La batalla legal alrededor de la memecoin $LIBRA entra en una fase crítica donde las defensas comienzan a desplegar argumentaciones que desafían la calificación de estafa, planteando en su lugar que se trató de operaciones de inversión de alto riesgo donde los compradores asumieron voluntariamente la exposición a la volatilidad. Esta posición, presentada formalmente ante los tribunales federales, modifica sustancialmente el terreno donde se disputa el caso y abre interrogantes sobre cuán establecidas están las fronteras entre especulación fallida y fraude coordinado en mercados digitales sin regulación.
Mauricio Novelli, identificado como el empresario que organizó el lanzamiento de este activo digital, presentó ante la justicia un escrito de defensa donde sostiene que los cinco inversores que reclaman pérdidas no fueron víctimas de un esquema defraudatorio, sino participantes en transacciones donde asumieron riesgos característicos de los mercados de criptoactivos. El abogado patrocinante, Daniel Rubinovich, formuló argumentos que atacan los pilares de la acusación: la existencia de un engaño identificable y la prueba de que ese engaño motivó las decisiones de compra. Desde esta óptica defensiva, lo que los inversores interpretan como una maniobra criminal sería simplemente el resultado de decisiones especulativas en contextos de alta incertidumbre.
El nudo de la discrepancia: ¿Engaño o volatilidad?
La estrategia defensiva pivotea sobre un punto jurídico central: la estafa penal requiere de un engaño deliberado que induzca error en la víctima y la lleve a una disposición patrimonial perjudicial. Los abogados de Novelli sostienen que los querellantes no lograron precisar cuál habría sido la falsedad específica que los condujo a actuar contra su interés económico. En cambio, plantean que las compras estuvieron motivadas por factores psicológicos y comerciales propios de los mercados especulativos: la euforia por la viralización del proyecto, el temor a quedar fuera de una oportunidad de ganancias —conocido en la jerga como FOMO (fear of missing out)— y el momentum de mercado. Según esta lectura, ninguno de estos impulsos constituye el tipo de error deliberadamente provocado que la ley penal argentina contempla como fundamento de una estafa.
Los escritos defensivos enfatizan que los cinco damnificados demostraban ser operadores experimentados en mercados de criptoactivos, no inversores incautos o desprovistos de conocimiento técnico. El perfil de cada uno de ellos, según la documentación aportada, refleja personas familiarizadas con los riesgos de volatilidad, con acceso a información de mercado y con capacidad para evaluar instrumentos digitales. Desde esta perspectiva, resultaría incongruente clasificarlos como engañados cuando sus propias acciones revelan comprensión de los mecanismos especulativos. La defensa argumenta además que reconocer un derecho penal que criminalice las pérdidas en mercados no regulados abriría una puerta problemática: cada operación fallida podría convertirse en denuncia penal, lo que contradice los principios fundamentales sobre responsabilidad en inversiones de riesgo.
Milei: fuera de la órbita penal según la defensa
Un aspecto central de la presentación defensiva consiste en desligar al presidente Javier Milei de cualquier responsabilidad penal en el episodio. Para esto, la defensa analiza el tuit que Milei publicó el 14 de febrero de 2025 —posteriormente eliminado— en el que anunciaba el lanzamiento de la memecoin. Según el escrito de Rubinovich, ese mensaje constituye una manifestación política sobre un mecanismo de financiamiento privado para pequeñas y medianas empresas, sin que en su contenido aparezcan promesas de rentabilidad, estabilidad de precio, cobertura estatal o ausencia de riesgo. La defensa sostiene que los querellantes pretenden atribuir significados al mensaje que no emergen de su texto literal, intentando transformar una declaración política sobre innovación blockchain en una promesa de ganancia.
Novelli marca una distinción que considera fundamental: que alguien celebre públicamente un proyecto privado de financiamiento descentralizado no equivale a que el Estado se apropie de ese proyecto o lo respalде. En esta lógica, la publicación presidencial habría sido meramente informativa respecto de una iniciativa que nacía y se desarrollaba en la esfera privada, sin que el jefe de Estado asumiera responsabilidades sobre su funcionamiento o resultados. El argumento busca cortar de raíz cualquier encuadramiento del caso como acto de corrupción con participación presidencial, limitando la eventual responsabilidad penal a los operadores comerciales que ejecutaron el esquema. Esta posición adquiere relevancia adicional en un contexto donde las transformaciones en la composición de la Cámara Federal podrían modificar el criterio de revisión de las decisiones anteriores.
La documentación presentada por la defensa detalla que Milei no prometió nada en ese tuit: ni ganancias, ni protección ante caídas de precio, ni garantía estatal. Antes bien, el mensaje enfatizaba un aspecto técnico del proyecto: la combinación de tecnología blockchain con financiamiento descentralizado para pymes, evitando intermediarios financieros tradicionales. Desde esta interpretación, el Presidente simplemente expresó apoyo a un mecanismo de innovación financiera, lo cual no constituye respaldo penal para quienes ejecutaron operaciones especulativas basadas en ese anuncio. La defensa considera "sorprendente" que una declaración festejando financiamiento privado se reinterprete como iniciativa estatal, lo que representaría, a su juicio, un ejercicio de retrointerpretación de contenidos que objetivamente no estaban presentes en la comunicación original.
El antecedente comercial y la reconstrucción de vínculos
Más allá de los argumentos legales sobre estafa y culpabilidad, la documentación del expediente ha permitido reconstruir la trayectoria del vínculo entre Novelli y Milei. La relación no nació en el terreno político, sino en el comercial: Novelli fundó junto a Jeremías Walsh el instituto de capacitación N&W Professional Traders, dedicado a la enseñanza de trading e inversiones. Desde el año 2020, Milei dictaba cursos en esa institución a cambio de remuneración, lo que marcó el primer punto de contacto entre ambos. A medida que Milei ganó presencia mediática, obtuve una banca en Diputados y finalmente llegó a la Presidencia, la relación se expandió: Novelli comenzó a transferir honorarios tanto en pesos como en dólares por los servicios económicos del ahora Presidente.
Los registros incorporados al expediente muestran una relación que excedió lo meramente profesional con el tiempo: Novelli visitó en varias ocasiones la Casa Rosada, tuvo encuentros directos con el Presidente y con Karina Milei, hermana e influyente asesora presidencial. Una fotografía tomada en Casa Rosada resultó estratégicamente valiosa para Novelli dentro del ecosistema cripto, funcionando como elemento de atracción de sponsors y refuerzo de credibilidad. Junto a Manuel Terrones Godoy, Novelli organizó el Tech Forum Argentina en 2024, evento donde el Presidente conoció a Julian Peh, empresario radicado en Singapur identificado entre los responsables de la creación del token. La comunicación entre Novelli y la familia presidencial fue intensa durante el fin de semana del derrumbe del activo digital, con intercambios que incluyeron a Santiago Caputo, entonces asesor presidencial. Asimismo, un documento en idioma inglés fechado tres días antes del lanzamiento describe un esquema de pagos por cinco millones de dólares vinculado a la promoción de la memecoin.
Estos antecedentes han permitido a los querellantes argumentar que existió una coordinación entre actores estatales y privados. Sin embargo, la defensa de Novelli sostienes que la proximidad comercial y personal no implica responsabilidad penal compartida, ni convierte un proyecto privado en un acto de corrupción simplemente porque el Presidente haya conocido a sus promotores o los haya visitado. Desde esta perspectiva, el nivel de confianza y los encuentros frecuentes reflejan relaciones comerciales, no conspiración delictiva. La distancia entre lo que uno u otro bando interpreta de esos contactos y transacciones económicas constituye uno de los puntos de tensión más profundos en la evaluación del caso.
El rol de los querellantes en juego y las implicancias procesales
La decisión que adopte la Sala I de la Cámara Federal respecto del apartamiento de los cinco querellantes tendrá consecuencias procesales significativas. Los damnificados que mantienen estatus de querellantes pueden proponer medidas de prueba, insistir en pedidos de indagatoria, apelar decisiones judiciales y participar activamente en la estrategia acusatoria. Si son apartados del rol, la acusación queda concentrada exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuyas decisiones han sido objeto de críticas por parte de los propios querellantes, que denuncian demoras en el avance investigativo. Taiano está siendo sometido a escrutinio ante la comisión especial de Diputados y enfrenta un pedido ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público.
La composición de la Sala I adquiere relevancia en este contexto. Actualmente integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la cámara enfrenta transformaciones. El Gobierno impulsa la llegada de Pablo Yadarola y la ratificación de Bertuzzi. Bruglia saldría del cargo y Yadarola asumiría como subrogante, modificando la composición del tribunal. Los candidatos gubernamentales deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para audiencias públicas, primer paso para que sus pliegos sean tratados en el recinto legislativo. Esta transformación institucional coincide con el momento en que debe resolverse sobre el apartamiento de los querellantes, lo que introduce en el análisis una variable política sobre cómo se redefinirán los equilibrios dentro del tribunal.
Si prospera la posición defensiva sobre la inexistencia de estafa, la hipótesis acusatoria que podría subsistir se limitaría a las negociaciones incompatibles con la función pública, figura penal que alcanzaría directamente al Presidente por haber impulsado el lanzamiento de $LIBRA. Sin embargo, esa acusación depende enteramente del impulso del fiscal Taiano, quien hasta ahora ha adoptado decisiones cuestionadas. En paralelo, un grupo de ahorristas patrocinados por Nicolás Oszust prepara una demanda civil por daños y perjuicios contra los imputados, tras el fracaso de intentos de mediación. Ese carril civil representa una alternativa para quienes buscan recuperar fondos o al menos establecer responsabilidad por las pérdidas sufridas.
Las consecuencias de cómo se resuelva este caso trascienden ampliamente a los cinco inversores individuales o incluso al presidente Milei. Un fallo que desestima la hipótesis de estafa en un esquema de memecoin con participación presidencial podría establecer precedentes sobre qué grado de responsabilidad penal cabe esperar de los operadores de proyectos criptoactivos con alcance de viralización masiva. Simultáneamente, un fallo que mantiene la calificación de estafa podría sentar jurisprudencia sobre el alcance de la responsabilidad penal en contextos de especulación digital sin regulación estatal. Las perspectivas sobre cómo el sistema penal debe abordar conflictos generados en mercados no regulados permanecen abiertas, sin consenso establecido sobre si prevalece el criterio de responsabilidad individual del operador, responsabilidad compartida por quien promueve públicamente, o si la volatilidad inherente de estos mercados absorbe cualquier demanda de responsabilidad penal. La resolución que adopte la justicia federal en los próximos meses contribuirá a definir esos parámetros.
