La carrera judicial de Juan Grabois acaba de ingresar en una etapa compleja. El pasado viernes, un tribunal federal lo incluyó en la lista de imputados por los hechos ocurridos durante la ocupación del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en el corazón de Recoleta. La decisión judicial no es un trámite administrativo menor: junto con el procesamiento vinieron medidas económicas que lo afectan patrimonialmente, en un escenario donde la relación entre el poder judicial y distintos sectores políticos y sociales atraviesa momentos de especial tensión.
Los hechos que fundamentan esta acción judicial se remontan al 7 de junio de 2025, cuando un grupo de personas —entre ellas el propio Grabois, legisladores de diferentes bancadas y trabajadores desvinculados de la institución— ingresaron al edificio ubicado sobre la calle Austria. La entrada no fue espectacular ni violenta en los términos que habitualmente se asocian con asaltos o hurtos; funcionó a través de una conexión física con "Un Café con Perón", un local comercial contiguo. Sin embargo, la relevancia de lo que ocurrió esa tarde mediodía radica en que el Instituto estaba bajo custodia policial y sus accesos controlados. Quienes protagonizaron la acción argumentaban que se trataba de una respuesta ante el cierre de la institución, la desvinculación de empleados y lo que describían como una eventual comercialización del espacio. Para los manifestantes, era una "permanencia pacífica" en defensa de un patrimonio que consideraban amenazado.
Las pruebas audiovisuales y la versión judicial
El magistrado Sebastián Ramos, quien instruyó el caso, basó su conclusión en material audiovisual que obraría en la investigación. Según la resolución que dictó, los registros videográficos muestran a Grabois en diferentes momentos: primero en el patio interno del café, luego transitando por el pasillo conectivo y finalmente ingresando al Instituto encabezando al grupo. Todo esto ocurrió tras la remoción de un panel de durlock y un ventilador que obstaculizaban el paso. El juez consideró estas imágenes como determinantes para desestimar la versión que presentó la defensa del dirigente. Grabois, a través de su letrado Nicolás Rechanik, había argumentado que su presencia en el lugar respondía exclusivamente a su ejercicio profesional como abogado, específicamente vinculado a una cooperativa, y que llegó después de que el ingreso ya había ocurrido, con la intención de mediar en la situación desde un rol institucional.
El magistrado también ponderó un elemento adicional: las publicaciones que Grabois realizó en sus redes sociales previas al evento, donde convocaba explícitamente a "defender" el Instituto, caracterizándolo como "usurpado" por lo que denominaba el "gobierno oligarca". Para la interpretación judicial, estas comunicaciones públicas no son neutras ni marginales; funcionan como contexto que refuerza la hipótesis de que su participación fue activa y dirigencial, no meramente asesora. Esta conclusión permitió al juez descartar la narrativa de la defensa con una frase que sintetiza su pensamiento: los registros visuales resultaban "elocuentes para desvirtuar" la posición del acusado.
Cargos, sanciones económicas y actores procesales
Grabois fue procesado por dos imputaciones específicas: violación de domicilio y resistencia a la autoridad. Ambos delitos se asocian con la conducta de ingresar a un lugar sin autorización y de no obedecer las órdenes de desalojo que posteriormente transmitió la Policía Federal. Junto con él, fue procesado Valentín Peralta, identificado como militante. Las consecuencias patrimoniales fueron significativas: Grabois fue embargado por cinco millones de pesos, mientras que Peralta fue alcanzado por una medida de embargo de un millón de pesos. Estas cifras representan una forma de asegurar la eventual reparación de daños o el cumplimiento de futuras sentencias. En la causa intervinieron el fiscal Carlos Rívolo en calidad de perseguidor público, y el Ministerio de Capital Humano como querellante, asumiendo un rol acusatorio adicional.
El desalojo en sí mismo transcurrió con intervención de fuerzas policiales —la Policía Federal y dependencias de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires— y resultó en un episodio tumultuoso caracterizado por empujones y forcejeos. Grabois fue detenido durante esa operación. Sin embargo, lo que sucedió en el patio y los pasillos del Instituto esa tarde representa apenas un punto de inicio en una cadena de eventos que continuó en los pasillos de Tribunales, donde la definición de lo ocurrido ya no es física sino legal y política.
Reacciones y contexto más amplio
La respuesta desde el espacio político con el que está vinculado Grabois no tardó. Patria Grande, el frente que lo nuclea, emitió un comunicado que caracterizó el procesamiento como un "mamarracho jurídico". El tono de la reacción no apuntaba a refutar los hechos específicos, sino a cuestionar la legitimidad del proceso judicial en su conjunto. Los referentes de ese espacio establecieron una conexión entre esta causa y otras resoluciones judiciales recientes, específicamente aludiendo al sobreseimiento dictado por el mismo magistrado Ramos respecto de los investigados por un viaje a Lago Escondido, acontecimiento que involucró a funcionarios del gobierno actual, entre ellos el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Este contraste argumentativo es retórico pero indicativo: sugiere una disimetría percibida en el trato judicial según la afinidad política de los investigados. Además, el comunicado menciona la indagatoria de José Luis Espert, figura política con orientación libertaria, argumentando que la investigación en su contra podría revelar una "red de lavado de dinero", aunque esta mención se realiza sin que exista una conexión formal establecida con el caso Grabois.
Es relevante contextualizar que la historia argentina registra múltiples episodios donde instituciones públicas o emblemáticas fueron ocupadas como herramienta de protesta social: desde las tomas de fábricas durante el modelo de sustitución de importaciones, pasando por movimientos de desocupados a fines de los noventa y principios de los dos mil, hasta expresiones más recientes. El Instituto Perón, en particular, posee una carga simbólica importante en la tradición peronista y de izquierda argentina. Su cierre y los despidos asociados representaban, desde la perspectiva de los manifestantes, una pérdida patrimonial y de continuidad institucional. Para el gobierno y la acusación, en cambio, la ocupación constituyó un acto de transgresión legal que debía ser sancionado conforme a derecho.
Las implicancias de este procesamiento trascienden el caso individual. En primer lugar, establece un precedente respecto de cómo la Justicia Federal procesa las ocupaciones de edificios públicos cuando median convocatorias públicas y participación de figuras políticas. En segundo lugar, alimenta la percepción en ciertos sectores de que existen estándares diferenciales según la orientación política de los involucrados, una cuestión que afecta la credibilidad institucional independientemente de que sea o no acertada la percepción. En tercer término, abre un período de incertidumbre legal para Grabois, quien deberá ahora transitar el proceso penal completo, incluyendo posibles apelaciones y un eventual juicio oral. La medida de embargo, por su parte, impacta su disponibilidad patrimonial inmediata, generando restricciones concretas en su capacidad de maniobra económica. Desde perspectivas diferentes, esto puede interpretarse como un acto de justicia correctiva o como una escalada represiva; lo que no admite discusión es que marca un punto de inflexión en la relación entre ciertos actores políticos y el sistema judicial.
