El trasfondo de una tragedia anunciada
Lo que sucedió en San Juan hace apenas semanas representa mucho más que un episodio aislado de desesperación personal. Carlos Héctor Velázquez, suboficial mayor de 77 años, decidió terminar con su vida después de décadas sirviendo a las instituciones castrenses, en una circunstancia que expone con crudeza los mecanismos de descomposición administrativa que atraviesan a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). El peso de esta situación trasciende los números rojos de un balance financiero: habla de seres humanos olvidados por el Estado, de promesas incumplidas y de un sistema de salud militar que durante años funcionó como una red de contención y que hoy se desmorona bajo el peso de la ineficiencia burocrática y decisiones políticas cuestionables. La muerte de Velázquez ilumina, como pocas veces lo hace una noticia, la distancia abismal entre los discursos sobre el honor militar y la realidad cotidiana de quienes entregaron sus mejores años en uniforme.
El relato de los últimos meses de Velázquez constituye un documento de época sobre cómo se desintegra una institución desde adentro. En marzo pasado, tras su primer intento de suicidio, escribió una carta devastadora dirigida al presidente Javier Milei y al ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti. En ese texto, utilizó una palabra que resonó en los cuarteles: "genocidio". No se trataba de una metáfora literaria sino de una denuncia pura sobre lo que percibía como abandono sistemático. "Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados", escribió entonces desde San Juan, poco antes de intentar dispararse al pie del monumento a San Martín en el Parque de Mayo. Dos meses después, cuando las circunstancias no mejoraron sino que se profundizaron, ejecutó definitivamente lo que había anunciado. Lo hizo obligado por la falta de cobertura para un cáncer avanzado, la misma enfermedad que lo mantenía pendiente de tratamientos oncológicos que la obra social ya no podía —o no quería— sostener.
Una institución que se retuerce sobre sí misma
Mientras la sociedad argentina debatía otros temas de coyuntura política, dentro de OSFA se desarrollaba un proceso de turbulencia administrativa que resultaría difícil de exagerar. La obra social acumula una deuda que en febrero alcanzaba los $212.000 millones, cifra que pone en perspectiva la magnitud del colapso. Esta deuda no es abstracta: son pagos adeudados a clínicas, hospitales, centros de atención especializada, proveedores de medicamentos y fabricantes de prótesis. El impacto cascada de esa falta de pago se siente en cada consultorio, en cada farmacia, en cada sala de internación donde hay un militar o su familia esperando atención. Los prestadores, a su vez, comienzan a rechazar pacientes de OSFA, a poner límites en los turnos disponibles, a exigir copagos que erosionan el concepto mismo de cobertura social. Así funciona el mecanismo: una institución quebrada genera desconfianza entre sus proveedores, que reaccionan protegiéndose, lo que a su vez profundiza la fractura del servicio.
Las Fuerzas Armadas, en un gesto de respaldo que podría leerse como reconocimiento de la gravedad de la situación, realizaron un aporte de $80.000 millones en contribuciones patronales pendientes. Este movimiento, en teoría, debería reducir la deuda en un sesenta por ciento, dejándola en cifras más manejables. Sin embargo, la realidad en el territorio muestra un panorama mucho más complejo. En ciudades como la Capital Federal, Córdoba y Mar del Plata se registran cortes intermitentes de prestaciones. Los afiliados reportan turnos programados con hasta cuarenta días de anticipación, pero con cupos restringidos y copagos que alcanzan entre $18.000 y $38.000 pesos, montos que equivalen a lo que pagaría una persona sin ningún tipo de cobertura social. "Somos ciudadanos de segunda", refiere un oficial retirado consultado sobre la experiencia en Mar del Plata, donde los servicios comenzaron a reactivarse parcialmente pero con severas limitaciones. La normalización, explican desde la administración de OSFA, "llevará su tiempo" porque los pagos deben recorrer procesos administrativos internos en cada prestador y proveedor, lo que genera demoras que para un paciente oncológico pueden resultar fatales.
El carrusel de autoridades y las decisiones sobre el papel
Uno de los aspectos que evidencia el desorden institucional reside en la sucesión de cambios en la conducción. Pablo Guillermo Plaza, general de brigada y director general de Salud del Ejército, fue designado nuevo presidente del directorio de OSFA el viernes posterior a la renuncia de su antecesor, general de brigada retirado Sergio Maldonado. Con esta designación, se alcanza una marca poco alentadora: es el quinto presidente que ocupa el cargo en los dos años y cinco meses de la administración actual. Cada cambio de timón implica reevaluaciones, nuevas estrategias, períodos de ambigüedad donde la institución queda navegando sin rumbo definido. Plaza llega con un perfil técnico reconocido en gestión sanitaria y conducción de estructuras complejas, cualidades que en otras circunstancias podrían resultar valiosas. Pero la pregunta que flota en los pasillos de los cuarteles es si un gestor, por capaz que sea, puede revertir el daño institucional cuando la arquitectura misma del sistema ha sido comprometida.
Los responsables de OSFA negaron categóricamente que la renuncia de Maldonado guardara relación con el impacto emocional que generó el suicidio de Velázquez en San Juan. "El caso es lamentable, pero no tiene vinculación con la renuncia", insistieron desde la institución. Sin embargo, esta declaración no apacigua los ánimos en el terreno. El mismo jueves en que Plaza asumía su nuevo cargo, afiliados a OSFA realizaron un acto de protesta frente a la sede de la obra social en la provincia serrana. Fue un "abrazo simbólico", como se denominó la manifestación, con militares en actividad y retirados reclamando la reincorporación de todos los servicios de salud que existían antes de la actual crisis. En un petitorio entregado en la ocasión, denunciaban que el decreto 88/2024 —que dispuso el desdoblamiento de la obra social— había traído "más sombras que luces" a una situación que ya era crítica. Los manifestantes dirigieron su responsabilidad política hacia el presidente Milei y el ministro Presti, acusándolos de "no tomar las medidas pertinentes con la celeridad necesaria para que el personal bajo su mando no sufra las peripecias actuales".
El costo humano de la burocracia quebrada
La historia de Velázquez no es una excepción sino un síntoma de un mal más profundo. Después de aportar durante casi seis décadas a la obra social, después de cumplir con sus obligaciones como militar y como afiliado, cuando llegó el momento en que más necesitaba del sistema, éste simplemente no estaba allí. Un cáncer avanzado requiere tratamiento continuo, medicamentos costosos, internaciones, seguimiento especializado. La falta de cobertura en estas circunstancias no es un inconveniente administrativo sino una sentencia. El hombre de 77 años, que había vivido los cambios de Argentina en las últimas décadas, decidió que prefería la muerte a la impotencia de estar enfermo sin recursos. La carta que escribió en marzo no fue un acto de impulsividad sino de reflexión amarga: en ella se despedía de un país que, en su percepción, había traicionado a quienes lo defendieron.
Lo que ocurre ahora en OSFA genera una pregunta de fondo que trasciende los números de deuda y los planes de recuperación: ¿qué tipo de contrato social existe entre una nación y sus militares retirados? ¿Cuál es el significado de una promesa de cobertura sanitaria que el Estado no puede —o no quiere— mantener? Los militares, como colectivo, enfrentan particularidades que los distinguen del resto de los ciudadanos. Su labor está definida por el riesgo, por la renuncia de libertades civiles, por la sujeción a regímenes de disciplina que otros sectores desconocen. A cambio, históricamente, se han ofrecido garantías institucionales en áreas como la salud y la jubilación. Cuando esas garantías se desmorona, la deuda contraída no es sólo económica sino moral y política. La muerte de Velázquez es la manifestación más extrema de una ruptura de confianza que se propaga silenciosamente entre los cuarteles.
El futuro entre la incertidumbre y las promesas incumplidas
Las autoridades han anunciado que la recuperación del sistema "llevará su tiempo" y que para completarse es necesario que las fuerzas de seguridad realicen también sus aportes pendientes. Hasta ahora, las contribuciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han permitido reducir la deuda en porcentaje importante, pero los prestadores siguen con cautela. Los pagos que comienzan a realizarse, según se informó, incluyen reintegros a afiliados por servicios ya abonados de su bolsillo, pero estos movimientos de dinero aún no se reflejan en mejoras visibles en la disponibilidad de servicios. En varias jurisdicciones, la normalización es apenas incipiente, parcial y precaria. Mientras tanto, miles de militares retirados y sus familias siguen enfrentando turnos demorados, copagos prohibitivos y la angustia de no saber si la cobertura llegará a tiempo cuando la necesiten.
Las implicancias de esta crisis se despliegan en múltiples direcciones. Por un lado, está el impacto directo en la calidad de vida de decenas de miles de personas que dependen de OSFA para su atención médica. Por otro, existe una dimensión institucional: el debilitamiento de confianza en organismos del Estado y la sensación de que las estructuras castrenses, tradicionalmente significadas por su orden y coherencia, están atravesando turbulencias que erosionan su legitimidad interna. También hay una cuestión de señales políticas: cada demora en la resolución del conflicto, cada cambio de autoridad sin resultados tangibles, cada muerte como la de Velázquez, refuerza la percepción de que la cuestión militar no ocupa un lugar prioritario en las agendas de decisión. Por último, existe la dimensión más amplía sobre el estado del contrato entre el Estado y quienes lo sirvieron: si las promesas de protección social pueden ser incumplidas impunemente durante años, ¿qué ocurre con la confianza que sostiene cualquier relación institucional duradera? Los próximos meses dirán si Plaza y su equipo logran revertir esta tendencia o si, como sus predecesores, terminan siendo una estación más en una travesía que no encuentra su destino.
