El sistema penal federal enfrenta un nuevo dilema sobre los alcances de la prisión preventiva. Un empresario sometido a arresto domiciliario en el marco de una investigación que involucra a efectivos de seguridad ha presentado un recurso solicitando su liberación inmediata, mientras que la fiscalía se opone al pedido y ahora corresponde a un magistrado resolver sobre la continuidad de la medida coercitiva. El caso despierta interrogantes fundamentales sobre cómo se aplican en la práctica los principios que rigen la detención sin condena y pone de relieve tensiones entre diferentes actores del proceso judicial argentino.
La solicitud llegó ante el tribunal después de que la defensa del imputado presentara un documento extenso ante la Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, en el cual argumentó que su cliente ha respetado todas las imposiciones vigentes desde que obtuvo el régimen de encierro en su domicilio. Según los registros de las autoridades penitenciarias y los sistemas de monitoreo electrónico, no habría incurrido en ninguna irregularidad durante el tiempo que lleva bajo esta medida. Los letrados que lo representan, en un escrito de considerable envergadura, también solicitaron la reducción de las restricciones sobre sus bienes y cuestionaron enérgicamente los fundamentos que mantienen su situación de privación de libertad.
Los argumentos sobre una medida que se desnaturaliza
La línea argumentativa central de quienes defienden al empresario se sustenta en una premisa jurídica de largo recorrido en el derecho comparado: la prisión preventiva constituye una herramienta procesal destinada a garantizar la comparecencia del imputado y evitar la obstaculización de la investigación, no una sanción anticipada. Al respecto, los abogados sostuvieron que cuando una medida de este tipo se prolonga sin justificación concreta, pierde su naturaleza cautelar y adquiere caracteres punitivos. Enfatizaron que su representado permanece como el único acusado sometido a encierro, mientras que otros imputados en la misma causa, incluso exintegrantes de fuerzas de seguridad, transitan el proceso en condición de libertad.
En su argumentación, la defensa desarrolló un análisis minucioso de los informes técnicos. Según documentación del Servicio Penitenciario Federal y las mediciones del monitoreo telemático, el comportamiento del empresario ha sido ejemplar: no ha intentado fugarse, no ha incurrido en conductas que pudieran considerarse obstaculizadoras de la investigación y ha cumplido cada una de las restricciones impuestas sin excepciones. Con base en esto, los letrados cuestionaron la permanencia de la coerción: si los objetivos de seguridad procesal se encuentran garantizados por mecanismos menos intrusivos, ¿cuál es la razón para mantener un encierro domiciliario? En términos procesales, plantearon que existen medidas alternativas igualmente idóneas y menos gravosas que pueden asegurar los fines perseguidos por el derecho penal.
Más adelante, en el mismo escrito, la defensa apuntó contra la postura de la acusación. Con un lenguaje afilado, argumentaron que más allá de los calificativos y adjetivos empleados por la fiscalía, falta un sustrato fáctico concreto. No hay, dijeron, una prueba específica, un acto determinado o una conducta concreta de su cliente que demuestre que intenta interferir en el procedimiento. Lo que existe, sostuvieron, son especulaciones y conjeturas, y en un sistema de garantías como el que la Constitución Nacional establece, no pueden restringirse derechos fundamentales basándose únicamente en suposiciones.
Patrimonio bajo disputa y cambio de domicilio solicitado
Más allá de la cuestión de la libertad, la defensa también presentó un abanico de peticiones vinculadas al patrimonio del imputado. Actualmente, existe un embargo que asciende a $900.000.000, cifra que los abogados consideran desproporcionada. Solicitaron reducirla a $200.000.000 y que este monto se garantice mediante un depósito judicial, permitiendo así el levantamiento de las anotaciones que pesan sobre los inmuebles. Paralelamente, pidieron que se devuelva una caución real de $100.000.000 depositada en febrero de 2025 y que se levante la inhibición general de bienes que actualmente afecta los activos del empresario.
Como propuesta alternativa, en caso de que la solicitud de libertad no prosperara, los abogados plantearon la posibilidad de modificar el lugar donde se cumple el arresto domiciliario. Actualmente, el empresario permanece confinado en un departamento ubicado en Banfield, monitoreado de manera electrónica. Sin embargo, solicitaron autorización para que continúe el cumplimiento de la medida en la vivienda de su pareja, Florencia Epelbaum, que se encuentra en el barrio porteño de Núñez. Esta solicitud incluyó un pedido adicional: mantener bajo reserva la dirección de esa nueva vivienda, probablemente buscando evitar exposiciones mediáticas o de otro tipo.
Adicionalmente, desde la defensa se presentó otro documento en el cual se denunció lo que consideran prácticas irregulares. El empresario alegó filtraciones de información sensible de la investigación y un persistente acoso mediático que caracterizó como "sostenido". Según el planteo, decisiones judiciales y acciones de pesquisa se publican frecuentemente antes de que su defensa sea notificada de las mismas. Este aspecto sugiere una preocupación más amplia: la construcción de lo que la defensa denominó un "juicio paralelo" en el espacio público, que en su perspectiva constituye una "condena anticipada" que afecta el derecho a un juzgamiento justo.
La causa madre de todo este debate tiene sus raíces en un procedimiento que habría ocurrido en el Palacio Duhau, lugar que forma parte de la geografía institucional federal. De acuerdo con lo que sostiene la acusación, en ese operativo habrían participado efectivos policiales que, según la investigación, detuvieron a Francisco Hauque y a su esposa Anahí Aquino luego de un procedimiento en el cual se habría dejado un arma de fuego y aproximadamente dos kilos de cocaína en su poder. La acusación vincula estos hechos a un conflicto de carácter económico: una presunta deuda de seis millones de dólares que habría generado tensiones entre las partes involucradas. El empresario ahora detenido habría estado asociado a este contexto, lo que explica su situación procesal actual.
La resolución que debe tomar el magistrado a cargo del expediente trasciende el caso particular. Cada decisión sobre si mantener, modificar o revocar una prisión preventiva establece precedentes sobre cómo el sistema judicial interpreta el equilibrio entre la seguridad procesal y los derechos individuales. Existen quienes consideran que prolongar una medida de encierro más allá de lo estrictamente necesario constituye una violación de garantías constitucionales, particularmente cuando existen medidas alternativas que cumplen los mismos objetivos. Otros argumentan que en causas complejas que involucran a miembros de fuerzas de seguridad y estructuras de poder, mantener ciertas restricciones es precaución razonable. Lo cierto es que la decisión que adopte el tribunal iniciará un nuevo capítulo en una historia procesal que aún se encuentra en desarrollo, con implicancias que trascienden los intereses individuales de los actores involucrados.
