Un funcionario que ganaba alrededor de 3 millones de pesos mensuales en su rol de jefe de Gabinete desembarcó en operaciones que sumaban más de 725 mil dólares entre lo gastado y lo que aún debe. Esa desproporción es precisamente lo que mantiene ocupado a un juzgado federal mientras analiza si Manuel Adorni puede justificar una vida económica que, sobre el papel, parece no encajar con sus ingresos declarados. Los números en cuestión surgen de un relevamiento exhaustivo que incluye desde compras de propiedades hasta viajes internacionales, pasando por obras de reforma que transformaron sus casas en espacios de lujo ostensible.
La Justicia, encabezada por el juez Ariel Lijoy y el fiscal Gerardo Pollicita, puso en marcha hace poco un operativo de levantamiento de secretos fiscales y bancarios tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. El objetivo declarado es simple pero fundamental: rastrear la evolución del patrimonio para detectar si existe coherencia entre lo que el funcionario declara como ingreso y lo que efectivamente desembolsa. Una tarea que se vuelve cada vez más compleja a medida que emergen nuevos datos, como los revelados recientemente por el contratista Matías Tabar, quien aseveró haber percibido US$ 245.000 en concepto de trabajos de refacción en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá.
Las propiedades: un mapa de inversiones cuestionadas
El primer gran movimiento financiero corresponde a una compra en Caballito, sobre la calle Miró. Adorni aportó US$ 30.000 como cuota inicial para una transacción tasada en US$ 230.000, pero aquí viene lo llamativo: las vendedoras financiaron la mayor parte del precio mediante una hipoteca de US$ 200.000. A esa operación se sumaron refacciones por US$ 65.000 que, hasta el momento de la investigación, permanecían impagadas. Este esquema —donde buena parte del precio lo asumen terceros mediante crédito— es uno de los puntos que más atrae la atención de los investigadores, quienes buscan entender de dónde proviene la liquidez inicial.
Paralela a esta transacción, Adorni también adquirió una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá con un pago inicial de US$ 20.000 dentro de un total de US$ 120.000. En este caso, recurrió a un préstamo no bancario de US$ 100.000, del cual ya reembolsó parte de lo adeudado. Pero el verdadero dispendio llegó después, cuando decidió transformar esa casa en un espacio de alto estándar. Las obras ejecutadas entre 2024 y 2025 sumaron US$ 245.000 en efectivo, según la declaración de Tabar. Entre los trabajos realizados figuran una cascada artificial por US$ 3.500, una reforma integral de la parrilla por US$ 13.810, climatización de pileta por US$ 9.780, además de remodelaciones generales, equipamiento completo y mejoras estructurales profundas. Mientras las obras se ejecutaban, la familia arrendó otra vivienda en el mismo barrio por US$ 13.000, evidentemente porque no podía ocupar su propia casa durante la remodelación.
Adicionalmente, en noviembre de 2025, Adorni abonó US$ 30.000 para cancelar parcialmente otra hipoteca vinculada a un departamento ubicado sobre la calle Asamblea. A todos estos desembolsos se le suman US$ 10.800 en honorarios notariales y US$ 5.000 por concepto de tasa de ingreso al country. El panorama que emerge es el de una persona que, en cuestión de meses, gestionó múltiples operaciones inmobiliarias simultáneamente, financiadas en buena medida a través de terceros.
Turismo de clase alta: el otro capítulo del gasto
Más allá de ladrillos y hormigón, los investigadores detectaron un patrón de viajes de considerable envergadura. En primera clase, la esposa de Adorni voló desde Nueva York con un pasaje de US$ 5.154. Una escapada familiar a Aruba implicó desembolsos de US$ 14.600 totales, distribuidos en US$ 8.874 de alojamiento y aproximadamente US$ 5.700 en pasajes aéreos. Bariloche también aparece en el registro, con una estadía que costó US$ 6.000. Punta del Este, destino tradicional de la clase media y alta argentina, registra movimientos que varían según la fuente: algunos cálculos indican US$ 3.600 por vuelos de ida, mientras que otros contabilizan US$ 7.830 considerando viajes de ida y vuelta. En esa misma ciudad, consumos varios ascendieron a US$ 7.600.
Pero hay más. Río de Janeiro en 2024 dejó un rastro de más de US$ 1.474 en dólares además de $1.264.738 en pesos. Ya en 2025, las Cataratas de Iguazú fueron destino de nuevos gastos: $614.271 en pasajes, $2.050.250 en compras en tienda libre de aranceles, US$ 293 en una tienda de artículos deportivos y $43.333 en consumos financiados. Este último dato es especialmente relevante porque sugiere que Adorni recurrió a financiamiento para gastos de viaje, lo que plantea interrogantes sobre la disponibilidad inmediata de efectivo.
El balance final: más dinero que salario puede explicar
Contabilizando exclusivamente los gastos sin contar deudas, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se identificaron erogaciones por US$ 452.154. Pero la historia no termina ahí. Las deudas acumuladas alcanzan US$ 335.000 adicionales. En detalle: US$ 200.000 adeudados a dos jubiladas por la compra del departamento de Caballito; US$ 70.000 pendientes de reembolso a dos prestamistas particulares, los cuales generan intereses mensuales entre US$ 600 y US$ 900; y los US$ 65.000 correspondientes a las refacciones en Miró. Todo ello suma US$ 725.000, cifra que trasciende significativamente lo que un salario de 3 millones de pesos mensuales —incluso bajo condiciones extraordinarias— podría sustentar en un período de poco más de dos años.
Adorni ha rechazado categóricamente cualquier imputación de enriquecimiento ilícito, sosteniendo públicamente que dispone de argumentos para justificar tanto los US$ 100.000 ya desembolsados como el pasivo de US$ 335.000 que permanece pendiente. Su posición es que el dinero proviene de fuentes legítimas que podrá demostrar ante la Justicia. Desde el Gobierno, en tanto, relativizaron los montos de las refacciones en Indio Cuá, cuestionando la cifra de Tabar y sugiriendo que podría ser inferior. No descartaron, además, solicitar una pericia técnica para determinar el costo real de las obras realizadas. Mientras tanto, los tribunales avanzan con el análisis contable necesario para verificar si los números efectivamente convergen o si, por el contrario, revelan discrepancias que requieran explicaciones más profundas.
Las consecuencias potenciales de esta investigación trascienden lo meramente personal. Por un lado, si se confirmasen irregularidades en la acumulación patrimonial, podría generar antecedentes significativos sobre los controles que existen sobre funcionarios de alto nivel. Por otro, una absolución o archivo de la causa consolidaría el argumento de que el funcionario actuó dentro de marcos legales. Terceramente, el caso abre debates sobre la accesibilidad de información fiscal y bancaria de empleados públicos, un equilibrio delicado entre fiscalización y privacidad. La evolución de las pericias contables será determinante para definir hacia dónde se inclina la balanza judicial en los próximos meses.
