La Rioja se convierte en laboratorio de políticas de recuperación estatal de tierras privadas. El gobernador Ricardo Quintela ha llevado adelante al menos dos operaciones expropiatorias de magnitud en su provincia, sentando un precedente que trasciende los límites provinciales. Hace pocas semanas, el mandatario riojano realizó declaraciones públicas donde aseguró que si el peronismo retorna al poder a nivel nacional, implementará un plan masivo de nacionalizaciones y expropiaciones. No se trataba apenas de una posición ideológica: Quintela cuenta con experiencia práctica en la materia. En su provincia ya ha ejecutado procesos de recuperación de inmuebles de gran valor, aunque estos generaron controversias significativas sobre la forma en que se llevaron a cabo y los resultados finales obtenidos.
Durante una intervención en medios radiofónicos el 6 de agosto pasado, Quintela expresó su intención de advertir a los inversores sobre lo que ocurriría con un eventual regreso peronista al gobierno nacional. Sus palabras fueron contundentes: planteó que se revisaría integralmente el modelo económico vigente y se procuraría nacionalizar y expropiar todo aquello que el Gobierno considerara necesario. Esta declaración no era teórica ni especulativa. Detrás de esas afirmaciones existía un historial concreto de acciones ejecutadas en territorio riojano. Los sectores opositores en la provincia han señalado sistemáticamente que Quintela encabezó varios procesos de recuperación estatal, dos de los cuales adquirieron particular relevancia pública y judicial: la toma de posesión del predio donde funciona el Golf Club de La Rioja y la expropiación de casi 5000 hectáreas que pertenecían al entrenador de fútbol Ramón Díaz.
El Golf Club: una expropiación sin indemnización inmediata
La historia del Golf Club de La Rioja comienza décadas atrás, con una serie de transferencias de dominio que evidencian la complejidad de la tenencia de tierras en Argentina. El predio original pertenecía al Ejército Argentino, que en algún momento cedió los terrenos a la provincia. Esta última los transfirió a la municipalidad capitalina, que finalmente, entre 1999 y 2000, los pasó a una fundación. Posteriormente, esa fundación entregó los derechos a la institución Golf Club La Rioja Asociación Civil y a antiguos propietarios privados de la zona. El campo de 18 hoyos, identificado con varias matrículas registrales, fue inaugurado el 12 de diciembre de 1999, en los últimos días de la presidencia de Carlos Saúl Menem. Curiosamente, la Casa de Gobierno provincial había funcionado en ese predio bajo el nombre de "La Rosadita", una denominación que evocaba la histórica residencia de Anillaco. Esa vivienda actualmente se encuentra alquilada.
El 29 de abril de 2021, la Legislatura riojana aprobó la ley 10.379, que formalizó legalmente la expropiación del Golf Club. El texto de la norma indicaba que los terrenos serían destinados a la instalación y funcionamiento de espacios deportivos y recreativos, y prometía una "planificación integral de la zona" con una adecuada "distribución de los terrenos que quedarían afectados al cumplimiento del fin previsto". La ley también establecía que las dimensiones exactas del predio surgirían de planos de mensura que los organismos competentes confeccionarían y aprobarían posteriormente. Sin embargo, lo que ocurrió en la práctica divergió significativamente de lo establecido en la normativa. La cancha de golf nunca dejó de funcionar, las familias continuaron viviendo en las casas construidas dentro del predio, y ninguno de los proyectos anunciados se materializó. La expropiación, según documentos judiciales posteriores, se ejecutó mediante una toma de posesión directa por parte del Estado provincial, sin que mediara un decreto expropiatorio previo, sin notificación oportuna al propietario y, lo más relevante, sin el pago de indemnización alguna en el momento de la ocupación ni en los períodos inmediatos posteriores.
Esta forma de proceder vulneró lo establecido en la ley provincial 4611, que regula los procesos expropiatorios en La Rioja. Según esta normativa, en los casos de urgencia el Estado debe consignar judicialmente, antes de tomar posesión del bien, el importe de la valuación fiscal o la suma que determine el Tribunal de Tasaciones provinciales. Este trámite esencial nunca se realizó. El cesionario de los derechos del Golf Club, Alejandro Almarza, presentó en noviembre de 2021 una demanda de expropiación inversa para obligar al Estado provincial a completar legalmente el proceso de expropiación y efectuar el pago de la indemnización correspondiente. En octubre de 2022, la justicia riojana ordenó al Estado efectuar el depósito del dinero relacionado con las valuaciones fiscales. Esa orden nunca fue cumplida. Además, existieron imprecisiones sobre la superficie exacta involucrada en la expropiación, que fue modificada a través de una reforma sancionada a fines de 2021. La normativa incluyó tres inmuebles: dos lotes de aproximadamente 1,7 y 3,3 hectáreas, más otro de casi 24 hectáreas correspondiente al área de la cancha, lo que sumaría alrededor de 30 hectáreas, aunque la dimensión nunca quedó fijada con precisión.
El fallo millonario y la cesión a una asociación de golf
El 11 de agosto del 2025, la Sala Unipersonal 4 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, bajo la dirección de la jueza María Paiaro, resolvió hacer lugar a la demanda de expropiación inversa presentada por el Golf Club La Rioja Asociación Civil contra el Estado Provincial. La sentencia condenó al Estado a abonar una indemnización de $6.679.823.921 en concepto de indemnización principal, más $341.469.100 por mejoras realizadas en el predio. Ambas sumas generan intereses desde el 24 de noviembre de 2024, fecha establecida como referencia para la valuación del bien. La jueza enfatizó en su sentencia "la conducta del expropiante en cuanto a la desobediencia de las normas constitucionales". Los documentos judiciales indican que la causa continúa debatiéndose en instancias superiores, específicamente en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, y ha llegado de manera tangencial a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Paralelamente, Quintela entregó la administración del predio a la Asociación Riojana de Golf un año después de la toma de posesión estatal. Firmó una concesión con vigencia de dos años y presentó públicamente la operación como una estrategia para fortalecer la actividad golfística en la provincia. El anuncio incluyó referencias a la posible construcción de un hotel en las tierras recuperadas, aunque ese proyecto tampoco avanzó hacia la concreción. La simultaneidad entre la formalización legal de la expropiación, la toma de posesión sin procedimiento, y la posterior cesión a una asociación privada generó cuestionamientos sobre cuáles eran realmente los objetivos que perseguía la administración provincial con esta operación.
En octubre de 2024, la Legislatura de La Rioja aprobó un segundo proceso expropiatorio aún más significativo en términos de superficie: la recuperación de 4586 hectáreas pertenecientes a Ramón Díaz, distribuidas en dos inmuebles ubicados en la zona de Los Mogotes, cerca de Patquía. Una porción abarcaba aproximadamente 4400 hectáreas y la otra cerca de 349 hectáreas. Lo notable es que esas mismas tierras habían sido expropiadas anteriormente a una empresa con sede en Buenos Aires que las poseía desde 1973. La provincia nunca pagó indemnización alguna a ese anterior propietario. Díaz adquirió los terrenos en 2003, durante la gobernación de Ángel Maza, en una operación cuyo valor aproximado fue de US$26.785. El proyecto original estaba asociado a un emprendimiento turístico para la región.
Dos décadas después, la administración Quintela decidió recuperar las tierras argumentando que el emprendimiento turístico no se había concretado y que los inmuebles poseían un potencial significativo para desarrollar políticas turísticas, económicas y culturales. Un argumento adicional estuvo vinculado a los recursos hídricos presentes en la zona, que podrían utilizarse para mejorar el acceso al agua de los habitantes de Patquía, localidad de aproximadamente 2000 habitantes. Los legisladores oficialistas plantearon que Díaz recibiría una indemnización similar a la suma que había pagado cuando compró las tierras en 2003. Sin embargo, la oposición cuestionó la decisión legislativa, enfatizando la falta de precisión sobre el destino final de los inmuebles y dudando sobre la viabilidad de los proyectos anunciados. El conflicto escaló considerablemente cuando, tras la decisión legislativa, Díaz se reunió con Javier Milei, Luis Caputo y Martín Menem, este último defendió públicamente al entrenador y cuestionó directamente la decisión de Quintela de impulsar la expropiación.
Implicancias y perspectivas futuras
Los procesos expropiatorios ejecutados en La Rioja plantean interrogantes sobre múltiples niveles. En primer lugar, respecto de los mecanismos mediante los cuales se ejecutan: ambos casos evidencian desajustes entre lo que establece la normativa legal y lo que ocurre en la práctica. Las expropiaciones se han llevado adelante sin respetar los procedimientos establecidos en las leyes provinciales, lo que ha derivado en sentencias judiciales que imponen obligaciones patrimoniales significativas al Estado. En segundo lugar, surgen dudas sobre los objetivos declarados versus los resultados efectivamente alcanzados. El Golf Club sigue funcionando como golf club, no se construyeron los espacios deportivos y recreativos públicos prometidos, y el predio fue cedido a una asociación privada. Las tierras de Ramón Díaz fueron recuperadas con argumentos vinculados a proyectos turísticos y acceso hídrico, aunque aún no existe claridad pública sobre cómo se implementarán esas políticas.
Las declaraciones públicas de Quintela sobre futuras nacionalizaciones y expropiaciones masivas si el peronismo vuelve al poder nacional, respaldadas por una experiencia provincial de recuperación estatal de bienes, generan efectos en múltiples direcciones. Por un lado, pueden interpretarse como una advertencia a inversores sobre la inestabilidad de derechos patrimoniales bajo determinados gobiernos. Por otro, para algunos sectores políticos, representan un compromiso con políticas redistributivas y de control estatal sobre recursos. Lo cierto es que los precedentes locales riojanos sugieren que estos procesos conllevan complejidades jurídicas, costos fiscales significativos por sentencias judiciales, y debates sobre la efectiva utilización pública de los bienes recuperados. La convergencia de estas cuestiones configurará el debate político futuro, tanto a nivel provincial como nacional, respecto de los alcances, límites y mecanismos de implementación de políticas de recuperación estatal de tierras e inmuebles en Argentina.
