Un circuito que trasciende lo conocido

La investigación judicial sobre las maniobras especulativas con divisas que caracterizaron el período de restricción cambiaria acaba de adquirir una dimensión completamente nueva. No se trata solamente de rastrear cómo operarios financieros y casas de cambio multiplicaron sus ganancias aprovechando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Los papeles revelados esta semana documentan algo más: un entramado de irregularidades que también alcanza al Sistema de Importaciones de la República Argentina, mecanismo que durante más de un año permitió a empresas acceder a dólares oficiales con autorizaciones que aparentemente fueron adulteradas o agilizadas mediante pagos no justificados. La decisión del juez Ariel Lijo de levantar el secreto de sumario marca un quiebre en la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi. Lo hizo tras ordenar tres allanamientos simultáneos, cuyos resultados proyectan una red más compleja de la que se suponía inicialmente. Esto cambia la escala de lo investigado y amplía significativamente las posibles responsabilidades.

La causa tiene sus raíces en una denuncia formulada hace casi dos años. Todo comenzó cuando Carlos "El Lobo" Smith, un exagente de seguridad que trabajaba para el empresario Elías Piccirillo, decidió colaborar con la investigación y aportó un dispositivo portátil con registros de conversaciones comprometedoras. En esos audios figuraban diálogos entre Piccirillo y Francisco Hauque, así como intercambios con Romina García, una funcionaria del Banco Central. El punto de partida fue la operatoria especulativa del dólar blue, pero ahora la pesquisa ha derivado en territorio más pantanoso. La magnitud de lo movido en estos circuitos alcanzó al menos US$900 millones, una cifra que por sí sola ilustra la escala del fenómeno investigado y su potencial impacto en la estabilidad macroeconómica del país durante aquellos años.

De los teléfonos surge la evidencia que abre nuevas líneas

La pericia sobre dispositivos móviles resultó ser decisiva. Martín Migueles, quien fuera socio cercano de Piccirillo, fue allanado en tres ocasiones en el marco de la investigación original. En uno de esos procedimientos, entregó voluntariamente sus aparatos electrónicos, incluyendo su contraseña. El análisis forense de ese teléfono produjo un efecto cascada: arrojó información sobre terceras personas cuyas conexiones con la operatoria permanecían en la penumbra. Así emergieron Gonzalo Roberto Calo, apodado "Gonzalote", el financista Fernando Rubén Tacchi, y Alejandro "El Turco" Calian. Este último ya había sido objeto de un allanamiento anterior, pero en un domicilio que ya no ocupaba. Las comunicaciones que registró Migueles en sus dispositivos mencionaban a estas personas en contextos vinculados directamente a operaciones de magnitud económica relevante. El juez Lijo ordenó entonces los tres allanamientos, que se llevaron a cabo el miércoles pasado. En la vivienda de Calo se secuestró un iPhone 17 Pro Max que será sometido a pericia, así como varias armas de fuego que también quedaron bajo custodia judicial.

La relación entre Migueles y Piccirillo reviste características peculiares. No se trataba meramente de un vínculo comercial: compartían reuniones familiares, festejaban cumpleaños juntos, y el empresario ocupaba un rol de confianza extrema en el círculo íntimo de Piccirillo. Esa proximidad facilita entender cómo ambos terminaron involucrados en las mismas operaciones. Migueles figura como presidente de Arg Exchange, una casa de cambio radicada en el corazón financiero porteño, desde 2021. Simultáneamente, esta entidad se encuentra bajo investigación del Banco Central por su participación en maniobras cambiarias. Los registros de operación muestran que en el segundo semestre de 2023, cuando la brecha entre ambos tipos de cambio alcanzaba máximos históricos, Arg Exchange registró ventas de divisas por $60.804 millones. Apenas seis meses después, en el primer semestre de 2024, ese volumen colapsó a cero. El patrón es significativo: un pico pronunciado seguido de un cese abrupto de actividades.

El SIRA como vía alternativa para acceso a divisas

Lo novedoso en esta etapa de la investigación radica en el descubrimiento de lo que el expediente judicial denomina "circuito paralelo vinculado a la gestión de autorizaciones" en el marco del SIRA. Este sistema rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Funcionaba como mecanismo de autorización para que empresas importadoras accedieran a divisas al tipo de cambio oficial. Según lo documentado en los papeles judiciales, intermediarios ofrecían a cambio de pagos indebidos la obtención o aceleración de esas aprobaciones administrativas. Esto supone, en el análisis de los investigadores, una posible colusión de funcionarios públicos o al menos el aprovechamiento irregular de los resortes estatales para propósitos particulares. El expediente señala que "se ha podido establecer, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa, la existencia de un circuito paralelo vinculado a la gestión de autorizaciones".

El Banco Central había cerrado sumarios administrativos que describían un mecanismo que se presentaba como regular pero que evidentemente operaba con otro propósito: obtener divisas a valores oficiales para luego distribuirlas al mercado negro. En uno de esos documentos se expresaba: "Se sospechó de la legalidad de estas operaciones, a raíz de múltiples y coincidentes indicios que pusieron en duda su genuinidad y alertaron sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular, pero que evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo". La investigación federal ahora indaga esa operatoria, que habría contado con la coordinación entre distintas casas de cambio y la supuesta intervención de al menos cinco funcionarios de la entidad reguladora. La estructura funcionaba así: se captaban fondos de terceros en pesos, frecuentemente sin justificación económica sustentable; se los canalizaba hacia la compra de divisas en mercado oficial mediante diversas agencias; se hacía circular esa moneda a través de operaciones sucesivas entre casas de cambio vinculadas para desdibujar el rastro de los movimientos; finalmente, se obtenían billetes físicos que ingresaban al comercio informal. Cuanto más amplia era la diferencia entre ambos tipos de cambio, mayores eran las ganancias potenciales del esquema.

Volúmenes operacionales que documentan la magnitud

Los números que surgen del análisis de los registros semestrales del Banco Central ilustran la envergadura de lo ocurrido. Las casas de cambio investigadas en esta causa reportaron ventas de moneda extranjera equivalentes a $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024. Sin embargo, la distribución temporal es reveladora: el 91,5% de esas transacciones se concentró en 2023, precisamente cuando la brecha cambiaria alcanzaba sus máximos históricos. Luego, la mayoría de esas agencias prácticamente desaparecieron del sistema. Mega Latina ofrece un caso paradigmático: llegó a vender divisas por $59 mil millones en el segundo semestre de 2023 y posteriormente prácticamente no registró movimiento. Fenus, que operaba bajo la órbita de la madre de Ariel Vallejo, vendió $2.858 millones en ese mismo período. El caso más voluminoso corresponde a Gallo Cambios, protagonista del sumario financiero de mayor envergadura resuelto por el BCRA: esta entidad operó con US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023. De ese total, el 92,71% fue entregado en billetes físicos, lo que significa que la moneda extranjera perdió su trazabilidad bancaria. Los responsables de Gallo Cambios argumentaron en su descargo que la normativa del Banco Central constituye "cuna de la deficiencia" y que las imputaciones en su contra resultaban ambiguas, por lo que plantearon la nulidad de los cargos.

La pérdida de trazabilidad resulta un indicador crítico para los supervisores del Banco Central. Cuando una casa de cambio recibía transferencias en pesos de terceros pero no registraba operaciones de venta correspondientes, ello activaba alertas en los sistemas de control. Este desfasaje entre entradas de fondos y salidas de divisas constituía un patrón anómalo que facilitaba la detección de operaciones irregulares. Tras los primeros allanamientos ordenados en diciembre, una exautoridad del BCRA realizó declaraciones públicas defendiendo la gestión de Miguel Ángel Pesce al frente de la entidad, mencionando que se habían reforzado controles y revocado permisos a 40 casas y agencias de cambio, además de suspender otras 55. Sin embargo, esa misma fuente, consultada más recientemente, optó por no hacer comentarios adicionales sobre los expedientes ahora en etapa más avanzada.

Implicancias y horizontes de la investigación

Las derivaciones de estos hallazgos se despliegan en múltiples direcciones. Por un lado, la ampliación de la causa hacia irregularidades en el SIRA sugiere que la permeabilidad del sistema estatal para ser utilizado con fines privados no fue episódica sino sistémica. La participación de funcionarios públicos, aunque aún debe ser probada en términos judiciales, introduce una dimensión de responsabilidad institucional que trasciende la mera actividad de operadores privados. Por otro, los volúmenes manejados —casi mil millones de dólares según las estimaciones preliminares— ponen en relieve el impacto que estas operaciones tuvieron sobre la disponibilidad de divisas en un contexto donde la escasez era un problema estructural. Cada dólar que salía del sistema oficial mediante estas maniobras era un dólar menos disponible para importaciones genuinas o pagos de obligaciones externas. La investigación de Picardi y la supervisión de Lijo continúan avanzando sobre la base de múltiples fuentes: los sumarios administrativos del Banco Central, reportes de inteligencia financiera, documentación bancaria, registros de operaciones cambiarias y ahora el análisis forense de dispositivos móviles. La información que emerja de los próximos peritajes sobre los aparatos secuestrados en esta última ronda de allanamientos probablemente generará nuevas líneas de investigación y posibles imputaciones. El levantamiento del secreto de sumario permite que documentación completa sea analizada por las defensas, lo cual sin duda generará debates sobre la solidez probatoria de las acusaciones y sobre las defensa de los investigados. Las perspectivas sobre cómo continúe este proceso divergen: algunos sectores ven en ello un avance necesario en la persecución de irregularidades económicas de gran escala; otros plantean interrogantes sobre la amplitud de las imputaciones y la capacidad de distinguir entre operaciones que violaban regulaciones y aquellas que constituían delitos penales propiamente dichos.