Un tejido de movimientos sospechosos, intermediarios recurrentes y traslados de dinero en efectivo emerge de los testimonios que integran la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones entre la empresa estatal Arsat y la firma privada Argentina Logistic Services (ALS). En el centro de esta trama se encuentra Facundo Leal, quien pasó de presidir Arsat durante la administración Fernández a ocupar la titularidad del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos bajo la presidencia de Javier Milei. Los detalles que emergen del expediente ilustran una metodología de circulación de fondos que, según los fiscales, habría operado durante meses sin interrupciones, involucrando a funcionarios públicos, empleados de confianza y actores privados. La importancia de estos hallazgos radica en que trascienden los límites de una simple investigación por malversación: evidencian cómo estructuras de corrupción habrían persistido atravesando cambios de gobierno, adaptándose a nuevas posiciones dentro del aparato estatal.
El sobre y la funcionaria: un eslabón de la cadena
En febrero de 2026, un empleado cercano a Leal recibió una instrucción específica: trasladar un sobre de papel madera hasta un domicilio ubicado en Posadas 1429, en la Ciudad de Buenos Aires. El sobre, por su forma y consistencia, contenía lo que el testigo describió como "un fajo de dinero". Quien debía recibirlo era una funcionaria de la Secretaría de Transporte identificada como "Belén". El episodio, aparentemente aislado, adquiere su verdadera relevancia cuando se lo sitúa dentro de un cronograma de eventos que definen el período. Para ese momento, Luis Pierrini —quien había desempeñado el rol de secretario de Transporte y mantenía una relación cercana con Leal— había sido anunciado para dejar su puesto el 22 de enero. Su sucesor fue Fernando Herrmann, quien posteriormente abandonaría el cargo en abril para ocupar otro rol. Tan solo veinte días después de la entrega del sobre, el 24 de febrero, Leal presentó su renuncia a la dirección de Orsna. Los fiscales consideran que esta secuencia de movimientos en el organigrama estatal no constituye una coincidencia, sino parte de una mecánica diseñada para canalizar recursos hacia funcionarios clave dentro de la administración pública.
La declaración del empleado que efectuó la entrega representa un punto de quiebre en la investigación. Hasta ese momento, los pesquisadores contaban con indicios indirectos: movimientos bancarios inusuales, transferencias a empresas fantasma, y contratos con condiciones irregulares entre Arsat y ALS. Pero la palabra de quien actuó como mensajero introduce un elemento que faltaba: la confesión de un participante directo en las operaciones. Este testigo no solo confirma la entrega de dinero en efectivo, sino que también atribuye la orden directamente a Leal, estableciendo así una cadena de responsabilidad que trasciende la simple sospecha.
Las mochilas misteriosas: patrones de comportamiento bajo vigilancia
Más allá del episodio puntual del sobre en Posadas, la investigación ha identificado un patrón repetitivo que se extiende a lo largo de meses. El chofer de Leal, quien trabajó a su lado durante más de seis años, describió en su testimonio una metodología que clasificó como "rara" por su consistencia. Según explicó, aunque su jefe utilizaba regularmente una mochila personal para sus traslados cotidianos, en numerosas ocasiones manejaba una segunda mochila que permanecía guardada en el baúl del vehículo durante períodos de dos a tres días. Estos movimientos, sostuvo el conductor, se repetían invariablemente después de que Leal mantuviera determinadas reuniones. La descripción coincide con los testimonios de otros empleados de Arsat que trabajan en el expediente.
Una secretaria que se desempeñaba en las oficinas del entonces gerente general de Arsat ofreció su propia perspectiva sobre los movimientos sospechosos. Según declaró, era habitual observar uno o dos sobres marrones de tamaño A4 colocados sobre la mesa de reuniones del despacho de Leal. Lo particular, subrayó, era que estos sobres carecían de cualquier tipo de identificación: no tenían remitentes, no estaban etiquetados, no llevaban membrete alguno que los vinculara con documentación oficial o comercial. Se trataba de envases anónimos, cuyo contenido se mantenía fuera de toda formalidad burocrática. Además, la empleada señaló que los visitantes que acudían a encontrarse con Leal frecuentemente lo hacían portando mochilas propias, un detalle que sugiere un flujo de materiales que excedía los límites de las operaciones convencionales de una empresa estatal. Entre los concurrentes recurrentes a estas reuniones figuraba Santiago Pando, identificado por los investigadores como uno de los intermediarios clave entre Arsat y ALS.
La valija de Mendoza y el dinero secuestrado
Los hallazgos toman una dimensión más concreta cuando se analiza lo que sucedió en febrero, el mismo mes de la entrega a la funcionaria de Transporte. El chofer de Leal recibió una orden específica: trasladar una valija desde Buenos Aires hasta un domicilio vinculado a su jefe en la provincia de Mendoza. Meses después, cuando los allanamientos ordenados por la justicia se llevaron a cabo en propiedades asociadas a Leal, los investigadores descubrieron algo que validaría la cadena testimonial: dentro de esa valija había aproximadamente 1,7 millones de dólares estadounidenses. Durante su declaración, el conductor reconoció formalmente el equipaje exhibido por los fiscales y confirmó sin vacilaciones que era exactamente la misma valija que había transportado bajo las órdenes de su jefe meses atrás.
El hallazgo de esta cantidad de dinero en efectivo no fue un descubrimiento aislado. Los allanamientos simultáneos ejecutados en diversas propiedades vinculadas a Leal permitieron a las autoridades secuestrar un total de casi 2,6 millones de dólares, así como altas cantidades de estupefacientes. La magnitud de estos montos plantea interrogantes que trascienden la corrupción administrativa convencional: ¿de dónde provenía todo este dinero? ¿Cuál era su destinación final? ¿Existía un esquema de lavado de activos paralelo al sistema de sobres y mochilas? Los fiscales consideran que la circulación de estos fondos no era aleatoria, sino responde a una metodología deliberada diseñada precisamente para evadir los controles bancarios y las auditorías que habrían detectado movimientos de esa magnitud a través de canales formales.
De Arsat al gobierno: una continuidad sospechosa
Uno de los aspectos que refuerza la hipótesis de los investigadores es que Leal no fue apartado de cargos públicos tras las primeras sospechas sobre irregularidades en Arsat. Por el contrario, bajo la administración de Milei, fue designado para encabezar Orsna, un organismo de relevancia en la estructura estatal. Esta promoción, o al menos esta continuidad en posiciones de poder, podría interpretarse como evidencia de que las redes de corrupción identificadas habrían mantenido cierta capacidad de operación incluso bajo un nuevo gobierno. El cronograma de eventos es revelador: mientras los fiscales avanzaban en sus investigaciones sobre los años de Leal en Arsat, él seguía ocupando espacios de decisión dentro del Estado, con acceso a información sensible, contactos institucionales y la capacidad de influir en decisiones que afectaban sectores clave de la economía.
La renuncia de Leal a Orsna el 24 de febrero parece haber llegado en el momento justo. Apenas veinte días después de la entrega del sobre a la funcionaria de Transporte, y en el contexto de una investigación que ya había recolectado testimonios de múltiples empleados, tomó la decisión de alejarse de la función pública. ¿Fue una decisión propia o una salida negociada? ¿Existieron presiones desde diferentes sectores? El expediente permanece abierto a estas interpretaciones, aunque los hechos concretos —los testimonios, los hallazgos de dinero, los movimientos de funcionarios— hablan por sí solos de una actividad que se desarrolló conscientemente y durante un período extendido.
El sistema de circulación: sobres, mochilas, valijas y dólares
La confluencia de los testimonios permite a los investigadores reconstruir lo que describen como una metodología sistemática para el traslado de dinero en efectivo. No se trata de movimientos espontáneos o aislados, sino de patrones que se repiten con una consistencia que sugiere planificación. Los sobres marrones anónimos que descansaban sobre las mesas de reunión, las mochilas que permanecían en baúles durante días, los traslados de valijas hacia provincias, los visitantes que llegaban con sus propios bultos: todos estos elementos, cuando se analizan en conjunto, conforman una narrativa de operaciones organizadas. La hipótesis central de la fiscalía es que este sistema habría sido utilizado para mover los retornos ilícitos que, según sus sospechas, se pagaban en dólares estadounidenses provenientes de las operaciones entre Arsat y ALS.
¿Por qué dólares y no pesos? Los investigadores sugieren que la elección de moneda extranjera responde a una lógica de resguardo y facilidad de circulación. Los dólares presentan ventajas para quien intenta ocultar activos: son más fáciles de transportar en grandes cantidades, su valor es más estable frente a las fluctuaciones cambiarias locales, y su circulación en el mercado negro es más sencilla que la de pesos. Además, los dólares en efectivo dejan menos rastros que las operaciones bancarias, un factor decisivo en cualquier esquema que busque evadir controles fiscales y de inteligencia financiera.
Implicancias y perspectivas abiertas
Los hechos que integran este expediente plantean consecuencias que se extienden más allá de las responsabilidades individuales de Leal o de los funcionarios mencionados. En primer lugar, emerge la cuestión de cómo fue posible que alguien investigado por presuntas irregularidades en una empresa estatal continuara ocupando posiciones de responsabilidad en otro organismo público. Esto sugiere, desde una perspectiva, la existencia de fallas en los mecanismos de control y filtrado de antecedentes dentro de la administración estatal. Desde otra óptica, podría indicar que las presuntas irregularidades en Arsat no fueron catalogadas con la urgencia que el caso demandaba, permitiendo que Leal mantuviera su trayectoria institucional. En segundo lugar, los hallazgos de millones de dólares en propiedades privadas introducen interrogantes sobre la procedencia de esos fondos. ¿Provenían exclusivamente de Arsat, o existían otras fuentes de ingresos ilícitos? ¿Estaba Leal vinculado con organizaciones criminales más amplias, o su operatoria se limitaba al ámbito de la corrupción administrativa? Estas preguntas permanecen abiertas. En tercer lugar, la identidad y el rol de los funcionarios que supuestamente recibieron fondos —como la funcionaria de Transporte— abre interrogantes sobre la extensión de la red de complicidades. ¿Cuántos funcionarios estuvieron involucrados? ¿Existía una estructura coordinada, o cada uno operaba de manera independiente? Las respuestas a estos interrogantes determinarán si se trata de un caso aislado de un individuo corrupto o de una trama sistémica que comprometió múltiples niveles de la administración estatal. Los fiscales continuarán su labor de reconstrucción de estos hechos, mientras el expediente se consolida como uno de los referentes contemporáneos de investigación de corrupción administrativa en el país.
