La maquinaria negociadora del Ejecutivo entra en una fase de mayor intensidad esta semana. El jefe de Gabinete Diego Santilli protagonizará una serie de encuentros estratégicos destinados a asegurar los respaldos legislativos indispensables para que la Ley de Presupuesto 2027 logre atravesar sin obstáculos el Congreso de la Nación. Estas conversaciones adquieren particular relevancia en un contexto donde las fracturas internas del oficialismo se hacen cada vez más visibles, especialmente alrededor de decisiones sobre políticas sociales que generan rechazo tanto en aliados como en sectores propios del gobierno.

El cronograma de actividades contempla encuentros con Rogelio Frigerio, gobernador entrerriano, durante la mañana del martes, seguido de una cita con Leandro Zdero, mandatario chaqueño, para el jueves en horario similar. Ambos dirigentes integran un elenco reducido de mandatarios que establecieron acuerdos electorales con la administración Milei durante las recientes elecciones y que proyectan renovar esos pactos de cara a los comicios de 2026. El trabajo de Santilli representa apenas un tramo de un esfuerzo más amplio: en solo catorce días desde que la Casa Rosada remitiera su proyecto presupuestario al Poder Legislativo, el coordinador ministerial ya habrá completado diálogos con nueve gobernadores de diferentes provincias. En cada uno de esos encuentros, los mandatarios territoriales han presentado sus demandas específicas, que orbitan fundamentalmente en torno a asignaciones financieras e iniciativas de infraestructura para sus respectivas jurisdicciones.

La pulseada por la discapacidad: donde el consenso se quiebra

No obstante, el pulso presupuestario enfrenta un escollo de magnitud considerable que trasciende las negociaciones convencionales. El proyecto de ley enviado por el Gobierno incluye modificaciones sustanciales a la legislación sobre Emergencia en Discapacidad, sancionada durante la administración anterior. Las propuestas oficialistas van más allá de simples ajustes: contemplan la eliminación de valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, el cambio de una actualización mensual de aranceles por revisiones trimestrales, y la reinstalación del criterio de invalidez laboral para las pensiones sin aporte contributivo, fijadas en un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. Además, el texto desvincula el acceso directo al beneficio del Certificado Único de Discapacidad y establece incompatibilidades entre la percepción de pensión y la realización de trabajo formal o como monotributista.

Estas disposiciones han generado fricciones considerables. Martín Llaryora, gobernador cordobés, salió al cruce de manera contundente durante el fin de semana, expresando que su provincia no acompañará recorte alguno que afecte derechos de personas con discapacidad. El mandatario sostuvo que en Córdoba estas políticas constituyen una prioridad indeclinable, no un acto de beneficencia. Señaló que prestaciones, traslados y terapias no pueden quedar condicionados por la situación económica de las personas ni por su localización geográfica dentro del territorio provincial. Llaryora también dirigió un mensaje a los legisladores de su provincia en ambas cámaras, instandolos a rechazar lo que definió como un acto de crueldad legislativa. Enfatizó que la provincia realiza esfuerzos coordinados con casi 350 organizaciones del sector y gobiernos locales, pero advirtió que ese trabajo resulta insuficiente si el Estado nacional continúa retirándose de sus obligaciones, situación que, en su evaluación, coloca al sistema prestacional "a las puertas de un colapso".

Realineamientos internos y el incómodo silencio de las críticas

Las tensiones en torno a discapacidad no representan el único síntoma de desajustes en la coalición gobernante. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, ha expresado críticas públicas respecto de la falta de información previa sobre los recortes contemplados en el Presupuesto 2027. Aunque desde el oficialismo buscan caracterizar estos desacuerdos como "matices de opinión" o diferencias procedimentales sin relevancia de fondo, los hechos revelan fisuras más profundas. El presidente Javier Milei descalificó este domingo a quienes reportan sobre estas divergencias, dirigiendo lenguaje ofensivo hacia integrantes de la prensa que cubrían la noticia.

Santiago Santurio, diputado nacional por La Libertad Avanza, intentó en declaraciones radiales minimizar la importancia de las declaraciones de Bullrich en medios de comunicación, catalogándolas como cortocircuitos normales en cualquier relación humana o profesional. No obstante, Santurio también reconoció que el proyecto de Presupuesto "no estaba en línea con lo conversado en la Comisión de Discapacidad de Diputados" y admitió que será necesario establecer una "mesa de discusión". El legislador planteó la cuestión presupuestaria desde una óptica de equilibrio fiscal, argumentando que cualquier aumento de partidas en un sector requiere de una explicación clara sobre de dónde provendrían esos fondos. Caracterizó la sensibilidad política como la capacidad de pensar integralmente en cómo crecer y salir de situaciones de emergencia, no como un simplista llamado a ampliar gastos sin mecanismos de financiamiento.

En paralelo, esta semana se espera que el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por legisladores libertarios, emita dictámenes sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. El Gobierno trabaja simultáneamente en la redacción de una propuesta alternativa que, según sostienen en La Libertad Avanza, superaría el esquema de emergencia y sería contemplada en el Presupuesto 2027. La maniobra legislativa apunta a desactivar las resistencias encontradas sin abandonar la agenda de contención del gasto.

Movimientos de alianzas y reorganizaciones electorales

En tanto, Mauricio Macri retoma su actividad en el territorio. El expresidente encabezará un acto del PRO el 25 de septiembre en Jujuy, en el hotel Altos de la Viña, a partir de las dieciséis horas. La convocatoria representa un relanzamiento de la estructura territorial del partido de cara a 2026 y coincide con las negociaciones que la coalición Pro mantiene abiertamente con La Libertad Avanza para construir alianzas electorales. Junto a referentes nacionales y provinciales del PRO, Macri sostendrá reuniones con autoridades locales, incluyendo al gobernador Carlos Sadir. La estrategia combina despliegue partidario en territorios provinciales con conversaciones para explorar acuerdos electorales y consolidar estrategias comunes en distintos distritos.

Los tres gobernadores que pactaron alianzas con el oficialismo en 2025 —Frigerio, Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo— conforman el núcleo duro de apoyo legislativo. Ambos han anticipado su respaldo a iniciativas oficialistas clave, particularmente a la eliminación de las PASO como punto central de la reforma electoral que el Gobierno impulsa. Esta estructura de consensos territoriales resulta crucial para que el Ejecutivo logre los números necesarios en ambas cámaras, especialmente en Diputados, donde requiere márgenes más estrechos que en el Senado.

Además, el Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques, ultima el envío de veinte pliegos judiciales al Senado, entre los cuales cuatro revisten sensibilidad particular por su competencia electoral. La nueva remesa de nombres para ocupar cargos en tribunales federales llegará a la Cámara Alta antes de mediados de octubre. Una vez ingresados, los tiempos de tratamiento dependerán de la dinámica interna del Senado, que deberá sesionar para aceptar su ingreso, procesarlos en la comisión de Acuerdos y finalmente aprobarlos en el recinto. La composición de la judicatura federal adquiere relevancia estratégica en el contexto preelectoral.

Por último, el Gobierno ha comunicado internamente a sus legisladores una orientación hacia mantener una "tregua" con los gobernadores dialoguistas hasta diciembre, período en el que concentrará esfuerzos en la aprobación de cinco leyes que considera prioritarias. Aunque la conducción de La Libertad Avanza aclaró que esta pausa en enfrentamientos públicos no implica abandonar la competencia electoral en territorios provinciales, la medida revela que la administración busca evitar conflictos adicionales que compliquen el pasaje legislativo de su agenda. Este equilibrio frágil entre negociación y competencia define el carácter de la política argentina en los próximos meses, con el Presupuesto 2027 como epicentro de una disputa que trasciende lo fiscal y toca aspectos fundamentales sobre qué tipo de estado y qué prioridades de política pública guiarán al país.