Una decisión de la Cámara en lo Penal Económico puso punto final —al menos de manera provisoria— a la batalla legal que durante meses enfrentó a dos jurisdicciones por la responsabilidad de indagar quién es el verdadero propietario de una suntuosa propiedad ubicada en las afueras de la capital bonaerense. El tribunal, con los votos de Roberto Hornos y Carolina Robiglio, determinó que corresponde a la justicia porteña, específicamente al juzgado especializado N°10 bajo dirección de Verónica Straccia, continuar con las pesquisas sobre una trama que involucra fondos desviados de las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino. La resolución constituye un retroceso para los individuos que figuran como dueños registrales del terreno, quienes habían maniobrado para mantener el expediente en manos de la justicia federal con asiento en Campana. El cambio de competencia reactiva investigaciones que se habían paralizado y vuelve a poner bajo escrutinio una red de sociedades, transferencias bancarias internacionales y bienes de lujo que los investigadores vinculan directamente con el círculo de poder dentro de la entidad futbolística nacional.
Una propiedad que no encaja con sus "dueños"
El inmueble en cuestión ocupa poco más de diez hectáreas en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, y fue adquirido en mayo de 2024 por una empresa llamada Real Central S.R.L., que hasta dos semanas antes respondía bajo otro nombre: Central Park Drinks. Los papeles señalan a Luciano Pantano, monotributista sin grandes activos conocidos, y a Ana Lucía Conte, su madre jubilada, como los propietarios finales. Ambos, según los denunciantes, carecerían del perfil patrimonial necesario para realizar una operación de semejante envergadura. El valor catastral de la propiedad fue estimado en veinte millones de dólares estadounidenses.
Lo que emerge del expediente es una sofisticada maniobra societaria que despierta sospechas de lavado de dinero. Catorce días antes de concretarse la compra, la sociedad que adquiriría la quinta experimentó cambios accionarios de gran magnitud. Diego Lucero cedió su participación a Conte, mientras que Pantano prácticamente se deshizo de su control mayoritario, reteniéndose apenas una porción marginal. En ese mismo movimiento, el capital social se multiplicó de manera exponencial: pasó de trescientos mil pesos a cincuenta y ocho millones de pesos, casi doscientas veces su valor anterior. Para los especialistas en fraude financiero que analizaron la operación, ese incremento de capital resultaba completamente insuficiente para justificar el giro de fondos necesario para adquirir una propiedad de tal magnitud.
Los indicios que apuntan a los verdaderos dueños
Cuando los investigadores allanaron la propiedad, encontraron elementos que transformaron la hipótesis delictiva en una sospecha sólidamente fundamentada. En el interior del predio descubrieron una flota de aproximadamente cincuenta vehículos de colección y alta gama, un haras con caballos árabes de pura sangre, un helipuerto completamente funcional, canchas de fútbol profesionales, pistas de entrenamiento ecuestre y otras instalaciones de alto estándar. Entre los bienes incautados figuraba un bolso con el nombre de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, además de una placa homenaje con su identidad. También se secuestró un kart idéntico al que utiliza Máximo Toviggino, hijo del funcionario. Las fotografías del titular de la AFA fueron halladas en múltiples puntos de la vivienda.
Otro elemento que reforzó la tesis acusatoria fue el descubrimiento de una tarjeta corporativa de la AFA expedida a nombre de Pantano, utilizada sistemáticamente para pagar gastos vinculados con el mantenimiento de la flota vehicular. Para los investigadores, estos datos constituyen una cadena de indicios que apunta inequívocamente hacia Toviggino como el verdadero usuario y beneficiario de la propiedad, mientras que Pantano y Conte habrían actuado exclusivamente como testaferros, es decir, como personas jurídicamente responsables pero sin control real ni beneficio sobre los bienes.
Una trama que cruza océanos y bancos internacionales
Las investigaciones tomaron un giro aún más complejo cuando los denunciantes incorporaron evidencia sobre una red de transferencias bancarias internacionales. La empresa estadounidense TourProdEnter LLC, contratada por la AFA como agente comercial exclusivo para captar ingresos en el exterior, habría derivado aproximadamente 483 mil dólares estadounidenses hacia cuentas vinculadas al círculo íntimo del tesorero. Las transferencias fueron procesadas a través de una cuenta en Bank of America nominalmente a cargo de Erika Gillette, esposa del productor artístico Javier Faroni.
Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, se realizaron diez giros desde esa cuenta. La mayor parte del dinero —468 mil dólares— fue destinado hacia SOMA S.R.L., una sociedad que, aunque constituida originalmente en Santiago del Estero, mantiene domicilio registrado en Recoleta, exactamente en el mismo edificio y departamento donde se encuentra la sede de Malte S.R.L., la entidad que vendió la quinta a Real Central. Esta coincidencia de direcciones constituye, para los investigadores, un indicador de la permeabilidad entre distintas estructuras societarias que operarían bajo un mismo control efectivo.
Un recorrido accidentado por los juzgados
Antes de llegar a la decisión que ahora centraliza el caso en Buenos Aires, la causa transitó un camino tortuoso. El expediente fue abierto originalmente por una denuncia de Elisa Carrió y pasó por manos de múltiples magistrados. El juez federal Daniel Rafecas fue quien inicialmente avanzó con las pesquisas hasta declararse incompetente. Su colega Marcelo Aguinsky continuó en el fuero penal económico hasta que intervino la AFA para trasladar el asunto a la jurisdicción federal con asiento en Campana, bajo dirección de Adrián González Charvay. Este movimiento táctico beneficiaba claramente a los acusados.
Durante estos meses de disputas de competencia, el magistrado bonaerense mantuvo el expediente prácticamente congelado. Fue necesaria la intervención del fiscal Carlos Cearras, quien presentó un recurso que permitió revertir la situación y traer nuevamente el caso a la capital federal. Además, en el seno de la Cámara de Casación Penal debieron apartarse dos magistrados por conflictos de intereses. Carlos Mahiques se excusó luego de que se revelara que había celebrado su cumpleaños en la misma quinta investigada, mientras que Daniel Petrone se apartó por mantener una relación social con uno de los imputados. Estos recusamiento ponen de manifiesto el entramado de vínculos y compromisos que rodea el caso.
Implicancias de la centralización en Buenos Aires
La asignación del caso a la jueza Straccia en Buenos Aires abre la puerta a que se investiguen, con mayor potencial de avance, otras causas conexas que involucran a directivos de la AFA por presuntos delitos de fraude, desvío de fondos y lavado de dinero. La justicia porteña, especializada en delitos de índole económica, cuenta con recursos y experiencia en la desarticulación de estructuras de ocultamiento patrimonial. Desde que la causa fue trasladada a capital hace poco tiempo, experimentó un ritmo de avances más acelerado que durante el período en que permaneció bajo la órbita de la justicia federal bonaerense.
La escritura de compraventa fue firmada en una escribanía ubicada en pleno centro de Buenos Aires, un detalle que resultó crucial para sustentar la competencia de la justicia porteña. Este elemento topográfico, aparentemente menor, devino en un aspecto determinante de la decisión judicial. Los acusados, al promover su defensa en Campana, pretendían aprovecharse de la distancia geográfica, la multiplicidad de trámites administrativos y la menor familiaridad con casos de fraude financiero que caracteriza a los juzgados federales del interior bonaerense.
Los efectos de esta decisión se irradiarán hacia múltiples direcciones. Por un lado, la apertura de un expediente investigativo en el fuero especializado porteño aumenta la presión sobre la estructura de la AFA, institución que genera ingresos significativos pero que ahora enfrenta escrutinio sistemático sobre sus mecanismos de gestión patrimonial. Por otro lado, los magistrados y operadores del sistema legal enfrentan el desafío de mantener la independencia de criterio en circunstancias donde intervienen actores de considerable influencia social y política. La complejidad de las maniobras societarias, la participación de intermediarios financieros internacionales y la cantidad de jurisdicciones involucradas garantizan que las pesquisas se extenderán durante meses, posiblemente años, requeriendo coordinación entre instituciones nacionales e internacionales.
