El fuero Civil y Comercial Federal atraviesa una transformación involuntaria que lo está redefining en sus propios cimientos. Lo que antes era un espacio reservado para disputas mercantiles, propiedad intelectual y derecho marítimo se ha convertido, de facto, en una rama especializada de resolución de conflictos sanitarios. Los números no mienten: durante el primer semestre de este año, casi siete de cada diez causas iniciadas en esta jurisdicción corresponden a amparos de salud, es decir, reclamos urgentes de pacientes contra prepagas u obras sociales. Las estadísticas del Consejo de la Magistratura registran que de las 7.523 causas presentadas hasta el 30 de junio, exactamente 4.990 eran amparos en materia de salud. Para agosto, según fuentes del propio fuero, el porcentaje trepaba al 70%, mostrando una trayectoria ascendente que contrasta drásticamente con los números de 2025, cuando estos reclamos representaban apenas el 45% de la carga de trabajo.

Este fenómeno no es un episodio aislado sino la manifestación visible de una crisis más profunda que aqueja al sistema de financiamiento sanitario argentino desde hace años. Detrás de cada expediente se esconden tensiones estructurales que ningún acuerdo puntual logrará resolver si no se abordan desde sus raíces. Los jueces, funcionarios judiciales y especialistas en derecho sanitario coinciden en señalar que la judicialización actúa como un termómetro que indica dónde están las fallas del sistema. Una magistrada del fuero lo resumió con crudeza: "Es a lo que nos dedicamos ahora, a despachar salud". La observación refleja una realidad incómoda: una estructura pensada para 11 juzgados y tres salas de Cámara está siendo absorbida por demandas que desbordan su capacidad institucional.

Jubilados que resisten y pacientes que golpean la puerta

El análisis de las causas revela dos dinámicas distintas pero igualmente reveladoras. Una porción significativa de los amparos proviene de trabajadores jubilados que se niegan a aceptar el traspaso forzoso a PAMI y buscan mantener su cobertura con la prepaga o mutual donde han estado afiliados durante sus años de actividad. Estos casos, aunque numerosos, no representan grandes desafíos jurídicos complejos: la Corte Suprema ya se pronunció en los fallos Albónico y Andrada dejando establecido que tal traspaso forzoso es ilegítimo. Sin embargo, la otra categoría de demandas es sustancialmente más problemática. Se trata de pacientes que recurren a la vía judicial de urgencia solicitando cobertura de tratamientos puntuales, medicamentos de alto costo, internaciones prolongadas o el mantenimiento de personal de enfermería especializada. Estos casos obligan a los magistrados a resolver cuestiones que van más allá de lo jurídico y se internnan en territorio económico y sanitario.

Una muestra tomada durante la última jornada de trabajo útil del mes de septiembre (viernes 18) ilustra con precisión la dinámica actual del fuero. De las 42 resoluciones despachadas ese día, 28 versaban sobre amparos de salud, replicando exactamente la proporción del 66%. Más significativo aún: prácticamente todas las decisiones judiciales resultaron favorables a los demandantes. Esta tendencia sistemática de fallos pro paciente genera un efecto que preocupa tanto a los magistrados como a las empresas prestadoras de salud: refuerza la percepción de que recurrir a los tribunales es el camino más efectivo para obtener lo que las financiadoras niegan administrativamente. La ausencia de límites claros en lo que refiere a las prestaciones exigibles genera un terreno fértil para la litigiosidad creciente.

Un sistema fragmentado donde nadie quiere pagar la factura

La directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Marisa Aizenberg, ofrece una perspectiva que va más allá de los números procesales. En su análisis, la judicialización no es el problema sino apenas su expresión más visible. El verdadero problema, sostiene, radica en que el sistema sanitario argentino se encuentra "absolutamente fragmentado", con 24 jurisdicciones diferentes que operan bajo regulaciones distintas, combinando financiadores y prestadores con regímenes heterogéneos que imposibilita establecer criterios uniformes. Esta fragmentación genera un vacío normativo que cada tribunal intenta llenar con sentencias que, aunque justas en términos individuales, contribuyen al desfinanciamiento acumulativo del sistema.

Desde el sector de las prepagas, el diagnóstico es diferente aunque converge en parte con el anterior. Los directivos de estas organizaciones señalan que el problema reside en la expansión continua del paquete de prestaciones mínimas obligatorias y en la falta de reglas claras que establezcan un límite razonable a lo que deben financiar. Un ejecutivo del sector lo expresó con frustración: "Salen cautelares de todo tipo. Todo lo que aparezca como un pedido por parte de un usuario se transforma en una realidad, incluso la cobertura geriátrica. Eso produce un desfinanciamiento del sistema que deriva en una peor atención para todos". Esta queja tiene un núcleo válido: cuando la asignación de recursos se desplaza hacia la judicialización en lugar de canalizarse a través de criterios presupuestarios predefinidos, la calidad y cantidad de prestaciones tiende a degradarse para la población en general.

El director del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno sintetizó la contradicción central que enfrenta cualquier sistema de salud: la imposibilidad financiera de cubrir "todo para todos, todo el tiempo y con la máxima calidad". Cuando no existen reglas explícitas que definan qué se cubre, en qué circunstancias y hasta qué monto, el sistema se vuelve rehén de cada decisión judicial particular. A esto se suma un factor económico macro que agrava todo lo anterior: la caída del empleo registrado. Menos trabajadores formales significa menos afiliados pagando cuotas, lo que se traduce en una reducción de ingresos para las prepagas. Simultáneamente, sin embargo, los costos médicos suben imparablemente impulsados por avances tecnológicos y medicamentos de precio extraordinario que ningún presupuesto conservador logra anticipar.

Promesa: el intento de desjudicializar sin resolver el fondo

El Gobierno argentino identificó el problema hace más de un año e intentó una solución que, en teoría, debería aliviar la presión sobre los tribunales. Promesa (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) es un mecanismo optativo que interpone una instancia de negociación entre paciente y financiadora antes de que el conflicto escale al fuero judicial. El programa cuenta con casi 2.000 mediadores especialmente capacitados y, durante su primer año de funcionamiento, logró acuerdos en el 44,9% de los casos, con un tiempo promedio de resolución de tan solo 17 días. Las cifras operativas son respetables, y la Superintendencia de Servicios de Salud relata casos exitosos donde ambas partes encontraron soluciones creativas: el ejemplo más ilustrativo es el de una mujer que demandaba una internación con costo mensual de $6 millones, acuerdo que se resolvió reemplazándola por un servicio de acompañamiento a $2 millones mensuales.

A pesar de estos resultados parcialmente alentadores, los números del Consejo de la Magistratura muestran que Promesa aún no ha logrado contener la avanzada de expedientes en el fuero Civil y Comercial. La explosión de causas ha continuado incluso durante los meses en que el programa ya operaba, lo que sugiere que una solución de mediación, sin importar cuán bien diseñada esté, resulta insuficiente cuando el conflicto de fondo permanece sin resolver. Funcionarios judiciales reconocen que "está bien encaminado, hay que darle tiempo", pero la realidad de los tribunales abarrotados de expedientes sugiere que el tiempo puede no ser un lujo disponible. El mecanismo de Promesa representa un avance en la cultura de resolución alternativa de conflictos, pero funciona más como un paliativo que como una respuesta integral a una crisis sistémica.

Otro elemento que explica la persistencia de la judicialización es el cambio cultural que han provocado las redes sociales. La difusión de información sobre la posibilidad de litigar contra las financiadoras ha generado una demanda exponencial de servicios legales especializados. Abogados cada vez más expertos en derecho sanitario ofrecen asesoramiento con una accesibilidad antes inexistente, lo que ha democratizado el acceso a la vía judicial. Simultáneamente, las propias empresas de salud parecen operar bajo una lógica que prioriza la contención del número de casos judicializados por encima de la obtención de fallos favorables. Esto sugiere que la estrategia empresarial consiste en disuadir a un porcentaje de demandantes para que no lleguen a los tribunales, algo que difícilmente se logra solo con negativas administrativas.

Las tensiones no resueltas y sus implicancias futuras

El diagnóstico compartido por magistrados, especialistas en derecho sanitario y funcionarios públicos apunta a que el sistema de salud argentino atraviesa una encrucijada donde las decisiones judiciales puntuales, aunque favorables para cada paciente individual, contribuyen a agravar las condiciones generales de sostenibilidad financiera. La especialista Aizenberg plantea una salida que va más allá de lo jurídico: reconocer que las quejas de financiamiento de las prepagas contienen fundamento real, pero que los criterios para definir cobertura "no pueden ser estrictamente financieros porque todas las enfermedades de alto costo se quedarían afuera". Su propuesta es despolitizar la discusión y construir soluciones negociadas: "Sentémonos a dialogar, a hacer un plan a 10 o 20 años". Esta invitación al diálogo de largo plazo contrasta con la urgencia que demanda la judicialización cotidiana.

Lo que se debate en los tribunales civiles y comerciales federales es, en última instancia, quién absorbe los costos de un sistema sanitario que prometió cobertura universal pero opera bajo limitaciones presupuestarias crônicas. Cada amparo favorable a un paciente implica un subsidio cruzado donde otros usuarios del mismo plan financian su tratamiento. Cada negativa de cobertura que termina judicializada refleja el agotamiento de un modelo de negocios incapaz de conciliar demanda creciente con ingresos decrecientes. El fuero Civil y Comercial Federal, diseñado para dirimir disputas comerciales, se ha convertido en la arena donde se procesan estas contradicciones sistémicas porque el sistema político y regulatorio no ha podido establecer respuestas de fondo. Las perspectivas futuras dependerán de decisiones que trascienden lo judicial: si la fragmentación regulatoria persiste, si el empleo formal continúa decayendo, si los costos médicos siguen acelerados, entonces la presión sobre los tribunales solo crecerá. Alternativamente, si se logra un pacto que establezca criterios claros de cobertura, reglas uniformes entre jurisdicciones y mecanismos de financiamiento sostenibles, la judicialización podría revertirse. El problema es que tales soluciones requieren decisiones políticas que exceden el ámbito judicial.