Los números revelan una desproporción casi incomprensible entre lo que alguien gana y lo que debe pagar cada mes. En el caso de Facundo Moyano, líder de los empleados de peaje, esa brecha se convierte en un abismo que cuestiona los mecanismos de otorgamiento de crédito en el sistema financiero argentino. Mientras percibe $3.200.000 mensuales como empleado de la firma estatal bonaerense AUBASA, sus compromisos de pago bancario alcanzan cifras que no tienen correlato lógico con su capacidad de ingresos. Este contraste no es un dato menor: expone dinámicas de financiamiento que trascienden las prácticas convencionales y plantea interrogantes sobre quiénes acceden a crédito masivo y bajo qué criterios.
Los registros de la Central de Deudores del Banco Central documentan con precisión esta realidad. Durante 2025, Moyano promediaba compromisos mensuales de $6.410.400 distribuidos entre distintas entidades financieras, tarjetas de crédito y fideicomisos. Sin embargo, ese panorama cambió radicalmente a partir de enero de 2026. En solo seis meses de este año, el volumen de deuda disponible se multiplicó exponencialmente: el promedio mensual trepó a $31.343.200, lo que representa un aumento de casi cinco veces en relación al año anterior. Los números no son especulativos ni estimados: provienen de registros públicos que cualquier acreedor puede consultar.
El pico de marzo y la desproporción extrema
El momento de mayor tensión ocurrió en marzo de 2026, cuando los compromisos financieros alcanzaron un pico de $48.561.000. Esa cifra equivale a poco más de 15 veces el sueldo mensual que percibe por su actividad laboral formal. Para contextualizar: un trabajador que gana 3,2 millones de pesos tendría que destinar la totalidad de sus ingresos durante 15 meses solo para cubrir ese nivel de deuda en un período de 30 días. La ecuación financiera resulta sencillamente incompatible con cualquier presupuesto personal o familiar. El patrón de endeudamiento muestra una escalada progresiva durante los primeros trimestres del año: enero registró $32.191.000, febrero trepó a $36.490.000, y luego llegó el mencionado pico de marzo. A partir de abril comenzó una desaceleración: $32.643.000 en ese mes, $20.554.000 en mayo y $17.620.000 en junio.
La concentración de este financiamiento masivo ocurre en una sola institución: el Banco Provincia, la entidad estatal que depende del Gobierno bonaerense y donde Moyano mantiene su cuenta sueldo. A través de ese banco accede a tarjetas de crédito y préstamos que configuran el grueso de su endeudamiento. Este detalle no resulta trivial. Sugiere que una entidad financiera estatal, con dineros públicos, otorgó líneas de crédito desproporcionadas a un individuo cuyos ingresos no justifican ni remotamente esa exposición crediticia. Las políticas de evaluación de riesgo que supuestamente rigen en las instituciones bancarias parecen haber operado con criterios distintos en este caso.
El financiamiento sin justificación aparente
Más allá de su actividad como empleado de AUBASA, Moyano aparece como presidente de la consultora Estrategia Persuasión Consultores SA, compañía donde figura como socio Diego Lasala, quien a su vez integra el directorio de AUBASA. Esta estructura genera una red de vinculaciones que merece atención. Sin embargo, los ingresos públicamente conocidos provenientes de esa consultoría no aparecen documentados en los registros disponibles de forma que justifique el volumen de acceso al crédito. La pregunta que emerge es obvia: ¿sobre qué base crediticia se otorgaron líneas de financiamiento de esa magnitud? ¿Qué avalúos de bienes o garantías respaldaron compromisos mensuales que superaban por 15 veces la renta laboral declarada?
Paralelamente, existe un contexto visual que llama la atención. Candela Arizaga, identificada como pareja de Moyano desde enero de 2026, comparte regularmente en redes sociales registros de viajes realizados durante 2026. Los destinos publicados incluyen Cancún en enero, París en marzo, Roma en abril, Llao Llao en julio y Nueva York en ocasión de la final del Mundial. Las imágenes muestran alojamientos y establecimientos gastronómicos de categoría premium. Resulta notable que Moyano no aparezca en la mayoría de esas publicaciones, lo que genera cierta opacidad respecto a quién financia esos traslados y estadías. Esta circunstancia añade otra capa de interrogantes al análisis de cómo se estructura el gasto y el financiamiento en torno a este círculo de personas.
El sindicalista reconoció públicamente hace poco tiempo el inicio de su relación con Arizaga coincidiendo con enero de 2026, precisamente el mes en el que comienza la aceleración de su endeudamiento. La cronología no es accidental: en ese mismo período emergen los viajes internacionales documentados en redes sociales y se dispara el acceso a crédito. Aunque la información disponible no permite establecer causalidades definitivas, la simultaneidad de eventos invita a considerar qué dinámica de gastos e ingresos sustenta este estilo de vida. Los números oficiales del Banco Central revelan que alguien con $3.200.000 mensuales en blanco estaba siendo financiado masivamente para compromisos que multiplicaban exponencialmente esa cifra. Las instituciones bancarias cuentan con herramientas de auditoría interna y protocolos de cumplimiento normativo que deberían haber generado alertas ante esta situación.
Las implicancias y el panorama futuro
Los hechos aquí documentados plantean varias dimensiones de análisis. Desde la perspectiva de la regulación financiera, surge la pregunta sobre cuáles fueron los criterios que permitieron la expansión crediticia. Desde la óptica de la administración estatal, cabe cuestionarse si una entidad como AUBASA y sus funcionarios directivos han actuado con los resguardos correspondientes. Desde el plano de la fiscalización de fondos públicos, el rol del Banco Provincia como otorgante de crédito desproporcionado merece ser objeto de revisión. La evolución de los números durante 2025 y 2026 indica un cambio cualitativo en el acceso al financiamiento que demanda explicación y, probablemente, investigación más exhaustiva. Es posible que existan fuentes legítimas de ingresos no documentadas en registros públicos, que explicaciones contables justifiquen la estructura de endeudamiento, o que factores institucionales específicos hayan orientado estas decisiones crediticias. Alternativamente, los registros podrían estar revelando dinámicas de financiamiento que se apartan de los estándares convencionales y merecerían ser objeto de escrutinio por parte de los organismos reguladores correspondientes. Lo cierto es que el contraste entre $3,2 millones de ingresos mensuales y $48 millones en compromisos de pago no encuentra justificación evidente en los datos disponibles, y es tarea de los organismos competentes determinar cómo se llegó a esa situación.
