La decisión de reactivar una herramienta monetaria heterodoxa en La Rioja marca un punto de inflexión en la manera en que las provincias argentinas enfrentan sus limitaciones presupuestarias. Ricardo Quintela anunció el retorno de los "Chachos", los Bonos de Cancelación de Deuda que ya habían circulado parcialmente durante el primer semestre de 2024, en respuesta directa a las dificultades concretas que enfrenta la administración provincial para cumplir con sus obligaciones salariales. Este anuncio, realizado en una entrevista radial, evidencia un escenario donde la provincia se ve obligada a recurrir nuevamente a instrumentos que funcionan como substitutos del dinero de curso legal, una solución que refleja tanto la profundidad de la crisis como la creatividad institucional de un gobierno en aprietos.
El contexto en el cual emerge esta decisión es insoslayable. La Rioja constituye la única jurisdicción argentina que permanece en situación de default, es decir, con sus obligaciones de deuda en mora. En febrero del año pasado, la provincia comunicó formalmente a sus acreedores que no podría honrar los vencimientos acordados, abriendo un período de negociación que continúa hasta el presente sin resolución definitiva. Este es un dato que distingue a La Rioja del resto del territorio nacional: mientras otras provincias lidian con apremios fiscales diversos, esta enfrenta el estigma y las limitaciones prácticas de estar en cesación de pagos. El historial reciente refuerza esta tendencia: recién en 2021, luego de años de negociaciones, la provincia había logrado reestructurar sus pasivos acumulados. La ventana de alivio que esa operación representó resultó insuficiente para estabilizar las finanzas públicas locales a mediano plazo.
Un mecanismo probado en tiempos de emergencia
Los "Chachos" no son un invento reciente ni una solución improvisada de último momento. Cuando la Legislatura riojana, dominada por legisladores del peronismo local, aprobó la emisión de esta cuasi moneda el 17 de enero de 2024, lo hizo en el marco de una autorización que permitía la circulación de 22.500 millones de pesos en estos bonos. Durante aproximadamente seis meses, estos instrumentos circularon en segmentos específicos de la economía provincial, particularmente en programas vinculados al turismo, como la versión riojana del "Previaje". Los reportes sobre su funcionamiento durante ese período fueron relativamente positivos: la herramienta logró mantener cierto nivel de actividad económica en sectores que de otro modo hubieran permanecido congelados por la falta de liquidez estatal.
Lo que Quintela ahora propone es una expansión gradual de ese mecanismo. La reactivación de los "Chachos" no se plantea como una solución temporal, sino como parte de una estrategia de largo plazo para gestionar la escasez estructural de recursos en la provincia. El gobernador fue explícito al señalar que estos bonos jugarán un papel importante en dos áreas críticas: por un lado, en la cobertura de obligaciones estatales inmediatas, como el pago de medio aguinaldo que genera déficit presupuestario; por otro, en el sostén de la demanda agregada local, que es condición necesaria para que la economía provincial no entre en colapso. Esta lógica tiene una coherencia interna: si el Estado no puede pagar con moneda convencional, la emisión de títulos con poder adquisitivo representa, al menos teóricamente, una manera de evitar el corte abrupto de ingresos a los sectores dependientes de la administración pública.
Las implicancias políticas de una salida económica heterodoxa
Más allá de las consideraciones puramente económicas, el anuncio de Quintela encubre movimientos políticos que merecen atención. Durante la entrevista en la que confirmó el retorno de los "Chachos", el mandatario peronista también se refirió a Patricia Bullrich, senadora nacional y figura prominente de La Libertad Avanza, en términos que sugieren un cálculo táctico. Quintela evocó recuerdos de los años ochenta, cuando Bullrich participaba en actividades de formación política en La Rioja como militante peronista, incluso llegando a dormir en hogares humildes de compañeros de causa. La intención detrás de esta reminiscencia parece clara: establecer un puente histórico con una figura que ahora ocupa posiciones políticas distantes del peronismo, pero que en cierto modo comparte una trayectoria en común con él. El gobernador luego preguntó retóricamente si Bullrich "podría ser una aliada del peronismo", considerándola incluso como una posible "aliada táctica" en caso de que su distancia con el Gobierno libertario se profundizara.
Este movimiento político debe interpretarse en el marco de las tensiones que existen actualmente dentro de la coalición gobernante. Las fricciones entre distintas alas de La Libertad Avanza son públicas y documentadas, y la senadora Bullrich ha manifestado desacuerdos con decisiones presidenciales en múltiples ocasiones. Para Quintela, la posibilidad de atraer apoyos desde sectores de la oposición interna al Gobierno representa una oportunidad de ampliar su poder de veto legislativo en el Congreso. Aunque aclaró que no comparte "nada" con Bullrich en el presente, apuntó que la política exige a menudo "tragarse determinados sapos", una expresión que reconoce la naturaleza transaccional de los acuerdos políticos, especialmente cuando hay enemigos comunes en juego. La dinámica es la clásica: el enemigo de mi enemigo puede transformarse en socio temporal si las circunstancias lo permiten.
Mientras tanto, en el plano institucional, la relación entre Quintela y el Presidente Milei ha evolucionado hacia un silencio más que hacia una confrontación abierta. Donde antes había respuestas públicas del mandatario nacional, ahora interviene Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y riojano que en su momento compitió directamente con Quintela por la gobernación provincial. Esta sustitución de interlocutores sugiere un cambio en la intensidad del conflicto: pasó de ser una disputa entre los máximos líderes a una tensión gestionada a través de intermediarios. La presencia de Diego Santilli, ministro del Interior, en la reunión de gobernadores del Norte Grande que se celebró en el Consejo Federal de Inversiones, indica que el Gobierno mantiene canales de diálogo con las provincias, aunque estos no sean siempre cordiales ni desprovistos de fricciones.
Las preocupaciones regionales que trascienden los casos individuales
Más allá de la situación específica de La Rioja, el encuentro de los gobernadores del Norte Grande visibilizó un conjunto de demandas y preocupaciones que reflejan problemas estructurales del territorio. Los mandatarios plantearon inquietudes respecto de la reducción de la denominada "zona fría" para tarifas de servicios, una política que afectaba beneficiosamente a las provincias menos desarrolladas. Asimismo, insistieron en la necesidad de avanzar con una obra de infraestructura crítica para la región: la extensión de gasoductos que permita a las provincias del norte acceder a gas natural de manera más eficiente y a menores costos. La caída de recursos transferidos a las provincias durante los primeros meses de 2024 fue otro punto de convergencia, mostrando que los gobernadores, sin importar su alineamiento político específico, enfrentan presiones fiscales comunes derivadas de decisiones tomadas en el nivel nacional.
En el plano nacional, el Gobierno libertario utilizó ese mismo espacio para defender la eliminación de las PASO, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias que se habían implementado en 2009. El ministro Santilli argumentó que el costo de mantener esos comicios era demasiado elevado, estimándolo entre 220 y 240 millones de dólares. La decisión de suprimir las PASO representa una modificación institucional significativa que afecta los calendarios electorales y los modos de selección de candidatos en todo el país. Mientras que para el Gobierno se trata de una medida de austeridad necesaria, para otros actores políticos implica una reducción en los espacios de competencia democrática dentro de los partidos.
Las consecuencias de estas decisiones —tanto la reactivación de la cuasi moneda riojana como las políticas nacionales en materia fiscal y electoral— se desplegarán en múltiples direcciones en los próximos meses. Por un lado, la circulación expandida de los "Chachos" podría aliviar presiones inmediatas sobre el presupuesto provincial y mantener ciertos niveles de consumo, pero también genera incertidumbre respecto de cómo se comportarán estos instrumentos a mayor escala, qué tasa de descuento aplicarán los comerciantes locales, y si eventualmente podrían derivar en presiones inflacionarias. Por otro lado, los movimientos políticos de Quintela hacia figuras como Bullrich evidencian un paisaje político fragmentado donde las coaliciones no son estables y donde los gobernadores buscan constantemente reposicionarse. Finalmente, las presiones fiscales de las provincias del norte y las decisiones del Gobierno nacional en materia de inversión y tarifas seguirán determinando las márgenes de maniobra de autoridades locales, generando un contexto donde soluciones ortodoxas y heterodoxas coexisten, frecuentemente sin resolver los problemas estructurales que las originan.
