El radicalismo bonaerense atravesó una encrucijada crítica durante las últimas semanas y logró sortearla de manera parcial. Después de negociaciones intensas entre los principales referentes partidarios, la Unión Cívica Radical consiguió sellar un pacto que permitirá renovar su estructura directiva sin necesidad de una interna provincial que generara aún más fracturas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en la cúpula partidaria no funcionó como antídoto universal: en el territorio bonaerense, especialmente en varios distritos de importancia, persisten las tensiones que derivarán en competencias electorales internas el próximo 7 de junio. Este panorama expone una realidad incómoda para la estructura ucerista: mientras que desde Buenos Aires se proclaman unidad y fortaleza institucional, en los municipios continúan vigentes las disputas por el poder local que venían enfrentando a diferentes sectores hace meses.

Un acuerdo con cicatrices visibles

El desenlace de las negociaciones apuntó a Emiliano Balbín como nuevo presidente del Comité Provincia. La designación no fue casual: Balbín, exdiputado bonaerense con trayectoria legislativa, responde al espacio liderado por Maximiliano Abad y carga con el peso político de su genealogía radical. Nieto del legendario dirigente Ricardo Balbín, quien marcó a fuego la historia del partido en el siglo XX, el elegido representa un intento de enlazar continuidad histórica con renovación generacional. Su asunción fue comunicada con un mensaje que enfatizaba el valor de la "pluralidad" y la "recuperación de terreno" en la provincia más poblada del país, palabras que parecían más aspiracionales que descriptivas de la realidad inmediata.

La negociación que permitió este acuerdo involucró a tres espacios bien definidos dentro de la UCR bonaerense: Evolución Radical, el sector que responde a Abad y que terminó con Balbín en la conducción; el bloque liderado por Gustavo Posse, histórico referente ucerista con arraigo territorial; y la corriente encabezada por Miguel Fernández. Estos sectores lograron consensuar una distribución de lugares dentro de la nueva estructura que, en teoría, garantizaría representación de los diferentes matices internos. Las motivaciones detrás de este cierre fueron pragmáticas: el vencimiento del plazo para presentar listas de candidatos y la intención deliberada de evitar que los afiliados debieran dirimir sus diferencias en urnas provinciales, un escenario que habría profundizado aún más las heridas abiertas.

El contexto de fragilidad que precedió al acuerdo

Comprender esta negociación requiere mirar hacia atrás, hacia el turbulento 2024 que marcó a fuego la estructura ucerista bonaerense. La interna partidaria de hace poco más de un año no fue resuelta mediante el debate democrático tradicional, sino que terminó en los tribunales, un resultado que simboliza la polarización alcanzada. Como consecuencia de esa judicialización, la conducción partidaria debió funcionar en una suerte de régimen transitorio, una estructura provisional diseñada para evitar que el partido fuera intervenido por la conducción nacional debido a la demora excesiva en la renovación de autoridades. Ese estado de fragilidad institucional pesó en las negociaciones recientes: nadie quería repetir el capítulo de 2024, cuando la interna se convirtió en un conflicto legal que perjudicó la imagen del partido y consumió recursos que hubieran podido destinarse a fortalecer su posición frente a otros actores políticos.

Los dirigentes principales del radicalismo bonaerense vieron en el acuerdo una salida que les permitiera recuperar algo de estabilidad sin sacrificar completamente sus espacios de poder. Las conversaciones previas llevaron semanas, con encuentros bilaterales y multilaterales entre los principales referentes. El objetivo era claro: llegar a una lista única que permitiera transitar el proceso de renovación sin necesidad de que los afiliados votaran en una interna provincial. Ese objetivo fue cumplido en la cúpula, lo que representa un logro en términos de institucionalidad. Pero los radicales descubrieron que su capacidad de negociación tiene límites geográficos: funciona cuando se trata de definir las grandes estructuras, pero se desmorona en cuanto los conflictos descienden a nivel municipal, donde los liderazgos locales tienen dinámicas propias y menos disposición al compromiso con las decisiones tomadas en la capital bonaerense.

Las grietas municipales que resisten el acuerdo

El municipio de General Pueyrredon se convirtió rápidamente en el símbolo de las limitaciones del pacto partidario. Allí, los radicales no consiguieron cerrar una lista única de candidatos para la conducción local. En su lugar, dos espacios diferentes se preparan para competir el día de los comicios internos. El oficialismo local impulsa la candidatura del concejal Ricardo Liceaga Viñas, quien representa la línea cercana a la conducción del comité. Enfrentándolo estará Fernando "Pipi" Herrera, quien lidera la oposición interna y busca desafiar el armado oficial. Esta disputa en General Pueyrredon no es un accidente, sino una manifestación de tensiones más profundas que existen en el territorio. Los liderazgos locales en este municipio, que tiene una importancia estratégica para la provincia, no estaban dispuestos a someterse automáticamente a los acuerdos cerrados en La Plata.

Situación similar se registra en Mercedes, donde el acuerdo de unidad tampoco prosperó. Allí, Marcelo Ventrelli y Sofía Marino oficializaron una nómina alternativa que se enfrentará contra el armado respaldado por la estructura local del partido, liderada por Karina La Regina y Martín Zunino. La existencia de dos proyectos claros y diferenciados en un municipio tan relevante sugiere que existen diferencias ideológicas o de liderazgo que van más allá de simples rivalidades personales. Ambos espacios consideraban que sus posiciones merecían ser expresadas en una competencia abierta, y los acuerdos provinciales no los convencieron de abandonar sus aspiraciones.

En Avellaneda, otro distrito de envergadura, el conflicto adopta una forma levemente diferente pero con el mismo resultado. El oficialismo partidario deberá competir contra un nuevo espacio interno que se autodenomina "Renovación + Unidad". Este grupo, liderado por Martín Ruiz Deza y Melisa Gorosito, busca disputar la conducción del comité local con una propuesta que aparentemente reclaim los valores de cambio y cohesión. La irrupción de una corriente con ese nombre en un municipio donde el oficialismo también proclama unidad sugiere fricciones internas sobre cómo debe proceder la renovación y qué dirección debe tomar el partido localmente.

Las dinámicas del poder territorial en el radicalismo

Estos conflictos municipales revelan una característica estructural del radicalismo bonaerense que trasciende cualquier coyuntura específica: la capacidad de la provincia de Buenos Aires de articular alianzas cruzadas y reacomodamientos complejos entre sectores políticos. Los radicales en la provincia funcionan menos como una estructura vertical y jerárquica, y más como un conglomerado de liderazgos territoriales que aceptan acuerdos cuando les conviene pero mantienen su autonomía cuando es necesario. Esta configuración tiene raíces históricas profundas: durante décadas, el radicalismo ha sido capaz de subsistir precisamente porque sus estructuras locales disponen de cierto grado de independencia respecto de las decisiones de las cúpulas provinciales.

Los conflictos visibles en General Pueyrredon, Mercedes y Avellaneda no son meramente accidentales sino manifestaciones de una lógica política más amplia. Los liderazgos municipales que decidieron no someterse a los acuerdos provinciales están haciendo un cálculo racional: consideran que sus posibilidades de mantener o expandir su poder local son mayores si compiten abiertamente que si aceptan posiciones subordinadas en listas de consenso. Este tipo de decisiones individuales, tomadas en múltiples municipios simultáneamente, complican la gobernanza interna del partido y vuelven más difícil la coordinación de estrategias provinciales. Los dirigentes nacionales del radicalismo que siguen estos desarrollos bonaerenses con atención saben que la capacidad de controlar la estructura en la provincia más poblada del país determina buena parte de su peso político en el escenario nacional.

El desafío institucional que persiste

El acuerdo alcanzado en la cúpula provincial evitó lo que muchos temían: una interna a nivel provincial que hubiera significado una nueva batalla judicial, una división más profunda y un debilitamiento aún mayor de la capacidad institucional del partido. En ese sentido, representa un paso hacia adelante. Sin embargo, las elecciones internas municipales que tendrán lugar el próximo 7 de junio mostrarán si ese acuerdo de cúpula tiene la suficiente legitimidad y capacidad de implementación en los territorios. Si los resultados de esas internas validan a los oficialistas alineados con Balbín, la nueva conducción tendrá un mandato más fuerte para gobernar la estructura provincial. Si, en cambio, los espacios disidentes logran éxitos significativos en varios municipios, estaremos ante un escenario donde la autoridad formal del nuevo presidente será constantemente cuestionada por frentes internos que controlaban territorios importantes.

Las implicancias de este panorama son múltiples. Para el radicalismo bonaerense, representa la necesidad de construir una base de consenso más profunda que la mera negociación de cúpulas. Para los actores políticos que observan desde afuera, muestra que la capacidad del partido para actuar como bloque unificado en la provincia sigue siendo limitada. Para los afiliados radicales que estos próximos meses irán a votar, los comicios internos representan la oportunidad de influir en cómo se estructura su partido en el territorio donde viven. La historia del radicalismo bonaerense sugiere que estas dinámicas de tensión y negociación continuarán, porque responden a características estructurales que ningún acuerdo puntual logra resolver completamente. El 7 de junio, la provincia entera sabrá si el acuerdo de la cúpula fue el cierre de un capítulo turbulento o solo un paréntesis en una narrativa de conflictividad institucional que continuará desplegándose.