Lo que tendría que haber sido una formalidad administrativa terminó convirtiéndose en un campo de batalla. El avance de 43 pliegos diplomáticos —correspondientes a ascensos de carrera aprobados por el gobierno de Javier Milei— quedó paralizado en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, y detrás de esa demora asoma una trama de presiones, acusaciones cruzadas y disputas ideológicas que revelan cuánto pesan todavía las lealtades partidarias dentro del servicio exterior argentino. No se trata solo de nombres y rangos: lo que está en juego es quién controla los puestos diplomáticos de mayor jerarquía, y qué peso real tienen los bloques de oposición sobre las decisiones del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.
Un trámite burocrático que se convirtió en batalla política
Los ascensos en cuestión corresponden a los ciclos 2024 y 2025 del escalafón diplomático nacional, y en algunos casos arrastran postergaciones que se remontan incluso a la gestión de Alberto Fernández. Las listas fueron diseñadas durante la gestión del entonces canciller Gerardo Werthein y representan, según reconocen en la propia Cancillería, la herencia que recibió el actual jefe del Palacio San Martín, Pablo Quirno. Dicho de otro modo: Quirno heredó un listado que no armó él, pero que ahora debe defender ante un Senado donde no todos sus aliados están dispuestos a votar sin chistar.
El jueves de la semana pasada, la Comisión de Acuerdos del Senado postergó el tratamiento de los pliegos por falta de consenso. La explicación oficial fue escueta: "No hay acuerdo para todos los nombres". Pero detrás de esa frase simple se esconde una disputa de fondo. Senadores aliados del Ejecutivo —entre ellos radicales, representantes del PRO y legisladores de bloques provinciales— habrían recibido llamados y contactos de embajadores y consejeros que, molestos con la composición de las listas, argumentaron que varios de los propuestos no reunirían los requisitos necesarios para ser promovidos. Desde el radicalismo, sin embargo, el argumento fue más directo: la objeción pasa por el pasado peronista y kirchnerista de algunos de los diplomáticos incluidos. "Hay radicales que llevan seis años sin ningún tipo de promoción", recordaron fuentes de ese espacio, subrayando lo que consideran un desequilibrio histórico en el servicio exterior.
El sistema de ascensos diplomáticos en Argentina está regulado por ley y responde a criterios de antigüedad, evaluación de desempeño y decisión del Poder Ejecutivo. No es, en teoría, un proceso discrecional. El escalafón del servicio exterior tiene una lógica propia que busca estar al margen de los vaivenes políticos, aunque en la práctica las gestiones de turno siempre inclinan la balanza hacia sus propios cuadros. Lo que hace singular este episodio es que la presión no vendría del gobierno hacia el Senado para aprobar los pliegos, sino al revés: desde sectores internos de la propia diplomacia hacia legisladores oficialistas para frenarlos.
Los "doce apóstoles" y la acusación de presiones antéticas
El sindicato que representa a los diplomáticos de carrera, APSEN, no tardó en reaccionar. En una comunicación enviada a sus afiliados, la organización recordó que el procedimiento de ascensos "se encuentra establecido por ley" y advirtió que resulta "improcedente y antiético cualquier accionar que se realice en desmedro del procedimiento previsto en la normativa vigente". Sin nombrar a nadie, el mensaje fue claro: hay funcionarios que estuvieron operando para obstaculizar un proceso legal. Dos fuentes distintas confirmaron que esa presión tiene nombres propios, y que los responsables habrían actuado a través de un chat grupal que reunió a 12 diplomáticos. En el ambiente del Palacio San Martín ya los llaman, con ironía, "los doce apóstoles".
Dos de los señalados como cabezas de ese grupo serían Mario Verón Guerra, actual embajador argentino en Colombia y de orientación radical, y Ariel Campero, agregado cultural en Lima y primo del diputado radical Mariano Campero. Junto a otros diez diplomáticos, habrían cuestionado a varios de sus pares incluidos en la lista y logrado, al menos por ahora, frenar los tiempos del proceso. Los señalados, por supuesto, niegan. "No tengo información sobre eso, y no integro la junta calificadora", respondió uno de ellos. Otro fue más contundente: "No tenemos poder para parar una tanda de ascensos", dijo, y aprovechó para criticar la comunicación de APSEN. También remarcó, en un dato que no es menor, que "en la lista de propuestos no hay un solo radical". Esa ausencia —real o percibida— parece estar en el centro del conflicto.
Entre los diplomáticos que sí figuran en la lista y que despiertan las objeciones más fuertes se encuentran Santiago Villalba Díaz, cónsul en Nueva York designado durante la gestión de Fernández; Juan Manuel Cortelleti, jefe de la misión diplomática argentina en Estados Unidos; y Pablo Deangelis, quien fue designado en Brasil durante el período en que el actual secretario de Turismo, Daniel Scioli, era embajador en ese país. Por el contrario, la lista también incluye a varios colaboradores directos del canciller Quirno: el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro; y el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi, todos con trayectorias que atravesaron distintos gobiernos.
La salida negociada y lo que viene
Para destrabar la situación, Quirno y la senadora Patricia Bullrich —principal referente legislativa de La Libertad Avanza en la Cámara alta— habrían llegado a una fórmula de compromiso. La propuesta consistiría en aprobar una primera parte de los pliegos durante esta semana, dejando una segunda tanda para un momento posterior, en paralelo con el avance del listado de ascensos correspondiente a 2026. Desde el entorno de Bullrich, también presidenta del bloque libertario en el Senado y colaboradora estrecha del titular de la Comisión de Acuerdos, el riojano Juan Carlos Pagotto, el optimismo era visible: "Está todo bastante arreglado", deslizaron allegados a la senadora.
La negociación implica que no habrá cambios en los nombres propuestos —algo que Quirno dejó en claro desde el inicio—, pero sí en los tiempos. Es una concesión menor en la forma, pero que en la práctica le da a los sectores críticos una pequeña victoria simbólica: la de haber forzado al menos una pausa. Para los 43 diplomáticos que esperan su ascenso, muchos de ellos desde hace años, cada semana de demora tiene consecuencias reales: afecta el cálculo de haberes, los destinos posibles y la proyección de sus carreras. El servicio exterior argentino tiene una historia larga de profesionales formados que terminaron pagando el costo de los enfrentamientos políticos entre sus superiores.
Este episodio dice mucho más de lo que parece a primera vista. Muestra que la disputa entre peronismo y radicalismo no quedó en las urnas ni en el Congreso: penetró hasta los pasillos de las embajadas y los consulados. Muestra también que el gobierno de Milei, pese a su retórica rupturista, navega el mismo pantano de lealtades y resistencias internas que caracterizó a todas las administraciones anteriores. Y revela que el servicio exterior —un cuerpo que se supone técnico y profesional— sigue siendo terreno fértil para la disputa facciosa. Si la solución negociada se concreta esta semana, el capítulo quedará cerrado provisoriamente. Pero la lógica que lo produjo seguirá intacta. La pregunta real no es quién gana esta pulseada, sino cuándo vuelve a repetirse.
