Hace exactamente un año que Javier Milei pronunció públicamente una frase que definiría gran parte de su gestión: la consagración de su asesor como hermano. Esa declaración, lejos de representar una metáfora, se convirtió en el punto de partida de un enfrentamiento silencioso que durante doce meses fue ganando intensidad en las sombras, hasta estallar el fin de semana pasado con una crudeza que sorprendió a muchos pero que en los pasillos del poder ya era un secreto a voces. La confrontación entre Karina Milei y Santiago Caputo —los dos vértices de lo que alguna vez fue un triángulo de hierro— ha trascendido ahora de las conversaciones privadas a las redes sociales, a las reuniones empresariales y a los cálculos electorales. Lo relevante de este momento no es que exista una disputa interna, sino que su existencia y magnitud están generando fisuras visibles en la confianza que inversionistas y aliados políticos mantienen en la gobernabilidad del proyecto libertario, justo cuando algunos indicadores económicos comenzaban a mostrar señales de recuperación. En otras palabras: una guerra intestina que consume energías políticas en el peor momento posible.
Los orígenes de una ruptura predecible
Rastrear las raíces de esta fricción requiere retroceder hasta el mismo instante en que Caputo fue ungido como "el arquitecto de la victoria" en la noche electoral. Desde ese momento, y especialmente tras la distribución de cargos en la administración, comenzaron a aflorar las primeras incomodidades. Pero el punto de quiebre visible llegó después del triunfo electoral porteño de Manuel Adorni. Según relatos de personas cercanas a la estructura caputista, desde entonces el sector de la hermana del Presidente —ahora con roles de mayor relevancia en la estructura ejecutiva— comenzó a expandir su influencia territorial y a cuestionar decisiones estratégicas tomadas por el núcleo asesor.
El relato desde la vereda opuesta no es contraditorio en su diagnóstico de cuándo comenzó la grieta, pero sí en su interpretación de los hechos. Los sectores karinistas sostienen que fueron ellos quienes garantizaron el éxito en las elecciones legislativas nacionales mediante una estrategia territorial agresiva, mientras que la estructura caputista habría privilegiado acuerdos con gobernadores que, a su entender, habrían limitado el potencial político del Gobierno. "Si no hubiéramos ido a pelear los territorios con los nuestros hoy estaríamos arrodillándonos y pagando peajes carísimos para poder gobernar", argumentan desde ese bando. Por su parte, los allegados a Caputo contraargumentan que fueron los apoyos diplomáticos y financieros de Washington —particularmente la gestión de Bessent— combinados con el miedo al resurgimiento de alternativas políticas de signo opuesto, lo que permitió sortear momentos de crisis extrema cuando el dólar se disparaba y la gestión tambaleaba. El desacuerdo no es menor: ambos sectores reclaman paternidad sobre los logros y atribuyen al otro los errores estratégicos.
El iceberg de las sospechas y los negocios oscuros
Pero debajo de estas divergencias políticas y estratégicas, bulle un conjunto de acusaciones que golpean mucho más profundamente en la estructura de confianza del Gobierno. Los supuestos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) —que salpicaron a Karina Milei y a los primos Menem— representan apenas la punta visible de un iceberg de sospechas mutuas que circula entre ambos bandos. Desde el sector karinista se señala que fue Caputo quien difundió los audios comprometedores, acusación que los caputistas niegan pero reconocen haber advertido al Presidente sobre la información que poseían. Luego vinieron otras revelaciones: vínculos presuntos entre el asesor presidencial y negocios regulados por el Estado, como la licitación de la Hidrovía, actualmente bajo escrutinio judicial sin que se despejaran las sombras de irregularidades.
Nombres como el de Leonardo Scaturiccio —presentado como un empresario internacional vinculado al caputismo— y los de miembros de la familia Neus, supuestamente conectados con ese núcleo de poder, circularon en posteos y rumores atribuidos al sector menemista que provocaron estallidos públicos del asesor presidencial. Lo notable es que ningún órgano de prensa fue necesario para exponer estas acusaciones: fueron los propios bandos los que las lanzaron a través de redes sociales y filtraciones dirigidas. Esto introduce un elemento particularmente corrosivo en la dinámica institucional: la moral como política de Estado nació aquí con defectos congénitos graves. La investidura de un Gobierno que trepó al poder con un discurso anticorrupción y de restauración de autoridad presidencial ahora se ve erosionada por acusaciones de negocios turbios y manejo clientelar entre sus propias filas.
El primer cuestionamiento al liderazgo desde adentro
Lo que realmente ha encendido las luces de alarma entre empresarios y aliados políticos no es solo la existencia de la disputa, sino la respuesta —o más bien la no respuesta— del Presidente. Durante un año completo, Milei permitió que la confrontación se agravara sin intervenir de manera decisiva. Su estrategia fue la evasión: culpar a terceros, negar la magnitud del conflicto, esperar que el paso del tiempo lo resolviera. Pero en lugar de amainarse, el enfrentamiento escaló hasta alcanzar su punto crítico el sábado pasado, cuando Santiago Caputo lanzó acusaciones públicas contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que continuaron intensificándose en las horas siguientes.
Aquí emerge algo que antes parecía impensable: figuras influyentes del propio círculo libertario, así como aliados del macrismo, comenzaron a cuestionar abiertamente la capacidad de liderazgo del Presidente. Las acusaciones de que Milei estaba mal informado, de que sus opiniones sobre los hechos eran erróneas porque lo engañaban, contienen múltiples significados preocupantes. Por un lado, pintan a un líder aislado por un entorno mendaz. Por otro, sugieren volatilidad emocional en quien supuestamente encarna una autoridad restaurada. Para una fuerza política que se jacta de haber devuelto dignidad a la investidura presidencial —luego de lo que consideran la degradación de la era Fernández— este cuestionamiento representa un golpe simbólico de considerable magnitud. Una fuerza que no es más que la representación de su conductor enfrenta ahora dudas sobre ese mismo conductor.
La inquietud en los salones del poder económico
Hace dos días, en la reunión del consejo directivo de una de las principales cámaras empresariales del país, la disputa interna del oficialismo ocupó lugar privilegiado en las conversaciones. No como curiosidad o anécdota política, sino como factor de riesgo para la continuidad de un proyecto económico que estos actores apostaron a respaldar. Los empresarios —aquellos que tienen capitales invertidos o por invertir en el país bajo este esquema— expresaron una inquietud muy concreta: temor a que la política erosione lo que ven como un proceso incipiente y frágil de recuperación económica.
El dilema que enfrentan es peculiar. Ven fragilidades en el presente, especialmente en el consumo doméstico y en sectores que aún no despegan. Pero identifican señales positivas para el mediano plazo: algunos indicadores de actividad económica mostraron movimiento positivo recientemente, y hay expectativas sobre la dirección que podría tomar la economía en los próximos meses. Sin embargo, la guerra interna del Gobierno representa una nube de incertidumbre que se cierne sobre esas expectativas. "Hay preocupación porque la economía no levantó antes como se preveía, y al mismo tiempo temor a que la política genere una crisis y abra la posibilidad de un retorno al pasado", resumió alguien que participó de ese encuentro. Traducido al lenguaje llano: los inversores temen que la autolesión política del mileísmo le abra la puerta a alternativas políticas de signo opuesto, lo cual alteraría radicalmente el esquema económico en el que están apostando.
El horizonte electoral como amplificador de tensiones
Pero la preocupación no se detiene en la coyuntura. Quienes observan con mayor perspectiva temporal ven en esta disputa interna un factor que podría determinar la viabilidad electoral del oficialismo más allá de este mandato. Las elecciones generales de 2025 están en el horizonte, y la forma en que se resuelva —o no se resuelva— la confrontación entre karinistas y caputistas tendrá implicancias directas sobre el armado de listas, la asignación de recursos de campaña y la capacidad de movilización territorial del Gobierno.
Pero antes de llegar a eso, existen escalas intermedias igualmente críticas. El Gobierno requiere apoyo extralibertario en el Congreso para avanzar con sus reformas legislativas. Una estructura política debilitada por conflictos internos, donde la autoridad presidencial es cuestionada desde sus propias filas, genera vulnerabilidades en esas negociaciones. Los aliados externos —radicales, sectores del peronismo no kirchnerista, macristas— naturalmente buscaran capitalizar esas grietas para mejorar su posicionamiento. La fragilidad institucional se convierte así en una moneda de cambio política.
Lo particularmente alarmante, desde la perspectiva de quienes apoyan este Gobierno, es que la amenaza a su continuidad electoral no viene de un rival claramente identificado, sino de las autolesiones que se propina a sí mismo. Que una alternativa electoral de signo opuesto —es decir, con un proyecto político contrario al que representa Milei— pudiera ganar terreno no por su fuerza propia sino por la descomposición interna del oficialismo, resultaría para estos actores algo cercano a lo imperdonable. Y sin embargo, es exactamente el escenario que ven desplegarse si el Presidente no interviene con decisión para resolver la disputa que, reconozcan públicamente o no, ya ha alcanzado niveles de gravedad institucional.
Perspectivas sobre un futuro incierto
Los próximos meses determinarán si Milei logrará recomponer la autoridad que ve cuestionada, si logra mediar entre los dos sectores o si la disputa continúa erosionando la gobernabilidad de su administración. Diferentes actores ven diferentes riesgos en estos escenarios. Para los empresarios que respaldan el proyecto económico libertario, una profundización del conflicto podría traducirse en menos reformas, más incertidumbre regulatoria y una menor capacidad del Gobierno para implementar cambios estructurales que ellos consideran necesarios. Para los aliados políticos externos, una debilidad del Presidente podría significar mayor margen de negociación en el Congreso, pero también riesgo de inestabilidad institucional que perjudique la gobernabilidad general. Para los propios bandos en conflicto, está en juego quién ejercerá mayor influencia sobre las decisiones presidenciales en los próximos meses y años. Y para la sociedad en general, está en cuestión si un Gobierno que prometía eficiencia y autoridad logrará demostrarlo al interior de su propia estructura, o si la disfunción interna se convertirá en un obstáculo permanente para la implementación de su agenda.
