El rastro que quedó en las paredes

La historia de cómo desaparece evidencia de una investigación antes de que los pesquisadores lleguen al lugar es, en sí misma, una narración que trasciende los hechos puntuales. En este caso, se trata de una propiedad ubicada en Villa Rosa, en el partido de Pilar, donde se concentran indicios de un entramado financiero que involucra al tesorero de la AFA. Lo que resulta particularmente relevante no es solo qué se encontró durante el operativo de diciembre pasado, sino qué se consiguió extraer de allí horas antes de que las autoridades cruzaran el portón. Las nuevas imágenes a las que se accedió revelan un panorama de circulación de bienes de lujo y objetos personalizados que, en su totalidad, conforman un cuadro difícil de justificar dentro de una estructura formal de propiedad.

En el espacio más resguardado de la quinta, el quincho de acceso restringido mediante sistema de huella digital, se acumulaba un arsenal de bebidas premium: vinos de diferentes añadas, champagne, destilados de alta gama. Pero lo que llamaba la atención no era la colección en sí, sino lo que convivía con ella. Plaquetas institucionales, recuerdos personales, una lata estampada con la imagen de Diego Maradona, una caja negra grabada con el nombre del funcionario. A metros de distancia, reposaría una réplica de la Copa del Mundo, similar a la que fue levantada en Qatar hace poco más de un año. Todo eso —botellas, placas, souvenirs, trofeos— fue retirado de la propiedad antes del operativo policial de principios de diciembre. Quiénes participaron en esa operación de "limpieza", según lo que pudo reconstruirse, fueron colaboradores cercanos del tesorero. Algunos de ellos permanecen en su círculo íntimo; otros han sido apartados del entorno.

Los vehículos y las identidades múltiples

El galpón donde se guardaban los automóviles de lujo funcionaba como un depósito de contradicciones administrativas. En total, la Policía Federal secuestró cuarenta y cinco vehículos, siete motocicletas y dos kartings durante el allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas en diciembre. Entre los rodados había seis Porsche de distintos modelos, una Ferrari F430, vehículos de colección y unidades de marcas premium. Pero el detalle que encendió las alarmas no fue la cantidad ni la calidad de los automóviles, sino quién figuraba autorizado para conducirlos. En dos de esos Porsche se encontraron cédulas azules a nombre del hijo del tesorero y de su ex esposa. El primero, un Porsche 718 Cayman S, estaba registrado a nombre de una empresa radicada en Santiago del Estero llamada HT SRL. El segundo, un Porsche Macan S, pertenecía a otra firma de la misma provincia, identificada como Bori SRL. Ese mismo vehículo contenía una tercera cédula, también del hijo del funcionario.

Lo que resultó especialmente relevante para los investigadores fue el descubrimiento de un bolso negro dentro de uno de los rodados. El bolso tenía grabado el nombre del tesorero de la AFA. Junto a él, una plaqueta de reconocimiento otorgada por Barracas Central, club presidido por Claudio Tapia, con una inscripción que mencionaba explícitamente al funcionario en su rol en la confederación. Este hallazgo detonó una serie de conflictos internos. Emanuel Gómez, que se desempeñaba como encargado de logística en el círculo del tesorero, fue blanco de acusaciones. Según versiones de quienes trabajan en el entorno, Gómez habría dejado de pertenecer al grupo selecto de personas de confianza. Las razones precisas de su alejamiento no son confirmadas públicamente, aunque circulan especulaciones sobre pérdida de confianza o posibles filtraciones de información. En contraste, Diego Pantano, hermano de Luciano —el monotributista que aparece en los registros como propietario de la mansión—, continúa en la órbita del tesorero.

A fines de diciembre, cuando la causa estaba bajo la supervisión del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, se produjo un descubrimiento adicional de relevancia: Luciano Pantano poseía una tarjeta de crédito corporativa emitida por American Express a nombre de la AFA. Con esa tarjeta, entre otros gastos, abonaba los peajes necesarios para trasladar los automóviles de la propiedad. Los registros mensuales de esa tarjeta arrojaban cifras cercanas a los cincuenta millones de pesos. En simultáneo, una tarjeta del Banco Galicia a nombre del mismo Pantano prácticamente no registraba movimientos. La incongruencia resultaba evidente: un monotributista que hasta 2022 se desempeñaba como presidente de asociaciones civiles de futsal y fútbol playa no tenía justificación formal para gastos de esa magnitud con fondos de la confederación.

Los equinos y el material desaparecido

La presencia de caballos en la propiedad constituye otro aspecto del caso que permanece en la penumbra. Entre 2021 y 2023, el tesorero inscribió catorce caballos de la raza "Silla Argentino" a su nombre en la Asociación Argentina de Fomento Equino. Esos animales nunca aparecieron después del allanamiento. Sin embargo, las imágenes nuevas demuestran que efectivamente estuvieron allí: en la caballeriza y entrenando en la pista adyacente. Lo que desapareció fue el material que documentaba esa pasión por los equinos. En las nuevas fotos se observan estatuas de caballos con ruedas para transportarlas, cuadros con imágenes de esos animales, trofeos presumiblemente de las competiciones de karting del hijo del funcionario, un simulador de carreras. Todo fue extraído de la propiedad antes de la llegada de la Policía. En una repisa dentro de la mansión, los investigadores hallaron una fotografía personal del tesorero junto a otras dos personas, acompañada de una caja con el logo de la AFA y miniaturas de caballos. Debajo reposaba un sable samurai. Esos elementos, junto con decenas de otros objetos, conformaban un entramado que hablaba de una vida paralela a la que debería tener un funcionario público.

Las imágenes recuperadas ahora son particularmente significativas porque contrastan con el estado de la propiedad al momento del allanamiento. Que existan registros visuales previos que demuestren la existencia de esos objetos refuerza la tesis de destrucción deliberada de pruebas. El juez Adrián González Charvay, quien tomó la causa después de que la Cámara de Casación la derivara a su juzgado de Campana, nunca profundizó en las líneas de investigación más sensibles durante los cinco meses en que tuvo a su cargo el expediente. No llamó a declarar a los empleados de la quinta. No citó a los supuestos dueños de los automóviles. No avanzó significativamente sobre la estructura de las empresas radicadas en Santiago del Estero ni sobre el funcionamiento de la tarjeta corporativa. Mientras tanto, los acusados de actuar como testaferros lograron que los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky —ambos con complejos antecedentes relacionados con la AFA— reenviaran la causa al juzgado de su preferencia. González Charvay repetía hasta junio que estaba "avanzando"; luego cambió el discurso a "va a terminar volviendo para acá". Ese pronóstico se cumplió este viernes, cuando la Cámara de Casación le devolvió el expediente.

El regreso de la investigación y sus implicancias futuras

La devolución del expediente abre un capítulo incierto en el desarrollo de la pesquisa. Los magistrados que decidieron la devolución —Borinsky, aspirante a ocupar una banca en la Corte Suprema, y Barroetaveña, quien permanece en su cargo a pesar de integrar el Tribunal de Ética de la AFA— dejan abiertos interrogantes sobre cómo avanzará la investigación desde este punto. Las pruebas que permanecen guardadas en el juzgado hace ocho meses sin ser investigadas en profundidad incluyen evidencia física de significativa relevancia: las cédulas azules a nombre de terceros, la tarjeta corporativa con registros mensuales de millones de pesos, la estructura de empresas en otra provincia, el bolso con el nombre del tesorero, la plaqueta del reconocimiento de Barracas Central. A esto se suma la información de que existe una investigación preliminar en curso en Miami relacionada con transferencias de la AFA hacia el exterior, según fue revelado en un documento de un gran jurado estadounidense.

Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de múltiples factores: la profundidad con que se retomen las líneas abandonadas, la voluntad política de los investigadores, el ritmo al que se tramite el expediente y, fundamentalmente, las decisiones procesales que asuman los magistrados intervinientes. Las imágenes nuevas, aunque demuestren la existencia previa de objetos que desaparecieron, no modifican la estructura de pruebas materiales que permanecen incautadas. Sin embargo, sí constituyen un documento adicional que corrobora la tesis de ocultamiento deliberado de evidencia. Para los acusados de actuar como testaferros, la devolución del expediente puede significar tanto una oportunidad de nueva moción de nulidad como un riesgo de profundización de la investigación. Para la confederación y para la sociedad en general, la pregunta que persiste es cuánto tiempo más puede permanecer una causa de estas características bajo el signo de la ralentización institucional, especialmente cuando existen indicios de transferencias internacionales de fondos que también están siendo investigadas en jurisdicciones extranjeras.