A medida que avanzan los procesamientos contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino por irregularidades en materia tributaria, se abre una nueva batalla judicial que podría amplificar significativamente el alcance de las investigaciones. El juez Diego Amarante, responsable de la acusación formal contra el presidente Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero Pablo Toviggino por retenciones de aportes previsionales por más de diecinueve mil millones de pesos, solicitó que bajo su órbita también recaiga la pesquisa vinculada a una propiedad ubicada en Pilar presuntamente vinculada a Toviggino. La petición revela una estrategia procesal de consolidación que busca evitar fragmentación de causas y, potencialmente, accelerar el curso de los procesos judiciales contra los máximos responsables de la institución que rige el fútbol profesional argentino.

El expediente que generó los procesamientos confirmados

La situación actual tiene origen en un complejo expediente penal que investiga presuntas omisiones en el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social. Entre los años 2024 y 2025 se concentran los períodos objeto de análisis, durante los cuales la AFA habría incurrido en incumplimientos reiterados respecto de depósitos de retenciones correspondientes a distintos tributos. Los registros contables que analizan los investigadores revelarían faltantes en conceptos tan variados como el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y las contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social. Esta red de presuntas irregularidades fue lo que llevó a Amarante a formalizar cargos contra ambos dirigentes hace poco tiempo. La Cámara en lo Penal Económico posteriormente validó esa decisión, ratificando el criterio del magistrado de que existía mérito suficiente para continuar con los trámites acusatorios.

Lo que trasciende de los documentos judiciales indica que la retención de fondos públicos destinados a la seguridad social representa una de las acusaciones de mayor envergadura. No se trataría simplemente de retrasos administrativos o errores contables menores, sino de un patrón sistemático de incumplimientos que habría alcanzado sumas considerables. El hecho de que la magnitud de los montos involucrados haya sido público y debatido durante semanas señala la trascendencia que la comunidad jurídica atribuye al caso, más allá de sus implicancias específicas para la institución futbolística.

La estrategia de Amarante: concentración procesal y eficiencia

En su pedido formal presentado ante los tribunales competentes, Amarante argumentó que la concentración de todos los expedientes relacionados ante su juzgado constituiría la solución más adecuada para optimizar recursos materiales y técnicos disponibles. La fundamentación jurídica que esgrimió apunta a evitar duplicaciones innecesarias en la práctica de medidas probatorias y a garantizar de modo efectivo el derecho de defensa de los investigados. Esta argumentación refleja un principio establecido en la legislación procesal penal que favorece la unidad de criterio y la concentración de causas conexas bajo un mismo magistrado, especialmente cuando existe posibilidad de que pruebas, testigos o medidas de investigación se superpongan.

Sin embargo, la petición enfrenta un obstáculo procesal significativo. La causa relativa a la mansión de Pilar se encontraba bajo la jurisdicción de Verónica Straccia, magistrada también especializada en lo penal económico. Además, en las últimas semanas la Cámara en lo Penal Económico debió intervenir para resolver cuestiones de competencia, específicamente después de que otro magistrado federal radicado en Campana, Adrián González Charbay, también planteara argumentos sobre dónde correspondería tramitar ciertos aspectos de la investigación. La Cámara resolvió que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10 debería mantener la causa, racionalizando que ese era el tribunal competente conforme a los criterios de radicación.

El planteo de Amarante se inscribe en una lógica de administración judicial que ha ganado terreno en los últimos años: cuando existe sospecha de que múltiples delitos pueden compartir autores comunes, móviles conexos o pruebas relevantes para varios procesos, resulta más eficiente que un solo juzgador supervise la totalidad del asunto. De esta forma, se evita que un magistrado ordene una pericia contable mientras otro realiza la misma pericia, o que se citen como testigos a las mismas personas para declarar versiones sobre hechos similares en diferentes salas. El ahorro de tiempo y dinero público es innegable, como también lo es la posibilidad de que un mismo tribunal desarrolle una visión integral de la situación.

Las propiedades inmuebles y el interrogante de su origen

La mansión ubicada en Pilar que motiva esta nueva solicitud de investigación forma parte de un interrogante más amplio sobre cómo se financiaron determinados bienes de lujo atribuidos a Toviggino, personaje que durante años operó como hombre de confianza del presidente de la AFA. Los registros públicos, aunque no se especifiquen en detalle en los documentos que trascienden, sugieren una desproporción potencial entre los ingresos declarados por este funcionario y el patrimonio que aparentemente posee. Este tipo de investigaciones, conocidas coloquialmente como análisis de enriquecimiento patrimonial, forman parte de estrategias más amplias de persecución penal cuando existe sospecha de que funcionarios públicos o personas vinculadas a instituciones de relevancia acumularon bienes sin justificación evidente en sus declaraciones tributarias.

La solicitud de Amarante de incorporar este expediente a su despacho sugiere que, al menos desde su perspectiva, existe un nexo causal o probatorio entre los presuntos desvíos de fondos de la AFA y la adquisición de propiedades. Si esa conexión prospera en las próximas etapas del proceso, podría abrir nuevas líneas de investigación que trasciendan el ámbito puramente administrativo o fiscal de la institución futbolística para entrar en territorio de presunto enriquecimiento ilícito o lavado de dinero.

La batalla por la jurisdicción y sus consecuencias

Que múltiples magistrados y cámaras de apelación intervengan en decisiones sobre dónde radica cada causa no es cuestión menor. Refleja que el sistema judicial argentino, aun en sus mecanismos de especialización en lo penal económico, enfrenta desafíos al momento de delimitar claramente los territorios de cada juzgado. Las últimas semanas presenciaron intervenciones del juez González Charbay desde Campana, validaciones de la Cámara en lo Penal Económico y ahora la solicitud de Amarante de absorber más expedientes. Este tránsito de jurisdicciones puede ralentizar procesos o, alternativamente, generar criterios encontrados entre magistrados diferentes.

La decisión que eventualmente adopten las autoridades judiciales competentes tendrá repercusiones variadas. Desde una perspectiva de eficiencia procesal, la concentración bajo Amarante podría acelerar las investigaciones y garantizar coherencia en las medidas probatorias. Desde la óptica de las defensas de Tapia y Toviggino, tal concentración podría interpretarse como un riesgo de que un único juzgador desarrolle visiones prejuiciosas sobre la totalidad del asunto. Desde la perspectiva institucional de la AFA, cada nueva investigación que avanza representa presión adicional sobre una dirigencia que enfrenta escrutinio sin precedentes en los últimos años. La magnitud de los montos involucrados—más de diecinueve mil millones de pesos—y la naturaleza de los fondos presuntamente desviados—aportes de trabajadores y contribuciones de seguridad social—añaden un componente de gravedad que trasciende lo meramente administrativo.

Lo que suceda en las próximas semanas respecto de si se concentran o fragmentan estas causas ofrecerá indicios sobre cómo el sistema judicial argentino está procesando investigaciones complejas que involucran a dirigentes de instituciones de relevancia nacional. La eficiencia, la imparcialidad percibida, los derechos de defensa y la capacidad de esclarecer hechos serán variables que se tensionarán mutuamente conforme avancen los trámites, independientemente de la decisión que finalmente se adopte sobre la jurisdicción competente.