La provincia de Buenos Aires puso en marcha recientemente un esquema completamente renovado para la tramitación de licencias profesionales que afecta directamente a decenas de miles de trabajadores del sector transporte. El cambio de procedimiento implicó un incremento tarifario que supera el 1264 por ciento, transformando un documento que costaba alrededor de $22.000 en uno que alcanzará cifras superiores a los $300.000. Esta reforma, implementada mediante un acuerdo entre el gobierno provincial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y organismos federales, ha generado inmediatas críticas desde sectores políticos que cuestionan sus alcances reales y sus implicancias para quienes dependen del transporte como sustento económico.
Un cambio de procedimiento con múltiples aristas
El nuevo régimen para las licencias profesionales interjurisdiccionales modifica de manera sustancial la experiencia de tramitación para conductores de las categorías C, D y E. Bajo esta estructura, quienes necesitan obtener o renovar su documentación deberán completar un itinerario más complejo que el que existía previamente. Las evaluaciones de aptitud psicofísica y los programas de capacitación ya no se resuelven en una única sede municipal, sino que ahora requieren acudir a centros prestadores habilitados específicamente por el organismo nacional de seguridad vial. Solo tras superar estas instancias, los aspirantes pueden dirigirse a los Centros de Emisión de Licencias Municipales para completar el proceso administrativo final. Según las autoridades provinciales, esta descentralización responde al propósito de garantizar evaluaciones más rigurosas y un seguimiento detallado en cada fase del procedimiento, particularmente en lo que respecta a los vehículos destinados al transporte de pasajeros o cargas.
La implementación de este nuevo sistema surge de un convenio específico de delegación de facultades suscrito entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Desde la perspectiva oficial, la medida busca fortalecer los controles sobre conductores profesionales y elevar los estándares de seguridad vial en una actividad que implica riesgos significativos. Sin embargo, el cambio trajo consigo consecuencias inmediatas en términos de accesibilidad y costos que no tardaron en generar reacciones críticas desde diferentes espacios políticos y sociales.
La voz de los detractores: cuestionamientos sobre el modelo
Manuel Passaglia, legislador provincial con vínculos con la administración municipal de San Nicolás, formuló críticas severas contra esta nueva estructura. En expresiones públicas acompañado por su hermano Santiago, Passaglia caracterizó el cambio como perjudicial para los trabajadores del transporte en su conjunto. Su argumento central gira en torno a tres ejes problemáticos: el costo prohibitivo, la lentitud administrativa y la dispersión geográfica de los trámites. Según su perspectiva, lo que antes representaba un trámite localizado que los conductores podían resolver en sus municipios de origen ahora los obliga a desplazarse hacia sedes específicas distribuidas en otros territorios, sumando a los gastos una carga adicional de traslados y tiempo.
El legislador extendió su crítica hacia el funcionamiento del nuevo esquema, apuntando que las sedes autorizadas para las evaluaciones psicofísicas y capacitaciones corresponden a infraestructuras del Sindicato de Camioneros, principal organización gremial del sector. Esta concentración de la actividad generó cuestionamientos respecto a potenciales conflictos de intereses, en la medida que una organización sindical que representa a trabajadores del transporte pasa a convertirse, simultáneamente, en prestadora de servicios administrativos necesarios para el ejercicio de la profesión. Passaglia vinculó esta configuración con actores políticos provinciales y nacionales, sugiriendo que la medida responde a acuerdos entre espacios de poder que no priorizan el bienestar de los conductores que necesitan obtener sus credenciales laborales.
El operativo discurso crítico también incluyó referencias a la diversidad de trabajadores afectados por esta transformación. Colectiveros, transportistas de cargas, ambulancias, conductores de plataformas digitales como Uber, taxistas y conductores de servicios de remise conforman un universo amplísimo de profesionales que requieren estas licencias como herramienta fundamental para su desempeño laboral. La elevación de costos representa, en ese contexto, una barrera económica real que incide particularmente en quienes operan en márgenes de ganancia reducidos o enfrentan dificultades para acceder a financiamiento. En un escenario de contracción económica y presión sobre los ingresos, el incremento tarifario de esta magnitud puede significar la diferencia entre poder continuar en la actividad o verse obligado a abandonarla.
Implicancias para el sector laboral y perspectivas diversas
La implementación del nuevo régimen de licencias profesionales abre interrogantes complejos sobre las tensiones entre seguridad vial, eficiencia administrativa y acceso equitativo a oportunidades laborales. Desde una óptica, el fortalecimiento de controles y la exigencia de evaluaciones más rigurosas pueden justificarse como medidas que elevan la calidad y confiabilidad de quienes conducen vehículos de transporte. Los estándares internacionales en materia de seguridad vial han evolucionado hacia mayor exigencia precisamente con el objetivo de reducir accidentes y proteger tanto a conductores como a usuarios. Una evaluación psicofísica más exhaustiva y capacitaciones estandarizadas podrían, desde esta lectura, contribuir a mejores prácticas y menor siniestralidad en rutas y ciudades.
No obstante, existe una perspectiva alternativa que enfatiza el impacto regresivo de esta estructura sobre trabajadores ya presionados por condiciones económicas difíciles. Los costos elevados pueden traducirse en efectos no deseados: conductores que deciden operar sin documentación actualizada, creando situaciones de vulnerabilidad laboral e inseguridad; concentración de poder en manos de actores específicos que controlan los puntos de acceso administrativo; y una reducción en la cantidad de profesionales dispuestos a ejercer estas actividades, con consecuencias potenciales en la disponibilidad de servicios de transporte. La descentralización geográfica, aunque puede interpretarse como un mecanismo de mayor control, también puede leerse como una barrera de acceso para quienes residen en zonas alejadas de los centros habilitados. El debate sobre cómo balancear seguridad, eficiencia y equidad en políticas públicas que afectan a trabajadores de sectores vitales para la economía permanece abierto, sin respuestas sencillas que satisfagan simultáneamente todas las dimensiones en juego.
