La organización feminista Ni Una Menos convocó para este miércoles a una jornada de protestas en múltiples puntos del territorio nacional, momento que coincide con la undécima conmemoración de su fundación y que surge como respuesta a tres casos de femicidio consumados en los últimos días en diferentes regiones del país. La medida refleja la urgencia que el movimiento sostiene ante lo que define como una crisis de seguridad para las mujeres argentinas, mientras se cuestiona tanto la ineficacia de los mecanismos de protección existentes como la merma en presupuestos destinados a políticas de prevención. Lo que ocurre es que el colectivo plantea una conexión directa entre la falta de recursos estatales, la negligencia institucional y la continuidad de estos crímenes, generando así un debate que excede lo coyuntural y toca aspectos estructurales de la organización estatal.
Tres muertes que visibilizan un problema sistémico
Los femicidios que motivaron la convocatoria de esta jornada de reclamo corresponden a Agostina Vega, de catorce años, cuyo cadáver fue hallado desmembrado en territorio cordobés luego de una semana de búsqueda intensiva; Dulce María Beatriz Candia, de diecisiete años, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en una construcción en proceso en Eldorado, provincia de Misiones, con confirmación de muerte por asfixia mecánica; y Noelia Carolina Romero, de treinta años, asesinada a través de puñaladas por su pareja en la localidad de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora. Cada uno de estos casos presenta características que el movimiento feminista utiliza para ilustrar patrones de vulnerabilidad diferenciados: la pobreza extrema, la edad adolescente, la cercanía del agresor. Sin embargo, la simultaneidad de estos hechos en un lapso tan breve funcionó como catalizador emocional para convocar a la ciudadanía nuevamente a las calles, replicando el mecanismo de movilización que ha caracterizado a este colectivo desde su origen.
En relación al caso cordobés, el colectivo emitió un comunicado en el que cuestionó con dureza al Poder Judicial provincial, particularmente al fiscal Raúl Garzón, acusándolo de incurrir en lo que denominó como "desidia organizada". Según el documento difundido por la organización, a pesar de que existen protocolos de alerta temprana, facultades legales para llevar adelante allanamientos y detenciones preventivas, la opción por la inacción estuvo directamente vinculada con las características socioeconómicas de la víctima: una adolescente de escasos recursos proveniente de un barrio de vulnerabilidad. El colectivo asoció esta observación con una crítica más amplia respecto de los recortes en asignaciones presupuestarias destinadas a programas de prevención y atención de la violencia de género, sugiriendo que la negligencia no es accidental sino consecuencia de decisiones políticas más amplias.
Una undécima marcha en el contexto de once años de lucha
La movilización de este miércoles reviste un significado particular al tratarse de la undécima conmemoración del movimiento, cuya primera manifestación tuvo lugar el 3 de junio de 2015, impulsada por el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de catorce años asesinada en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe. Ese primer acto de congregación social marcó un quiebre en la manera en que Argentina procesaba públicamente la violencia ejercida contra las mujeres. Hasta ese momento, los femicidios constituían hechos que circulaban en la esfera mediática sin generar articulaciones políticas sostenidas ni movilización colectiva capaz de instalar el tema en la agenda pública con la envergadura que requería. La irrupción de Ni Una Menos modificó ese panorama de manera sustancial, introduciendo una narrativa que permitía conectar casos individuales con patrones estructurales de violencia machista.
De acuerdo con datos registrados por organizaciones dedicadas al relevamiento de estos crímenes, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se contabilizaron tres mil setenta y tres femicidios en territorio argentino. Esta cifra implica un promedio de aproximadamente un femicidio cada treinta y una horas durante el lapso de once años. Más allá del impacto emocional de estos números, lo que resulta relevante observar es que el movimiento Ni Una Menos logró transformar una realidad que permanecía fragmentada y dispersa en la conciencia colectiva en un fenómeno reconocible, cuantificable y pasible de ser sometido a escrutinio público. Sin embargo, la persistencia de estas cifras también evidencia que los cambios legislativos impulsados a partir de 2015, así como el fortalecimiento de dispositivos de atención y protección, no han logrado reducir significativamente la incidencia de estos crímenes.
Marchas simultáneas en el territorio nacional como estrategia de visibilización
La concentración principal de la jornada de protesta tendrá lugar frente al Congreso de la Nación a las diecisiete horas, donde se llevará a cabo el acto central. La consigna que vertebrará esta jornada será "Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos", frase que incorpora en su estructura la cuestión de la deuda como elemento de opresión sistemática sobre las mujeres. En el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, la marcha se sumarán tras la movilización habitual de jubilados que se realiza todos los miércoles, generando así una confluencia de demandas de distintos sectores sociales. Además, tanto la Confederación General del Trabajo como la Central de Trabajadores de la Argentina confirmaron su participación en los actos, lo que indica que la demanda feminista ha logrado permear en las estructuras sindicales, aunque con grados variables de compromiso según las organizaciones.
En el interior del país, la jornada de reclamo adquirió dimensiones geográficas amplias, con concentraciones programadas en Córdoba capital a las diecisiete horas en la intersección de Colón y Cañada; en Mendoza a las dieciocho y treinta minutos en el Kilómetro Cero; en Santa Fe a las dieciséis y treinta en la explanada de la Municipalidad con posterior desplazamiento hacia Plaza Veinticinco de Mayo; en Paraná a las quince horas en Plaza Uno de Mayo con marcha hacia la Casa de Gobierno. Asimismo, se registraron convocatorias en Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia, con horarios y puntos de concentración específicos en cada localidad. Esta dispersión territorial de la protesta funciona como mecanismo de amplificación del mensaje, garantizando que la demanda traspase los límites de la capital federal y alcance espacios donde la violencia machista también opera con características propias.
El debate sobre recursos y responsabilidad estatal
Los referentes del movimiento Ni Una Menos han insistido en que la prevención y la atención integral de la violencia de género requieren asignaciones presupuestarias sostenidas en el tiempo y un abordaje que reconozca la dimensión estructural del fenómeno. Esta posición cobra relevancia en un contexto donde el gobierno nacional implementó modificaciones en las políticas de género y ajustes en las partidas presupuestarias destinadas a estos programas. El colectivo sostiene que los mecanismos de alerta temprana, los protocolos de intervención y los espacios de atención no funcionan de manera aislada, sino que dependen de financiamiento consistente, capacitación permanente de personal y coordinación entre instituciones. La observación sobre el caso de Agostina Vega —en el que se cuestiona la "desidia organizada" de autoridades judiciales— busca ilustrar cómo la falta de voluntad política se traduce en negligencias concretas que afectan la vida de las víctimas de manera diferenciada según su condición socioeconómica.
El movimiento feminista enfatiza que, aunque desde 2015 se han generado cambios legislativos significativos y mayor visibilidad de los femicidios en el debate público, estas transformaciones resultan insuficientes si no van acompañadas de políticas sostenidas de prevención, acceso a justicia y protección. La crítica apunta a que los derechos formalmente reconocidos —como las órdenes de restricción, los refugios para mujeres en riesgo, los servicios de asesoramiento legal— carecen de efectividad cuando los recursos destinados a su implementación se reducen. En este sentido, la movilización de este miércoles no se limita a exigir justicia por los casos específicos, sino que cuestiona la arquitectura estatal en su conjunto.
Perspectivas sobre el futuro de la movilización feminista
A once años de su fundación, el colectivo Ni Una Menos enfrenta un panorama complejo. Por un lado, logró instalar de manera permanente en la agenda pública y política la cuestión de la violencia machista, generando espacios institucionales dedicados a estas temáticas que antes no existían. Leyes como la que tipifica el femicidio, protocolos de actuación en comisarías y juzgados, y espacios de atención para víctimas constituyen avances materiales que no pueden ser negados. Por otro lado, la persistencia de cifras elevadas de femicidios, la fragmentación presupuestaria de políticas de género y los cambios en prioridades gubernamentales sugieren que las transformaciones institucionales no han alcanzado a modificar las dinámicas profundas que generan estas violencias. La movilización de este miércoles representa, entonces, un momento de reafirmación de demandas históricas del movimiento en un contexto donde algunos de los avances logrados se encuentran bajo presión. Las consecuencias de esta jornada de protesta dependerán, en parte, de cómo los distintos actores políticos —desde el Poder Judicial hasta los gobiernos provinciales, pasando por el Ejecutivo nacional— interpreten el mensaje que busca transmitirse. Es posible que la movilización genere espacios de diálogo institucional que deriven en compromisos concretos de financiamiento; también es probable que funcione simplemente como acto de visibilización sin impacto en decisiones de política pública. Lo cierto es que la vigencia del colectivo después de once años refleja tanto el legado de transformación cultural que ha generado como la persistencia de la problemática que lo originó.
