El engranaje político vuelve a girar sobre un tema que no deja de agitar aguas en los pasillos del Congreso. La próxima semana, el Senado reanudará el análisis de una reforma electoral que busca transformar aspectos fundamentales del sistema de votación argentino, con énfasis en la desaparición de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. La iniciativa, que surgió desde el Ejecutivo, constituye un paquete legislativo ambicioso de 79 artículos que toca nervios sensibles dentro de la arquitectura política nacional: desde la manera en que se eligen autoridades hasta cómo se financian los partidos y quiénes pueden competir en las contiendas electorales. Lo que suceda en las próximas semanas será determinante no solo para la agenda gubernamental, sino también para el mapa político que enfrentará las elecciones de 2027.

El regreso a las comisiones y la búsqueda de apoyo legislativo

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, conducida por el senador fueguino Agustín Coto, ha fijado el próximo martes 15 de septiembre a las 15:30 como la fecha en que continuará el tratamiento del expediente. Esta será una sesión de carácter informativo en la que se analizarán distintas propuestas legislativas relacionadas con posibles cambios en el régimen electoral. Por ahora, persiste la incertidumbre respecto de si se convocará a especialistas o representantes de diversos sectores para enriquecer el debate, aunque lo que sí está claro es el objetivo: avanzar en la construcción de consensos necesarios para llevar adelante transformaciones electorales de envergadura.

La complejidad de la tarea radica en que la Constitución Nacional establece en su artículo 77 que cualquier modificación al régimen electoral y de partidos políticos requiere aprobación por mayoría absoluta. Esto significa nada menos que alcanzar 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Semejante umbral obliga a la Casa Rosada a desplegar una estrategia permanente de negociación con las fuerzas provinciales. De hecho, en el Senado hay solo 33 bancas para La Libertad Avanza, lo que implica que el oficialismo necesita apoyo de otras fuerzas políticas para lograr la sanción de cualquier reforma. Esto explica por qué Diego Santilli, jefe de Gabinete, mantiene reuniones constantes con gobernadores, mientras que senadores como Patricia Bullrich y diputados como Martín Menem trabajan en el tejido de acuerdos que permita construir esas mayorías.

Las PASO en la mira: argumentos públicos y cálculos políticos ocultos

La eliminación de las PASO constituye el capítulo más emblemático de la propuesta reformista. Desde la comunicación oficial, el argumento que se esgrime apunta al costo económico que implica organizar una elección primaria. Sin embargo, detrás de esa justificación fiscal existe un cálculo político que circula en los espacios de poder: el Gobierno considera que estas primarias, ya sean obligatorias u optativas, funcionan como mecanismo de fortalecimiento de los frentes opositores. Una elección interna, pese a sus confrontaciones internas, tiende a ordenar y cohesionar a las alianzas políticas, algo que el oficialismo prefiere evitar de cara a 2027. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha sido clara con los legisladores libertarios: "las PASO hay que eliminarlas". No obstante, existe cierta flexibilidad dentro de la coalición gobernante: algunos sectores de La Libertad Avanza estarían dispuestos a aceptar una suspensión de las primarias solo para el calendario electoral de 2027, aunque rechazarían tajantemente que el mecanismo continúe siendo optativo.

La próxima reunión del presidente Javier Milei con los legisladores de su bloque, pautada para el lunes 14 de septiembre, será una nueva oportunidad para reafirmar esta posición y alinear a los diputados y senadores en torno a los objetivos de la reforma. Cada una de estas convocatorias funciona como una recalibración de la estrategia legislativa, asegurando que no haya deserciones en el apoyo que el oficialismo necesita para avanzar.

Ficha Limpia: un consenso cruzado que atraviesa la reforma

Uno de los puntos más destacados del paquete reformista es la inclusión de la llamada Ficha Limpia, una iniciativa impulsada históricamente por el PRO y que también cuenta con el respaldo de la Unión Cívica Radical. Este mecanismo busca impedir que dirigentes políticos con determinadas condenas penales puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales. El tema no es novedoso: hace apenas años, un proyecto en este sentido fue aprobado por Diputados pero fue rechazado en el Senado luego de que dos senadores por Misiones modificaran su posición en el último momento. Esa experiencia demostró cuán frágiles pueden ser los acuerdos legislativos en materia electoral. Ahora, la senadora Edith Terenzi, cercana al gobernador chubutense Ignacio Torres, solicitó durante la sesión del 27 de agosto que se le dé preferencia en el Senado para tratar proyectos de Ficha Limpia. Esta demanda fue la que motivó que Patricia Bullrich se comprometiera a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para continuar avanzando en el tema.

La propuesta de Ficha Limpia que circula en estos momentos no toma una única forma. El senador del PRO Martín Goerling Lara presentó un proyecto que establece un régimen de inhabilitación para personas con condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados con la administración pública. Su texto incluye fraude contra la administración, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, entre otros delitos. Por su parte, la senadora neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa, propuso modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales cuando la sentencia esté confirmada en segunda instancia. En ese escenario, la inhabilitación se mantendría durante todo el período de la condena. Aunque existen matices entre estas versiones, todas comparten el espíritu de crear un filtro institucional que excluya del proceso electoral a quienes hayan sido condenados por delitos graves.

Un sistema de partidos fragmentado que demanda reorganización

Más allá de las PASO y de Ficha Limpia, la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo apunta a una reestructuración profunda del sistema de partidos políticos argentino. Los números presentados en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 13 de mayo, cuando Agustín Coto puso en marcha formalmente los trabajos, revelan una fragmentación sin precedentes. Actualmente existen 44 partidos nacionales habilitados para presentar candidatos presidenciales y 710 partidos de distrito que compiten por bancas legislativas. Estos números sorprenden cuando se comparan con el resto de la región: Paraguay, el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de partidos, tiene apenas 35. Esta proliferación de siglas genera distorsiones significativas en el funcionamiento del sistema político y electoral.

La iniciativa presentada por María Luz Alegría Landívar, asesora del Ministerio del Interior, propone elevar los requisitos de votos exigidos y aumentar la cantidad de distritos o afiliados necesarios para mantener el reconocimiento como partido nacional o distrital. Semejante modificación podría tener consecuencias dramáticas: las fuerzas que no alcancen esos nuevos estándares perderían su personería jurídica. Paradójicamente, esta medida podría afectar incluso a espacios aliados del Gobierno, como el MID de Oscar Zago. Bullrich ha adelantado que la reforma política será discutida y podrá ser modificada en el tratamiento en comisión, aunque ha aclarado que Ficha Limpia permanecerá dentro de la iniciativa oficial y no será tratada por separado, al menos de momento. El proyecto también contempla cambios en la Boleta Única de Papel (BUP), en el sistema de financiamiento de los partidos políticos y, de manera sorpresiva, la eliminación de la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. En su lugar, estos serían designados indirectamente por el Congreso, de acuerdo con la representación proporcional de cada bloque político.

Las implicancias futuras de una transformación electoral profunda

Lo que está en juego en las próximas semanas trasciende las cuestiones técnicas de procedimiento electoral. Una reforma de esta magnitud redefiniría el mapa político argentino para la próxima década, con consecuencias que podrían interpretarse de múltiples maneras según el punto de vista. Por un lado, quienes respaldan estos cambios argumentan que la eliminación de las PASO simplificaría el calendario electoral, reduciría costos fiscales significativos y permitiría una mayor concentración de esfuerzos políticos. La reducción de partidos podría potencialmente fortalecer coaliciones más estables y coherentes. Por otro lado, críticos de estas medidas sostienen que la supresión de primarias reduce espacios de participación ciudadana y competencia democrática, mientras que la introducción de Ficha Limpia y el endurecimiento de requisitos para la personería jurídica podrían concentrar el poder político en un número menor de organizaciones. La designación indirecta de representantes ante el Mercosur también genera interrogantes sobre la representatividad de quienes ocuparán esos cargos. Independientemente de las perspectivas, lo cierto es que Argentina se encuentra ante una encrucijada institucional que marcará el rumbo de la política nacional en los años venideros, y cuya resolución dependerá de la capacidad de negociación de múltiples actores políticos en los próximos meses.