La maquinaria estatal gira a velocidad máxima alrededor de una batería de iniciativas que compete al terreno económico, mientras que un asunto que figuraba como prioritario en los primeros anuncios del Gobierno actual permanece congelado en los pasillos del Congreso Nacional. Transcurrieron más de noventa días desde que la reforma electoral fue enviada al Parlamento, y aún no hay fecha para su debate en el recinto. Este aletargamiento responde a una combinación de factores que van desde la falta de consensos legislativos hasta una deliberada estrategia de subordinar lo electoral a lo financiero, en momentos en que el país enfrenta transformaciones estructurales profundas en su modelo de funcionamiento institucional.
El proceso de negociación que lleva adelante la Casa Rosada con las provincias revela el carácter complejo que encierra esta iniciativa de cambio normativo. Diego Santilli, a cargo de la Jefatura de Gabinete, y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, realizarán giras territoriales en las próximas semanas, incluyendo una visita programada a Chaco donde se encontrarán con su gobernador Leandro Zdero, figura con trayectoria en la Unión Cívica Radical. Paralelamente, desde Balcarce 50 recibirán a mandatarios provinciales de extracción peronista, como Raúl Jalil de Catamarca y Elías Suárez de Santiago del Estero. Estas jornadas de diálogo territorial ilustran cómo la agenda legislativa nacional se construye hoy mediante acuerdos bilaterales y multilaterales que exceden los límites de la Ciudad Autónoma.
El nudo de las PASO: múltiples caminos, decisión postergada
El corazón del conflicto reside en el tratamiento de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, instrumento electoral que fue introducido en Argentina en 2009 durante la administración Kirchner con el propósito de democratizar internamente las estructuras partidarias. Desde entonces, las PASO han generado debates intensos: defensores sostienen que permiten mayor participación ciudadana y diversidad de candidaturas, mientras que críticos argumentan que constituyen un gasto electoral innecesario y que fragmentan el voto. En la actualidad, el Gobierno enfrenta resistencia importante de sus propios aliados legislativos respecto a su eliminación directa. Por ello, desde el Ejecutivo se barajan distintas opciones que van desde la implementación de listas colectoras —mecanismo que agrupa candidatos de diferentes sectores en una misma lista— hasta una suspensión temporal de las PASO para 2025 o incluso transformarlas en instancias voluntarias según la decisión de cada partido político.
Los funcionarios de mayor rango en la estructura gubernamental insisten públicamente en que no existe prisa para definiciones de esta envergadura. Cuando se les consulta sobre los tiempos del proyecto electoral, la respuesta que surge desde los despachos presidenciales es escueta: "Todavía falta". Esta respuesta refleja una deliberada estrategia de desaceleración legislativa que coloca en primer plano las iniciativas vinculadas al programa de estabilización monetaria y reforma fiscal. El ministro coordinador ha enfatizado que la prioridad máxima radica en "blindar" todas las medidas económicas y que el proyecto económico requiere del respaldo político en las cámaras para avanzar en su implementación.
La agenda económica como eje vertebrador del accionar legislativo
La complejidad de la coyuntura política actual se comprende mejor cuando se observa el catálogo de iniciativas que compiten por espacio legislativo en paralelo a la reforma electoral. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será presentada en cadena nacional a través de una alocución presidencial acompañada por el equipo económico. Simultáneamente, se encuentran en consideración parlamentaria cambios al régimen de Inocencia Fiscal, modificaciones al esquema de protección de la propiedad privada, transformaciones en el régimen de Zona Fría destinadas a eliminar subsidios tarifarios de gas en varias circunscripciones provinciales, y una iniciativa que introduce mecanismos de "shutdown" o paralización estatal cuando se agotan los fondos presupuestarios. Esta multiplicidad de frentes abiertos simultáneamente configura una estrategia legislativa orientada a concentrar voluntades políticas en torno a objetivos económicos, dejando en segundo plano asuntos de menor urgencia institucional en la óptica del Ejecutivo.
Desde la óptica del oficialismo, esta priorización posee lógica: mientras el país atraviesa turbulencias en su estabilidad macroeconómica, una reforma electoral puede esperar. Los diálogos con los gobernadores revelan, sin embargo, un cálculo electoral de largo alcance. El Gobierno contabiliza alrededor de trece provincias con las que mantiene relaciones constructivas, como quedó evidenciado cuando sus mandatarios asistieron tanto a la asunción de Diego Santilli como al acto conmemorativo del 9 de julio en Tucumán. Una fuente gubernamental declaró con claridad: "Los gobernadores no vienen si ven que no hay agua en la pileta", refiriéndose al hecho de que la concurrencia de estos actores políticos supondría, en su interpretación, una evaluación positiva de las posibilidades electorales futuras y una medición favorable del Gobierno en los territorios provinciales.
El panorama legislativo que se abre en los próximos meses, entonces, presenta un escenario donde la reforma electoral permanecerá como asunto "cocinándose al costado", según la expresión que utilizó un vocero oficial. Esto significa que aunque no sea materia de debate legislativo inmediato, sigue siendo objeto de negociaciones diplomáticas en múltiples niveles: entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales, entre bloques parlamentarios de distintas orientaciones políticas, y dentro de las propias estructuras partidarias que deberán decidir qué postura asumir frente a eventuales cambios en el sistema de elección de candidatos. Los distintos caminos que se analizan —suspensión temporal, carácter opcional, o implementación de listas colectoras— implican consecuencias diferenciadas no solo para la competencia electoral de 2025, sino para la arquitectura política que regirá los próximos años en materia de organización interna de los partidos y distribución de poder dentro de cada estructura partidaria.
Las consecuencias de esta postergación pueden interpretarse desde perspectivas variadas. Quienes priorizan la estabilidad macroeconómica considerarán acertado que el Gobierno enfoque sus esfuerzos en consolidar sus reformas económicas, evitando fracturas innecesarias con aliados que podrían resultar cruciales para sancionar leyes en el campo fiscal y monetario. Desde esta lectura, demorar la resolución del tema electoral es una decisión táctica sensata que reconoce los límites del poder legislativo disponible. Contrariamente, analistas que enfatizan el carácter estratégico de las reglas de competencia electoral podrían advertir que la indeterminación prolongada genera incertidumbre que afecta la planificación política de todos los actores partidarios, impidiendo que los espacios políticos realicen sus movimientos internos con claridad respecto a qué marco normativo los regirá. Igualmente, existe una perspectiva que considera que este diferimiento responde menos a una decisión táctica que a la carencia efectiva de los votos necesarios para sancionar una reforma que enfrenta la resistencia de múltiples sectores, transformando la postergación en una evidencia de los límites reales del poder político disponible para impulsar cambios normativos en este terreno específico.
