Durante años, las instituciones de seguridad han reaccionado cuando el acto terrorista ya estaba consumado o próximo a ocurrir. Las investigaciones llegaban tarde, la violencia ya había sucedido, y el sistema judicial se limitaba a procesar hechos consumados sin poder prevenir lo inevitable. Esa realidad acaba de cambiar de manera sustancial. La Procuración General de la Nación, bajo liderazgo del procurador Eduardo Casal, ha puesto en circulación un instrumento sin precedentes en el país: una guía exhaustiva destinada a identificar y perseguir actividad terrorista en sus fases iniciales, mucho antes de que se concrete cualquier operación violenta. El documento representa un giro fundamental en la estrategia estatal frente al fenómeno del terrorismo, proponiendo que fiscales, magistrados y fuerzas de seguridad abandonen la práctica de tratar como episodios desconectados lo que en realidad constituye una secuencia lógica e identificable.
El trabajo fue elaborado colaborativamente por dos áreas especializadas: la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, bajo dirección de Juan Manuel Olima, y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, conducida por el fiscal federal Santiago Marquevich. Su título oficial es "Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque", y su contenido revela un análisis pormenorizado de cómo operan las estructuras extremistas para captar, adoctrinar y mobilizar a sus miembros. Más allá de ser un simple compendio de procedimientos, representa la cristalización de investigaciones anteriores y el reconocimiento institucional de que existe una cadena predecible de eventos que anteceden a la violencia extrema. Los autores del documento sostienen una premisa que desafía la visión convencional: esperar a que un ataque sea inminente o ya haya ocurrido para intervenir penalmente no solo resulta inefectivo desde la perspectiva preventiva, sino que constituye una forma de negligencia institucional.
El ciclo del terror: escalones identificables hacia la violencia
Uno de los conceptos centrales que estructura la guía es el de "ciclo terrorista". Según esta construcción analítica, el atentado violento no surge del vacío ni representa un acontecimiento aislado, sino que constituye el último eslabón de una cadena que incluye múltiples fases identificables. Estas comprenden la radicalización del discurso, el reclutamiento sistemático de nuevos adeptos, su formación ideológica e instrumental, la financiación de operaciones, la logística necesaria para ejecutar planes, y finalmente la explotación mediática del hecho consumado. Esta perspectiva tiene profundas implicancias investigativas: si cada fase es distinguible, entonces existe una ventana de oportunidad para que el aparato estatal intervenga en momentos previos a la materialización de la violencia.
La guía desagrega este proceso en cinco escalones progresivos, cada uno con indicadores específicos que permiten su identificación. El primero de ellos aborda las teorías conspirativas y la polarización social, fenómeno que se ha expandido considerablemente en las últimas décadas con la proliferación de plataformas digitales y la fragmentación del ecosistema informativo. Este nivel incluye la adhesión a explicaciones alternativas sin fundamento empírico, la propagación de discursos de odio, el rechazo sistemático hacia grupos considerados enemigos, y la erosión de confianza en instituciones democráticas. Los fiscales hacen una distinción crucial: la crítica institucional es un derecho protegido por libertad de expresión, pero cuando esa crítica se combina con llamados explícitos a desconocer el orden democrático o reemplazar instituciones por mecanismos coercitivos, se traspasa una línea de alerta.
Plataformas digitales como espacios de captación: Roblox, Minecraft y los canales privados
Un apartado particularmente revelador del documento se centra en cómo videojuegos de alcance masivo se han convertido en espacios de vulnerabilidad. La guía es explícita: Roblox y Minecraft, junto con sistemas de chat de voz integrados, servidores privados y canales de streaming, han sido identificados por grupos extremistas como territorios propicios para la identificación y captura de menores susceptibles. Es importante subrayar que el documento no criminaliza estos espacios en sí mismos; simplemente reconoce que determinadas organizaciones han advertido y explotado su potencial. El mecanismo de reclutamiento opera de manera gradual y sofisticada. Los captadores inicialmente identifican a jóvenes que exhiben patrones de aislamiento social, autoestima disminuida, sentimientos de frustración, necesidad de reconocimiento o dependencia emocional respecto de comunidades virtuales. Las interacciones comienzan de forma superficial, relacionadas con dinámicas del juego en cuestión, pero evolucionan progresivamente hacia conversaciones de contenido político, ideológico o vinculado a identidades grupales.
Una vez que la relación de confianza se ha establecido mediante la experiencia compartida de juego, los reclutadores proceden a trasladar a los menores hacia plataformas de comunicación más cerradas: Discord, Telegram o foros privados de acceso restringido. En estos espacios, la exposición a propaganda y contenido extremista se vuelve sistemática y no mediada por algoritmos de moderación pública. El documento subraya que este desplazamiento de plataformas no es accidental; representa un escalamiento deliberado en el proceso de indoctrinación. Mientras que las redes abiertas como YouTube, Instagram o X cuentan con sistemas de moderación activa, los canales cifrados de Telegram o Signal, así como foros anónimos del tipo 4chan u 8Kun, ofrecen niveles significativamente superiores de privacidad y ausencia de supervisión. Esta característica de las plataformas elegidas constituye en sí misma un indicador: la migración hacia canales privados puede señalar estadios más avanzados en el proceso radicalizador.
Los factores psicosociales que generan susceptibilidad a la captación extremista fueron mapeados por los investigadores. El documento no establece un perfil unívoco del individuo vulnerable; de hecho, afirma explícitamente que es imposible predecir quién será el próximo atacante basándose únicamente en características demográficas como edad, sexo, etnia, ideología o posición socioeconómica. Sin embargo, sí identifica condiciones emocionales y situacionales que aumentan la probabilidad de adhesión: la vivencia de injusticia, traición o humillación; la búsqueda de sentido o propósito existencial; la vulnerabilidad emocional derivada de pérdidas, traumas o marginalización social; y cambios abruptos en hábitos, rutinas o estilos de vida. Estos factores no son estáticos; interactúan dinámicamente y pueden ser exacerbados o mitigados según circunstancias ambientales y relacionales.
El segundo escalón identificado en la progresión radicalizadora es la identificación con ideologías extremistas. En esta fase, los individuos comienzan a adoptar símbolos, emblemas y consignas característicos de grupos extremistas. Esta adopción puede manifestarse en imágenes de perfil, selección de banderas, tatuajes, hashtags utilizados, creación de memes o utilización de frases codificadas. Un patrón conductual reiterativo que los investigadores han detectado en numerosas causas es la incorporación de simbología en cuentas de servicios digitales. Ejemplo paradigmático es la utilización de direcciones de correo electrónico como 1488@gmail.com, donde el número 1488 constituye un código compartido por grupos neonazis y otras organizaciones extremistas para expresar su ideología de manera cifrada. Similarmente, se han documentado casos de direcciones que evocan explícitamente a los autores de masacres históricas, como la ocurrida en Columbine hace más de dos décadas. Durante esta fase, el individuo consume propaganda de manera sistemática, participa en grupos y canales que promueven ideologías extremistas, y desarrolla justificaciones para la violencia junto con una intolerancia absoluta hacia los considerados adversarios, proceso frecuentemente acompañado por dehumanización del oponente.
El tercer nivel es categorizado como escalada discursiva, fase que precede inmediatamente a la posibilidad de movilización operativa. Aquí ocurre una transformación progresiva en la manera de expresarse: discursos que originalmente eran ambiguos o indirectos evolucionan hacia formulaciones concretas, explícitas e emocionalmente intensas. Las referencias se vuelven recurrentes respecto de castigos, eliminación de grupos objetivo, purificación, guerra, resistencia o venganza. La manifestación de arrebatos de ira comienza a acompañarse de invitaciones explícitas o implícitas a confrontación violenta contra familiares, amigos, miembros de la comunidad o figuras de autoridad. Una conducta particularmente relevante documentada en múltiples casos es la producción y difusión de fotografías o videos del sujeto portando armas o elementos asociados simbólicamente a organizaciones terroristas, especialmente cuando estos materiales van acompañados de amenazas específicas.
El cuarto y final escalón del continuo radicalizador es la movilización hacia el ataque. Los cinco indicadores clasificados como críticos en esta fase son: integración del individuo en células u grupos operativos concretos, recepción de instrucciones específicas para actuar, planificación y ensayo de operaciones violentas, elaboración de mensajes de despedida o cierre, y eliminación de rastros tanto digitales como físicos. En este punto aparece el fenómeno conocido entre investigadores como "fuga verbal" (leakage en terminología anglosajona): comunicaciones parciales, directas o indirectas, en las que el sujeto revela sus intenciones futuras, frecuentemente a través de códigos que solo ciertos grupos pueden descifrar.
Los "actores solitarios" y sus características: una tendencia global alarmante
Un dato incorporado por los fiscales que contextualiza la gravedad del fenómeno proviene del Terrorism Global Index 2026. Según este análisis, en los últimos cinco años, los denominados "actores solitarios" han perpetrado el 93% de los ataques terroristas fatales ocurridos en contextos occidentales. Aún más preocupante es que estos individuos que actúan de manera aislada tienen tres veces más probabilidades de éxito que grupos conformados por dos o más personas. Esta estadística tiene implicancias investigativas significativas: los patrones tradicionales de vigilancia y desarticulación de células y redes criminales resultan menos efectivos cuando se trata de sujetos que operan sin vínculos organizacionales explícitos. El desafío preventivo se multiplica cuando la amenza puede provenir de individuos sin afiliación formal a ninguna estructura, cuyas comunicaciones pueden ser fragmentarias y cuya planificación ocurre de manera aislada.
La guía incorpora un componente lexicográfico de considerable valor investigativo: un glosario destinado a que fiscales, jueces y fuerzas de seguridad puedan decodificar el lenguaje cifrado que circula en plataformas digitales. Términos como 88, 1488, "Great Replacement" o "White Genocide" remiten al ecosistema del supremacismo blanco; expresiones como ER, Red Pill, Chad, Stacy o Foids pertenecen a la subcultura incel; palabras como Shahid, Kuffar o Mujahiddin están asociadas al extremismo yihadista. La posibilidad de que investigadores comprendan este lenguaje codificado resulta fundamental para identificar contenido extremista que podría pasar desapercibido para observadores no especializados.
Un aspecto que los autores enfatizan es que la asignación de niveles de riesgo no constituye un mecanismo de atribución de responsabilidad penal ni implica imputación formal de delitos. La valoración de indicadores, subrayan explícitamente, debe ser contextual, proporcional y acumulativa; ningún indicador aislado es suficiente para fundamentar una acción penal. Esta salvaguarda es crucial desde la perspectiva de derechos fundamentales: el objetivo es identificar situaciones de riesgo sin convertir la prevención en un instrumento de persecución arbitraria.
Para abordar estos casos de manera integral, la guía recomienda un abanico de técnicas y enfoques investigativos que incluyen: inteligencia financiera que rastreé flujos de recursos, investigación digital exhaustiva, vigilancia y seguimiento de sujetos de interés, análisis de fuentes abiertas disponibles en internet, técnicas especiales de investigación autorizadas por autoridades competentes, recolección de evidencia física y análisis forense, así como entrevistas e interrogatorios conducidos conforme a protocolos legales establecidos.
Implicancias institucionales y perspectivas divergentes
La publicación de este instrumento genera múltiples escenarios posibles con consecuencias de largo alcance. Desde una óptica preventiva-securitaria, la guía representa un avance significativo en la capacidad estatal para anticipar y desarticular operaciones terroristas en fases tempranas, potencialmente salvando vidas y reduciendo el impacto de actos violentos. La estructuración del "ciclo terrorista" ofrece a investigadores un marco interpretativo que facilita la identificación de amenazas incipientes que de otra manera permanecerían invisibles en el sistema de justicia penal tradicional. Desde esta perspectiva, instrumentos como este resultaban no solo convenientes sino urgentes.
Sin embargo, desde enfoques centrados en derechos y libertades civiles, la guía plantea interrogantes sobre posibles usos discriminatorios o desproporcionados. La capacidad de identificar patrones de radicalización, si no se ejercita con rigor y proporcionalidad, podría derivar en vigilancia extensiva de grupos minoritarios o en criminalización de expresiones políticas legítimas. El documento intenta prevenirse de este riesgo mediante aclaraciones sobre la protección de la crítica institucional, pero la brecha entre teoría normativa e implementación práctica es frecuentemente considerable. La formación de investigadores, jueces y fiscales en la aplicación de estos criterios será determinante para que el instrumento cumpla sus objetivos preventivos sin convertirse en mecanismo de represión política encubierto. El contexto global de polarización política y fragmentación social amplifica estos riesgos potenciales, en la medida que los criterios para distinguir "crítica legítima" de "discurso radicalizador" pueden variar según conveniencia política de autoridades.
La identificación de videojuegos y plataformas de comunicación privadas como espacios de reclutamiento también abre debates sobre responsabilidad de las empresas proveedoras de estos servicios. ¿Deben estas compañías implementar sistemas más restrictivos de moder
