El envío del Presupuesto 2027 en las primeras horas de la madrugada del miércoles marcó un punto de quiebre en las relaciones políticas internas del Gobierno. Lejos de consolidar la reciente unidad alcanzada en torno a la agenda de Malvinas, la aprobación del proyecto fiscal desencadenó una cascada de fricciones entre los integrantes de la mesa política y el núcleo de decisión presidencial. Lo que importa de este episodio trasciende el debate presupuestario convencional: expone las contradicciones entre el discurso de gobernanza coordinada y una mecánica de toma de decisiones que deliberadamente excluye a los socios políticos. La relevancia radica en que estamos ante el inicio de un año electoral decisivo, con un Presidente cuyos índices de aprobación se encuentran estancados alrededor de 30 puntos porcentuales, precisamente cuando necesitaría consolidar apoyo legislativo y político para enfrentar los desafíos de campaña.
El detonante: cambios no comunicados en asignaciones de discapacidad
El núcleo de la disputa no fue el Presupuesto en su totalidad, sino el tratamiento específico del capítulo de discapacidad. Los ajustes propuestos en esas partidas nunca fueron adelantados en la reunión de mesa política celebrada el martes, donde participaban los principales referentes del Gobierno, entre ellos Luis Caputo, ministro de Economía. Esta omisión deliberada generó un efecto dominó: diputados libertarios, entre los que figuraban Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Damián Arabia, comenzaron a recibir llamadas de alarma provenientes de bloques aliados y de sus propias estructuras. La Comisión de Discapacidad del Congreso se perfilaba como un campo minado político, con legisladores indignados cuestionando a los propios libertarios sobre qué argumentos esgrimir ante sus pares.
El desconcierto atravesó toda la cadena de funcionarios. Martín Menem, jefe de la bancada de Diputados, tuvo que convocar a una reunión de emergencia en la madrugada para contener la crisis. El ministro de Salud, Mario Lugones, también se enteró de las modificaciones presupuestarias por los mismos canales informales, descubriendo que las previsiones que presentaba en los encuentros federales de Salud no coincidían con lo que finalmente se enviaba al Congreso. La desconexión era total: mientras algunos funcionarios hablaban con gobernadores y legisladores sobre uno conjunto de promesas, el Ministerio de Economía operaba sobre premisas distintas sin coordinar con los responsables de la ejecución política de esos compromisos.
Desde el Ministerio de Capital Humano debieron salir a aclarar que, independientemente de las cifras presupuestarias, el Gobierno mantenía un compromiso con el FMI de garantizar prestaciones que cubrieran aproximadamente 95% de la canasta básica. Sin embargo, esta aclaración llegaba tarde y no resolvía el problema de fondo: los aliados políticos se habían enterado de cambios sustanciales por terceros, una dinámica que reaviva la desconfianza histórica entre el ala económica del Gobierno y el bloque político que lo sostiene parlamentariamente.
El contexto de las fricciones: una campaña que requiere legitimidad
Más allá de los números, lo que pone en perspectiva esta crisis es el timing. Nos encontramos en un escenario donde la administración enfrenta un año electoral completo, con un presidente cuyas métricas de apoyo no han crecido sustancialmente desde hace meses. Los allegados a los principales actores políticos sostienen que no es viable impulsar una agenda electoral ganadora si la coalición gobernante permanece fragmentada. Uno de los colaboradores del Gobierno, hablando en términos que reflejan la frustración colectiva, sintetizó: "Cada vez que el Gobierno mete un gol, se tira un tiro en el pie". El episodio del Presupuesto funcionó como confirmación de ese patrón recurrente.
La cuestión tiene dimensiones históricas. Los recortes en movilidad de prestaciones se reiteran por tercer año consecutivo, una propuesta que desde el Gobierno ni siquiera esperan que la oposición avale. Los funcionarios involucrados en las decisiones económicas no realizaron consultas previas sobre este tema, asumiendo que había un acuerdo de facto sobre la orientación de la política fiscal. La realidad mostró que ese supuesto consenso existía solo en los despachos de Economía, no en la mesa donde se supone que se coordinan decisiones de envergadura.
La rebelión de Bullrich: video, risas y señales de alerta
La senadora Patricia Bullrich fue quien catalizó la fricción interna mediante una estrategia de comunicación que combinó reproches públicos con un gesto simbólico de desacuerdo. Primero, atendió una entrevista radiofónica que no estaba previamente coordinada, hablando de "relaciones resentidas" con el núcleo económico del Gobierno. Luego, en una emisión televisiva, cargó contra la cartera de Economía con cuestionamientos directos sobre si la consideraban "de tonta". Estos gestos fueron cálculos políticos, no arrebatos espontáneos.
El viernes, Bullrich ejecutó su movimiento más resonante: publicó un video en redes sociales donde se grababa a sí misma en su despacho del Senado, danzando al ritmo de "No me importa", tema de Lali Espósito, justamente la artista a quien Milei ha criticado públicamente en múltiples ocasiones. El equipo de comunicación de Bullrich disponía del material desde hacía tiempo, almacenado y esperando el momento idóneo para su lanzamiento. Una fuente cercana había advertido al equipo digital que la utilización de la canción "va a repercutir", y así fue. El video circuló ampliamente, generando reacciones que atravesaron espacios políticos distintos. Incluso funcionarios del propio Gobierno, en sus espacios informales, reconocieron que "lo vieron hasta mis compañeros de fútbol".
Quienes conocen a Bullrich describen su estado emocional durante este episodio como de genuina preocupación. No se trata simplemente de una senadora enfadada por no haber sido consultada. Los que la rodean refieren que estaba "consciente de la dificultad en la que estamos", en relación a la situación económica general. Existe un temor que Bullrich ha manifestado puertas adentro: la posibilidad de que el Gobierno incurra en los mismos errores que vivió durante la administración Macri en 2019. Recordó de forma explícita cómo tardaron en reconocer ciertos problemas hasta que fue demasiado tarde, preguntándose si nuevamente estarían siendo conducidos "al matadero" sin ver las señales de alerta a tiempo. La preocupación de Bullrich no es meramente coyuntural, sino que refleja una evaluación política de fondo: cree que existe una desconexión entre Milei, Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que podría resultar catastrófica para la viabilidad electoral.
El desconcierto de los aliados y las maniobras de contención
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, optó por una estrategia distinta ante la escalada de tensiones. Pasó aparentemente de manera casual por el sanatorio Mater Dei, donde la prensa se concentraba cubriendo cuestiones relativas a la salud de Mirtha Legrand. Cuando se le preguntó sobre el video de Bullrich, respondió que había sido "divertido". Inmediatamente después, deslizó información que buscaba minimizar la responsabilidad de Bullrich: afirmó que el tema de Discapacidad se había tratado en la mesa política, pero que la senadora "se tuvo que ir antes". Fuentes que respaldan a Bullrich sostienen una versión distinta: aseguran que ella se retiró cuando el tema Presupuesto ya estaba concluido.
Existe una capa adicional de conflictividad vinculada a las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), cuya eliminación es una de las iniciativas que el Gobierno impulsa. Los integrantes de Pro que migraron al bloque libertario tienen diferencias sobre este asunto. Desde espacios oficialistas se sugiere que Santilli desconfía sobre si Bullrich genuinamente apoyará la derogación de las primarias, lo que explicaría por qué no avanza con la búsqueda de votos hasta tener mayor certidumbre. Los cálculos subyacentes son de importancia estratégica: mientras Bullrich mantiene una posición de presión debido a su peso en las encuestas, especulaciones internas sugieren que ella podría estar jugando hacia la posibilidad de ser candidata a vicepresidenta o de tener injerencia en la conformación de listas electorales.
El discurso dentro del bloque libertario refleja desconfianza. Algunos funcionarios sostienen que Bullrich "quiere las PASO para cantar truco", utilizando la metáfora del juego de cartas para indicar que mantendría ocultas sus intenciones electorales hasta el último momento. Sin embargo, integrantes cercanos a la senadora plantean una lectura distinta: aseguran que Bullrich opera "dentro" de la coalición sin sabotearla, que el problema radica en que los números de apoyo legislativo para derogar las PASO simplemente no existen, y que múltiples senadores plantean la necesidad de consultar con gobernadores antes de comprometerse con una votación.
La respuesta presidencial: gestos de enmienda tras el impacto político
Milei, luego de que el video de Bullrich impactara más de lo previsto, modificó su postura públicamente. Durante una conferencia, se refirió a la senadora con lenguaje mucho más templado, describiéndola como alguien que no "representa ningún problema". Simultáneamente, ofreció un gesto hacia Lali Espósito, mencionando que había escuchado algunos de sus temas y que le habían gustado. Esta maniobra buscaba desactivar la tensión sin admitir equivocaciones previas.
Paralelamente, el jueves anterior, Milei había transferido la administración de la Quinta de Olivos a la Casa Militar y ejecutado el despido de 12 trabajadores, justificando la medida por supuestas "filtraciones" de información. Este acto generó sorpresa entre los funcionarios. Aquellos que estiman tener una relación cercana con el Presidente afirman que las versiones que circularon en redes sociales sobre malos tratos carecen de fundamento, describiéndolo como una persona incapaz de maltratar a quienes trabajan en su entorno. Argumentan que los cambios en la administración de Olivos responden a decisiones que Milei habría consultado con allegados hace meses, pero que solo se implementaron recientemente. La coincidencia temporal entre los despidos y la crisis política interna fue interpretada por diversos actores como una búsqueda de reforzar el control sobre el entorno presidencial.
Perspectivas sobre las consecuencias de estas fracturas
Los episodios de los últimos días plantean interrogantes sobre la viabilidad de mantener la coalición gobernante bajo presiones electorales. Algunos analistas advierten que la dinámica de exclusión de los socios políticos en decisiones de envergadura reproduce patrones que históricamente han debilitado gobiernos que enfrentan competencias electorales. Desde esta perspectiva, la acumulación de resentimientos podría traducirse en desgaste político progresivo. Otros argumentan que Milei cuenta con herramientas para gestionar estas tensiones: su capacidad de comunicación directa con sectores del electorado, su diferenciación respecto a opciones políticas alternativas, y la ausencia de competencia significativa en su propio espacio ideológico. También existe una línea de análisis que sugiere que estas fricciones son normales en coaliciones complejas y que podrían resolverse mediante ajustes incrementales en los procesos de coordinación. Finalmente, hay quienes señalan que el estancamiento en los indicadores de aprobación presidencial refleja un piso de apoyo difícil de ampliar, lo que significaría que el Gobierno estaría navegando una campaña sin margen para erosión adicional de su base política. La realidad es que durante un año electoral, cada crisis interna suma complejidad a la ecuación política.
