El edificio de Comodoro Py, epicentro donde se tramitan los expedientes más sensibles del país, atraviesa una hemorragia institucional que pocas veces fue retratada con claridad. Veinticuatro de los ochenta cargos estratégicos del complejo judicial federal permanecen sin titular, lo que representa exactamente el treinta por ciento de las posiciones neuronales de un sistema dedicado a investigar y juzgar al poder. La salida este fin de semana del juez Martín Irurzun, tras cumplir los setenta y cinco años, no originó el problema pero lo expuso de manera cruda: en un edificio donde deberían funcionar engranajes precisos, hay espacios vacíos que se cubren con parches temporales, subrogancias que permiten a magistrados estar en dos lugares a la vez, cobrando adicionales, mientras las decisiones sobre causas relevantes se concentran en un puñado de jueces que funcionan sobrecargados.
El laberinto de las vacantes: dónde están los huecos
La problemática no es anecdótica ni localizada. Se despliega como una grieta que atraviesa toda la estructura vertical del organismo: comienza en los doce juzgados federales donde nacen los expedientes, sigue en la Cámara Federal donde se revisan los procesamientos, pasa por los Tribunales Orales donde se realizan los juicios, llega hasta la Cámara de Casación que tiene la última palabra, y también afecta a las fiscalías distribuidas en cada una de esas instancias. El fenómeno revela una desconexión peligrosa entre la importancia institucional de estos cargos y la capacidad real del sistema para mantenerlos ocupados.
En los juzgados de primera instancia, donde todo comienza, la situación es particularmente delicada. Cuatro despachos permanecen vacantes desde hace años: el número doce desde dos mil diecinueve, cuando Sergio Torres ascendió a la Suprema Corte bonaerense; los números seis y once desde dos mil veinte, tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio respectivamente; y el número nueve desde dos mil veintitrés, cuando Luis Rodríguez renunció. Aunque existen dos concursos en marcha desde dos mil diecinueve y dos mil veintiuno para cubrirlos, los plazos se han estirado de manera incomprensible. Funcionarios judiciales admiten conversaciones para simplemente eliminar algunos de estos juzgados en lugar de reemplazarlos, una solución que implica contraer permanentemente la capacidad institucional.
La Cámara Federal, instancia crucial donde se decide si un procesamiento avanza hacia juicio oral, es otro escenario de crisis. Posee seis cargos de camarista distribuidos en dos salas, pero apenas tres están cubiertos por magistrados titulares. Los otros tres lugares se ocupan con arreglos temporales: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ambos trasladados desde tribunales orales durante la gestión Macri, funcionan en carácter transitorio mientras la Corte Suprema ordena que sean reemplazados por jueces que hayan concursado específicamente para esta instancia. El Gobierno ya seleccionó candidatos del Consejo de la Magistratura: el propio Bertuzzi, que participó del concurso, y Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico. Pero ahora, con la jubilación de Irurzun, hay un nuevo espacio que debe cubrirse mediante otro proceso de selección que apenas está comenzando.
Casación Penal: donde se considera eliminar directamente una sala completa
En la cúspide del sistema, la Cámara Federal de Casación Penal enfrenta un dilema más radical. En marzo de este año, la jubilación del camarista Juan Carlos Gemignani dejó cuatro sillas vacantes en un tribunal compuesto originalmente por trece miembros. Desde entonces, jueces de otras salas cubren las posiciones vacantes mediante subrogancias, generalmente con duración de un año. Un concurso iniciado en dos mil veintidós cuenta con un primer ordenamiento de candidatos desde hace tiempo, pero restan pasos decisivos como las entrevistas personales, la etapa más cuestionable por su amplitud discrecional. Lo singular es que después de una reunión en marzo entre miembros del tribunal y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, ganó tracción una idea radical: eliminar directamente una de las salas y reducir el tribunal de trece a nueve miembros. La medida implicaría contraer permanentemente un tribunal creado en los noventa cuando Carlos Menem rediseñó profundamente la Justicia federal.
En los Tribunales Orales, donde se efectúan los juicios penales, la situación combina vacantes con anomalías estructurales. De veinticuatro judicaturas distribuidas en ocho tribunales, hay siete vacantes. La peculiaridad inquietante es que tres de ellas pertenecen a un mismo tribunal, el TOF 6, que funciona sin ningún magistrado titular. Seis de esos siete cargos forman parte de un único concurso que atraviesa fases decisivas. Para tres de ellos, el presidente Javier Milei ya eligió candidatos cuyos pliegos deben ser ratificados en el Senado. El cargo restante corresponde a Bruglia, quien fue trasladado a la Cámara Federal en dos mil dieciocho; si finalmente lo reemplazaran, debería regresar a ocupar su posición anterior en tribunales. En cuanto a las fiscalías, el panorama es menos dramático pero igualmente complejo. De las ocho fiscalías ante tribunales orales, solo una está vacante: la que dejó Gabriela Baigú tras jubilarse el año pasado, cubierta actualmente por Fabiana León, fiscal a cargo de la acusación en el megajuicio oral de los cuadernos de las coimas. En los juzgados federales, en cambio, de doce fiscalías solo nueve tienen titulares; las número seis, siete y ocho permanecen desocupadas.
El mecanismo de contención: subrogancias y sus costos ocultos
El sistema no ha colapsado porque existe un mecanismo de emergencia: las subrogancias. Se trata de un arreglo administrativo que permite a magistrados o funcionarios cubrir temporalmente vacíos en otras dependencias, recibiendo un adicional económico por ello. Funciona como un parche que sostiene la máquina, pero a un precio institucional alto. Primero, porque implica que las mismas personas toman decisiones sobre múltiples expedientes sin tener el tiempo ni la dedicación exclusiva que demanda. Segundo, porque concentra responsabilidades en un número menor de jueces, creando vulnerabilidades en la distribución del poder decisional. Tercero, porque naturaliza la idea de que es posible prescindir de cargos formales mediante arreglos temporales, lo que desincentiva resolver las vacantes de manera estructural.
Los concursos públicos del Consejo de la Magistratura, mecanismo supuestamente robusto para cubrir estos espacios, se revelan extraordinariamente lentos. El proceso incluye integración de jurado, inscripción de postulantes, examen escrito, evaluación de antecedentes, primer ordenamiento provisional, impugnaciones, examen psicotécnico, entrevistas personales, nuevo ordenamiento y finalmente dictamen de comisión. Cada fase se dilata. El concurso que culminó en junio para cubrir una sala de la Cámara Federal fue iniciado en dos mil veinte; es decir, tardó casi seis años en completarse. La sensibilidad política de estos cargos, vinculados a investigaciones sobre el poder, añade capas de complejidad a la búsqueda de consensos dentro del Consejo. Mientras tanto, las investigaciones transcurren a ritmo lento, los expedientes esperan, y el sistema funciona con personal que no tiene dedicación exclusiva.
El caso de las fiscalías agrega un elemento diferente. Su reemplazo no depende del Consejo de la Magistratura sino de la Procuración General de la Nación, bajo dirección interina de Eduardo Casal desde dos mil diecisiete. Esto introduce otra variable de lentitud burocrática y otra fuente de discrecionalidad en los nombramientos. Seis fiscalías sin titulares entre las veinticinco que funcionan ante las distintas instancias federales representan un porcentaje menor que en otras áreas, pero igualmente preocupante cuando se considera que estas oficinas son pilares de la acusación penal.
Lo que emerge de este panorama no es simplemente una cuestión administrativa de puestos sin cubrir. Es una fotografía de un sistema que, en su nivel más sensible, donde se investiga y juzga al poder, opera permanentemente con capacidad reducida, con decisiones concentradas en menos personas, con mecanismos de emergencia que se prolongan indefinidamente, y con conversaciones sobre eliminar directamente cargos y salas completas en lugar de resolver las vacantes. Las implicancias van desde el debilitamiento de la capacidad institucional hasta la posibilidad de que expedientes relevantes avancen más lentamente o sean revisados por jueces sobrecargados. El Gobierno ha enviado pliegos al Senado para algunos de estos cargos, mostrando voluntad de intervenir en la composición del tribunal, pero la magnitud real del problema trasciende cualquier iniciativa puntual de nombramientos.
