Una decisión judicial sobre el destino de un expediente de envergadura ha generado fricciones profundas en los círculos judiciales porteños. Se trata de la investigación en torno a una propiedad de 105.000 metros cuadrados ubicada en Pilar, donde fueron descubiertos 54 vehículos de alta gama. Hace poco, la Cámara de Casación ordenó trasladar el caso del fuero Penal Económico local hacia la jurisdicción de Campana, lo que implica su derivación al juzgado federal competente de esa zona. Esta resolución ha desatado un conflicto administrativo y conceptual que podría escalar hasta la máxima instancia de la República. Lo que comenzó como un desacuerdo técnico sobre competencia territorial se ha convertido en una batalla sobre la naturaleza misma de la investigación y, según plantean magistrados molestos, sobre la integridad de los procesos judiciales argentinos.
El malestar que recorre los pasillos de Comodoro Py
La reacción de jueces y fiscales ha sido de visible descontento. Magistrados del ámbito Penal Económico y de Comodoro Py han expresado abiertamente su preocupación por las implicancias de la medida. "No todos somos lo mismo, es insólito decir que lo Penal Económico no puede investigar una causa de lavado, yo mismo tengo causas de lavado", manifestó una fuente judicial que prefirió mantener el anonimato. Otro colega agregó una reflexión que resume el sentir generalizado: "Se está manchando el nombre de la Justicia en general". Esta molestia no es meramente protocolar; refleja una convicción de que la decisión cuestiona la capacidad institucional de un fuero especializado para tramitar delitos que forman parte de su competencia tradicional.
El trasfondo de esta controversia es particularmente relevante. La investigación se centra en la hipótesis de presunto lavado de activos relacionado con la Asociación del Fútbol Argentino. Los denunciantes han señalado al juez federal de Campana, González Charvay, como un magistrado vinculado informalmente a la AFA. Esta percepción es lo que molesta profundamente al sector de magistrados que ve en la derivación una posible manipulación de las reglas de competencia para favorecer ciertos intereses. La mansión en cuestión fue adquirida por integrantes de Real Central SRL, empresa que, según los investigadores, funcionaría como pantalla de operaciones de mayor escala. La propiedad fue valuada por la Corte en 20 millones de dólares estadounidenses, cifra que acentúa la gravedad de lo investigado.
Un giro de 180 grados que genera dudas
El comportamiento de los camaristas que votaron la resolución genera interrogantes que amplificarán el conflicto. Mariano Borinsky, uno de los tres jueces de Casación intervinientes, había votado en sentido opuesto apenas meses atrás. En mayo de este año, Borinsky se pronunció a favor de mantener el expediente en manos de la jueza Straccia, en el fuero Penal Económico, argumentando que no debía alterarse el estado de las actuaciones por cuestiones de celeridad procesal. Ahora, en esta nueva intervención, su voto cambió de dirección, ordenando justamente lo contrario: la remisión a Campana. Aunque Borinsky ha negado públicamente cualquier contradicción, argumentando que en la primera ocasión no habilitó un planteo constitucional y que en la segunda sí lo hizo, la percepción de inconsistencia persiste.
El fiscal Mario Villar, jefe del Ministerio Público ante Casación, ha analizado minuciosamente esta situación y ha llegado a una conclusión que lo impulsa a la acción: considera que el cambio de voto constituye un acto arbitrario. Esta arbitrariedad, de acuerdo con la jurisprudencia y los códigos procesales, es precisamente uno de los fundamentos que permite la admisibilidad de un recurso extraordinario federal. Villar sostiene que la decisión no encuentra justificación racional en los elementos fácticos o normativos disponibles, sino que responde a criterios mudables o inconsistentes. Por ello, el fiscal ha decidido no rendirse ante lo que percibe como una decisión contraria a derecho, y está preparando un movimiento procesal ambicioso.
La estrategia de Villar y el camino hacia la Corte
El plan del fiscal contemúa varios escenarios. En primera instancia, Villar presentará un recurso extraordinario federal antes del 31 de agosto. Este recurso debe ser declarado admisible por la misma sala de Casación que lo rechazó: los jueces Borinsky, Barroetaveña y Slokar. La paradoja es notoria: se le pide al mismo órgano que revise su propia decisión. Si esta primera solicitud es desestimada, Villar tiene decidido presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia, saltando los escalafones intermedios y llevando la controversia al máximo tribunal del país. Según fuentes judiciales, un argumento favorable a Villar radica en que Casación no evaluó adecuadamente la cuestión de competencia en términos territoriales, sino que lo hizo desde una perspectiva material, determinando que el lavado de dinero es materia federal. Si ese fuera el criterio único, varios observadores sostienen que el juez Daniel Rafecas, quien originalmente tuvo el expediente, sería el competente natural.
Villar argumenta también que existe una contradicción conceptual en el razonamiento de Casación. Si bien el tribunal sostuvo que el lavado de dinero es competencia federal y no del fuero Penal Económico, no explicó por qué, habiendo dos opciones posibles dentro de la jurisdicción federal —Rafecas y Campana—, eligió la segunda. Borinsky explicó públicamente que "las cuestiones de competencia son entre dos, teníamos dos opciones, no había una tercera", y que Rafecas nunca reclamó el caso. Sin embargo, para Villar esta respuesta no disuelve la arbitrariedad; simplemente la confirma. La lógica del fiscal es que si la causa debe ser federal porque investiga lavado, entonces debería permanecer donde comenzó, o en su defecto, había otros caminos institucionales más transparentes para resolverlo.
Lo que se investiga: un panorama complejo de presuntas operaciones
Para entender la magnitud del conflicto judicial es necesario considerar qué objeto ocupa el centro de esta investigación. No se trata simplemente de la compra de una propiedad, aunque eso sea lo que genera la jurisdicción territorial. La investigación apunta a un presunto esquema de lavado de activos de mayor escala vinculado con la AFA. Hasta el momento, Ana Lucía Conte y Luciano Nicolás Pantano, integrantes de Real Central SRL, no han proporcionado explicaciones satisfactorias sobre cómo financiaron la adquisición de una propiedad avaluada en 20 millones de dólares. Conte es descrita en los registros como jubilada; Pantano, como monotributista. La Justicia aún no ha concentrado su atención específicamente en dirigentes de la AFA que podrían estar vinculados con la propiedad.
Los investigadores han hallado tarjetas de circulación de vehículos a nombre del hijo del tesorero de la AFA, lo que abre interrogantes sobre las conexiones reales detrás de esta operación. La empresa Real Central SRL tiene su domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, y su antecesora, Central Park Drinks SRL, también funcionaba desde la capital. La escritura de compraventa fue firmada en un domicilio porteño. Según la hipótesis investigativa, el circuito de fondos pasaría por financieras ubicadas en la avenida Corrientes, un estudio jurídico en la calle Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon, la facturación de Recomi SA, y trasferencias de efectivo en un domicilio de Montevideo y Quintana. Este entramado sugiere operaciones que exceden ampliamente los límites territoriales de Pilar, lo que fundamentaba el argumento de Villar sobre por qué la competencia debería mantenerse en el fuero Penal Económico de Buenos Aires.
Las consecuencias de un conflicto sin resolver
Más allá del resultado inmediato de los recursos que interponga Villar, este conflicto expone tensiones profundas en la arquitectura judicial argentina. El enfrentamiento entre fueros, la variabilidad en los criterios de competencia, y la percepción de que estos criterios pueden manipularse para favorecer ciertos intereses, generan interrogantes sobre la predictibilidad y la confiabilidad de los procesos judiciales. Si Villar lleva el caso a la Corte Suprema, el máximo tribunal deberá no solo fallar sobre este expediente específico, sino enviar un mensaje sobre cómo se resuelven estas controversias en el futuro. Una sentencia que favorezca al fiscal podría reafirmar el rol del fuero Penal Económico en causas de lavado de activos. Una que confirme la derivación a Campana podría consolidar un criterio territorial que, para sus críticos, permitiría eludir investigaciones en fueros especializados. La investigación en sí misma está en suspenso: mientras los magistrados debaten sobre dónde debe ser investigada, la causa avanza lentamente y los presuntos responsables permanecen en condiciones que, al menos formalmente, no reflejan la gravedad de lo que se les atribuye. El punto de inflexión será si la Corte interviene y cómo lo hace, porque de esa intervención dependerá no solo quién investiga, sino, potencialmente, si la investigación misma prospera o encuentra obstáculos insalvables.
