La arquitectura del poder territorial volvió a reconfigurarse esta semana en Buenos Aires cuando Diego Santilli, ministro del Interior, se presentó en la asamblea del Consejo Federal de Inversiones para participar de una jornada donde convivieron dos agendas: la de los proyectos históricos del norte argentino y la de las negociaciones políticas que el oficialismo impulsa en el Congreso. El encuentro, que reunió a nueve gobernadores de las provincias más norteñas del país, marcó un punto de inflexión en la estrategia de diálogo del Ejecutivo Nacional con los mandatarios regionales, especialmente porque incluyó a figuras que habían permanecido excluidas de las conversaciones previas. Lo que importa de este movimiento es que revela cómo el Gobierno busca ampliar su base de apoyo legislativo en momentos cruciales, utilizando la infraestructura federal como puente de negociación política.
Una reunión que cierra grietas previas
Bajo la presidencia de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, la asamblea congregó a mandatarios de diferentes orientaciones políticas y distintos niveles de afinidad con el rumbo nacional. La presencia simultánea de Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja, resulta particularmente significativa. Ambos habían permanecido fuera de las mesas de trabajo que Santilli promovió durante los meses anteriores. La justificación oficial radicaba en que estas provincias no adhirieron al Pacto de Mayo ni participaron del encuentro convocado por el presidente Javier Milei en Tucumán. Desde la óptica gubernamental, la posición de estos gobernadores —y también de Axel Kicilof bonaerense— respondería a una visión política divergente respecto de los objetivos nacionales. Sin embargo, la lógica de la política práctica, donde los números parlamentarios son moneda corriente, obligó a una revisión de esa estrategia. El hecho de que Santilli concurra personalmente a esta reunión y dialogara con quienes previamente había dejado fuera de sus conversaciones indica que la prioridad legislativa del Gobierno se impone sobre las consideraciones ideológicas o partidarias. Esto no significa necesariamente acuerdo de fondo, sino reconocimiento de que obtener apoyo parlamentario requiere ampliar el espectro de negociaciones.
El acuerdo que emergió de esta jornada instituyó al Consejo Federal de Inversiones como canal formal de comunicación entre los gobernadores y el ministerio de Santilli. Esta decisión tiene implicancias administrativas concretas: los proyectos que los mandatarios regionales presenten transitan hacia el Ejecutivo Nacional a través de una estructura institucionalizada, lo que otorga mayor previsibilidad y visibilidad al proceso de gestión de demandas provinciales. Jalil fue explícito al respecto: el CFI funcionará como intermediario permanente para enviar iniciativas relacionadas con infraestructura, logística y otros ejes de desarrollo que lleven años en la agenda regional.
Infraestructura y energía: las demandas que no cesan
Más allá de los movimientos políticos, la reunión dedicó buena parte de su tiempo a cuestiones substantivas que preocupan a la región desde hace años sin resolverse de manera integral. Los gobernadores presentaron avances sobre la denominada Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, un documento que sintetiza las estrategias de desarrollo con perspectiva federal que las provincias norteñas requieren. Dentro de este marco, dos ejes dominaron las conversaciones: la Estrategia Federal Logística y la Estrategia Federal Energética. Gustavo Sáenz, mandatario de Salta, enfatizó la necesidad de garantizar la conservación de las rutas y mejorar la infraestructura vial como precondición para aumentar la seguridad en el transporte, la eficiencia logística y la competitividad de las economías provinciales. Esta insistencia no es casual: las rutas del norte son arterias vitales para conectar los centros productivos locales con mercados nacionales e internacionales, y su deterioro impacta directamente en costos de producción y viabilidad de negocios.
El acceso al gas natural figura entre las prioridades más antiguas de la región del NOA y el NEA. Los gobernadores volvieron a insistir sobre la necesidad de ampliar la cobertura de la infraestructura gasífera, argumentando que su expansión mejoraría la competitividad productiva y elevaría la calidad de vida de las poblaciones regionales. Este es un reclamo estructural que trasciende administraciones: durante años, especialistas en desarrollo territorial han señalado que la falta de acceso a energía confiable y accesible en estas provincias constituye un cuello de botella para la industrialización y diversificación económica. La ausencia de gas natural en amplias zonas obliga a pobladores y empresas a depender de combustibles más costosos, lo que genera una desventaja comparativa permanente respecto de otras regiones del país.
La zona cálida: compensaciones diferidas
Uno de los planteos que reunió consenso en la asamblea fue la necesidad de crear una "zona cálida" para las provincias del norte, un sistema de compensaciones tarifarias que contrarrestara el esquema de zona fría que ya existe en el país. Esta iniciativa ha circulado en las discusiones regionales durante años, pero adquirió nueva relevancia en el contexto del debate parlamentario sobre subsidios energéticos. Diputados que responden a algunos de estos gobernadores apoyaron, se abstuvieron o se ausentaron de votaciones relacionadas con la eliminación del régimen de zona fría, generalmente con la expectativa de que se implementara un sistema compensatorio para tarifas de luz durante el verano. Sin embargo, cuando la iniciativa llegó a votación en la Cámara de Diputados, la zona cálida no fue incorporada al texto final. Desde el Gobierno Nacional se argumenta que esta compensación será instrumentada posteriormente mediante una medida administrativa de la Secretaría de Energía, lo que en la práctica significa que su implementación quedó sujeta a decisiones futuras y a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
Este diferimiento revela una dinámica habitual en la negociación política: los gobernadores aceptan ciertas condiciones legislativas esperando compensaciones administrativas que se materializan más lentamente o con menor alcance del originalmente pactado. No obstante, la inclusión formal de esta temática en la agenda del Ejecutivo Nacional sugiere que el tema permanecerá en circulación política, particularmente si la implementación de la medida administrativa se demora o resulta insuficiente. Las provincias norteñas tienen memoria institucional sobre demandas incumplidas, y esto podría convertirse en factor de presión en futuras negociaciones.
Las PASO en el trasfondo de cada acuerdo
Aunque no figuró como tema formal de la reunión, según pudo confirmarse, la reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO estuvo presente en las conversaciones de fondo. Santilli, que actúa como uno de los principales negociadores del Gobierno con los gobernadores, defendió públicamente esta iniciativa señalando que las primarias representan un costo de hasta US$250 millones para los argentinos. Esta cifra, que circula en los discursos oficiales, apunta a un argumento de eficiencia fiscal: el costo de mantener un sistema electoral que funciona, en definitiva, como primarias internas de partidos políticos. La lógica del argumento es que si los partidos quieren hacer selecciones internas de candidatos, deberían sufragarlo con recursos propios, no con dinero público. Sin embargo, la otra cara del debate incluye consideraciones sobre democracia interna, participación ciudadana amplia en la selección de candidatos y control sobre el financiamiento de campañas, temas sobre los cuales existe perspectivas variadas entre los actores políticos.
La presencia de Santilli en la reunión del norte, dialogando ahora también con gobernadores peronistas que anteriormente había dejado fuera de su círculo de negociación, evidencia que el Ejecutivo busca construir mayorías legislativas mediante una estrategia de ampliación de bases. Si el Gobierno logra sumar apoyo de gobernadores que controlan diputados en sus respectivas provincias, puede modificar el balance de votos en el Congreso. Esta es la razón por la cual la reforma electoral no fue descartada de la conversación, incluso cuando la reunión se anunció como centrada en temas de infraestructura y desarrollo regional. En política, las agendas aparentes y las agendas reales rara vez coinciden completamente.
Implicancias futuras: entre la cooperación y la presión
Lo que ocurra en los próximos meses dependerá de varios factores simultáneos. En primer lugar, el ritmo de implementación de las compensaciones energéticas que el Gobierno prometió: si la zona cálida se concreta con generosidad, los gobernadores tendrán menos argumentos para resistir futuras demandas del Ejecutivo. En segundo lugar, el avance legislativo sobre infraestructura y proyectos de logística que el CFI canalizará: si estos avanzan de manera ágil, el canal de diálogo será percibido como funcional. En tercer lugar, la capacidad de Santilli de traducir estos acuerdos en apoyo parlamentario concreto para la reforma electoral y otras iniciativas que el Gobierno impulse. Los gobernadores del norte, independientemente de su orientación partidaria, saben que tienen un poder de negociación: sus diputados pueden ser decisivos en votaciones ajustadas. Utilizarán ese poder para extraer máximas concesiones en materia de inversión pública, energía e infraestructura. Esta es una dinámica normal del federalismo: las provincias ejercen presión sobre el centro utilizando su capacidad legislativa como moneda de cambio. Lo que varía es la intensidad de esa presión y la disposición de cada bando a ceder o mantener posiciones.
La inclusión de gobernadores previamente marginados como Insfrán y Quintela en la mesa de negociaciones también abre interrogantes sobre la sostenibilidad de futuras exclusiones. Si estos mandatarios logran obtener beneficios para sus provincias participando del diálogo, otros gobernadores peronistas que permanecen al margen —como Kicilof— podrían argumentar que también merecen ser incluidos. Esto podría conducir, eventualmente, a una reconfiguración mayor de la estrategia federal del Gobierno, o bien a una profundización de las diferenciaciones entre gobernadores que cooperan y que no cooperan. De cualquier manera, lo que la reunión del norte dejó claro es que el Ejecutivo Nacional, independientemente de sus preferencias ideológicas, necesita construir acuerdos con mandatarios regionales de diversas orientaciones políticas si desea avanzar su agenda legislativa. Esta es una lección permanente en sistemas federales: el poder se distribuye territorialmente, y quien lo ejerce desde el centro debe negociar constantemente con quien lo ejerce en la periferia.
