La estructura interna del Partido Justicialista en Jujuy seguirá bajo vigilancia judicial, pero con un cambio de guardia que promete reconfigurar los equilibrios de poder dentro de la organización. La Cámara Nacional Electoral resolvió esta semana mantener la intervención que pesa sobre la rama provincial del peronismo desde hace casi dos años, desestimando así los reclamos de la conducción nacional para que se levantara esa medida. Sin embargo, la misma instancia detectó un problema de legitimidad tan grave en la figura del actual interventor que consideró imprescindible reemplazarlo, argumentando que su designación podría comprometer el proceso de normalización que justifica precisamente la intervención. El fallo abre un escenario de transición cuya resolución dependerá nuevamente de las decisiones que adopte la justicia federal en primera instancia, generando así una nueva fase de incertidumbre sobre quién controlará efectivamente el partido en territorio jujeño.
Una intervención que resistió el embate de Buenos Aires
Cuando la conducción nacional del peronismo, encabezada por Cristina Kirchner, decidió presentar una apelación ante la Cámara Electoral buscando que se revocara la intervención judicial del PJ jujeño, lo hizo con la intención de recuperar autoridad sobre una estructura provincial que se había convertido en un foco de disputas internas. La apelación llegaba con la designación de dos "normalizadores" ya realizada: la diputada nacional Teresa García y el exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez. Pero el tribunal nacional no encontró razones para respaldar ese criterio. Los tres magistrados que integran la Cámara —Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas— argumentaron en su sentencia que los niveles de conflictividad dentro del peronismo jujeño habían alcanzado dimensiones tan profundas que no quedaba alternativa que no fuera la intervención judicial para intentar una normalización.
Este análisis de los jueces se basaba en una realidad que llevaba casi veinticuatro meses desplegándose en territorio jujeño. Desde julio de 2023, cuando la conducción nacional asumió el control directo del partido provincial, la situación no había hecho sino agravarse. Primero fueron designados como interventores el exministro de Seguridad Aníbal Fernández y luego el intendente de Merlo Gustavo Menéndez. Ninguno de los dos logró convocar a elecciones internas que permitieran que los afiliados eligieran sus propias autoridades. En cambio, ambos supervisaron la suspensión de más de trescientos militantes, entre los que figuraban dirigentes de peso como el exvicegobernador Guillermo Jenefes, el que fuera titular del PJ provincial Rubén Rivarola, y la actual senadora nacional Carolina Moisés, quien además ocupa la vicepresidencia de la Cámara Alta. Estos suspendidos representaban un sector significativo dentro del partido que disputaba la conducción con quienes respondían a los "normalizadores" de Buenos Aires.
El interventor rechazado: cuando la independencia se vuelve sospechosa
A principios de abril de este año, el juez federal Esteban Hansen decidió que la intervención política había llegado a su límite de utilidad. Entonces designó un interventor judicial para reemplazar a los anteriores: Ricardo Villada, un funcionario salteño que había desempeñado el cargo de ministro de Gobierno en Salta entre 2019 y 2025 bajo la administración del gobernador Gustavo Sáenz. En el presente, Villada continúa vinculado al gobernador salteño como asesor ad honorem, específicamente como coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación. Su designación había sido propuesta por la senadora Moisés, en el marco de una terna que también incluía candidatos sugeridos por Jenefes y Rivarola. La decisión del juez parecía apuntar a un consenso entre las distintas facciones peronistas jujeñas, o al menos entre aquellas que habían presentado propuestas formales.
Sin embargo, cuando la conducción nacional del partido apeló ante la Cámara Electoral, denunció precisamente lo que Hansen parecía no haber considerado con suficiente profundidad: que Villada no ofrecía las garantías mínimas de imparcialidad que exige un interventor judicial. La apelación sostenía que la designación afectaba "el principio de imparcialidad, neutralidad e independencia funcional". Los magistrados de la Cámara, al analizar este argumento, encontraron que tenía peso. En su fallo, señalaron que el hecho de que Villada hubiera sido propuesto previamente por una de las partes en disputa —la senadora Moisés— podría generar por sí solo "una percepción de parcialidad respecto de su actuación". Más aún, advirtieron que esta percepción podría "entorpecer en lo sucesivo" el proceso de normalización que la intervención judicial buscaba garantizar. Era, en cierto modo, una contradicción lógica: designar a alguien con vínculos claros a una de las facciones en conflicto precisamente para que administrara una medida cuyo fundamento radicaba en superar esos conflictos.
La conclusión de la Cámara fue que correspondía sustituir a Villada para que la intervención pudiera cumplir eficazmente su función. El nuevo nombramiento debería realizarse con la celeridad que el caso exigía, responsabilidad que recae nuevamente sobre el juez Hansen. Este resultado parcial de la apelación —perder al interventor pero conservar la intervención— generó interpretaciones divergentes entre los actores políticos involucrados. Desde el sector que rodea a la senadora Moisés, festejaron que se hubiera mantenido la medida de control judicial, viendo en ello una derrota para los intentos de la conducción nacional de recuperar autoridad sin pasar por elecciones. "El fallo demuestra que la judicialización de las internas ya no sirve de escudo ante el desgaste político y la falta de votos", señalaron desde ese espacio, argumentando que Jujuy se convertía en "el primer laboratorio de una etapa de resistencia interna contra el centralismo porteño".
Un patrón que se repite en la región
La situación del peronismo jujeño no constituye un caso aislado dentro del panorama político actual. El Partido Justicialista de Salta también se encuentra bajo intervención judicial, con un interventor —José Luis Gambetta— que mantiene vinculaciones cercanas al gobernador Sáenz. Gambetta, además, posee antecedentes de trabajo conjunto con el exsenador Juan Carlos Romero, figura política salteña de largo recorrido. Este patrón sugiere que la presencia de Sáenz en el espacio peronista regional ha ido consolidándose a través de distintos mecanismos, incluyendo el control de estructuras partidarias que formalmente pertenecen al peronismo pero que en la práctica responden a dinámicas locales y personales. La intervención judicial parece haber servido, al menos temporalmente, como una herramienta que permitió operativizar ciertos cambios en la correlación de fuerzas sin necesidad de convocar a procesos electorales internos que podrían haber resultado impredecibles.
Lo que ahora se abre es un período de espera para identificar quién ocupará el lugar que quedó vacante con el desplazamiento de Villada. El juez Hansen tendrá la responsabilidad de designar a un reemplazante que cumpla con las exigencias de independencia que la Cámara Electoral estableció, pero sin que exista claridad sobre cuáles serían los criterios exactos para verificar esa independencia. ¿Bastará con que el nuevo interventor no tenga antecedentes de vínculos formales con ninguno de los sectores en disputa? ¿O se requiere además una cierta distancia geográfica o generacional? Las respuestas a estas preguntas determinarán si la intervención judicial logra cumplir su propósito original o si, por el contrario, seguirá siendo un instrumento que refleja y reproduce los conflictos políticos que dice querer superar. La carrera contra el reloj que mencionaban desde el sector de Moisés —para "devolverle el partido a los dirigentes locales"— dependerá en gran medida de cómo se resuelva esta búsqueda del interventor adecuado.
