En las últimas horas, la cámara alta del Congreso Nacional vivió un momento de particular relevancia para la arquitectura institucional del país. Mientras se producía la aprobación de 74 magistrados destinados a ocupar juzgados que permanecían vacantes, una sombra de incertidumbre planeaba sobre uno de los pliegos más controversiales: el de la jueza María Verónica Michelli. Esta dinámica pone en evidencia un dilema más profundo que trasciende la mera cuestión de los nombramientos judiciales. El asunto revela las fracturas entre los poderes públicos a la hora de ejecutar lo que fue presentado como una de las banderas principales del gobierno actual: la modernización y normalización del sistema de justicia federal.
Los pasillos del Senado reflejan una realidad incómoda para el oficialismo. Aunque la mayoría de los legisladores acompañó la aprobación de Michelli con 44 votos afirmativos contra 18 negativos, ese respaldo fue construido de manera curiosa. Diputados provenientes de distintos espacios opositores —incluyendo senadores sin alineación con el gobierno— fueron quienes sostuvieron el pliego. Dentro de la propia bancada libertaria, la unanimidad brilló por su ausencia. La senadora Patricia Bullrich optó por abstenerse, mientras que otros miembros del bloque oficialista no votaron en favor de la candidata. Este cuadro de situación desnuda una tensión que va más allá de las personalidades involucradas: refleja discrepancias en torno a qué significa realmente la renovación judicial que el Ejecutivo prometió durante la campaña electoral.
El dilema presidencial y la facultad de firmar
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue categórico en sus declaraciones radiales al detallar que el presidente Milei no se encuentra obligado legalmente a suscribir el nombramiento de Michelli, pese a contar con la sanción del Senado. Según sus palabras, la aprobación legislativa habilita al Ejecutivo pero no lo compele. Esta posición refleja una interpretación de las competencias presidenciales que amplía significativamente el margen de discrecionalidad en materia de designaciones judiciales. La práctica de retirar pliegos ya presentados formalmente ante el Senado genera un interrogante sobre los alcances reales del poder legislativo en este proceso fundamental.
Desde el Colegio Público de la Abogacía, conducido por Alejandra García, manifestaron preocupación por este tipo de maniobras. Los abogados señalaron que la sustracción de pliegos previamente enviados por el Poder Ejecutivo constituye una práctica que debería aplicarse de forma restrictiva, especialmente cuando la candidatura ya obtuvo dictamen favorable de la comisión especializada. Advierten que este procedimiento ha contribuido históricamente a dilatar innecesariamente el proceso de cobertura de cargos judiciales vacantes, agravando una situación que ya presenta características críticas. La tensión entre esta recomendación técnica y las decisiones políticas concretas define parte del escenario actual.
Reforma estructural más allá de los nombres propios
Mientras la cuestión de Michelli monopoliza parte de la atención mediática, el Senado avanzó en reformas de mayor envergadura que buscan reestructurar territorialmente el funcionamiento de los tribunales federales. La reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, aprobada con amplios márgenes de consenso, permitirá que esa instancia funcione dividida en dos salas. Esta modificación adquiere relevancia considerando que esa Cámara ejerce jurisdicción sobre territorios que concentran más de tres millones de habitantes, cubriendo Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Las causas bajo su competencia incluyen asuntos de envergadura institucional que van desde cuestiones previsionales hasta conflictos laborales y de seguridad social.
En la misma dirección se movió la aprobación de una nueva sala para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Los números resultan elocuentes: durante sus primeros años de funcionamiento, ese tribunal recibía aproximadamente 700 expedientes anuales; para 2025, esa cifra ascendió a 8.900 casos, un aumento superior al 1.100 por ciento. A pesar de esta explosión de demandas, la Cámara operó durante dieciocho años con apenas dos magistrados. Los senadores radicales argumentaron que esta insuficiencia afecta especialmente a jubilados que aguardan reajustes previsionales y a pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. La expansión de salas y magistrados responde, entonces, a una necesidad cuantificable de mayor capacidad de procesamiento de expedientes.
Los desafíos pendientes y las expectativas legislativas
La comisión de acuerdos legislativos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, tiene programado para el próximo martes la presentación de siete candidatos que buscan ocupar distintos cargos en la estructura judicial federal. Entre ellos se encuentra la candidatura de Víctor Pesino para mantener su posición como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Este caso particular genera su propia polémica: Pesino fue quien otorgó respaldo a la reforma laboral impulsada por el gobierno, suspendiendo medidas cautelares que frenaban ochenta y dos artículos de la reforma y, además, anuló las elecciones que determinaban la conducción del gremio metalúrgico de la Unión Obrera Metalúrgica. Esas acciones desplazaron de la dirigencia gremial a Abel Furlán, histórico referente peronista del sector. El Ejecutivo solicita la extensión de su designación por cinco años adicionales, considerando que Pesino próximamente cumplirá la edad de jubilación obligatoria.
Furlán ya se reunió con el interbloque Justicialista, encabezado por José Mayans, para solicitar que no avalen la renovación de Pesino. Esta gestión refleja cómo las decisiones sobre magistraturas trascienden el plano estrictamente técnico y afectan equilibrios políticos y laborales concretos. Los senadores oficialistas, particularmente Francisco Paoltroni, reconocieron que la definición sobre Michelli ya no depende del Senado sino exclusivamente del Ejecutivo. Paoltroni y otros legisladores libertarios argumentaron que el gobierno ya cumplió con un compromiso de campaña al nombrar setenta y tres jueces en juzgados que permanecían vacantes, beneficiando una estructura que venía siendo suplantada por jueces subrogantes y abogados en funciones.
Los senadores que acompañaron la aprobación de Michelli desde la oposición, como la senadora Carolina Moisés del bloque Convicción Federal, describieron el resultado como una garantía de independencia legislativa frente a lo que caracterizaron como potenciales presiones del Ejecutivo. Moisés enfatizó que el Senado busca proteger los derechos de ciudadanos que podrían verse afectados por ejercicios de poder considerados desproporcionados. Esta construcción de consenso opositor alrededor del pliego de Michelli contrasta con la falta de unanimidad dentro del gobierno, sugiriendo que la candidata generó mayor resistencia dentro de las filas libertarias que entre los bloques tradicionales del Congreso.
Implicancias futuras y perspectivas múltiples
La resolución que finalmente adopte el Ejecutivo respecto a Michelli tendrá consecuencias que se ramificarán en varias direcciones. Por un lado, establecerá un precedente sobre los márgenes reales de poder que posee el Senado en materia de designaciones judiciales, definiendo si la aprobación legislativa constituye un paso hacia el nombramiento o si es meramente un trámite que no vincula al presidente. Por otro lado, marcará la orientación del gobierno respecto al perfil de magistrados que considera adecuados para integrar la estructura federal. Las distintas perspectivas sobre este asunto reflejan visiones encontradas: mientras algunos consideran que el Ejecutivo debe poder ejercer discrecionalidad para garantizar que los magistrados sean afines a su proyecto de justicia, otros advierten que esto debilita la separación de poderes y subordina la Justicia a decisiones políticas. La coyuntura actual, con reformas estructurales avanzando en paralelo a tensiones por designaciones específicas, define el rumbo institucional de los próximos años en materia judicial.
