El quiebre en la omertá
Lo que se anticipaba desde hace meses finalmente ocurrió. Las autoridades judiciales de los Estados Unidos decidieron intervenir de manera directa en las investigaciones que rodean los negocios millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino. Este movimiento marca un punto de inflexión crítico que desmorona la arquitectura de protección que se había construido alrededor de las máximas autoridades deportivas del país. El avance de los organismos norteamericanos sobre el terrain donde operaron intermediarios y testaferros de los dirigentes de la AFA genera una ruptura en el sistema de complicidades que hasta ahora había funcionado con relativa impunidad en la justicia local. Lo que importa verdaderamente es que la intervención extranjera introduce una variable imposible de controlar desde Buenos Aires: investigadores y jueces que no forman parte de la red de lealtades que ha caracterizado al sistema judicial argentino en los últimos años.
El epicentro de la acción está en La Florida, donde organismos federales norteamericanos requirieron información y documentación sobre los movimientos económicos de las autoridades de la AFA. El señalado como punto focal de estas diligencias es Javier Faroni, quien actuó como intermediario en la celebración de acuerdos multimillonarios a través de su estructura societaria TourProdEnter LLC. Durante estos negocios, Faroni se quedaba con comisiones que alcanzaban hasta el treinta por ciento del monto total de las operaciones. Faroni comparecerá ante la justicia de Florida para prestar declaración. Aunque los registros públicos aún no mencionan directamente al presidente Claudio "Chiqui" Tapia ni al tesorero Pablo Toviggino, la trama de indicios que se despliega permite entrever que el cerco se va cerrando progresivamente alrededor de estos personajes y sus colaboradores más cercanos.
La incertidumbre sobre los dispositivos decomisados
Circulan versiones de fuentes con acceso a operativos del FBI que aseguran que en el aeropuerto de Nueva York fueron incautados los teléfonos y otros dispositivos de comunicación que portaba Tapia en el momento previo a su regreso a la Argentina. La AFA emitió un comunicado desminiendo esta información. El abogado Gregorio Dalbón también solicitó públicamente la corrección de estas afirmaciones, calificándolas como inexactas. Sin embargo, personas vinculadas a los operativos norteamericanos continuaban reafirmando ayer, con solidez, que los teléfonos del presidente de la AFA permanecen en territorio estadounidense. Esta discrepancia entre las negaciones oficiales y los testimonios de quienes presenciaron los hechos genera una atmósfera de incertidumbre que se expande como una mancha de aceite entre los círculos de funcionarios, abogados y magistrados que podrían tener registros comprometedores en esos dispositivos.
La posibilidad de que el FBI esté en poder de registros de comunicaciones vinculados al máximo dirigente deportivo del país abre interrogantes vertiginosos. ¿Qué cadena de llamadas y mensajes se hallaría en los teléfonos de Faroni? ¿Cuáles serían los contenidos de esos aparatos retenidos, si efectivamente fueron confiscados? Desde el mediodía en que estas noticias trascendieron, comenzó a expandirse una sensación de temor en los ámbitos donde se desenvuelven banqueros, políticos y funcionarios judiciales de la Argentina. La posibilidad de que sus nombres figuren registrados en esos dispositivos genera una inquietud que va más allá de lo que un proceso judicial convencional podría provocar. En juego está la presencia de estudios jurídicos u organismos contables de los Estados Unidos, movimientos de capitales en el exterior, transacciones inmobiliarias en suelo estadounidense. Todas estas operaciones caerían bajo la jurisdicción de cortes federales norteamericanas ante las cuales no funcionan los mecanismos tradicionales de dilación que caracterizan a la justicia argentina.
La competencia entre jurisdicciones y las maniobras locales
En la Argentina, la investigación atraviesa un laberinto de movimientos procesales que resultan, cuando menos, sospechosos. La jueza federal en lo Penal Económico Verónica Straccia lleva adelante la causa tras la intervención de Daniel Rafecas, quien ordenó un allanamiento que resultó en el descubrimiento de bienes valuados en aproximadamente veinte millones de dólares en una mansión ubicada en Villa Rosa, localidad de La Florida. Esa propiedad figura a nombre de Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada. Pantano actuaría como testaferro de Toviggino según los registros que obran en las investigaciones. El procesamiento de Tapia y Toviggino fue dictado el veintiséis de junio pasado por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio en la Cámara Federal en lo Penal Económico.
Sin embargo, la Cámara de Casación Penal, con la firma de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ordenó que se debate si el expediente debe permanecer bajo la órbita de Straccia o ser remitido al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Los presuntos testaferros de Toviggino están empecinados en esta última opción. El magistrado Alejandro Slokar se pronunció en contra de que la Cámara de Casación participase de semejante discusión. Lo curioso radica en que Borinsky había sostenido exactamente la misma posición que Slokar cuando se trataba de trasladar el expediente desde la órbita de González Charvay hacia el fuero penal económico. Ahora cambió su perspectiva y propone, junto con Barroetaveña, que el doce de agosto se celebre una audiencia para dirimir la cuestión. Este giro en la posición de Borinsky genera interrogantes sobre las motivaciones que lo sustentan, máxime considerando que Borinsky aspira a ser postulado por Javier Milei para ocupar una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una coordinación que sugiere la existencia de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los jerarcas de la AFA. Múltiples indicios apuntan en esa dirección. El más relevante es que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue delegado de la AFA ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA en diciembre de dos mil diecisiete, apenas semanas después de que Tapia y Toviggino asumieran sus cargos. Para asumir esa responsabilidad, Mahiques requirió autorización del Consejo de la Magistratura, donde actuaba como representante del Poder Ejecutivo. Mahiques proporcionó abogados a los directivos de la AFA. Su alter ego, Ignacio Jakim, se encuentra ahora bajo investigación por presuntas irregularidades en operaciones cambiarias. Entre los principales letrados de las autoridades de la AFA figura actualmente Marcelo Rochetti, alter ego de Cristian Ritondo, quien al igual que Mahiques, es un militante del PRO ahora incorporado al oficialismo de Milei.
La red de complicidades que se cuestiona desde el exterior
Versiones que circulan en círculos bien informados sostienen que Carlos Mahiques, camarita de Casación y padre del ministro de Justicia, celebró su última fiesta de cumpleaños en la mansión de Pantano. Las evidencias sobre la cooptación de funcionarios judiciales por parte de los jerarcas de la AFA abundan. Algunos de esos registros estarían en poder del secretario ejecutivo de la Asociación, Juan Pablo Beacon, quien ahora mantiene una relación conflictiva con Toviggino, su antiguo jefe. Beacon habría guardado en su pendrive solicitudes de entradas para partidos de fútbol e incluso pases de estacionamiento requeridos por camaristas de Casación que actualmente intervienen en el caso. La trama de favores, presiones implícitas y compromisos mutuos teje una red tan densa que resulta casi imposible distinguir dónde termina lo administrativo y dónde comienza la corrupción.
Este panorama de intereses entrelazados puede desmoronarse si los magistrados norteamericanos deciden acelerar sus investigaciones a un ritmo superior al que caracteriza a la justicia argentina. La contubernio que liga a los operadores del fútbol con funcionarios judicales podría quedar expuesta en los tribunales de Florida. Faroni emerge como un nudo crucial en la trama que conecta el deporte, la política y los negocios irregulares. Este intermediario teatral pertenece al círculo más íntimo del sistema construido por Sergio Massa, quien lo convirtió en diputado, al igual que a su hermana. Massa no dudó en referirse a Toviggino como "mío" en múltiples ocasiones ante terceros. Los automóviles de alta gama estacionados en la cochera de la mansión de Pantano no pertenecerían a Massa, sino a alguien aún más cercano a Toviggino: el exgobernador y actual senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Zamora es una figura que desde Washington viene siendo observada con particular atención.
El contexto político y las consecuencias en ciernes
Las investigaciones sobre los negocios del fútbol que se despliegan desde los Estados Unidos tal vez fuerzen al Gobierno a replantearse su relación con las autoridades de la AFA. Milei inició su gestión con un enfrentamiento muy duro contra la dirigencia deportiva. Esto cambió cuando se conocieron audios de Diego Spagnuolo refiriéndose a sobornos que su hermana Karina cobraría en los contratos del área de Discapacidad. Esos audios fueron divulgados a través de la plataforma Carnaval, atribuida a Zamora y Toviggino. Posteriormente, los encuentros de Milei con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hicieron especular con la posibilidad de una gestión para provocar la intervención de la AFA. Pero la designación de Mahiques en el Ministerio de Justicia, quien se refiere a Toviggino con familiaridad, parece haber inducido a una pacificación. Mahiques es un subordinado completo a la hermana presidencial, quien fue la afectada por las publicaciones de Carnaval.
El Ejecutivo impulsa una ola de designaciones en el poder judicial que responden a esta lógica de protección. En la Cámara Federal en lo Penal Económico, Mahiques procura que sean designados Alejandro Cattani y Juan Pedro Galván Greenway. En la Cámara Federal en lo Penal Criminal apoya a Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Además, provocó una vacante al no enviar al Senado el pliego de Martín Irurzun para que continue ejerciendo magistratura tras cumplir los setenta y cinco años. Con respecto al padre de Mahiques se siguió un criterio distinto. Irurzun presentó un recurso judicial argumentando la inconstitucionalidad del artículo que cancela el ejercicio del cargo después de esa edad, sosteniendo que el artículo ciento diez de la Constitución Nacional garantiza a los jueces la permanencia mientras dure su buena conducta. Este planteo abre un dilema de envergadura: ¿los camaristas que evalúen la pretensión de Irurzun se perjudicarán a sí mismos fijando un límite de edad a su función?
La proyección geopolítica y los interrogantes finales
Las novedades que llegan desde la justicia de La Florida se inscriben en el mapa más amplio de relaciones entre el oficialismo argentino y la administración de Donald Trump. El presidente norteamericano atraviesa una crisis inquietante derivada de su intervención contra Irán. Personalidades influyentes como Tucker Carlson asumieron posiciones críticas a lo que denuncian como subordinación de la política exterior estadounidense a los dictados de Benjamin Netanyahu. El vicepresidente J. D. Vance ha acusado a sectores israelíes de sabotear el memorándum de entendimiento con Irán. Esta fractura en el consenso republicano fortalece las anticipaciones de que Trump saldrá derrotado en las próximas elecciones para la Cámara de Representantes. Esta declinación del poder presidencial afecta a Milei de dos maneras. Por un lado, hace más improbable un nuevo auxilio financiero desde la Secretaría del Tesoro, lo que obliga al ministro Luis Caputo a evaluar la posibilidad de tomar deuda en el mercado internacional. Por otro lado, cuestiona la conveniencia de la adhesión automática de Milei a Trump, generando una asociación que podría resultar contraproducente en términos de imagen pública.
El curso que tomen las investigaciones norteamericanas es ahora impredecible desde los escritorios de Buenos Aires. Si se confirma la retención de los teléfonos de Tapia y se avanzan las indagatorias sobre Faroni, la trama que une fútbol, política y corrupción judicial podría quedar expuesta ante una justicia ajena a los mecanismos de protección que funcionan en la Argentina. La intervención del FBI introduce una variable que altera radicalmente el juego. No es lo mismo litigar ante jueces locales que pueden ser presionados, sobornados o amenazados que comparecer ante magistrados extranjeros cuyo interés está centrado en desentrañar circuitos financieros irregulares. Las consecuencias pueden ser múltiples: desde el colapso de la red de complicidades que sostiene a los jerarcas de la AFA, hasta una reconfiguración de las alianzas políticas que han caracterizado a la administración actual. Es posible que el Gobierno se vea obligado a distanciarse públicamente de Toviggino y su círculo para salvaguardar su propia imagen. También es probable que el Ejecutivo intente acelerar los movimientos en la justicia local para cerrar expedientes antes de que la información proveniente de
