Hace más de doce meses que reposa en los estantes de una comisión legislativa un proyecto que, de prosperar, transformaría radicalmente el mapa político municipal de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca eliminar los límites para que intendentes puedan repostularse indefinidamente en sus cargos, pero permanece congelada en una batalla que trasciende el debate técnico-electoral: es el reflejo de fracturas profundas dentro del peronismo provincial. Lo que comenzó como una propuesta para ampliar derechos políticos se convirtió en un símbolo de las grietas internas que atraviesan a la principal fuerza política de la provincia, donde el gobernador Axel Kicillof y sus adversarios luchan por el control territorial a través del poder municipal.
Cómo funciona el bloqueo legislativo
El expediente que lleva la firma de la senadora Ayelén Durán, alineada con la administración provincial, languideció primero en los papeles sin generarle movimiento alguno. Luego de ese período de inmovilidad inicial, el proyecto fue solicitado por Malena Galmarini, quien preside la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, hace aproximadamente dos meses. Sin embargo, esa solicitud de traslado formal nunca se concretó. La iniciativa permanece atrapada en la Comisión de Legislación General, cuya presidencia recae en Germán Lago, senador que responde al kicillofismo y que en el pasado fue jefe comunal de Alberti, un distrito ubicado en el noroeste de la provincia.
Este punto de estrangulamiento institucional evidencia cómo funciona la política legislativa en contextos de fragmentación. La Comisión de Legislación General, controlada por el sector del gobernador, retiene el expediente sin girado a la otra comisión, donde el Frente Renovador, corriente del massismo, ejerce su autoridad. El mensaje implícito es claro: mientras Kicillof no logre los apoyos necesarios para impulsar la iniciativa, sus rivales no cederán espacios que pudieran permitir su avance. No es casual que Lago no haya respondido las consultas sobre los motivos de la demora, ni que desde las filas kicillofistas admitan ignorar la suerte del proyecto.
Las matemáticas políticas que frenan la iniciativa
El dilema numérico que enfrenta Kicillof explica buena parte de este impasse. El proyecto requeriría 23 votos en el Senado de Buenos Aires, que posee un total de 46 escaños. El gobernador cuenta con un bloque peronista de 24 senadores, aparentemente suficiente. No obstante, dentro de ese mismo bloque hay tres senadores identificados con el massismo que se oponen activamente a la reelección indefinida. Esto deja al mandatario provincial con apenas 21 votos seguros, lejos de los 23 que necesita. Para llegar a ese número, requeriría apoyo de fuerzas políticas ajenas al peronismo, un escenario complicado en el contexto provincial actual.
Esta situación de minoría legislativa es el resultado de una distribución de poder que se repite tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Los números simplemente no acompañan las intenciones del ejecutivo provincial. Es un fenómeno que se observa frecuentemente en sistemas bicamerales: un gobernador puede contar con legitimidad electoral en el territorio pero carecer de herramientas legislativas para implementar su agenda. Los votos no están donde está la administración, sino distribuidos entre actores que tienen intereses contrapuestos.
Las cicatrices de la pelea interna peronista
Detrás de este estancamiento administrativo existe una historia de conflictos que marca el pulso del peronismo bonaerense. El proyecto de Durán no fue el primero en presentarse sobre este tema. El sector cristinista, identificado con Cristina Kirchner, presentó en paralelo una iniciativa similar pero con una diferencia estratégica crucial: excluía específicamente la reelección indefinida de intendentes, permitiéndola solo para legisladores, concejales y consejeros escolares. Desde el kicillofismo, esta maniobra fue interpretada directamente como un castigo dirigido a los jefes comunales que lo apoyan.
El cálculo político detrás de esa decisión cristinista resultó elocuente. Si los intendentes leales a Kicillof perdían la posibilidad de reelección indefinida, su poder territorial se erosionaría progresivamente cuando llegaran a sus límites de mandatos. Simultáneamente, los legisladores y concejales —actores con capacidad de negociación horizontal— mantendrían esa ventaja. Es decir, la propuesta cristinista buscaba debilitar selectivamente a los aliados municipales del gobernador.
Ese proyecto cristinista, presentado hace un año, obtuvo media sanción del Senado el 25 de junio de 2025. La votación se definió de manera extraordinaria: con un empate de 22 votos a 22, fue la vicegobernadora Verónica Magario quien desempató con su voto a favor. Sin embargo, la iniciativa se estancó luego en la Cámara de Diputados y nunca se convirtió en ley. Este fracaso relativo representó una derrota táctica para el cristinismo en esa instancia, pero el daño político ya estaba hecho: la fractura interna quedó públicamente expuesta.
Qué beneficiaría y quién respaldaría
Si el proyecto de Durán llegara a votarse y obtuviera aprobación, el impacto sería directo en 63 intendentes de diferentes partidos políticos que verían expandidas sus posibilidades de competir electoralmente sin restricciones temporales. Este número agregado evidencia que el tema no es una cuestión meramente interna del peronismo: hay intendentes de otras fuerzas políticas que también se beneficiarían de una reforma que eliminara los límites reeleccionistas.
Desde el cristinismo, algunas voces legislativas han sugerido que podrían acompañar el proyecto kicillofista si llegara al recinto. Esto introduce un elemento paradójico en la dinámica: un sector que enfrentó públicamente la iniciativa con su propia contrapropuesta, señalando que no incluía a los intendentes, podría terminar apoyándola bajo ciertas condiciones. Tales giros tácticos son habituales en contextos de negociación legislativa, donde las coaliciones se arman y se desarman según los beneficios específicos que cada bloque espera obtener de cada votación.
La interna peronista como factor estructural
La nota formal de Galmarini dirigida a Lago solicitando el traslado del proyecto de reelecciones aparecía dentro de un conjunto más amplio de siete expedientes relacionados con cambios al régimen electoral bonaerense. Entre esos proyectos figuraban iniciativas sobre boleta única, primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), marcos regulatorios para partidos políticos y cronogramas electorales. Todos ellos forman parte de la compleja ingeniería electoral que define cómo se compite en la provincia.
Sin embargo, la única iniciativa que generó resistencia abierta fue precisamente la de reelecciones indefinidas para intendentes. Los restantes proyectos, aunque también ligados a modificaciones electorales significativas, no enfrentaron el mismo nivel de obstruccionismo. Esto demuestra que el bloqueo no es meramente técnico ni procedimental, sino fundamentalmente político. El punto en disputa es el poder territorial encarnado en la figura del intendente, que representa en Argentina la autoridad local más cercana al ciudadano y, por lo tanto, la más relevante en términos de gestión cotidiana y construcción de legitimidad política.
Cuando el peronismo provincial entró en modo electoral a medida que avanzó el año 2025, la coalición quedó al borde de la ruptura en la construcción de listas para los comicios provinciales. En ese contexto de compulsión electoral, proyectos como el de Durán resultaron supersónicos en términos de prioridad política. El debate electoral inmediato —quién encabeza las listas, qué territorios se disputan, cuáles alianzas son viables— desplazó completamente cualquier intención de resolver cuestiones normativas de largo plazo como la reforma electoral.
El futuro del proyecto sin certezas claras
Actualmente, el expediente identificado como "E 136/25-26" no cuenta con dictamen de comisión alguna y nunca llegó al recinto del Senado para ser debatido. Permanece en un limbo legislativo que combina inmovilidad procesal con resistencia política subterránea. El artículo primero del proyecto especifica cambios concretos: modifica el artículo 3 del Decreto-Ley Nº 6769 de 1958, estableciendo que intendentes y concejales sean elegidos directamente por el pueblo, duren cuatro años en funciones y puedan ser reelectos sin limitaciones. La redacción es clara y técnicamente viable, pero la viabilidad política es otro asunto.
El contexto histórico de la reelección en Buenos Aires incluye variaciones significativas. Durante décadas rigió un sistema de límites estrictos, que fue flexibilizado gradualmente. La modificación de 2021 amplió de dos a tres la cantidad de períodos consecutivos permitidos para varios cargos electivos provinciales. La propuesta actual iría un paso más allá al eliminar completamente los límites. Esto representaría una ruptura considerable con la arquitectura electoral que se consolidó durante el kirchnerismo y que fue parcialmente mantenida bajo administraciones posteriores.
Lo que parecía una reforma técnica sobre limitaciones reeleccionistas se transformó en un indicador de fuerzas mucho más profundas: la capacidad o incapacidad de Kicillof para gobernar legislativamente, la cohesión interna del peronismo bonaerense, y la distribución real del poder político en la provincia. Mientras el proyecto permanezca sin movimiento en la comisión presidida por Lago, sin que sea girado a la comisión que preside Galmarini, seguirá siendo un síntoma elocuente de que las negociaciones internas están suspendidas y que nadie está dispuesto a ceder terreno a cambio de nada tangible en el presente político.
El resultado final de este impasse dependerá de cómo evolucione la relación entre las diferentes corrientes peronistas en los meses próximos. Si la interna se resuelve a favor del kicillofismo, es probable que los números legislativos se reordenen y el proyecto avance. Si se profundiza la fractura, la iniciativa seguirá congelada como un memorial de las disputas no resueltas. También existe la posibilidad de que una coalición inesperada de fuerzas políticas converja en apoyo a la medida por razones distintas a las que esgrimió originalmente su impulsora. En sistemas legislativos fragmentados, los proyectos de ley son frecuentemente vehículos para negociaciones más amplias, donde su aprobación o rechazo depende de cálculos que van mucho más allá del contenido específico de la norma propuesta.
