El pulso entre dos provincias cordilleranas escaló de intensidad en las últimas semanas, trasladando a los escritorios legislativos una controversia que lleva décadas enquistada en los archivos judiciales y en la memoria institucional de ambas jurisdicciones. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, envió a la legislatura local un proyecto de ley que busca fortalecer las bases legales para cuestionar los límites vigentes con San Juan desde 1968, una frontera que históricamente su provincia ha rechazado pero que nunca había transformado en una iniciativa concreta de litigio. Lo que antes era un reclamo político ocasional se convierte ahora en un mecanismo institucionalizado con potencial para generar acciones judiciales. Marcelo Orrego, mandatario sanjuanino, respondió de forma tajante: su provincia no está dispuesta a debatir sobre lo que considera una cuestión resuelta hace más de cinco décadas. El que fuera un conflicto dormido entre gobiernos se despertó con virulencia cuando los megaproyectos mineros comenzaron a transformar el mapa económico de la región.
El documento que divide aguas desde la dictadura
Para entender el volumen real de esta disputa hay que retroceder hasta diciembre de 1968, cuando durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, se firmó el decreto-ley 18.004 que estableció los límites entre ambas provincias. El instrumento fue suscrito por los interventores militares de la época, funcionarios sin legitimidad electoral que actuaban en contexto de ruptura institucional. Ese detalle resultará clave en la argumentación riojana. La provincia de La Rioja nunca tragó entero ese acuerdo. De hecho, apenas cinco años después, en 1973, ya con el regreso de la democracia, su legislatura sancionó una ley desconociendo la validez del instrumento de 1968. Sin embargo, aquel gesto legislativo quedó en el plano simbólico, sin transformarse en acciones concretas que pusieran a prueba la decisión en tribunales. Durante más de cuatro décadas la cuestión permaneció en suspenso, atravesando gobiernos de signos políticos diversos tanto en La Rioja como en San Juan, sin que ninguno decidiera llevarla a instancias judiciales de verdad. El límite vigente se aplicó sin interrupciones durante todo este período, incluso durante gobiernos democráticos que tuvieron la capacidad constitucional de modificar o revisar acuerdos heredados de períodos autoritarios.
Lo que cambió en los últimos meses es la irrupción de un factor económico de magnitud considerable. La cordillera sanjuanina se convirtió en una de las zonas mineras más prometedoras del país, con proyectos de envergadura internacional que apuntan a la explotación de cobre. Lunahuasi, Josemaría y especialmente el distrito Vicuña representan inversiones de miles de millones de dólares y la posibilidad de transformar la economía regional durante las próximas décadas. Es en este escenario donde La Rioja comenzó a plantear nuevamente, con mayor insistencia, que esas tierras le pertenecen y que los recursos que contienen deberían estar bajo su jurisdicción o, al menos, que debería beneficiarse de sus riquezas. El proyecto de ley que Quintela impulsó apunta explícitamente a facultar a la Fiscalía de Estado riojana para ejecutar medidas cautelares y acciones judiciales destinadas a proteger los intereses provinciales sobre los recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros ubicados en las zonas en disputa.
El catalizador: la operación minera que necesita pasar por La Rioja
El detonante inmediato de esta reactivación ocurrió hace apenas unos meses cuando la justicia riojana intervino en las operaciones del proyecto Vicuña. En abril pasado, un tribunal riojano suspendió durante treinta días todas las actividades operativas y ordenó cerrar caminos estratégicos ubicados en territorio riojano que la minería necesita para funcionar. El argumento fue contundente: los responsables del proyecto no habían presentado ante las autoridades riojanas el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. Esa medida judicial funcionó como un recordatorio visceral para La Rioja sobre una realidad geográfica incómoda: sin su territorio, sin sus pasos cordilleranos, sin sus rutas de acceso, la minería en San Juan no puede operar. Fue el momento en que Quintela decidió romper el silencio diplomático que había caracterizado la relación durante años y ratificó públicamente todas las objeciones históricas sobre la validez de los límites provinciales.
La provincia riojana había intentado previamente ganar acceso a las ganancias de estos proyectos mineros por otros caminos. En 2021, Quintela reclamó una participación formal en las regalías que generaría el proyecto Josemaría, argumentando que si bien la minería se ubicaba en San Juan, sus impactos ambientales y sus rutas de acceso involucraban territorio riojano. Ese reclamo no prosperó. Posteriormente, escaló aún más sus pretensiones cuestionando directamente la pertenencia de áreas emblemáticas como el Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos y paleontológicos de Argentina, reconocido internacionalmente por sus formaciones geológicas y yacimientos de fósiles. Estos movimientos revelaban una estrategia más ambiciosa que la mera participación en ingresos: se trataba de recuperar territorios completos que La Rioja consideraba históricamente propios.
La estructura institucional para mantener vivo el conflicto
El proyecto legislativo enviado por Quintela no se limita a habilitar acciones judiciales. Incluye la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial de carácter permanente, integrada por siete diputados provinciales distribuidos según proporcionalidad política. Pero además suma miembros consultivos con perfiles específicos: historiadores, geógrafos, cartógrafos y especialistas en minería. Esta estructura tiene la intención de convertir el conflicto territorial en un asunto de análisis sistemático y permanente, no en una controversia ocasional que emerja cuando los intereses económicos lo requieren. La comisión deberá sistematizar los antecedentes históricos que respalden los reclamos riojanos y, fundamentalmente, crear canales de diálogo directo con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso de la Nación. En otras palabras, La Rioja busca escalar el conflicto desde el plano provincial hacia la esfera nacional, intentando que diputados y senadores riojanos lleven adelante el reclamo en las cámaras legislativas federales.
La respuesta sanjuanina fue inmediata y categórica. Orrego emitió un comunicado oficial enfatizando que el límite entre ambas provincias fue establecido por la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación, no por un simple acuerdo entre funcionarios. Aunque técnicamente la norma fue signada por Onganía y por Guillermo Borda, ministro del Interior de la época, Orrego eligió caracterizarla como una ley nacional para reforzar su legitimidad federal. El gobernador destacó que esa delimitación ha permanecido vigente y en aplicación práctica ininterrumpida durante más de medio siglo, atravesando múltiples gobiernos democráticos de distinto signo político. Su mensaje fue directo: "nuestra jurisdicción no está en discusión". Esa frase resume la posición sanjuanina: no hay margen para negociaciones, no hay grietas para explorar. San Juan considera la cuestión cerrada desde hace décadas y rechaza cualquier apertura del debate.
El contexto histórico agrega matices a esta disputa. La Argentina ha experimentado desde su formación como república una serie de conflictos limítrofes con potencial para generar tensiones institucionales. La delimitación de provincias fue un proceso gradual y conflictivo durante el siglo diecinueve y gran parte del veinte, con territorios que cambiaban de jurisdicción según distintos criterios. El caso entre La Rioja y San Juan refleja esa herencia de límites que nunca fueron totalmente consensuados por todas las partes. Sin embargo, una vez establecidos formalmente y aplicados durante décadas sin interrupciones mayores, los ordenamientos legales y los precedentes prácticos crean una inercia institucional difícil de modificar. Esa inercia es lo que Orrego invoca para cerrar la puerta a cualquier discusión.
Perspectivas sobre las consecuencias de esta escalada
Las implicancias de esta confrontación pueden ser múltiples. Por un lado, si La Rioja logra trasladar exitosamente el conflicto al Congreso Nacional, podría generar un debate público de envergadura que presione tanto a San Juan como a las autoridades federales para revisar lo que se considera una cuestión resuelta. Una eventual reforma de límites provinciales, sin embargo, es un proceso extraordinariamente complejo desde el punto de vista constitucional y político, con capacidad de afectar múltiples estructuras institucionales. Por otro lado, si la Fiscalía de Estado riojana inicia acciones judiciales concretas, los tribunales deberán evaluar la legitimidad y viabilidad de reclamos territoriales retroactivos sobre territorios que han sido ejercitados bajo jurisdicción sanjuanina durante décadas. Los jueces deberán sopesar si la dictadura militar como origen de una norma es argumento suficiente para invalidarla cuando esa norma ha sido posteriormente aplicada y aceptada prácticamente por gobiernos democráticos. Existe también la posibilidad de que esta disputa genere tensiones en proyectos mineros de relevancia nacional, afectando inversiones y empleos en ambas provincias. Alternativamente, podría servir como catalizador para que las provincias busquen soluciones negociadas que reduzcan incertidumbre jurídica. Lo que resulta claro es que una cuestión que parecía dormida en los archivos administrativos ha despertado con potencial para modificar la dinámica política regional en los próximos años.
