La maquinaria política kirchnerista entra en movimiento con un ritmo acelerado. Máximo Kirchner encabeza una campaña territorial que se extiende hacia el interior del país, trazando un mapa que apunta directamente hacia la elección presidencial de 2027. Este despliegue no constituye una iniciativa espontánea, sino que responde a un cálculo estratégico más profundo: el posicionamiento del hijo de Cristina como figura visible del espacio ante la ausencia forzada de la expresidenta, quien cumple su segundo año en arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad. La movida territorial contrasta con el deterioro visible de los vínculos entre la línea conducida por la exjefa de Estado y Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, protagonista de una ruptura que promete reconfigurar el mapa de poder del peronismo en los próximos meses.

La estructura de esta estrategia revela una intención claramente delineada. Máximo Kirchner ya ha realizado incursiones en Santa Fe y Entre Ríos, territorios clásicos del peronismo donde la penetración kirchnerista históricamente encuentra terreno fértil. En sus apariciones públicas, el jefe de La Cámpora ha comenzado a reajustar el lenguaje político, introduciendo consignas que buscan ampliar la base de apoyo más allá de los militantes tradicionales. Su discurso sobre la necesidad de construir "justicia fiscal" como camino hacia el equilibrio social representa un giro que intenta conectar con preocupaciones económicas de sectores más amplios del peronismo. Este recalibrado discursivo no aparece de manera accidental: se trata de un ensayo de resonancia antes de una definición mayor. Según datos manejados en círculos del espacio kirchnerista, la agenda incluye visitas a seis provincias adicionales durante el resto del año, con periodicidad mensual. Cada uno de estos viajes funciona simultáneamente como acto de demostración de fuerza organizativa y como herramienta de sondeo sobre la disposición de la militancia a acompañar movidas políticas que podrían diferenciarse de la línea kicillofista.

La encrucijada de 2027: PASO o ruptura

En los pasillos del peronismo bonaerense circulan dos escenarios que definen los próximos movimientos. El primero supone una competencia interna tramitada a través de una PASO "ordenada" que, en teoría, preservaría la unidad peronista para enfrentar posteriormente al oficialismo. El segundo plantea la posibilidad de una ruptura abierta que derivaría en listas competidoras separadas. Ambas opciones acarrean riesgos considerables para la principal fuerza opositora a Javier Milei. La historia reciente proporciona un referente incómodo: la fragmentación interna de Juntos por el Cambio en 2023 terminó debilitando gravemente al espacio, con enfrentamientos públicos que erosionaron su imagen unificada. En paralelo, la posibilidad de dos candidatos peronistas en la boleta presidencial podría repetir el fraccionamiento de 2003, cuando tres fórmulas peronistas compitieron simultáneamente: Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá. Sin embargo, aquel episodio terminó catapultando a Kirchner hacia la Casa Rosada, generando una precedencia que algunos en el kirchnerismo consideran replicable.

La variable que determina prácticamente todos los movimientos tácticos es la decisión de Cristina Kirchner. En el entorno íntimo de la expresidenta prevalece una actitud de espera calculada. Allegados suyos aluden a una posible estrategia similar a la desplegada en 2019, cuando Alberto Fernández fue designado como candidato presidencial sobre la hora, sorprendiendo al establishment político. Esta capacidad de maniobra tardía constituye un activo que mantiene vivo el misterio sobre los términos finales de cualquier acuerdo. Mientras tanto, Máximo opera como ejecutor de una estrategia de tanteo. Su rol consiste en mantener la estructura viva, nutrir los espacios de militancia, y generar las condiciones para que cuando Cristina defina su movimiento, exista un piso territorial consolidado sobre el cual construir.

Las condiciones no negociables y el distanciamiento con Kicillof

La distancia que se abre entre el kirchnerismo y Kicillof no surge de meras rencillas personales. En los círculos internos del peronismo, circula una lista de exigencias que Cristina Kirchner habría señalado como condiciones para respaldar una eventual candidatura del gobernador bonaerense. El primer punto refiere al manejo de la deuda externa: la expresidenta rechaza que un futuro gobierno peronista reproduzca la lógica negociadora que Alberto Fernández y Martín Guzmán aplicaron con el Fondo Monetario Internacional. Esta posición refleja una divergencia fundamental sobre el rol que debería ocupar la Argentina en la arquitectura financiera internacional. El segundo punto deviene más controversial aún: una "reforma institucional" que incluya juicio político a los tres integrantes de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— que confirmaron la condena de Cristina. El tercero constituye un rechazo rotundo al Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) implementado por el gobierno actual. Estos tres puntos no representan caprichos políticos, sino posiciones estratégicas sobre cómo debería estructurarse el Estado y la economía bajo un mandato peronista futuro.

Las fracturas visibles en la interna peronista emergen casi diariamente. El episodio protagonizado por Berenice Iañez, legisladora porteña del Movimiento Derecho al Futuro (MdF) cercano a Kicillof, encarna la tensión latente. Su solicitud explícita de que Cristina abandone sus críticas hacia el gobernador, junto con su distancia respecto al "balcón shakesperiano de San José 1111" —la residencia de la expresidenta—, provocó una reacción aguda en el kirchnerismo. Lo que particularizan esta disputa es que Iañez mantiene vínculos históricos con Madres de Plaza de Mayo, organización que el kirchnerismo consideraba parte de su base político-identitaria, pero que paulatinamente ha derivado hacia posiciones más cercanas al proyecto kicillofista. Esta migración simbólica revela un corrimiento de fuerzas que preocupa a la línea de Cristina. El PJ bonaerense que comanda Kicillof anunció su presencia en el acto de este sábado en el Parque Lezama, dedicado a la campaña "Cristina libre", aunque la presencia personal del mandatario permanece como incógnita. El Movimiento Derecho al Futuro enviará una columna propia, señal de que incluso en los gestos de unidad subsisten las demarcaciones territoriales.

Implicancias estratégicas y prospectiva

La configuración de este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad del peronismo de presentarse como alternativa cohesionada frente al gobierno de Milei. La estrategia territorial de Máximo Kirchner constituye un movimiento preventivo: si la ruptura con Kicillof deviene inevitable, el kirchnerismo requiere demostrar que posee enraizamiento en provincias clave, capacidad de movilización y legitimidad de origen en la militancia. Por el contrario, si Kicillof accede a negociar en los términos planteados por Cristina, esa acumulación territorial funciona como palanca en la negociación. El hecho de que la expresidenta permanezca en arresto domiciliario añade complejidad: su imposibilidad legal de ser candidata elimina la opción más directa, pero paradójicamente también la preserva como árbitro del proceso. Esta paradoja constituye una de las claves del ajedrez político actual. Mientras Máximo recorre provincias midiendo temperatura política, mientras Kicillof realiza sus propios movimientos con su estructura territorial, y mientras Cristina mantiene silencio calculado, la principal fuerza opositora permanece en una especie de suspensión tácitamente acordada. La cuestión de cómo se diriman estas tensiones internas en los próximos meses determinará si el peronismo logra presentarse unificado en 2027, si compite fragmentado o si emerge alguna configuración alternativa que reordene el espectro político actual. Los riesgos de debilitamiento mediante la fragmentación conviven con la posibilidad de que una competencia interna temprana genere las dinámicas necesarias para una unificación posterior. El resultado dependerá de decisiones que aún no se visibilizan públicamente, pero que ya están siendo procesadas en los espacios donde el poder político se define.