La iniciativa denominada "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" avanzó en el Senado con media sanción la semana pasada, pero su llegada a la Cámara de Diputados ocurrió sin el impulso político que el oficialismo había procurado generar en torno a ella. El proyecto, impulsado desde la cartera de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, ingresó formalmente al cuerpo legislativo inferior el viernes tras haber sido girado por Bartolomé Abdala, quien presidía la sesión en la Cámara alta. Lo significativo no es solo que la iniciativa haya avanzado, sino el modo en que lo hizo: vaciada de sus componentes más resistidos y relegada a un segundo plano en la jerarquía de prioridades gubernamentales. Dentro del bloque de La Libertad Avanza (LLA), reconocen con franqueza que aunque el proyecto no está "frenado", tampoco representa una urgencia en comparación con otros asuntos que concentran la atención ejecutiva y legislativa durante estos meses previos a las elecciones generales de 2025.
El costo político del avance: lo que quedó afuera
El viaje de este proyecto desde el Senado hasta Diputados no fue sinuoso solo en lo administrativo, sino fundamentalmente en lo político. La iniciativa que llegó a la Cámara baja fue despojada de sus dos títulos más controvertidos antes de ser sometida a votación en el Senado. Desapareció de la redacción aquello que había generado mayor fricción en gobernadores, legisladores provinciales y organizaciones sociales: las disposiciones orientadas a flexibilizar los límites para la compra de tierras por parte de inversores extranjeros y los cambios propuestos en las restricciones respecto de terrenos afectados por incendios forestales. Esta sustracción no fue casual ni accidental. Fue, en cambio, una operación política deliberada para evitar que esos artículos fueran rechazados explícitamente durante la votación, lo que habría generado un retroceso visible para la administración. Consultados legisladores libertarios sobre la posibilidad de reintentar estos cambios en el corto plazo dentro de Diputados, la respuesta es prácticamente unánime: difícilmente vuelvan a insistir con esas modificaciones en los próximos meses. La presión territorial y política fue suficientemente intensa como para desaconsejar cualquier reapertura del debate sobre estos puntos en el horizonte cercano.
Lo que sí sobrevivió a esta cirugía legislativa fueron tres capítulos sustanciales del proyecto. En primer lugar, un conjunto de disposiciones destinadas a endurecer significativamente los requisitos para que el Estado recurra a expropiaciones de bienes privados. La normativa establece que cualquier declaración de "utilidad pública" debe ser específica y estar vinculada a un objetivo concreto, lo que se aleja de interpretaciones más amplias utilizadas históricamente. Además, el texto dispone que la transferencia del dominio hacia el Estado no podrá materializarse hasta que se haya pagado en su totalidad la indemnización correspondiente. El monto de esa compensación deberá calcularse tomando como referencia el valor objetivo de mercado del bien más los daños directos provocados por el proceso mismo de expropiación. Este apartado también expande el régimen de regularización dominial: aquellos que acrediten una posesión pacífica durante diez años de una vivienda única y permanente verán extendido ese beneficio, ahora también aplicable a agricultores familiares respecto de sus tierras productivas.
Desalojos expeditivos y modernización registral
El segundo pilar de la iniciativa apunta directamente a acelerar los procesos de desalojo, modificando los tiempos y procedimientos judiciales. Los desalojos serán tramitados mediante un procedimiento sumarísimo, lo que implica una reducción significativa de plazos procesales. El juez recibirá facultades para ordenar la restitución del inmueble desde el inicio del juicio en casos de intrusión o tenencia precaria, sin esperar a que se desarrolle la totalidad de las etapas procesales convencionales. Para aquellos desalojos motivados por falta de pago de alquiler, se mantiene la obligación de intimar al inquilino con un plazo mínimo de diez días antes de iniciar acciones legales. Sin embargo, cuando en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez tiene la obligación de dar intervención a los organismos especializados de protección y otorgar un período de diez días para que se procure una alternativa habitacional antes de ejecutar el lanzamiento. Este equilibrio entre celeridad y protecciones específicas refleja el intento de compatibilizar las demandas de seguridad jurídica en materia inmobiliaria con garantías sociales mínimas.
El tercer componente del proyecto resulta menos polémico que los anteriores, pero no menos importante en términos prácticos. Se propone modernizar sustancialmente el funcionamiento de los registros inmobiliarios mediante la digitalización íntegra de trámites y la creación de una Ventanilla Única Federal que agilice y unifique los procedimientos que actualmente requieren gestiones en múltiples organismos provinciales y municipales. Esta iniciativa de modernización administrativa ha recibido menos resistencia porque toca aspectos de eficiencia estatal que trascienden las divisiones ideológicas convencionales.
Prioridades reordenadas: la economía por encima del resto
Lo revelador del estado actual de esta iniciativa radica en cómo el propio oficialismo ha reordenado sus prioridades legislativas. Durante las próximas semanas, la atención se concentrará en un conjunto diferente de proyectos que responden más directamente a lo que la administración Milei considera su agenda económica central. Un referente libertario en Diputados lo expresó sin ambigüedades: "La prioridad ya está fijada en otros cuatro proyectos". Esos cuatro proyectos son, en orden de importancia aparente, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal, el Acuerdo entre Mercosur y Singapur, y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El primero de estos ya se encuentra en etapa avanzada de debate en comisiones, y el oficialismo busca obtener dictamen durante esta semana para llevar el proyecto al recinto legislativo durante agosto. La reforma central del Banco Central repone como objetivo prevalente de la institución la preservación del valor de la moneda, prohíbe el financiamiento al Tesoro Nacional y la emisión de dinero sin respaldo adecuado, y endurece los requisitos para remover a las autoridades de la entidad. Este último punto fue objeto de controversia opositora, particularmente porque establece que la remoción del presidente y los directores requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, un umbral que algunos legisladores criticaron como potencialmente paralizante.
La segunda prioridad es la nueva redacción del régimen de Inocencia Fiscal, que amplía el espectro de contribuyentes que pueden acceder a él y busca facilitar la formalización de ahorros actualmente fuera del sistema financiero. Este proyecto también despertó cuestionamientos opositores, específicamente respecto de la posibilidad de que funcionarios públicos ingresen al régimen. Durante el debate previo, legisladores de la oposición plantearon que resultaría contradictorio que diputados votaran una ley que, simultáneamente, los beneficia a ellos mismos. El Gobierno también evalúa la posibilidad de incluir en la sesión del 26 de agosto tanto el acuerdo comercial con Singapur como la adhesión al tratado de patentes, ambos con antecedentes menos conflictivos que las iniciativas anteriores y, en el caso del PCT, ya con despacho de comisión y listo para debate en el recinto. La sesión programada para ese día será, en definitiva, el escenario donde se concentren los esfuerzos legislativos del Gobierno en materia de reformas estructurales durante este mes crítico.
Incertidumbre sobre el futuro inmediato del proyecto
La definición formal de la ruta que seguirá el proyecto de Propiedad Privada en Diputados ocurrirá el martes, cuando el bloque de La Libertad Avanza se reúna para establecer su hoja de ruta. Se anticipa que la iniciativa será girada a comisiones que cuentan con presidencias afines al oficialismo: Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia aparecen entre los destinos más probables. Sin embargo, el tránsito por estas comisiones no responde a una urgencia temporal sino más bien a un procesamiento ordenado en el tiempo. Los dirigentes libertarios reconocen que el proyecto está "en la cancha", pero no es "prioridad". Esto significa que mientras otras iniciativas avanzan con celeridad hacia la votación en el recinto, este permanecerá en un estado de movimiento lento pero constante. Tal vez el proyecto se someta a votación antes de que termine el año legislativo, tal vez no. La formulación ambigua refuerza la idea de que el Gobierno ha realizado un cálculo político pragmático: mantener viva la iniciativa sin invertir capital político significativo en ella, en especial después de haber tenido que amputar sus componentes más controvertidos.
Este giro en la estrategia resulta comprensible cuando se considera el contexto electoral que se aproxima. La administración busca llegar a los comicios generales de 2025 con una agenda de logros económicos tangibles y sin conflictividad territorial innecesaria. El proyecto de propiedad privada, incluso en su versión reducida, mantiene potencial para generar resistencias sectoriales. Gobiernos provinciales, aunque no con la intensidad anterior, podrían ver con recelo determinadas disposiciones. Organizaciones sociales orientadas a derechos de inquilinos podrían cuestionar los mecanismos acelerados de desalojo. Es más seguro, desde la perspectiva del cálculo electoral, priorizar reformas que prometen impactos económicos más directos e inmediatos, como la del Banco Central o la formalización fiscal, antes que una iniciativa que genera divisiones sin beneficios electorales evidentes en el corto plazo.
Múltiples lecturas posibles sobre las consecuencias
El futuro de esta iniciativa admite diferentes interpretaciones según el punto de vista desde el cual se lo observe. Para sectores afines al Gobierno, el proyecto de Propiedad Privada representa un avance institucional significativo incluso en su versión recortada: endurece las garantías contra expropiaciones arbitrarias, moderniza registros inmobiliarios y agiliza procedimientos judiciales, todo lo cual podría estimular mayor seguridad jurídica en transacciones inmobiliarias. Para otros sectores, la aceleración de desalojos y la interpretación restrictiva de "utilidad pública" podrían significar una reducción del margen de maniobra del Estado para intervenir en cuestiones habitacionales o de tierras, especialmente en contextos de conflictividad social. Organizaciones que trabajan en derechos inmobiliarios y acceso a vivienda podrían ver con preocupación la posibilidad de que los mecanismos sumarizados de desalojo se utilicen para desalojar ocupantes sin suficientes garantías procesales. Por su parte, sectores inmobiliarios y de inversión podrían sentirse insatisfechos porque el proyecto perdió precisamente aquellos componentes que habrían permitido mayor participación de capitales externos en la compra de tierras. Los gobiernos provinciales, finalmente, podrían mantener una postura vigilante respecto de cómo se reglamente e implemente la Ventanilla Única Federal, en la medida que afecta competencias históricamente provinciales en materia registral. Lo que permanece claro es que la iniciativa, en su forma actual, ha sido reducida a un conjunto de medidas específicas cuyo impacto real dependerá de cómo se reglamente y aplique, así como del tiempo que demore en convertirse finalmente en ley.
