La Argentina atraviesa una de esas encrucijadas políticas donde los indicadores económicos y la temperatura social parecen hablar idiomas distintos. Mientras en las cúpulas gubernamentales se despliegan gráficos que celebran la desaceleración inflacionaria y la contención del riesgo país, en las calles crece la frustración por despidos masivos y el cierre de comercios. Pero existe otro fenómeno, quizás más profundo y menos visible, que ocurre en las entrañas del sistema institucional: el Gobierno está construyendo una estructura judicial que funcionará más allá de su mandato, y lo está haciendo con un apoyo político que nadie hubiera pronosticado hace meses. Este proceso, desarrollado sin los reflectores puestos sobre él, representa una de las operaciones políticas más significativas de los últimos tiempos, incluso más relevante que los escándalos puntuales que acaparan titulares.
Las cifras sobre la intención de voto hacia Javier Milei revelan un cuadro preocupante para sus cálculos electorales. Según relevamientos recientes, apenas el 34% de los ciudadanos considera que el país marcha en dirección correcta, mientras que un 58% sostiene lo opuesto. El dato se agudiza cuando se analiza por segmentos: la clase media, ese termómetro tradicionalmente confiable de la política argentina, es donde la crítica alcanza sus mayores intensidades. Incluso entre quienes votaron a Patricia Bullrich en la primera vuelta de 2023, un tercio piensa que la gestión va por el camino equivocado. La imagen personal del Presidente tampoco ofrece respiros: el 37% la evalúa positivamente, mientras que el 60% la califica de manera adversa. Nuevamente, el descontento es más pronunciado en los sectores medios, y alcanza al 45% entre los que eligieron a Bullrich. Pero el dato más preocupante para La Libertad Avanza emerge cuando se pregunta sobre una eventual reelección en 2027: el 62% de la clase media afirma que jamás lo votaría. Estos números sugieren que Milei estaría obligado a ganar en primera vuelta, porque un balotaje parece matemáticamente inviable.
Sin embargo, existe una paradoja inquietante en este escenario. Mientras su popularidad se erosiona ante la ciudadanía común, el Gobierno consigue victorias políticas inesperadas en los pasillos del Congreso. La negociación en torno a Manuel Adorni ejemplifica esta dinámica: sectores del peronismo acordaron con la Casa Rosada evitar una interpelación al jefe de Gabinete, a pesar de que una investigación fiscal indaga sobre declaraciones juradas incompletas respecto de bienes inmuebles. Lo notable no es el acuerdo en sí, sino quiénes lo facilitaron. El mismo movimiento interno que inauguró un proceso de renovación dentro del justicialismo el 1 de mayo en Parque Norte fue el que tendió la mano al oficialismo. Esta fractura del bloque peronista en la Cámara de Diputados refleja transformaciones más profundas dentro de la estructura partidaria, donde algunos gobernadores y legisladores buscan redefinir su relación con la Casa Rosada, frecuentemente a cambio de beneficios provinciales, como modificaciones a la ley de zonas frías que implican subsidios energéticos.
La renovación judicial: el verdadero negocio del cambio
Lo que ocurrió la semana anterior en el Senado, sin embargo, trasciende las negociaciones parlamentarias convencionales. La renovación del mandato de Carlos Mahiques, camarista de Casación que cumplió 75 años, se aprobó con 58 votos. No se trata de un número cualquiera: representa diez votos por encima de los dos tercios requeridos para designaciones judiciales. Mahiques no precisaba del voto peronista para alcanzar su continuidad. Podría haberla conseguido sin ellos. Sin embargo, catorce senadores peronistas votaron a su favor, desafiando la posición del bloque conducido por José Mayans y la voz de Cristina Kirchner en la cámara alta, representada por Anabel Fernández Sagasti. Esta ruptura es de primera magnitud porque pone en evidencia algo que Cristina y su círculo han llamado insistentemente "lawfare": la persecución judicial. Catorce legisladores justicialistas votaron para mantener en su cargo a un magistrado que ha sido históricamente cercano a Mauricio Macri, que fue ministro de Justicia durante la gestión de María Eugenia Vidal, y que ha fallado en causas sensibles de manera favorable al círculo macrista. Mahiques fue uno de los camaristas que acogió el argumento de Angelo Calcaterra, primo de Jorge y Mauricio Macri, afirmando que los fondos que trasladó durante la investigación por coimas eran contribuciones electorales legales y no sobornos. Cuando sus colegas corrigieron esa posición, Mahiques mantuvo su fallo por lealtad política.
Este apoyo peronista no fue casual ni desorganizado. Figuró entre los promotores de esta ruptura el senador Adán Bahl, de Entre Ríos, vinculado al diputado Guillermo Michel, quien es uno de los principales interlocutores del Gobierno en la Cámara Baja y facilitador de acuerdos como el que permitió evitar la interpelación a Adorni. Se trata de una coordinación deliberada: los mismos sectores que flexibilizan el bloque peronista en Diputados para respaldar al oficialismo en temas sensibles como presunta corrupción, funcionan de manera orgánica en el Senado. Estos legisladores no respaldan al Gobierno por cuestiones de responsabilidad fiscal o equilibrio de cuentas públicas, sino para facilitarle operaciones de poder judicial. Es decir, pertenecen a lo que Milei denomina "la casta": esa red de intereses institucionales que trasciende las diferencias partidarias cuando se trata de proteger posiciones de poder.
El armado de un nuevo Poder Judicial sin debate público
Pero Mahiques es apenas la punta visible de una operación mucho más vasta. El Gobierno ha enviado al Senado 148 pliegos de candidatos para designaciones judiciales. Este número, que parece pasar inadvertido, es colosal. La característica más notable de estos candidatos es que prácticamente todos provienen del Poder Judicial mismo. Abogados de matrícula, profesionales que podrían oxigenar la corporación judicial con perspectivas externas, brillan por su ausencia. Lo que se está construyendo es un Poder Judicial cada vez más endogámico, más cerrado, más reproducido a partir de sí mismo. Este proceso ocurre sin debate público, sin que la ciudadanía sea informada de las implicancias, sin que los medios le dediquen la atención que merece. Y es, paradójicamente, una de las operaciones políticas más duraderas que está llevando adelante el Gobierno.
La arquitectura de estas designaciones responde a criterios muy específicos. Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia e hijo del camarista renovado, junto con su segundo Santiago Viola, y con la participación de Karina Milei, operan cada una de estas designaciones con precisión quirúrgica. El "negocio" que encontró Carlos Mahiques no es otro que convertirse en ministro de Justicia de facto de este proceso. No solo acomoda a su hijo en una posición de poder, sino que garantiza que una estructura judicial afín permanezca funcionando durante años, cuando ya el Gobierno haya dejado sus funciones. Este es el tipo de poder que no se disuelve con las urnas: persiste, se fortalece, se perpetúa. Juan Bautista Mahiques fue protagonista destacado de la política judicial durante la gestión Macri, un período que Cristina Kirchner y su entorno caracterizan como de agresión sistemática a través de la justicia. Su padre, por su lado, fue ministro de aquella gestión y ahora se perpetúa en la magistratura. Ignacio Mahiques, otro de los hijos de Carlos, fue fiscal en la escandalosa causa de la obra pública en Santa Cruz, junto con Gerardo Pollicita, el mismo que hoy investiga a Adorni. Los Mahiques encarnan una dinastía judicial ligada a Pro y a los Macri.
El significado político de conseguir 58 votos en el Senado, diez más de los necesarios, trasciende el caso específico de Mahiques. Implica que existen bases para armar mayorías de dos tercios en casos futuros. Dos vacantes en la Corte Suprema aguardan ser cubiertas. Una vacante en la Procuración General de la Nación, que es la jefatura de todos los fiscales federales del país, también está pendiente. Si el Gobierno logró 58 votos para Mahiques, es plausible que pueda conseguir los 48 necesarios para estas designaciones más sensibles. Sin embargo, Milei ha decidido no avanzar por ahora. Según indicios, espera que esos movimientos ocurran durante su segundo mandato, convencido de que será reelecto. Esta decisión revela que el Gobierno juega un ajedrez a largo plazo: no le importa tanto ganar todas las batallas ahora, sino asegurar que el tablero esté dispuesto para ganarlas después.
Los hechos descriptos generan lecturas divergentes sobre el futuro institucional argentino. Desde una perspectiva, lo que se observa es un proceso legítimo de designación de magistrados, llevado a cabo dentro de los marcos constitucionales, con apoyo parlamentario verificable. Los candidatos tienen credenciales profesionales, y las votaciones se realizan públicamente. Desde otra perspectiva, se trata de una consolidación de poder judicial sin contrapeso, donde la endogamia institucional profundiza un sistema clausurado, donde la voz de la ciudadanía, expresada en encuestas de rechazo, carece de influencia sobre decisiones que afectarán la administración de justicia durante décadas. La pregunta sobre si esto representa una amenaza o una normalización dependerá, en buena medida, de cómo se desplieguen estas estructuras cuando efectivamente ejerzan su función. Lo cierto es que mientras la atención mediática se concentra en conflictos puntuales y declaraciones de funcionarios, un cambio estructural de envergadura se procesa en las sombras de la burocracia estatal.
