La toma de posesión de Diego Santilli como jefe de Gabinete marcó un antes y un después en la estrategia de negociación política del gobierno nacional. La presencia de trece gobernadores en la ceremonia que se llevó a cabo en la capital cordobesa no fue casual: funcionó como un mensaje cifrado sobre las intenciones del oficialismo de avanzar con una de sus prioridades legislativas más ambiciosas en los próximos meses. Más allá del cambio de cargos en la estructura gubernamental, lo que realmente se puso en movimiento fue un complejo engranaje de negociaciones que incluye desde modificaciones al sistema electoral hasta reclamos por recursos provinciales y obras de infraestructura. El escenario que se abre combina cálculos electorales con demandas fiscales, en un contexto donde la capacidad de gastar de las jurisdicciones locales se vuelve cada vez más acotada.

El eje central de estas conversaciones pivotea sobre la continuidad o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, un mecanismo que existe desde 2009 y que se ha convertido en objeto de disputa política desde hace años. La administración actual visualiza en su modificación un componente estratégico para sus planes de reelección: eliminar o suspender las PASO reduciría los costos electorales, simplificaría la competencia interna y permitiría una proyección electoral más directa. Sin embargo, los números en el Congreso no cierran para una eliminación completa. Esto explica por qué desde diferentes sectores del oficialismo se comenzó a plantear una salida intermedia: la suspensión temporal de las primarias, al menos para los comicios del próximo año. Este ajuste en la propuesta inicial representa un reconocimiento tácito de las limitaciones políticas existentes, pero también abre la puerta a un debate más amplio sobre qué actores pueden ser persuadidos y bajo qué condiciones.

La foto política y sus verdaderos significados

La asistencia a la jura de Santilli incluyó a figuras provinciales de diferente peso político. Junto al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, se sumaron mandatarios como Martín Llaryora de Córdoba, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Marcelo Orrego de San Juan y otros. Dos aliados conocidos como Alfredo Cornejo de Mendoza y Leandro Zdero del Chaco participaron con aviso de ausencia, una fórmula diplomática que permite mantener vínculos sin comprometerse públicamente. El detalle no es menor: la composición de la concurrencia refleja diferentes grados de alineamiento y, por lo tanto, diferentes capacidades de presión a la hora de negociar demandas específicas. Algunos de estos gobernadores representan coaliciones locales que necesitan mantener perfiles independientes ante sus electorados, mientras que otros pueden permitirse una cercanía más explícita con el gobierno nacional sin sufrir desgastes políticos significativos.

Lo que los gobernadores aseguran es que el cambio de autoridades en la Casa Rosada no altera sustancialmente el proceso de negociación: Santilli era ya el interlocutor clave antes de asumir como jefe de Gabinete, por lo que su nuevo rango simplemente formaliza un rol que ya desempeñaba. Esto sugiere que la arquitectura de negociación política estaba previamente estructurada, y que lo que ahora se modifica es la capacidad de acelerar procesos y tomar decisiones sobre asuntos que afectan directamente a las provincias. Sin embargo, existe un factor que complica cualquier proyección: la evolución de la imagen presidencial. La caída del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado judicialmente por enriquecimiento ilícito presunto, generó turbulencias que los gobernadores observan con atención. Estos eventos marcan el ritmo de la confianza política, y pueden acelerar o desacelerar negociaciones dependiendo de cómo impacten en la percepción pública del ejecutivo nacional.

Las verdaderas monedas de cambio: recursos, obras y subsidios

Detrás de cualquier acuerdo sobre reforma electoral existe un trasfondo de negociaciones sobre recursos fiscales. Las provincias enfrentan una situación económica que se torna cada vez más restrictiva: la coparticipación federal volvió a caer en junio, cerrando el primer semestre con una baja real interanual de 2,8 por ciento respecto al año anterior. Para contextualizarlo, esta cifra resulta mejor solamente que el balance de 2024, pero claramente inferior a los registros de 2023, 2022 y 2021. Simultáneamente, el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, reformuló el esquema de tarifa social para servicios públicos, trasladando hacia los gobiernos subnacionales la responsabilidad de financiar compensaciones en caso de incrementos tarifarios. Esta decisión reactualiza un conflicto que lleva más de dos años: la disputa sobre quién financia el transporte público, un servicio fundamental que genera presión tanto política como fiscal en municipios y provincias.

Paralelamente, ocurre algo semejante con los recursos destinados a educación. Los gobernadores necesitan financiamiento adicional para mantener servicios básicos, mientras que la Casa Rosada busca equilibrios fiscales que limitan su capacidad de transferencias. Es en este contexto donde las negociaciones sobre reforma electoral adquieren una dimensión transaccional clara: apoyo legislativo a cambio de fondos, obras y flexibilización en las condiciones de financiamiento de servicios provinciales. Algunos mandatarios ya han comenzado a señalar sus posiciones. Jaldo, de Tucumán, rechazó inicialmente la propuesta electoral tildándola de "traje a medida" para el oficialismo libertario, aunque sus críticas también reflejan tensiones locales más profundas: en esa provincia existe amenaza de competencia electoral con candidato propio del gobierno nacional. Jalil, de Catamarca, pidió análisis detallado pero luego adelantó su apoyo, probablemente porque en esa provincia el panorama político permite una relación más fluida. Llaryora, en Córdoba, histórico peronista, no objeta la eliminación porque su provincia siempre rechazó las PASO. Frigerio, Valdés y Orrego ya expresaron apoyo explícito a la propuesta tal como fue presentada por el gobierno.

Existe además un tercer grupo, representado por gobernadores con vínculos más zigzagueantes con el oficialismo nacional, como el santafesino Pullaro. Este sector aparentemente admite la suspensión temporal de las PASO pero resistiría una eliminación definitiva a nivel nacional. La existencia de estas distintas posiciones genera una compleja geometría de negociación donde cada sector puede instrumentalizar su apoyo o rechazo para obtener concesiones específicas. Una fórmula alternativa que comenzó a circularse en algunas conversaciones es la de habilitar listas colectoras, aunque por ahora funciona más como un ancla preliminar que como una propuesta sólida. Esta multiplicidad de opciones en discusión sugiere que aún hay margen para acuerdos híbridos que no necesariamente repliquen la propuesta original del gobierno.

La prudencia con que se expresan públicamente varios de los gobernadores consultados en las últimas horas refleja una estrategia deliberada: evitar compromisos prematuros mientras se evalúan el costo político local y el potencial de obtener contrapartidas fiscales. Frases como "hay que dejar pasar algunas semanas" funcionan como fórmulas que mantienen canales abiertos sin cerrar opciones. En el mediano plazo, la evolución de la imagen presidencial, el desempeño económico y la disponibilidad de recursos federales determinarán la velocidad y profundidad de estos acuerdos. Lo que está en juego es tanto una reforma electoral de alcance nacional como la recalibración de las relaciones fiscal-políticas entre el gobierno central y las provincias, dos dimensiones que están profundamente entrelazadas en la arquitectura de la negociación que está apenas comenzando a desplegarse públicamente.