La batalla política se trasladó nuevamente a los estrados judiciales bonaerenses. En un movimiento que refleja la creciente polarización sobre políticas de seguridad, la rama libertaria que controla la provincia anunció que impulsará un procedimiento de destitución contra la magistrada Marta Elba Pascual, quien tomó la decisión de paralizar temporalmente la aplicación de una norma que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un menor puede ser procesado penalmente. Lo que sucedió en las últimas horas es sintomático de cómo los conflictos sobre legislación criminal se resuelven cada vez más en tribunales que en espacios deliberativos, y refleja el quiebre institucional que atraviesa la gestión de la seguridad pública en el territorio bonaerense. La medida judicial, adoptada el lunes pasado, dejó en suspenso durante 60 días la implementación de la Ley 27.801, que había comenzado a regir a nivel nacional hace poco más de una semana.
El fallo que encendió el conflicto
La jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, tomó una decisión que desembocó en este escenario de enfrentamiento. Hizo lugar a un recurso de protección constitucional de carácter preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización conducida por el sacerdote Pepe Di Paola, figura reconocida por su trabajo en territorios vulnerables. La jueza fundamentó su resolución señalando que la provincia no cuenta actualmente con las condiciones infraestructurales, institucionales y de recursos humanos indispensables para albergar a menores en este sistema bajo los parámetros que establece el derecho internacional sobre protección de la infancia. Esta evaluación desencadenó una reacción inmediata del establishment político libertario provincial, que ve en la decisión un obstáculo para implementar su agenda de endurecimiento penal.
La suspensión implica que el Poder Ejecutivo bonaerense deberá comparecer ante la justicia el próximo 16 de septiembre para exponer qué acciones concretas ha adoptado en materia de adecuación de infraestructuras y preparación de personal especializado. Hasta ese momento, los menores de 14 años seguirán siendo procesados bajo el régimen anterior, que los eximía de responsabilidad penal. Para quienes impulsan la baja de edad, este aplazamiento representa una derrota temporal que no están dispuestos a tolerar sin respuesta.
La ofensiva desde el oficialismo
Sebastián Pareja, figura central en la estructura de La Libertad Avanza en Buenos Aires y cercano a Karina Milei, encabeza la estrategia de contraataque. Pareja es quien dirige, junto a un equipo de asesores políticos y técnicos, la iniciativa para impulsar un juicio político contra la magistrada. En declaraciones públicas, Pareja cuestionó profundamente la legitimidad de la decisión judicial, argumentando que la jueza actúa al servicio de intereses políticos tradicionales bonaerenses y no en función de criterios jurídicos objetivos. Según su perspectiva, la magistrada intenta frenar una ley que obtuvo respaldo legislativo a través de procesos democráticos en el Congreso Nacional.
Las críticas del sector oficialista se concentran en dos ejes. Primero, rechazan la evaluación sobre las condiciones edilicias como una "excusa" para liberar delincuentes. Pareja sostiene que siempre existirán argumentos para no implementar políticas de seguridad más rigurosas, y que el verdadero problema de la inseguridad en Buenos Aires proviene precisamente de este tipo de obstáculos judiciales que, en su lectura, protegen a los infractores. Segundo, cuestionan la independencia de la jueza, sugiriendo que responde a los intereses del gobernador bonaerense y que su rol debería ser simplemente aplicar la ley, no interpretarla en función de consideraciones políticas sobre derechos.
Carlos Curestis, quien preside el bloque de senadores libertarios bonaerenses, sumó su voz a esta ofensiva. Curestis afirmó que la decisión judicial expone claramente de qué lado se coloca la magistratura penal bonaerense: del lado de lo que él define como la impunidad de delincuentes. En su análisis, la Justicia local garantiza mediante este tipo de fallos la continuidad de estructuras que favorecen la criminalidad. Esta caracterización del fallo como "pro delincuente" se convirtió en el marco narrativo central desde el cual el oficialismo construye su estrategia de destitución.
Las capas del conflicto
Lo que ocurre en Buenos Aires va más allá de un desacuerdo sobre una norma específica. Representa un choque de visiones sobre cómo debe funcionar la separación de poderes en contextos donde la seguridad es un tema central de disputa política. El gobierno libertario provincial entiende que la Justicia no debería interferir en decisiones legislativas ya sancionadas, especialmente cuando se trata de materia penal. La postura es que una vez que una ley fue votada democráticamente, los tribunales deben aplicarla sin dilaciones ni cuestionamientos sobre sus condiciones de implementación.
Por otro lado, la decisión de la jueza Pascual se inscribe en una tradición jurisprudencial que prioriza el resguardo de derechos fundamentales por encima de mandatos legislativos. La idea de fondo es que la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos de la infancia establecen umbrales mínimos que no pueden ser transgredidos, incluso si una ley así lo dispone. El hábeas corpus colectivo utilizado como herramienta es una institución clásica del derecho argentino que permite cuestionar la legalidad de actos que afecten a grupos vulnerables. La Federación Familia Grande presentó el recurso argumentando que los menores de 14 años constituyen una población que requiere protección especial bajo el sistema internacional de derechos humanos.
Simultáneamente, otra denuncia penal contra la magistrada fue presentada por Usina de Justicia, una asociación civil, que apunta a Pascual por delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Esta acción paralela busca avanzar en la órbita penal aquello que se intenta conseguir también a través del juicio político. La multiplicación de mecanismos de presión contra la jueza refleja la determinación del sector oficial de remover los obstáculos judiciales que enfrentan.
Contexto normativo y antecedentes
La Ley 27.801 que modifica la edad de imputabilidad fue aprobada por el Congreso Nacional como parte de un paquete de medidas de seguridad impulsado por la administración nacional. La norma entró en vigencia nacional el 5 de septiembre pasado, pero su aplicación en Buenos Aires quedó en suspenso por decisión judicial. Históricamente, Argentina ha mantenido la edad de imputabilidad en 16 años desde hace décadas, lo que significa que menores de esa edad no pueden ser responsabilizados penalmente por sus actos. La reducción a 14 años representa un cambio significativo en la política criminal del país, alineado con propuestas de endurecimiento que han ganado espacio en el debate público, especialmente en contextos donde la seguridad es percibida como una crisis.
La tensión entre seguridad y derechos de la infancia no es nueva en la región. Varios países latinoamericanos han experimentado debates similares, con resultados diversos. Argentina, por su parte, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, lo que implica compromisos internacionales sobre cómo el Estado debe tratar a menores en conflicto con la ley. La suspensión ordenada por Pascual se basa precisamente en la evaluación de que la provincia no cumple con estos estándares internacionales en materia de infraestructura y personal capacitado.
Perspectivas sobre las consecuencias
El resultado de este conflicto entre poderes puede tener múltiples desenlaces. Si prospera el juicio político y Pascual es destituida, se abriría un precedente significativo sobre la capacidad del Ejecutivo-Legislativo de remover jueces que toman decisiones contrarias a su agenda, lo que podría debilitar la independencia judicial en la provincia. Alternativamente, si la magistrada se mantiene en su cargo, ello reafirmaría el rol de la Justicia como contrapeso institucional, aunque podría profundizar el conflicto con el gobierno. Un tercer escenario contempla que el Poder Ejecutivo presente ante el tribunal evidencia de haber adoptado medidas suficientes para adecuar infraestructuras, lo que permitiría la implementación de la ley sin necesidad de destituir a la jueza. Cada uno de estos caminos posibles tiene implicancias distintas para la gobernanza democrática, la seguridad pública y la protección de derechos en la provincia más poblada del país.
