La administración que llegó al poder hace poco más de treinta meses enfrenta una grieta profunda en dos de sus estructuras neurálgicas, ambas identificadas con el apellido Caputo. Por un lado, Luis Caputo comanda la cartera de Economía desde una posición que aparenta solidez institucional pero revela tensiones cada vez más visibles cuando se observan de cerca los números que respaldan las políticas implementadas. Por otro, Santiago Caputo, su colega asesor presidencial responsabilizado históricamente con labores de comunicación política y coordinación interna, experimenta un deterioro gradual de su influencia mientras se multiplican los conflictos en los espacios bajo su órbita. Ambas situaciones convergen en un diagnóstico inquietante: la coalición gobernante navega entre la proclamación de logros económicos y una realidad material que genera malestar social creciente. Todo esto ocurre en un contexto donde el discurso oficial ha probado ser insuficiente para contener la desconfianza ciudadana.

El dilema del ministro: anuncios contra evidencias

Luis Caputo despliega una estrategia incesante de anuncios orientados a dinamizar la actividad productiva. La semana anterior presentó un dispositivo para estimular el financiamiento inmobiliario, movilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. El mecanismo prevé la licitación entre entidades bancarias de hasta dos billones de pesos destinados a créditos hipotecarios con tasas de interés no superiores a la Unidad de Valor Adquisitivo más 7,5 por ciento. La modalidad revela un pragmatismo de funcionario que antepone los resultados concretos a la coherencia teórica: en un Gobierno que abraza ideología libertaria, el Estado se apresta a intervenir en la fijación de tasas de interés para corregir lo que se interpreta como una falla de mercado. Esto constituye una desviación marcada respecto del marco doctrinal que sus asesores económicos proclamaban previamente.

Sin embargo, cuando se examina el desempeño general de los indicadores, el cuadro se complejiza. El titular de Hacienda sostiene públicamente que el crecimiento económico se ha disparado en prácticamente todos los rubros cuantificables. Simultáneamente, interroga con una mezcla de perplejidad e impaciencia a los funcionarios de la administración tributaria respecto de por qué la recaudación de impuestos vinculados al consumo y las actividades productivas presenta una tendencia decreciente. La contradicción es innegable: si la economía crece robustamente, como el ministro afirma, ¿mediante qué mecanismo disminuyen los ingresos fiscales generados por esas mismas actividades? La evasión impositiva podría explicar parte del fenómeno, pero difícilmente la totalidad.

El panorama sectorial ofrece una pista reveladora sobre esta paradoja. El Gobierno ha privilegiado, mediante herramientas como el régimen de inversiones para grandes emprendimientos, la estrategia cambiaria intervencionista, y acuerdos preferenciales, el desenvolvimiento de minería, petróleo, gas y actividades agropecuarias. Estos sectores explican aproximadamente 1,5 millones de empleos en el país. En contraste, construcción, industria manufacturera y comercio sostienen alrededor de 8,5 millones de puestos de trabajo. Las actividades que generan divisas mediante exportaciones reciben prioridad sobre aquellas que dinamizan el mercado interno. Este sesgo estructural tiene consecuencias profundas: los sectores orientados hacia adentro requieren divisas para sus insumos, lo que genera una presión permanente sobre la capacidad de importación. Además, emplean cantidades mucho más significativas de mano de obra, alimentando el consumo doméstico que la recaudación tributaria parece incapaz de capturar.

Las fracturas del poder político interno

Santiago Caputo, denominado con ironía en ciertos círculos como el "Mago del Kremlin" por su proximidad al poder presidencial y sus labores de orquestación política, enfrenta un panorama de crisis múltiples en los espacios asignados a su supervisión. La más reciente manifestación ocurrió en la Aduana, donde el director José Velis solicita periódicamente licencias prolongadas, aparentemente vinculadas a problemas comerciales que afectaron a su familia en el exterior. Velis está sometido a un escrutinio creciente por su incapacidad para contener el avance del contrabando, según múltiples reportes de consultoría. Argentina ocupa la posición número 120 entre 158 países en un ranking de comercio ilícito, una cifra que revela la magnitud del problema. Existe además una disputa institucional entre la Aduana y el Ministerio de Seguridad, específicamente sobre el rol de la Gendarmería en la represión de estos delitos, lo que añade una capa de conflictividad administrativa.

Un episodio particularmente problemático implica el ingreso de Laura Belén Arrieta al territorio nacional con equipaje que no fue sometido a procedimientos de verificación estándar. Una orden de origen no identificado fue impartida a través de canales informales para eximir al equipaje del control de rigor. La investigación a cargo del juez Pablo Yadarola ha avanzado lentamente, aparentemente trabado por dificultades legales para acceder a registros de comunicación telefónica. Lo que complica aún más la situación es el vínculo de Arrieta con Leonardo Scatturice, empresario con acceso directo al círculo más próximo del poder presidencial. Scatturice ha realizado operaciones comerciales importantes en sectores bajo influencia de Caputo: ha adquirido empresas de transporte aéreo y logística que, apenas transcurrido un año desde su adquisición, se encuentran en situación crítica. Estas compras generaron perplejidad en los sectores correspondientes, ya que los términos de las transacciones carecían de lógica comercial evidente si no mediara algún acuerdo oficial previo de respaldo o subsidio estatal.

Las dificultades de Caputo se multiplican en otras áreas. En el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), envió una interventora sin que este cambio haya logrado remover a los directores anteriores de sus cargos. Estos permanecen en función, presumiblemente porque llegaron a acuerdos con Eduardo Menem, funcionario cercano a Karina Milei que ejerce supervisión sobre la obra social previsional. Esta circunstancia ilustra una realidad más profunda: Caputo está siendo gradualmente marginado del poder por la hermana del Presidente. El conflicto se agudizó cuando el asesor solicitó la destitución de Sebastián Pareja de la conducción de la campaña electoral oficialista, tras la derrota electoral en territorio bonaerense. Karina Milei obtuvo que Pareja permaneciera en el comando, aunque en un esquema de triunvirato que limitó su autoridad. Desde entonces, la tensión entre ambos se ha acentuado, en una competencia por la proximidad al Presidente que define el acceso a recursos y capacidad de decisión.

El discurso resquebrajado y sus consecuencias electorales

El Gobierno no ha logrado construir una narrativa coherente que explique o justifique los costos materiales de su gestión. La oposición parlamentaria se apresta a utilizarla como plataforma de campaña rumbo a los comicios presidenciales de 2027. Un auditor estatal sintetizó el balance reciente con cifras elocuentes: acumulación de 329 por ciento de inflación según estadísticas oficiales, cierre de más de 30.600 empresas, y destrucción de más de 337.000 empleos distribuidos entre asalariados del sector privado, empleados públicos y trabajadores domésticos. Adicionalmente, el salario real ha caído, y tanto el consumo como la inversión privada han contraído su volumen. Este párrafo resume la argumentación que la oposición desplegará en la campaña próxima.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, insinuó recientemente en una reunión de gabinete que el endeudamiento abultado de las familias erosiona su capacidad de consumo y retarda el despegue económico. Su intervención fue astuta: permitía sostener que los intereses del Gobierno coincidían parcialmente con los de deudores asfixiados, mientras sugería que la administración se movería hacia soluciones que beneficiaran a esos sectores. Bullrich goza de una posición particular: su imagen pública supera considerablemente la del Presidente según sondeos de opinión, y ella misma es vista como una dirigente con potencial electoral de cara al futuro. Esta realidad la convierte en alguien capaz de expresar críticas sin riesgo inmediato de represalias.

El Presidente rechaza de manera consistente la sugerencia de reconocer dificultades o realizar ajustes en su comunicación. Desde su perspectiva, el programa de ajuste ya está cosechando éxitos indiscutibles cuando se los observa desde el aislamiento relativo del palacio ejecutivo. Ha insistido en que la política debe sustentarse en criterios de ortodoxia económica radical, sin concesiones a lo que califica como debilidades o sentimentalismos. Un sector del oficialismo, incluyendo el propio Santiago Caputo, ha sugerido que Milei debería realizar un reconocimiento táctito de las dificultades presentes, reconnectando con la población que sufre las consecuencias de la gestión, tal como lo hizo durante la campaña electoral de 2023. Intelectuales cercanos al Gobierno han advertido públicamente que "la gente no come batalla cultural", aludiendo a la insuficiencia del discurso ideológico para reemplazar los resultados materiales concretos. El Presidente permanece impermeable a este llamado.

La apuesta por los mercados internacionales como respuesta última

Existe una hipótesis alternativa respecto de la postura presidencial: Milei podría estar guiado por una preocupación obsesiva que domina sus cálculos políticos. La financiación del Estado, la reducción del riesgo país como indicador de confianza internacional, y la atracción de flujos de divisas constituyen objetivos que el Presidente podría priorizar por encima de otras consideraciones. Este enfoque adquiere coherencia si se consideran los vencimientos de deuda del país en horizontes próximos y la volatilidad que caractiza los mercados financieros internacionales en un contexto de proximidad electoral. Un Presidente que busca su reelección podría interpretar que evitar una corrida especulativa como la que se vivió en 2025 constituye el objetivo estratégico primordial, por encima incluso de la aceptación social de sus políticas.

Bajo esta óptica, el Presidente habla únicamente para audiencias de mercados internacionales. Su retórica se orienta a aplacar a operadores financieros, especialmente a tenedores de títulos de deuda argentina. Sin embargo, estos actores no han respondido con la confianza esperada: Caputo ha enfrentado dificultades significativas para colocar nuevos bonos en mercados internacionales. Los operadores financieros, históricamente denominados con epítetos poco lisonjeros, demandan resultados de política económica más radicales, no necesariamente empatía institucional. Esta tensión entre lo que el Presidente está dispuesto a hacer y lo que los mercados exigen permanece sin resolverse de manera satisfactoria.

La contradicción fundamental es que el éxito electoral futuro probablemente requiera algún nivel de recuperación de la actividad económica y mejora en las condiciones de vida material, mientras que los mercados financieros demandan continuidad en medidas de ajuste. Estos objetivos no son necesariamente incompatibles en el largo plazo, pero en el corto plazo generan tensiones políticas que el Gobierno ha mostrado dificultad para gestionar. Luis Caputo intenta cerrar este círculo mediante anuncios de reactivación económica, mientras que Santiago Caputo busca contener los daños políticos mediante la retención de poder institucional. Ambas estrategias enfrentan limitaciones crecientes: la primera, porque los números no acompañan; la segunda, porque su poder erosiona constantemente.

Perspectivas abiertas y desenlaces inciertos

El cuadro que emerge de esta situación presenta múltiples escenarios posibles, cada uno con implicaciones distintas para la gobernabilidad próxima. Un primer escenario supone que las medidas de reactivación económica de Caputo logran incentivar una recuperación gradual del consumo y el empleo, lo que permitiría al Gobierno contar con un relato más favorable hacia 2027. En este caso, la coalición gobernante podría mantener su cohesión interna y proceder a una campaña reelectoral desde una posición de mayor fortaleza. Un segundo escenario contempla un estancamiento prolongado de los indicadores de actividad, combinado con una inflación persistente que erosiona salarios reales. Bajo estas condiciones, la presión social aumentaría, alimentando demandas legislativas por parte de la oposición respecto de alivios para deudores y medidas de gasto social. La consecuencia probable sería un debilitamiento adicional del oficialismo en términos parlamentarios.

Un tercer escenario, de carácter más conflictivo, supondría que las tensiones internas entre Caputo y la hermana del Presidente escalen hasta generar una crisis de funcionamiento institucional. Esto podría expresarse mediante la salida de uno o ambos de sus cargos. Las consecuencias de tal ruptura serían impredecibles, no tanto por el reemplazo específico, sino porque revelaría públicamente las fracturas que hasta ahora permanecen dentro de la esfera gubernamental.

Lo que resulta predecible es que las próximas semanas determinarán si el Gobierno consigue estabilizar los indicadores económicos o si, por el contrario, la dinámica de debilitamiento interno se acelera. La capacidad del Presidente para reconocer o no los desafíos materiales que enfrenta la población será determinante en ese proceso. Los mercados internacionales seguirán observando, pero quienes finalmente juzgarán la gestión serán los ciudadanos que votan y consumen, cuyas decisiones responden a lógicas distintas a las de los operadores de Wall Street.