La sesión sobre inviolabilidad de la propiedad privada que se desarrolló en el Senado dejó cicatrices más profundas de lo que los números finales permiten advertir. Mientras el oficialismo celebraba el avance de una iniciativa clave para su agenda legislativa, en los pasillos del Congreso y en los mensajes privados entre legisladores comenzaba a tejerse una trama de resentimientos que pone en riesgo la estabilidad de la alianza parlamentaria que sostiene al Gobierno. Lo que parecía ser una victoria táctica —lograr media sanción para un proyecto que acelera desalojos y limita facultades de expropiación— se convirtió rápidamente en un test de fuego para la capacidad del oficialismo de mantener cohesionados a sus socios políticos.
El detonante fue directo y cortante. Durante su intervención en el recinto, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch descargó sus frustraciones contra quienes consideraba obstaculizadores del proyecto. Utilizó la expresión "tibios del medio" para referirse a legisladores que se resistían a avanzar con ciertos aspectos de la reforma, particularmente aquellos vinculados a la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. Acompañó sus palabras con una acusación contundente: catalogó de "ignorancia" la postura de quienes cuestionaban esos capítulos específicos. Benegas Lynch estaba respondiendo a un cuestionamiento sobre posibles conflictos de interés —su participación como director de una empresa dedicada a gestionar ventas de terrenos a extranjeros en varios países de América del Sur—, pero sus palabras trascendieron esa defensa personal para convertirse en una crítica frontal contra los legisladores dialoguistas que habían sido presentados como la base de sustentación parlamentaria del Gobierno.
La fractura se exhibe sin filtros
Lo que sucedió después reveló la fragilidad de las relaciones internas. El "grupo de los 44" —el núcleo de legisladores opositores con los que el Ejecutivo ha tejido acuerdos parlamentarios— está lejos de ser una unidad monolítica. Este conglomerado integrado por legisladores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, Pro, y diversos bloques provinciales como La Neuquinidad, Despierta Chubut, Independencia, Encuentro Misionero y otros, funciona mediante un chat de WhatsApp donde se coordinan decisiones legislativas. Fue precisamente en ese espacio donde la bomba explotó. Juan José Carambia y Natalia Gadano, ambos senadores de Moveré Santa Cruz, decidieron que las palabras de Benegas Lynch representaban un cruce de límites inadmisible. Antes de abandonar el grupo de mensajería, Carambia grabó un audio que circuló entre los legisladores, en el cual no midió términos para expresar su rechazo. El contenido fue brutalmente directo, salpicado de insultos y críticas que evidenciaban la profundidad del malestar.
Los senadores santacruceños no eran actores menores en la negociación. Habían construido una relación particularmente sólida con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a partir del distanciamiento que ambos mantienen respecto del gobernador Claudio Vidal. Esa proximidad con la segunda mandataria les otorgaba un peso específico en las negociaciones. Su decisión de retirarse del chat, lejos de ser un gesto simbólico, representaba una fractura real en el andamiaje que el Gobierno había construido para impulsar su agenda legislativa. Además, ambos votaron en contra del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una decisión que adquirió significancia adicional en el contexto de las tensiones generadas por las críticas libertarias.
Radicales furiosos y reproches en cadena
Las palabras de Benegas Lynch también generaron indignación entre los legisladores radicales, quienes constituyeron una pieza fundamental en la construcción de los consensos necesarios para avanzar con partes del proyecto. Varios de ellos transmitieron personalmente su malestar a Patricia Bullrich, la senadora nacional libertaria encargada de conducir la bancada de La Libertad Avanza. Maximiliano Abad, un senador radical por Buenos Aires, incluso confrontó directamente con el libertario en el recinto, recriminándole el tono y contenido de sus críticas. Un senador de la UCR, en diálogo reservado, fue explícito respecto de las implicancias políticas de lo ocurrido: "Tiene que haber un replanteo de parte del oficialismo en el trato con los 44. Si quieren seguir manteniendo esa mayoría, van a tener que usar otra estrategia". Esa advertencia no era una amenaza velada, sino un diagnóstico claro sobre las consecuencias de mantener una estrategia confrontacional con los socios parlamentarios.
Juan José Carambia, durante su intervención en el hemiciclo, respondió directamente a las acusaciones de "tibio" que le había dirigido Benegas Lynch. Su discurso articuló una defensa territorial sobre cómo define quién realmente cuenta con legitimidad para criticar compromisos políticos. El exintendente de Las Heras ubicó el debate en un plano distinto: confrontó la trayectoria personal de resistencia al kirchnerismo que había mantenido en años anteriores, cuando gobernaba Alicia Kirchner en Santa Cruz. Subrayó que a los 27 años había sido el único intendente opositor en la provincia durante ese período, en tanto que muchos de quienes ahora flanqueaban a La Libertad Avanza "hacían negocios con el kirchnerismo". Su cierre fue particularmente agudo: diferenció entre "ser gritón" en una banca legislativa y gobernar efectivamente en territorio. Esa distinción apuntaba a deslegitimar las críticas de quienes, desde la comodidad de un escaño en el Senado, descalificaban a legisladores provinciales con responsabilidades de gestión.
Los capítulos que no pasaron y la estrategia que falló
Para entender la dimensión real del conflicto es necesario ubicarse en qué se perdió en la negociación. El Ejecutivo había propuesto dos capítulos fundamentales vinculados a la reforma de la ley de tierras. El primero ampliaba los márgenes para la venta de terrenos a extranjeros, fijando un tope del 25% de las tierras productivas. El segundo modificaba la ley de manejo del fuego, facilitando la comercialización de predios afectados por incendios. Ambos capítulos fueron retirados del proyecto antes de la votación porque Patricia Bullrich no contaba con los votos necesarios para garantizar su aprobación. Los senadores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén) decidieron en el momento clave de la negociación que no prestarían apoyo a esos artículos específicos, argumentando que la medida afectaba la soberanía nacional. Esta decisión fue la que tornó inevitable la exclusión de esos capítulos para poder conseguir los votos necesarios.
Lo significativo es que el Gobierno avanzó con la sesión pese a que previamente referentes de Pro y la UCR en el Senado habían recomendado postergar el debate y remitir la iniciativa nuevamente a comisión para "emprolijar" las modificaciones. Su diagnóstico era que el Ejecutivo carecía de las condiciones mínimas para sesionar con garantías de aprobación en su agenda completa. Martín Goerling, jefe del bloque senatorial de Pro, fue explícito: criticó que el Gobierno no había comunicado adecuadamente los cambios en los dictámenes ni había explicado qué modificaciones estaba introduciendo. Esa falta de transparencia en las negociaciones previas contribuyó al clima de desconfianza que después se tradujo en insultos e idas del chat grupal.
Las consecuencias de estos episodios pueden desarrollarse en múltiples direcciones. Por un lado, existe el riesgo de que la base parlamentaria que ha permitido al Gobierno impulsar legislación se erosione irreversiblemente, transformando a los aliados actuales en legisladores reacios a futuras colaboraciones o directamente en opositores. Por otro, es posible que estas tensiones generen un proceso de aprendizaje institucional que lleve al Ejecutivo a replantear sus tácticas de negociación, priorizando acuerdos más sólidos y menos confrontacionales. La capacidad de Bullrich de reconstruir los puentes rotos en estas negociaciones será determinante para definir cuál de estos escenarios se concretará. La estabilidad de la coalición gobernante dependerá menos de los insultos intercambiados en chats privados que de la capacidad política de encontrar un nuevo piso común basado en el respeto mutuo entre actores que, pese a las diferencias ideológicas, comparten la necesidad de mantener una mayoría legislativa funcional.
