Los movimientos en la estructura del Estado nacional que se concretaron recientemente en torno a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología abren un nuevo capítulo en las disputas internas que caracterizan al actual gobierno. Lo que se presenta a primera vista como una simple reorganización administrativa esconde, en realidad, una redistribución sustancial de poder sobre áreas que generan decisiones de enorme relevancia económica y política. Los cambios implican que ciertos sectores estratégicos, que hasta hace poco respondían a figuras sin rango ministerial, ahora pasarán a reportar a funcionarios que ocupan posiciones formales en la administración. Esto representa un giro fundamental en la manera de conducir asuntos públicos que involucan millones de dólares y decisiones que afectan directamente a millones de argentinos.

El entramado de poder y los espacios de influencia que se reorganizan

La figura de la hermana del mandatario ingresa en este escenario como articuladora de una nueva configuración de fuerzas dentro del gabinete. A través del jefe de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia amplía su alcance sobre dependencias cuyas competencias son de índole transversal: regidoras de asuntos tecnológicos, de comunicaciones, de empresas prestadoras de servicios esenciales y de infraestructura. No se trata meramente de un ejercicio de titularidad burocrática, sino de la capacidad efectiva de supervisar y orientar decisiones sobre operaciones cuestionables que permanecieron bajo el dominio de figuras que actuaban sin investidura oficial. Ese cambio de titularidad formal en las jerarquías trae aparejado un corrimiento de responsabilidades administrativas y potencialmente penales hacia funcionarios que deben responder públicamente por sus actos.

El jefe de Gabinete se ve obligado a alinearse con los intereses de la secretaria general de la Presidencia. Las razones son claras: su ambición de acceder a la gobernación de la provincia más poblada del país depende de dos factores que ella controla. Primero, su postulación como candidato oficial. Segundo, su capacidad de articular un acuerdo entre las fuerzas no peronistas que le permita llegar a gobernar con respaldo suficiente. Sin esa alianza de espacios políticos, su posibilidad de victoria se reduce considerablemente en un distrito donde los votos se distribuyen entre múltiples opciones y donde no existe balotaje. Esta dependencia política impone una obediencia casi total respecto de quiénes controlan efectivamente la administración. El jefe de Gabinete administra formalmente, pero responde ante quien cuenta con los recursos de poder dentro de la estructura presidencial.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología fue realocada en la cadena de mando. Ya no dependerá del jefe de Gabinete, sino de su vicejefe. El Ente Nacional de Comunicaciones, por su lado, quedó bajo la órbita directa del jefe de Gabinete sin intermediarios. Esto significa que tendrá capacidad de decisión unilateral sobre el organismo regulador de medios audiovisuales, telecomunicaciones e internet. Las empresas Arsat y Correo Argentino fueron asignadas a su mano derecha. Estos movimientos no son caprichosos. Responden a una lógica de concentración de poder sobre sectores donde circulan sumas considerables de dinero y donde se toman resoluciones que tienen alcance nacional.

Continuidades y rupturas: quiénes seguirán en los cargos y qué significa eso

Uno de los aspectos que merece especial atención es el destino de los funcionarios que venían desempeñándose en estas áreas. La permanencia de ejecutivos que fueron indicados por la anterior estructura de poder podría interpretarse como un mecanismo para mantener influencias pretéritas. Sin embargo, la realidad es más matizada. Estos personajes no llegan de la nada. Provienen de trayectorias que los caracterizan como adaptables a distintos contextos y jefaturas. El secretario que dirigía la cartera de Innovación tuvo paso previo en organismos de regulación durante gobiernos anteriores. Fue designado representante estatal en una empresa de telecomunicaciones durante la administración Macri. Posteriormente, durante el gobierno que le siguió, coordinó estructuras en municipios gobernados por políticos de otras orientaciones. Los libertarios lo convocaron para coordinar una de las áreas más sensibles del Estado. Después fue ascendido. Se trata, en definitiva, de técnicos en tránsito que demuestran capacidad para cambiar de rumbo según quién les dé órdenes.

El responsable actual del Ente Nacional de Comunicaciones posee un perfil similar. Proviene del sector privado donde se desempeñó bajo gobiernos anteriores. Es un profesional cuya permanencia en el cargo no está garantizada, pero cuya eventualidad de irse no modifica el signo político de las decisiones que se tomen desde ahora. Los nombres importan menos de lo que puedan parecer a primera vista. Los organigramas se pueden rediseñar sin que ello implique cambios sustanciales. Lo que sí marca una diferencia radica en un aspecto más profundo: ahora los encargados políticos de tomar determinaciones coincidirán con los que firman las resoluciones y decretos. Durante el período anterior, esa función estaba fragmentada. Los responsables administrativos y penales de cada decisión debían reportar a personajes que no poseían carácter oficial, simples ciudadanos sin función pública que actuaban desde ámbitos extraoficiales. Esa arquitectura descentralizada, donde la responsabilidad quedaba difuminada entre actores formales e informales, se ha transformado. Ahora la cadena de mando es más directa, aunque no necesariamente más transparente.

Telecomunicaciones: la fusión que nadie deja de mirar

La decisión de reservarse la dirección del Ente Nacional de Comunicaciones revela la valoración política que se otorga a este organismo. Se trata de la autoridad reguladora de toda la industria de medios audiovisuales, telefonía e internet en el país. Por sus competencias ejerce control sobre mercados de miles de millones de dólares. En el escritorio de quien lo dirige reposa un expediente de máxima trascendencia: la autorización de la integración entre dos empresas de telecomunicaciones que pertenecen al mismo grupo empresarial de medios. Esta operación de concentración constituye una palanca clave cuyo manejo anterior implicaba a múltiples actores, incluida la secretaría de cuestiones legales y técnicas de la Presidencia. Ahora una sola persona, monitoreada a su vez por la secretaria general de la Presidencia, concentrará ese poder de decisión.

Un indicador que sugiere cambios acelerados en la conducción de este espacio es lo sucedido con una licitación convocada hace poco tiempo en plazos muy comprimidos. Se trata de la contratación de software para un sistema de alertas tempranas de carácter público. La velocidad del procedimiento resulta llamativa: la convocatoria se realizó el séptimo de julio y el vencimiento para presentar propuestas es el veintidós del mismo mes. Apenas quince días. Esa aceleración sugiere que alguien en el organismo regulador advirtió que cambios en la conducción eran inminentes y procuró concretar operaciones antes de que eso ocurriera. La persona que ahora asumirá funciones deberá revisar ese trámite y muchos otros con particular cuidado.

Existe además un reclamo de informes muy detallado que llegó a la oficina del organismo regulador. Proviene de una legisladora que solicitó explicaciones sobre una transferencia de fondos de magnitud importante desde el Enacom hacia una empresa de soluciones satelitales estatal. Los recursos provinieron del Fondo del Servicio Universal. La Ley Bases sancionada recientemente impide realizar transferencias adicionales de fondos hacia empresas públicas. El responsable anterior de la cartera señaló que esa operación forma parte de un contrato que data del año dos mil veinte y que se justifica por desajustes en el tipo de cambio. La explicación, sin embargo, deja interrogantes sin responder. Si ese criterio se aplicó en este caso, ¿por qué razón no se aplicó de igual manera a infinidad de compañías privadas que cuentan con convenios similares? Esa inconsistencia sugiere que el tratamiento diferenciado responde a consideraciones distintas a las que se esgrimieron públicamente. La caja del fondo que financia servicios universales gozó durante gobiernos anteriores de una falta de claridad en sus movimientos que merecería ser investigada desde perspectivas penales.

Las empresas estatales y los entramados contractuales bajo escrutinio

La persona asignada a supervisar Arsat y Correo Argentino tendrá la responsabilidad de evaluar si estos organismos pueden ser privatizados parcialmente o si algunos de sus servicios pueden terciarizarse. En el caso del Correo, deberá abordar una tarea de particular complejidad: la revisión del contrato que vincula a esta empresa estatal con una firma que presta servicios de logística. Esa compañía fue adquirida por un empresario cuando compró otra empresa de envíos que anteriormente operaba bajo otro nombre. El empresario en cuestión se hizo conocido públicamente cuando una aeronave de su propiedad aterrizó en el principal aeropuerto porteño transportando como única pasajera a una ciudadana que permitió que equipaje suyo ingresara al país sin pasar por controles aduaneros. El caso se encuentra a cargo de un juez especializado en delitos económicos. Ese magistrado acaba de ser postulado por el Presidente para ocupar una de las vacantes en la máxima instancia de apelación en materia penal de la Capital Federal. El juez mencionado mantiene una amistad íntima con el ministro de Justicia.

El empresario en cuestión posee vínculos muy estrechos con quien fuera hasta hace poco el principal operador político e informático del Presidente. Gracias a esas conexiones, obtuvo contratos de consultoría con organismos de inteligencia que actualmente se encuentran bajo investigación judicial. Se ha presentado denuncia sobre esos convenios por supuesta violación de la ley que regula actividades de espionaje. La proximidad entre este empresario y la anterior estructura de poder vuelve más sensible el examen que realizará sobre los términos de los contratos que vinculan al Correo con la firma logística. Una pregunta central que deberá formularse es si ambas empresas pagan por los servicios que comparten cuando utilizan los mismos vehículos para transportes de larga distancia. Otra interrogante se refiere a los términos y costos del principal acuerdo entre la firma logística y el Correo: la provisión de servicios relacionados con las elecciones nacionales.

La situación empresarial genera complejidades adicionales. La compañía que adquirió el empresario mencionado se encuentra en concurso de acreedores. Su principal acreedor es la agencia recaudadora de tributos. Esa oficina estaba dirigida hasta hace poco tiempo por un amigo muy cercano del empresario. Sin embargo, este funcionario cuenta con suficiente experiencia para no exponerse. La empresa en dificultades podrá mejorar su situación incorporándose a programas de financiamiento diseñados para empresas con problemas de deuda, beneficio que se extiende a múltiples actores. El empresario también es propietario de una línea aérea de bajo costo que virtualmente no opera debido a su descalabro económico. Se anticipa que tras múltiples deliberaciones, presentará esa aerolínea en concurso de acreedores. También en este caso, la deuda principal es hacia la agencia tributaria nacional por obligaciones laborales patronales.

Arsat y los interrogantes sobre operaciones previas

Si la revisión sobre Correo Argentino puede generar incomodidad en la anterior estructura de poder, cualquier investigación sobre Arsat representa un desafío significativamente mayor. Se trata de la empresa estatal que se dedica a soluciones satelitales y al tendido de una extensa red de fibra óptica. Fue dirigida hasta hace poco por un empresario mendocino que actualmente se encuentra privado de su libertad. La justicia allanó sus domicilios y encontró casi dos millones y medio de dólares en efectivo, armas de fuego y dispositivos empleados en operaciones de inteligencia. La investigación penal se tramita en la provincia de Buenos Aires, donde un juez delegó las tareas de fiscalización a un fiscal que lleva adelante la pesquisa.

Uno de los personajes claves en los presuntos negociados que se investigan en relación a Arsat es un funcionario que pasó por múltiples cargos públicos. Fue gerente de compras y contrataciones en la empresa estatal. Desde allí ascendió a la presidencia de una empresa estatal de transporte ferroviario. Curiosamente, mientras ocupaba ese cargo, seguía desempeñándose como gerente de compras en Arsat. El empresario que conocemos por sus otras empresas obtuvo contratos significativos para tendido de fibra óptica en estaciones ferroviarias. El funcionario en cuestión fue desplazado de su cargo en Arsat varios días después de que ocurriera un allanamiento escandaloso en los domicilios del exdirector de la compañía. Previamente, policías encontraron en San Fernando un depósito de una empresa proveedora con material que había sido sustraído de la empresa estatal. El registro de teléfono de este funcionario resultó fundamental para ese descubrimiento.

El exdirector de Arsat se desempeñó como funcionario durante el gobierno anterior bajo dependencia política de quien fuera ministro de Economía. Pertenece a un grupo de empresarios que se conoce por su procedencia geográfica. Ese grupo integraba también a otros personajes que ocuparon posiciones en el área de transportes. En el entorno del empresario que mencionamos aseguran que él nunca mantuvo buena relación con el exdirector de Arsat ni con otros miembros de ese grupo regional. Sin embargo, la pregunta que surge es con quiénes sí debería mantener vínculos. Particularmente con los aliados empresariales de esos personajes regionales. Existe un empresario muy conocido en el espectro empresarial que cuenta entre sus vínculos a uno de los miembros de ese grupo regional como vicepresidente de un club de fútbol. Una demostración de esa afinidad empresarial se exhibió durante el verano en una localidad balnearia. Allí dos empresas del empresario antes mencionado desplegaban sus señalizaciones publicitarias.

La causa penal que avanza en San Isidro en relación a Arsat agrega complejidades. En ese expediente prestó testimonio el chofer y asistente del exdirector. Este colaborador declaró ante el fiscal sobre reuniones que su jefe sostenía en oficinas de un edificio céntrico de la Capital Federal. Mencionó encuentros con personas cuyos apellidos recordaba, algunas de las cuales se vinculaban con empresas