La gestión que comenzó hace poco más de un año en la Casa Rosada descansa sobre un supuesto que atraviesa también gobiernos anteriores pero que nunca se manifestó con tanta intensidad: que administrar un Estado es equivalente a aplicar una fórmula de laboratorio, donde cada variable responde mecánicamente a los estímulos programados. El problema no radica en la formula misma, sino en que los redactores de ese programa ignoran deliberadamente que la vida pública no funciona bajo campanas de vidrio. Existen fuerzas que no se controlan fácilmente: rivalidades de poder, intereses corporativos, comportamientos humanos impredecibles. Y existe, sobre todo, un obstáculo de proporciones casi insalvables: la necesidad de que esa receta sea aceptada por millones de personas que no tienen por qué creerla.

Aquí reside la verdadera encrucijada. En un sistema democrático, ningún conocimiento técnico por brillante que sea logra transformarse en política pública sin antes obtener un nivel mínimo de consentimiento social. La cadena que une la teoría económica con su implementación real atraviesa un territorio que no es científico sino eminentemente político. Y ese es precisamente el terreno donde la actual administración comienza a mostrar grietas profundas. Mientras los funcionarios del área económica permanecen convencidos de la corrección de sus principios teóricos, las encuestas revelan un dato que no puede ser ignorado: casi dos de cada tres ciudadanos rechaza la política económica en vigencia. Ese porcentaje no fluctúa por capricho sino que refleja una experiencia cotidiana cada vez más adversa.

El cambio de prioridades que nadie esperaba

Cuando la actual administración asumió el poder hace aproximadamente trece meses, la preocupación mayoritaria de los ciudadanos giraba en torno a la inflación descontrolada. Ese fue el enemigo público número uno que justificó la llegada de un candidato con propuestas radicales. Sin embargo, los estudios de percepción social más recientes revelan un reordenamiento dramático de las prioridades. La inflación sigue siendo un problema, pero ya no concentra la ansiedad de la población de la forma que lo hacía. Hoy apenas el 19 por ciento de los consultados identifica a la economía en general como el obstáculo principal que enfrenta el país. Detrás de esa cifra se encuentran otros problemas que ganaron protagonismo: la corrupción con el 16 por ciento de menciones, los bajos salarios con 13 por ciento y el desempleo con 12 por ciento.

Este cambio de agenda representa un logro relativo pero también una trampa política. El Gobierno logró reducir la inflación, un objetivo que era considerado prácticamente inalcanzable. Pero ese éxito se consiguió al precio de deteriorar otras dimensiones de la vida económica que ahora ocupan el centro de la preocupación social. El dilema que enfrenta la actual administración es si posee la flexibilidad necesaria para reorientar su estrategia hacia estas nuevas prioridades sin abandonar el eje que las generó: el control fiscal. La evidencia hasta el momento sugiere que esa adaptación resulta extraordinariamente difícil para un equipo de gobierno que interpreta su rol como la aplicación sistemática de un programa sin variaciones.

El dinero que desaparece de los bolsillos

Existe un indicador que los especialistas en comportamiento electoral consideran prácticamente determinante: el movimiento del poder adquisitivo real de los salarios. Cuando las personas pueden mantener o aumentar su capacidad de compra, la disposición a castigar al gobierno disminuye considerablemente. Cuando ocurre lo contrario, los votos se desplazan buscando alternativas. Los datos disponibles muestran una relación casi perfecta: entre quienes debieron reducir sus consumos por falta de ingresos, el 79 por ciento manifiesta oposición al gobierno. En cambio, solo el 25 por ciento de quienes no enfrentaron restricciones presupuestarias expresa simpatía con la administración actual.

El deterioro del poder adquisitivo obedece a múltiples causas que operan simultáneamente. La primera es la política deliberada de contención salarial, que forma parte de cualquier plan de estabilización: el Ministerio de Economía busca que los aumentos de salarios corran por debajo del ritmo de la inflación para generar un ajuste de precios reales. Pero existe una segunda causa que resultó menos visible pero más destructiva: el aumento acelerado de los servicios públicos. Durante décadas, la electricidad, el gas y el agua estuvieron artificialmente subsidiados por el Estado, lo que generaba un déficit fiscal permanente. La actual administración, obsesionada por el equilibrio de las cuentas públicas, decidió transferir esa carga directamente a los usuarios mediante un aumento de tarifas sin precedentes.

Las cifras crudas reflejan esta transformación. Entre noviembre y diciembre de 2023, los servicios públicos representaban aproximadamente el 6 por ciento del salario promedio registrado. En julio de 2024, ese porcentaje se había triplicado hasta alcanzar el 15 por ciento. Esto significa que una parte cada vez mayor del ingreso de las personas se destina simplemente a mantener suministros básicos. El efecto sobre el consumo disponible ha sido devastador. El Gobierno enfrentó un límite similar durante la administración anterior hace casi una década, cuando intentó desmontar los subsidios: la Justicia intervino con medidas cautelares y recursos de amparo que llegaron hasta la Corte Suprema, la cual estableció que los aumentos de tarifas debían vincularse al movimiento de los salarios. Esa jurisprudencia fue prácticamente desestimada por la actual gestión, que procedió a aumentar tarifas sin esa limitación.

El conurbano en manos de cuatro empresarios

Mientras se deterioraba la situación de millones de ciudadanos, se producía una transformación silenciosa pero radical en la estructura de los servicios públicos del Área Metropolitana. El viernes pasado, la empresa estatal YPF comunicó la venta de su participación accionaria en Metrogas, la distribuidora de gas que atiende a gran parte del conurbano bonaerense. El proceso de licitación fue ganado por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti y Ricardo Depresbiteris, quienes utilizaron el endeudamiento de su propia empresa distribuidora de electricidad, Edenor, para financiar la operación. Este resultado no sorprende a quienes observan con atención los circuitos de poder en la administración actual.

Existe una conexión directa entre este grupo empresario y la Casa Rosada. El principal interlocutor es Santiago Viola, viceministro de Justicia, quien mantiene vínculos históricos con Manzano a través de su madre, abogada de larga trayectoria ligada a los negocios del empresario. Además, existe una probabilidad considerable de que Filiberti se haga cargo de AySA, la empresa que gestiona el agua en el área metropolitana, cuando esta sea privatizada. Filiberti posee una ventaja estructural: es el principal proveedor de cloro para el sistema, herencia del antiguo monopolio de Obras Sanitarias. De este modo, un mismo grupo empresario estaría en condiciones de controlar la mayor parte de los servicios públicos del conurbano: electricidad, gas y agua. Los vecinos de millones de hogares dependerían de la misma estructura corporativa para satisfacer necesidades básicas.

La pregunta que emerge de este escenario es inquietante: ¿existe alguien en la administración monitoreando esta concentración en un área estratégica? ¿Qué capacidad de negociación tendrá el Estado frente a un monopolio de facto? La evidencia acumulada sugiere que la negociación ha sido hasta ahora débil. Mientras tanto, las mismas empresas que ganaron en esta redistribución silenciosa han sido también grandes beneficiarias de las políticas de aumento de tarifas, que aliviaron la carga presupuestaria del Estado en subsidios y permitieron que deudas históricas fueran canceladas por la administración de manera generosa.

El espiral del endeudamiento y la evasión

Existe un tercer mecanismo a través del cual el poder adquisitivo se ha visto erosionado: el peso de las deudas que pesan sobre millones de personas. Muchos ciudadanos, respondiendo a señales emitidas por la propia administración, se endeudaron cuando las tasas de interés eran bajas. El Banco Central había reducido esas tasas para intentar licuar el volumen de deuda existente. Pero cuando la estrategia cambió y las tasas subieron dramáticamente para contener la presión sobre el peso, esos mismos deudores quedaron atrapados con obligaciones impagables. El presidente comparó esta situación con un acto de irresponsabilidad individual, argumentando que nadie fue obligado a endeudarse. Pero el razonamiento pasa por alto que muchas personas respondieron a señales de política monetaria que, indirectamente, emanaban del Poder Ejecutivo.

La magnitud del problema ha crecido al punto de representar un desafío macroeconómico de primer orden. Millones de personas están restringidas para pagar sus deudas, lo que genera cascadas de incumplimiento que afectan el sistema financiero. A esto se suma el hecho de que el peso relativo de estas obligaciones sobre el ingreso disponible ha aumentado significativamente, contrayendo aún más la capacidad de consumo. El Gobierno quisiera pasar por alto este fenómeno pero la amplitud del problema lo hace políticamente inevitable.

Estos tres elementos actúan en conjunto para generar un efecto perverso sobre el objetivo central del programa económico: el mantenimiento del superávit fiscal. La teoría plantea que un ajuste de gastos públicos que genere equilibrio presupuestario permite que toda la economía se reordene sobre esa base. Pero esa teoría presupone que el ajuste ocurre en un vacío donde no hay comportamientos humanos adaptativos. La realidad es radicalmente distinta. Cuando las personas enfrentan una caída sustancial de ingresos y acceso a crédito, reducen consumo. Cuando las empresas, especialmente pequeñas y medianas, observan que no hay demanda para sus productos, suspenden el pago de impuestos. Y cuando el Gobierno, a través de retórica y políticas, comunica que la evasión es una forma legítima de resistencia, crea un incentivo adicional para que el comportamiento se generalice.

Los números que revelan la evasión silenciosa

Dos relaciones matemáticas revelan la magnitud del problema que se está generando. La primera vincula la recaudación del Impuesto al Valor Agregado con la riqueza general del país, medida a través del Producto Interno Bruto. En enero de 2024, esa relación era de 8,2 por ciento. En junio de este año, cayó a 6,8 por ciento. La brecha entre ambos números sugiere que o bien el consumo se ha reducido mucho más de lo que oficialmente se reconoce, o bien existe un volumen significativo de transacciones que escapan a la tributación. Una relación aún más específica mide la recaudación del IVA contra el consumo privado reportado. En enero de 2024 alcanzaba 11,6 por ciento y hoy es de 9,7 por ciento. Esto no puede atribuirse únicamente a una caída del consumo sino que implica necesariamente un aumento de la economía informal y la evasión.

Este dato revela un rasgo central de cómo funciona la economía argentina en el presente. Millones de personas y empresas, en lugar de quebrar bajo el peso del ajuste, optan por trasladarse a la economía de sombra. Desde cierta perspectiva, están siguiendo la lógica que el propio Gobierno ha promovido: reducir la carga impositiva mediante la evasión. No hay un juicio moral en esta observación, sino simplemente un reconocimiento de que cuando los incentivos cambian, los comportamientos se adaptan. El problema es que esta adaptación genera sus propios problemas: la recaudación cae no solo porque la gente consume menos, sino porque menos gente paga impuestos por lo que consume. Eso significa que para mantener el superávit fiscal, el Gobierno debe profundizar el ajuste, lo que a su vez genera más caída de ingresos y más incentivos para evadir. Es un círculo vicioso que ninguna fórmula científica previó adecuadamente.

El robo de fondos destinados a rutas

Un escándalo de proporciones mayúsculas emergió durante el fin de semana cuando se revelaron irregularidades graves en la administración de fondos destinados específicamente a obras viales. El Gobierno recaudó 1,5 billones de pesos a través de un gravamen sobre combustibles, dinero que por ley debe destinarse exclusivamente a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y provinciales. Sin embargo, ejecutó apenas la cuarta parte de esos recursos en obras. El remanente, aproximadamente 1,1 billones de pesos, fue colocado en plazos fijos y títulos públicos. Esto significa que fondos que deberían estar reparando caminos terminaron siendo utilizados para autofinanciar el tesoro nacional.

Se trata de dinero que proviene de un fondo fiduciario especial llamado SisVial, administrado específicamente para fines viales. La desviación viola claramente la legislación que crea ese fondo y constituye penalmente una malversación de caudales públicos. El vocero de la Casa Rosada fue confrontado sobre estos hechos y confirmó su veracidad, argumentando que desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal la decisión era correcta. Posiblemente lo sea desde la perspectiva puramente contable. Pero existe un Código Penal que tipifica estos comportamientos como delitos. La denuncia penal fue presentada por Victoria Tolosa Paz, quien acusa al Ministro de Economía y sus colaboradores en la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación de malversación de caudales públicos, defraudación por administración fraudulenta y abuso de autoridad, entre otros delitos.

Detrás de este problema existe otro que resulta igualmente grave: cómo se distribuyó ese fondo entre las provincias. El análisis de las cifras revela un patrón que muchos gobernadores ya están comenzando a cuestionar. La provincia de Buenos Aires, que requiere inversión vial sustancial dado su tamaño y población, recibió apenas el 14,34 por ciento del total. Mientras tanto, Misiones, gobernada por Carlos Rovira, socio político del Gobierno nacional, recibió el 15,85 por ciento. Jujuy obtuvo el 14,35 por ciento. Catamarca, bajo la administración de Raúl Jalil, también cercano al Ejecutivo, recibió nada. Ch