El pabellón de Villa Rosa, ubicado en los alrededores de Pilar, vuelve a ocupar el centro de una investigación compleja que salpica a las más altas esferas de la dirigencia del fútbol argentino. Lo que comenzó como un interrogante sobre la verdadera propiedad de un inmueble se transformó en una pesquisa que traza conexiones entre activos inmobiliarios, transferencias internacionales de fondos y autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. La restitución del expediente al juzgado de Campana marca un nuevo capítulo en una causa que ha transitado múltiples jurisdicciones en menos de un año, generando debates sobre competencia y alcance de las investigaciones en materia de presuntos delitos económicos vinculados al deporte.
Los acusados y el esquema que se investiga
En el banquillo de los imputados figuran dos personas: Ana María Conte, una jubilada, y su vástago Luciano Pantano, quien opera como monotributista. Ambos aparecen como propietarios formales de Real Central SRL, la sociedad que ostenta la titularidad del predio que hoy ocupa la atención judicial. Sin embargo, según las hipótesis que maneja el sistema de justicia, estos dos sujetos funcionarían como pantalla: la tesis central es que no serían los verdaderos dueños, sino intermediarios que responden a intereses de personajes situados en posiciones de poder dentro de la estructura dirigencial de la AFA.
La denuncia que encendió las alarmas provino de sectores opositores que señalaron indicios de lavado de fondos. Lo que distingue este caso de otras pesquisas es la cantidad de hilos que se entrecruzan. El expediente no se circunscribió a la cuestión de quién es dueño de una propiedad, sino que absorbió investigaciones paralelas vinculadas con contratos que la AFA celebró con sociedades comerciales. Entre esos acuerdos figura el que mantiene con TourProdEnter, una entidad radicada en los Estados Unidos. Esta última empresa fue responsabilizada por recaudar los ingresos que genera la asociación de fútbol en el mercado internacional. Los registros bancarios de jurisdicción estadounidense revelan que TourProdEnter movilizó al menos US$260 millones en su operatoria. De ese caudal, US$57 millones fueron transferidos a otras sociedades domiciliadas en Miami, entidades que carecen de plantilla de empleados o de actividades que pudieran verificarse sobre el terreno.
El rol de las figuras de la AFA bajo sospecha
La sombra que recae sobre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, es quizás la más densa en este entramado. Los investigadores encontraron dentro del predio de Pilar un bolso que contenía su nombre estampado, así como una placa de reconocimiento del club Barracas Central que le rendía homenaje. Estos objetos no son meras anécdotas: funcionan como evidencia material de una presencia o vinculación con el lugar que trasciende lo accidental. Toviggino ha negado de manera categórica cualquier responsabilidad o conexión con los hechos investigados. Sin embargo, la pesquisa ha documentado un movimiento bancario que resulta particularmente revelador: TourProdEnter giró US$40.000 hacia la cuenta de María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino, el 30 de diciembre de 2024.
En cuanto a Claudio Tapia, presidente de la institución deportiva, no figura en el acta de imputados pese a que los indicios señalan con insistencia hacia él. La denuncia original apuntaba específicamente a la AFA como entidad y a sus máximas autoridades. El análisis de los bienes que se presume fueron adquiridos con fondos sustraídos de las arcas de la asociación incluye no solo el inmueble de Pilar, sino también otros activos: se investiga si vehículos y equinos fueron financiados mediante dinero que correspondia legítimamente a la AFA. Este aspecto amplía considerablemente el radio de acción de la causa y sugiere un patrón de desvío de recursos que iría más allá de transacciones aisladas.
La red de empresas que aparece en los documentos presenta características que despiertan interrogantes. El mismo inmueble de Pilar figuró en el pasado a nombre de la firma Malte antes de ser transferido a Real Central. A su vez, ambas sociedades han sido propietarias de un departamento ubicado en Belgrano, específicamente en el corazón del barrio porteño, que ocupa un área de 217 metros cuadrados. Ese inmueble fue adquirido originalmente en 2020 por Sartirana, quien posteriormente lo vendió a SOMA SRL, una entidad de la que resultó accionista Darío Fabián Toviggino. Desde allí, el dominio pasó a Malte y luego a Real Central. Este derrotero inmobiliario dibuja un patrón de transferencias que mantiene los activos dentro de un círculo cerrado de operadores, lo que refuerza las sospechas sobre el propósito de la estructuración societaria.
El laberinto procesal: cambios de jurisdicción y pugnas por competencia
La trayectoria que ha recorrido este expediente por los estrados judiciales no es menor. El expediente ha pasado por las manos de Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia, acumulando cambios de jurisdicción que dan cuenta de la complejidad de definir dónde debe tramitarse. El primer movimiento visible ocurrió en diciembre, cuando Rafecas dispuso el allanamiento del predio de Pilar. Poco tiempo después, la Cámara Federal ordenó el traspaso del asunto al fuero penal económico, donde Aguinsky lo recibió. La pugna jurisdiccional comenzó cuando González Charvay, desde Campana, solicitó que la causa llegara a su despacho, pero Aguinsky se resistió. Intervino entonces la Cámara Federal de San Martín, que falló en favor de González Charvay. Este último juez manejó el expediente hasta mayo, período durante el cual incorporó la causa que investigaba los movimientos de TourProdEnter, siguiendo pistas que remontaban a las transacciones de Luis Armella.
Sin embargo, los conflictos por competencia persistieron. La Sala de Casación, con participación determinante de Mariano Borinsky, cedió la decisión a la Cámara de Penal Económico, que resolvió que la jueza Straccia asumiera el control del expediente. Pero esta decisión tampoco resultó final. Los abogados de los acusados insistieron en que el caso retornara a González Charvay, y hoy la Casación se expidió favorablemente, nuevamente con los votos de Borinsky y Diego Barroetaveña. Este peregrinar judicial no es un detalle administrativo: refleja tensiones sobre el alcance y la jurisdicción de investigaciones que involucran a personajes prominentes y que atraviesan múltiples competencias: penal, tributaria e internacional.
Las capas adicionales: evasión tributaria y lavado de dinero
Paralelo a la pesquisa sobre la quinta de Pilar, existen otras causas que se entrelazan y que amplifican las sospechas. Tapia y Toviggino están procesados en una investigación por presunta evasión tributaria que lleva adelante Diego Amarante, juez del fuero penal económico. La acusación apunta a no haber cancelado, en los plazos debidos, más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales. Esta denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Amarante había solicitado que el expediente de la quinta fuera incorporado a su causa, pero no consiguió ese objetivo, dejando así dos líneas de investigación que corren de manera paralela sin fusionarse.
Desde Santiago del Estero, el fiscal federal Pedro Simón ha tomado una postura más agresiva: solicitó las detenciones preventivas de Tapia y Toviggino en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La Justicia desestimó estos pedidos. Según el planteo del fiscal santiagueño, ambos funcionarios habrían incurrido en operaciones de blanqueo de capitales que provendrían de tres vertientes distintas: primero, una defraudación perpetrada en contra de la AFA misma; segundo, evasión impositiva facilitada mediante la emisión de facturas que no corresponden a operaciones reales; y tercero, incumplimiento en la obligación de liquidar divisas adquiridas en el mercado informal. La Cámara Federal de San Martín aún debe definir en qué jurisdicción se tramitará esta causa particular.
Implicancias y perspectivas sobre lo que se avecina
El retorno del expediente a Campana abre un nuevo período en una investigación que ha generado considerable turbulencia en el ecosistema del fútbol profesional argentino. Las acusaciones, de prosperar, implicarían que recursos que deberían haberse destinado a la operación de la AFA y al desarrollo de disciplinas deportivas habrían sido desviados hacia adquisiciones de bienes personales y operaciones financieras en jurisdicciones extranjeras. La dimensión de los montos involucrados —especialmente los más de US$260 millones manejados por TourProdEnter— sugiere que, de confirmarse irregularidades, estaríamos ante uno de los casos más significativos de desvío de fondos en la historia institucional del fútbol argentino. Algunos observadores sostienen que esto podría generar cambios en los mecanismos de control y auditoría dentro de la AFA; otros advierten que las complejidades jurisdiccionales podrían dilatar indefinidamente una resolución; también hay quienes enfatizan que las defensas de los imputados mantienen la presunción de inocencia y que las pruebas aún están siendo evaluadas. Lo cierto es que los próximos pasos que tome González Charvay definirán si esta investigación avanza hacia acusaciones formales o si se disipan las sospechas que hoy envuelven a las autoridades de la institución deportiva.
