El oficialismo enfrenta un interrogante fundamental sobre sus propias prioridades legislativas. A pesar de proclamar la necesidad urgente de transformar el sistema electoral argentino, los dirigentes de La Libertad Avanza reconocen públicamente que aún no cuentan con certezas sobre los términos concretos de esa reforma. Patricia Bullrich, quien conduce el bloque de senadores libertarios, admitió que la eventual supresión de las PASO continúa siendo objeto de discusión y que su resolución quedará supeditada a los apoyos que logre congregar el Gobierno en ambas cámaras legislativas. Esta confesión de incertidumbre marca un contraste notable con la firmeza que el Ejecutivo ha mostrado en otras áreas de su agenda, y revela las complejidades inherentes a cualquier reforma de las reglas del juego político.
Durante los últimos meses, el Gobierno ha insistido repetidamente en la necesidad de modificar profundamente la arquitectura electoral nacional. Sin embargo, la marcha concreta de estos cambios permanece envuelta en negociaciones que, según lo expresado por la senadora libertaria, se extenderán hasta mediados del próximo trimestre. La ventana temporal que menciona Bullrich—entre septiembre y octubre—no resulta casual. El oficialismo se encuentra ante una realidad política ineludible: 2027 será un año electoral, lo que imposibilita legislativamente cualquier reforma de envergadura en ese período. Por lo tanto, las modificaciones deben cristalizarse antes, durante el presente ciclo legislativo, cuando todavía existe espacio institucional para tramitarlas sin que las acusaciones de maniobra electoral sean tan evidentes.
Los alcances inciertos de la transformación política
Más allá del debate específico sobre las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, el Gobierno proyecta una transformación más amplia del sistema de partidos políticos argentino. Bullrich delineó un conjunto de cambios que atravesaría aspectos fundamentales de la organización partidaria: desde la digitalización de procesos de afiliación hasta la eliminación de estructuras que, según el diagnóstico oficial, representan desperdicio de recursos públicos. La crítica apunta a lo que la senadora denominó "partidos truchos"—una referencia a organizaciones que operan formalmente pero sin incidencia real en la política—y a la asignación de espacios en radio y televisión que, en su perspectiva, no generan audiencia significativa.
El alcance de estas transformaciones revela cuán ambiciosa es la hoja de ruta que el oficialismo se ha trazado. No se trata meramente de suprimir un mecanismo electoral, sino de replantear los cimientos mismos sobre los cuales se estructura la competencia política en Argentina. Las PASO, introducidas en 2009, fueron concebidas originalmente como un instrumento para democratizar la selección de candidatos dentro de los partidos, reduciendo el poder de las cúpulas directivas. Su eliminación representaría un giro significativo hacia esquemas más concentrados de poder decisorio al interior de las estructuras partidarias. Paralelamente, la reforma de la afiliación digital y la supresión de estructuras fantasmales implicaría redefinir qué se entiende por militancia política en la Argentina contemporánea.
La complejidad de obtener consensos legislativos
El reconocimiento de Bullrich sobre la incertidumbre que rodea a la reforma electoral no debe interpretarse como una debilidad táctica o un mero ejercicio de humildad política. Por el contrario, constituye un reflejo honesto de una realidad: el Gobierno carece actualmente de la mayoría propia necesaria para sancionar estos cambios por su cuenta. La necesidad de construir consensos trasversales con gobernadores provinciales y legisladores de distintas fuerzas políticas complicaría significativamente el proceso de aprobación. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ha venido sosteniendo una estrategia de aproximaciones con las provincias, reconociendo que sin ese apoyo subnacional la reforma resultaría inviable.
Históricamente, las reformas electorales en Argentina han sido procesos arduous que demandaron negocios complejos entre actores con intereses diversos y frecuentemente contrapuestos. La supresión de las PASO en 2021, implementada durante la administración anterior mediante un decreto de necesidad y urgencia, fue una medida que generó debates intensos sobre su constitucionalidad y legitimidad democrática. Ahora, el Gobierno actual busca institucionalizar esa supresión mediante un proceso legislativo formal, lo cual añade capas de complejidad a la negociación. Cada bloque parlamentario evalúa cómo le impactará electoralmente la modificación de las reglas, factor que naturalmente condiciona sus posiciones.
La trascendencia de esta reforma desborda el ámbito técnico-electoral. Cualquier modificación en los mecanismos de selección de candidatos afecta las estrategias competitivas de todas las fuerzas políticas, alterando sus posibilidades de competir en elecciones futuras. Algunos actores verán oportunidades en un sistema desprovisto de PASO, mientras que otros perderían espacios que actualmente utilizan para fortalecerse internamente o para negociar posiciones dentro de coaliciones más amplias. El resultado final dependerá, en última instancia, de qué coaliciones legislativas logre tejer el Gobierno en torno a su propuesta de reforma. La vaguedad de Bullrich respecto a si las PASO serán suspendidas, reformadas o mantenidas refleja justamente esa incertidumbre sobre cuál será la arquitectura de consensos que prevalecerá en septiembre u octubre.
Las consecuencias de estas negociaciones trascenderán el ciclo electoral inmediato. Las reglas según las cuales se seleccionen candidatos en 2027—año crucial para la reelección presidencial que el oficialismo claramente busca—condicionarán la dinámica política de toda una década. Un sistema sin PASO favorecería a estructuras partidarias jerarquizadas con poder concentrado en sus direcciones, mientras que su permanencia reforzaría canales de participación más amplios y competitivos. Las provincias, actores clave en cualquier negociación electoral argentina, buscarán asegurar que cualquier reforma no lesione su autonomía en la selección de candidatos locales ni reduzca su peso en la conformación de listas nacionales. El Ejecutivo, por su parte, intentará diseñar un marco que permita ordenar la competencia interna de La Libertad Avanza sin fracturarla, mientras simultáneamente genera incentivos para que otros espacios políticos acepten las nuevas reglas. Desde distintas perspectivas, esta reforma electoral puede ser leída como un paso hacia mayor eficiencia institucional o como un mecanismo para concentrar poder decisorio; como un avance democratizador o como su restricción, dependiendo de quién analice y cuáles sean sus intereses en juego.
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