unión Cívica Radical—han levantado resistencias concretas a las principales disposiciones de la iniciativa. La visita a territorio provincial, entonces, no es casualidad: se trata de una búsqueda deliberada de respaldo desde los gobernadores, cuyos votos legislativos y apoyo político resultan decisivos para que cualquier reforma prospere en el Congreso.
Una comitiva de peso político en territorio provincial
Junto a Milei viajará una delegación selecta compuesta por figuras de confianza presidencial y ministros con cartera de negociación política. Diego Santilli ocupará el rol de Ministerio del Interior, la dependencia tradicionalmente encargada de la gestión territorial y el diálogo con las provincias. Juan Bautista Mahiques, titular de la cartera de Justicia, acompañará también la misión, probablemente porque buena parte de la reforma electoral toca aspectos procedimentales y regulatorios bajo su jurisdicción. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, estará presente como máxima autoridad legislativa del bloque gobernante, otorgándole peso institucional a los conversaciones. Completarán la comitiva Eduardo Menem, armador político e integrante de la familia presidencial, y Luis Lucero, secretario de Minería, quien aportará especificidad técnica sobre el sector que será escenario formal de la cumbre. Esta conformación no es aleatoria: cada integrante aporta un tipo de capital político distinto, lo que sugiere que el Gobierno espera maximizar las posibilidades de persuasión durante el encuentro.
Ausente de esta delegación estará Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien ese mismo día tiene programada una entrevista televisiva de streaming. La exclusión del funcionario que representa la autoridad ejecutiva diaria adquiere significancia particular considerando que Adorni se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Su ausencia, aunque se justifique por compromisos comunicacionales, deja un vacío en la estructura de negociación que podría ser interpretado de múltiples formas en el ámbito provincial: desde una búsqueda por no contaminar la agenda de reforma electoral con cuestiones judiciales hasta una simple distribución de tareas. En cualquier caso, la presencia de Santilli en el rol de negociador principal resulta coherente con el protocolo tradicional de estos encuentros territoriales.
El escenario: una expo minera que será, inevitablemente, política
Formalmente, la reunión se enmarca en la Expo San Juan Minera 2026, evento convocado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras. La agenda oficial contempla actos propios del sector: conmemoración del Día de la Minería y presentación de la Mesa Federal Minera, una iniciativa de coordinación entre niveles de gobierno para impulsar la explotación de recursos minerales en el territorio nacional. San Juan posee una larga tradición minera y es, en buena medida, una provincia donde este sector representa una proporción significativa de la actividad económica. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno han reconocido públicamente que, más allá de los actos formales, los temas transversales de carácter político serán discutidos durante la jornada. Como suele suceder en estos encuentros, la agenda aparente jamás coincide plenamente con la agenda real. Los gobernadores que asistirán incluyen figuras de distinto signo político y relación con Casa Rosada: Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), y probablemente Claudio Poggi (San Luis). Algunos de ellos ya han expresado posiciones públicas respecto a la reforma electoral; otros mantienen mayor hermetismo, reservándose su voto para negociaciones bilaterales posteriores.
La reforma electoral: un proyecto enredado en sus propios escollos
Desde que el Gobierno nacional anunció su intención de reformar el sistema electoral, los obstáculos se han multiplicado sin que avances sustanciales equilibren el tablero. El proyecto apunta fundamentalmente a la eliminación de las PASO, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, mecanismo que existe en Argentina desde 2009 y que fue implementado originalmente para simplificar los procesos de selección de candidaturas. Para el Ejecutivo, las PASO representan un gasto electoral innecesario y un proceso que no refleja adecuadamente las preferencias electorales genuinas. Sin embargo, esta posición ha encontrado resistencias concretas en sectores que son, paradójicamente, aliados parlamentarios del Gobierno. Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical han rechazado la eliminación pura y simple de las primarias, argumentando que ese mecanismo garantiza competencia interna y mayor legitimidad en la selección de candidatos. Como contrapropuesta, estos bloques han presentado proyectos alternativos que buscan hacer las primarias optativas en lugar de obligatorias: un punto medio que permitiría a los partidos elegir si participan o no en las mismas, sin eliminarlas del ordenamiento electoral.
Desde la mesa política del Gobierno, en Balcarce 50, han reconocido que las negociaciones avanzan lentamente. Funcionarios han admitido que anticipaban dificultades en este punto, pero que la iniciativa continúa siendo trabajada. Sin embargo, la realidad numérica del Congreso no favorece posiciones de rigidez: el oficialismo no posee mayoría propia en ninguna de las cámaras legislativas, lo que implica que toda reforma requiere construcción de consenso amplio. La demora en las negociaciones también ha sido influida, según confirmaron múltiples fuentes, por los problemas legales que enfrenta Adorni. La investigación judicial en su contra generó un clima de incertidumbre que ralentizó los trámites administrativos y legislativos durante varias semanas. En ese contexto, el Gobierno necesita expandir su base de apoyo más allá del círculo tradicional de diputados libertarios y aliados cercanos, y los gobernadores representan una pieza crítica en ese rompecabezas.
Los gobernadores: posturas divergentes según estrategias locales
La posición de cada gobernador respecto a la reforma electoral no responde únicamente a ideología partidaria, sino también a cálculos electorales locales y vínculos políticos con Casa Rosada. Fuentes de negociación han señalado que "será caso por caso", reconociendo así la heterogeneidad de posiciones. Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca) se han mostrado favorables a modificaciones del sistema electoral, lo que sugiere que podrían ser aliados en la votación. Por su parte, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) mantiene una posición contraria a la eliminación de las PASO, alineándose así con las propuestas de PRO y la UCR. Respecto a Martín Llaryora (Córdoba), allegados al gobernador han expresado que no otorga especial relevancia al proyecto, lo que podría traducirse en una posición menos confrontacional pero también menos comprometida con los intereses del Gobierno. La Gobernación bonaerense de Axel Kicillof, aunque no esté formalmente representada en esta cumbre, también constituye una variable de importancia: Kicillof ha manifestado históricamente su preferencia por mantener las PASO.
Para el Ejecutivo, entonces, la tarea consiste en convertir a los gobernadores tibios o potencialmente aliados en apoyos concretos. Diego Santilli ha recibido en Casa Rosada a Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, quien se ha pronunciado favorable a cambios en el sistema electoral. Estos encuentros bilaterales funcionan como preliminares de negociación, donde se tantean posiciones, se ofrecen compensaciones políticas o presupuestarias, y se construyen compromisos informales que luego se ratifican en votos legislativos. La visita a San Juan funciona como una sesión plenaria de este proceso de negociación disperso, concentrando en un único evento a múltiples actores para que expongan sus posiciones y escuchen los argumentos del Ejecutivo en tiempo real. Este formato concentrado también genera presión social y política: los gobernadores, observados por sus pares, pueden sentir estímulos para no desalinearse demasiado del Gobierno.
Implicancias futuras: 2027 y la reconfiguración política
Más allá de la reforma electoral en sí, la visita a San Juan debe leerse también como una inversión en construcción de coaliciones de cara a 2027, año de nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Varios gobernadores buscará consolidar sus propias estructuras políticas en miras a esos comicios, y el vínculo con el Gobierno nacional puede resultar decisivo en ese sentido: acceso a fondos federales, visibilidad nacional, apoyo en campañas electorales provinciales. El Gobierno, por su parte, requiere retener gobernadores aliados y, si es posible, expandir su base territorial. En ese contexto, la reforma electoral no es únicamente un tema técnico o procedimentalista, sino que constituye una pieza del tablero político mayor. Algunos gobernadores podrían apoyar la reforma electoral como moneda de cambio para obtener favores presupuestarios o apoyo político en sus territories. Otros podrían rechazarla como forma de diferenciación frente al Gobierno, buscando construir una imagen de autonomía provincial ante sus electorados.
Las consecuencias de esta cumbre pueden ser múltiples. Si el Gobierno logra convertir a gobernadores clave en apoyos explícitos para la reforma electoral, la iniciativa podría avanzar legislativamente durante los próximos meses. Por el contrario, si los gobernadores mantienen posiciones diversas o reticentes, la reforma podría estancarse indefinidamente o requeriría de reformulaciones sustanciales que la alejasen de los objetivos originales del Ejecutivo. Asimismo, el resultado de estas negociaciones tendrá implicancias en la dinámica política futura: gobernadores que apoyen la reforma podrían ser percibidos como demasiado cercanos al Gobierno, generando fricción con sus electorados; gobernadores que se opongan podrían resultar penalizados con recortes presupuestarios o menor apoyo federal. La visita a San Juan, entonces, representa un punto de inflexión en la construcción de consensos que resultará decisivo para determinar si la reforma electoral avanzará, se reformulará o quedará archivada indefinidamente en los anales legislativos.
