Pasados casi diez años desde que iniciara la indagación sobre el patrimonio acumulado por un ex integrante de la estructura administrativa kirchnerista, la investigación vuelve a cobrar impulso. Roberto Baratta deberá presentarse ante el juez Julián Ercolini el próximo 16 de septiembre para prestar declaración indagatoria, en una nueva fase del proceso que examina cómo este funcionario llegó a poseer un conjunto de propiedades, vehículos y otros activos cuya procedencia genera interrogantes en la justicia federal. La convocatoria representa un punto de inflexión en una causa que había permanecido en estado de latencia durante años, esperando la conclusión de un análisis pericial exhaustivo que finalmente fue validado por instancias superiores. Lo que suceda en esa audiencia podría marcar el rumbo de las imputaciones en su contra.
El personaje en cuestión ocupó cargos de responsabilidad durante los gobiernos que se extendieron entre 2003 y 2015. Como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Baratta funcionaba en la órbita más próxima del entonces ministro Julio De Vido, ejerciendo una suerte de brazo ejecutor en las decisiones administrativas de cartera. Su posición le permitía acceso a información sensible, negociaciones con proveedores del estado y la gestión de recursos públicos. Durante esos doce años en el aparato estatal, según lo que la fiscalía sostiene, acumuló un patrimonio que requiere explicación: desde inmuebles ubicados en distintos puntos de la ciudad porteña hasta automóviles adquiridos en un período relativamente breve. El interrogante que persigue a los investigadores es simple pero pertinaz: ¿de dónde provinieron los fondos?
Los bienes bajo sospecha: una arquitectura patrimonial cuestionada
El catálogo de activos que la justicia examina traza un perfil de consumo considerable para alguien cuya función era administrativa. Departamentos en distintos barrios porteños—Basavilbaso, Huérgo, José Hernández, Almagro—, cocheras, bauleras, y varios vehículos componen el inventario. El valor agregado de estas adquisiciones alcanza cifras significativas: solo algunos de los inmuebles fueron pagados con sumas que rondan los 70.000 dólares en el caso del lote en el country, y 220.000 dólares en otro departamento. Lo relevante aquí no es simplemente la cantidad de propiedades, sino el mecanismo mediante el cual fueron adquiridas. Múltiples transacciones se ejecutaron mediante pagos en efectivo, tanto en pesos como en moneda extranjera, durante los años 2012 a 2015. Este modelo de transacción—efectivo, sin trazabilidad bancaria—es precisamente lo que enciende las alarmas en los organismos de control.
El caso del inmueble ubicado en el Mapuche Country Club en Pilar ejemplifica la complejidad de lo que investiga la fiscalía. El lote fue comprado por 70.000 dólares en efectivo el 19 de septiembre de 2012, y posteriormente se construyó una vivienda cuya obra demandó aproximadamente 3.700.000 pesos, pagados también en efectivo entre diciembre de 2012 y enero de 2015. Aquí emerge un punto de fricción entre la defensa y la acusación: mientras los abogados de Baratta sostienen que la propiedad perteneció siempre a sus padres, la fiscalía federal—representada por Alejandra Mángano—desarrolla la teoría de que estos fueron utilizados como testaferros, es decir, como prestanombres para ocultar la verdadera titularidad. Un indicio de peso en esta dirección es que el propio Baratta fue quien contrató al arquitecto encargado de la construcción y quien impartía las instrucciones sobre la obra, además de realizar directamente los pagos. La madre figuró formalmente como propietaria, pero la actuación práctica sugiere un protagonismo diferente en la toma de decisiones.
El largo camino procesal: demoras, peritajes y validaciones
La causa que hoy reanuda su marcha comenzó en 2017, hace casi una década. Durante años permaneció prácticamente estancada, aguardando la conclusión de un estudio pericial que resultaba clave para sustentar las acusaciones. Baratta fue convocado por primera vez a prestar indagatoria en 2021, ya bajo la supervisión del juez Ariel Lijo en ese momento, pero el procedimiento no pudo completarse porque restaban análisis técnicos pendientes. Esos estudios se prolongaron durante los años subsiguientes, ralentizando la progresión del expediente. Hace poco, la Cámara Federal validó el peritaje realizado, lo que destrabó el proceso y permitió que Ercolini—juez que heredó la causa con el despacho vacante—emitiera la orden de comparecencia. Esta secuencia de eventos subraya una característica recurrente en los procesos de corrupción de envergadura: los tiempos procesales se estiran, las pericias se multiplican, y las defensas aducen que el paso del tiempo debería extinguir las responsabilidades. De hecho, los letrados de Baratta argumentaron en algún momento que correspondía sobreseer la causa por prescripción, una solicitud que fue rechazada.
El contexto temporal no es un detalle menor. Las adquisiciones cuestionadas ocurrieron durante gobiernos que privilegiaban una administración pública con participación estatal activa, donde figuras como Baratta operaban en estructuras de poder que después enfrentarían escrutinio judicial masivo. La década de 2003 a 2015 fue, para numerosos funcionarios, un período de crecimiento económico relativo, pero también de negocios con el estado que posteriormente resultaron bajo lupa. Baratta no es un caso aislado: forma parte de un universo más amplio de investigaciones dirigidas a examinar cómo ciertos actores del aparato gubernamental canalizaron recursos. Su caso es particularmente visible porque la acumulación patrimonial es documentable, las propiedades existen, los precios están registrados. Lo que falta en la ecuación, desde la perspectiva fiscal, es el origen lícito de esos fondos.
Más allá de esta causa específica sobre enriquecimiento ilícito, Baratta enfrenta otros procesos de corrupción que lo mantienen en el centro de la atención judicial. Es mencionado prominentemente en la investigación conocida como de los Cuadernos de las Coimas, donde está siendo juzgado como supuesto recaudador de dinero que era transportado por el chofer Oscar Centeno. Según los registros de esa causa, los fondos recolectados eran entregados en ciertas ocasiones a De Vido o depositados en un departamento que pertenecía a Cristina Kirchner. Esta acusación lo posiciona no como un beneficiario pasivo, sino como alguien que operaba activamente en la canalización de recursos irregulares. La intersección entre ambas causas—la del enriquecimiento personal y la del movimiento de dinero irregular—sugiere un patrón de conducta que trasciende una simple acumulación privada.
Implicancias futuras y perspectivas en disputa
La reanudación de los interrogatorios planteará al sistema de justicia la necesidad de dirimir cuestiones fundamentales. La comparecencia del próximo mes permitirá que Baratta, a través de sus abogados, presente su versión sobre los pagos en efectivo, la supuesta intermediación de sus padres en la compra del country, y la relación entre sus ingresos formales como funcionario y el volumen de activos adquiridos. También ofrecerá a la fiscalía la oportunidad de profundizar en aspectos que permanecen oscuros: la identificación de las fuentes de efectivo, las transferencias bancarias previas que pudieron existir, y los nexos entre estas compras y eventuales beneficios obtenidos mediante su posición oficial. Cada respuesta, cada explicación, cada silencio podrá ser valorado en términos de coherencia con la teoría del caso que sostiene la acusación. Por otra parte, la cuestión de la prescripción permanece pendiente: aunque la Cámara Federal rechazó la solicitud de sobreseimiento por el paso del tiempo, es probable que continue siendo materia de debate según avance el proceso. Los plazos de prescripción en causas de corrupción son largos en Argentina, pero no infinitos, y el transcurso de casi una década desde el inicio de la investigación constituye un factor que las defensas seguirán esgrimiendo.
Las consecuencias de este proceso trascienden lo individual. Si la justicia logra establecer una cadena de pruebas que vincule las adquisiciones patrimoniales con enriquecimiento derivado de funciones públicas, se consolidaría un precedente sobre cómo se investiga y se persigue este tipo de conductas. Si, por el contrario, las explicaciones de Baratta resultan satisfactorias ante el tribunal, o si se encuentran insuficiencias probatorias, se enviaría un mensaje diferente sobre los estándares de evidencia requeridos. Asimismo, la forma en que se resuelva incidirá en otras investigaciones similares en curso, donde funcionarios son interrogados por acumulaciones patrimoniales que generan dudas sobre su legitimidad. El resultado también importa para evaluar la capacidad operativa del sistema judicial federal argentino: si una causa iniciada en 2017 aún no ha llegado a sentencia en 2024, ello refleja tanto sobre la complejidad de estas investigaciones como sobre los tiempos institucionales disponibles para resolverlas. La audiencia del 16 de septiembre será, en ese sentido, un paso más en un recorrido que apenas comienza su fase de definición sustantiva.
